Texto: Laboratorio Distintas Latitudes

Al grito de “Aborto legal YA”, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aprobado por la Cámara de Diputados de Argentina el 13 de junio, reactivó el debate en América Latina. En esta región, el tema enciende pasiones personales, sociales, políticas. Pero más allá de la polémica, hay una realidad inocultable: el aborto es un fenómeno que existe de manera generalizada y es la principal causa de muerte materna a nivel mundial. Las personas más afectadas son mujeres de escasos recursos. Según estimaciones de Guttmacher, organización especializada en derechos sexuales y reproductivos, en América Latina se realizaron 6.5 millones de abortos cada año, entre 2010 y 2014. De ellos, 75% se practicaron de manera insegura.

En América Latina y el Caribe, el aborto pasa por todas las escalas posibles: de la interrupción legal del embarazo de manera segura y gratuita (Cuba, Uruguay y Ciudad de México), hasta la prohibición absoluta (El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala). En el medio, la mayoría de los países permite la despenalización en algunas causales: cuando el embarazo es producto de una violación; cuando pone en riesgo la vida de la madre, y cuando el feto no tiene posibilidades de sobrevivir.

El impacto de #AbortoLegalYa en América Latina: “Yo tengo la esperanza de que esto que acaba de pasar en Argentina, que es tan inspirador, empiece a moverse hacia otras partes de Latinoamérica para que las mujeres empecemos a organizarnos. Yo quisiera decir que podemos hacer marchas como las de Argentina en otros países, pero tenemos contextos muy represivos, como los de El Salvador, Honduras y México, o como el de Colombia, en donde está estigmatizada la protesta social. Pero también creo que estábamos dormidos, no éramos conscientes de la importancia de que las mujeres nos tomáramos las calles. Y esto, en realidad, se logra en la calle, con la gente, mirándonos la cara y uniéndonos a una misma causa”: Catalina Ruiz-Navarro, columnista, feminista y activista a El Espectador.

Al respecto, Distintas Latitudes presenta un comparativo de la situación del aborto en diferentes países de América Latina y el Caribe.

Argentina: las mujeres que reactivaron el debate

Actualmente en el país se realizan entre 486 mil y 522 mil abortos por año, 1,233 abortos por día y 51 abortos por hora, según información de Amnistía Internacional.

En Argentina, las mujeres pueden acceder a un aborto sólo en caso de violación o de peligro de sus vidas, según el artículo 86 del Código Penal de la Nación. De no ser bajo estas dos causales, quienes practiquen o consientan su propio aborto, podrán ser condenadas hasta cuatro años de cárcel, según el artículo 88 de dicha legislación.

De aprobarse la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que permitiría el aborto hasta la semana 14 de gestación, Argentina se sumaría a Cuba, Uruguay, Puerto Rico, Guyana y Guyana Francesa, países en donde el aborto está permitido en todo el territorio.

Chile: volver a las calles para luchar por el aborto legal

Chile estuvo en la lista de los países de América Latina y el Caribe que prohibían la interrupción voluntaria del embarazo en todas sus formas hasta agosto 2017, cuando las chilenas lograron que el aborto sea legal bajo tres causales: por riesgo de vida de la mujer, por inviabilidad fetal y por caso de violación.

Fuera de estas causales, las mujeres que se practiquen un aborto, serán castigadas con penas de cárcel de tres a cinco años. Si lo hicieran por ocultar su “deshonra”, la pena comprende de 541 días a tres años, es decir, una pena menor.

Este 2018 las mujeres chilenas volvieron a las calles porque el aborto legal bajo tres causales no es efectivo, debido a la figura de “objeción de conciencia”, a la que pueden recurrir las instituciones médicas que así lo consideren necesario. Las chilenas se organizan nuevamente para exigir colectivamente #AbortoLegalChile.

Una ley que empuja a las mujeres a la clandestinidad en Paraguay

Según la Ley 3.440 / 08, salvo que la vida de la mujer corra peligro por el embarazo, en Paraguay el aborto se castiga con penas de entre cinco a ocho años de cárcel. Eso posiciona al país entre uno de los únicos de Sudamérica que mantienen una penalización casi absoluta.

Esta legislación no hace más que empujar a las mujeres a la clandestinidad, lo que impide tener información precisa sobre la cantidad de mujeres que interrumpen sus embarazos y el número exacto de cuántas de ellas mueren durante esta práctica.

En Ecuador encarcelan a quienes sean violadas y no tengan discapacidad mental

En Ecuador hay dos causales por las cuales una mujer puede realizarse un aborto: riesgo a la salud o vida de la mujer y violación. Pero esta última solo aplica para las mujeres que tengan discapacidad mental. Si una mujer sin esta discapacidad es violada e interrumpe su embarazo puede pasar hasta dos años en la cárcel. Esas penas son establecidas por el Código Penal Ecuatoriano, el cual también especifica que la persona que realice un aborto puede pasar hasta 10 años en prisión.

En 2014 algunos asambleístas intentaron meter una moción para despenalizar el aborto en el Código Penal. Ante ello, el entonces presidente Rafael Correa amenazó con renunciar a su cargo si se aprobaba la iniciativa. Ana Vera, abogada y directora de la organización Surkuna, la cual brinda asesoría a mujeres juzgadas penalmente por aborto en Ecuador, dijo al medio ecuatoriano Caja Negra que la reacción del ahora ex presidente es un claro ejemplo de cómo en los últimos años se han desarrollado discursos tanto a favor como en contra de que las mujeres decidan.

“Eso no implica que la gente esté de acuerdo con que las mujeres vayan presas por abortar. [… ] La última encuesta que hicimos decía que el 65% de la gente está de acuerdo en que el aborto sea legal en casos de violación”, señaló Ana Vera. De acuerdo con los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos más de 45 de cada 100 mil mujeres mueren cada año a causa de un aborto en el Ecuador.

En Perú ser una niña embarazada no se considera peligroso

En Perú sólo es posible realizarse un “aborto terapéutico”. Es decir, una mujer puede abortar si su vida está en riesgo o su embarazo puede causarle un daño grave o permanente en su salud. Sin embargo, a las niñas menores de 12 años no se les permite interrumpir su embarazo a pesar de que sus vidas están en riesgo por su corta edad. De acuerdo con la organización Flora Tristán, estos embarazos normalmente son producto de violencia sexual.

Si una mujer que fue violada se realiza un aborto en Perú, puede llegar a pasar hasta seis años en la cárcel. El mismo castigo aplica si una mujer interrumpe su embarazo de manera voluntaria. Estas penas se establecieron desde 1924 en el Código Penal de Perú. Se ha intentado despenalizar el aborto en el país a través de varios proyectos de ley, pero ninguno ha tenido éxito.

En Venezuela se ignora la petición de despenalizar el aborto

Desde 1964 el Código Penal Venezolano tipifica el aborto como un delito. Solo se permite abortar cuando la salud o la vida de la mujer embarazada está en peligro. Para las mujeres que interrumpan su embarazo bajo cualquier otra causal el castigo va de seis meses a dos años de cárcel. Las penas para quien realice el aborto van de 12 a 30 meses de prisión.

Durante la 69 Asamblea General de la ONU, el comité de esta organización solicitó a Venezuela que revisara y modificara su ley para permitir el aborto e incluyera las causales de violación e incesto. El objetivo de la petición fue disminuir los índices de mortalidad de mujeres del país, los cuales son los más altos de la región. A la fecha se ha hecho caso omiso de la petición.

En Cuba es la mujer la que decide sobre su cuerpo desde hace 50 años

El aborto es una práctica gratuita y segura en Cuba desde 1965, cuando el Estado lo permitió de manera voluntaria hasta las 12 semanas de gestación a partir de cuatro principios: es la mujer quien decide, debe realizarse en una institución hospitalaria, ser practicado por personal experto y totalmente gratuito. Sin embargo, desde 1936 ya se permitía para salvar la vida de la mujer gestante, por violación o ante la posibilidad de transmitir al feto una enfermedad grave.

Aunque no existe una ley de interrupción del embarazo, el aborto sólo se considera delito cuando se comete con fines de lucro, se realiza fuera de las instituciones de salud, por personal no médico, o en contra de la voluntad de la mujer, esto en el Código Penal vigente desde 1987.

De acuerdo con cifras de CiberCuba, en 2016 se realizaron 85 mil 445 abortos a mujeres y niñas de entre 12 y 49 años.

Así, durante años, en la isla de Fidel el aborto era el único método de contracepción usado por las cubanas, sobre todo hasta la extensión de los anticonceptivos modernos. Por eso, algunas organizaciones en la isla y el Ministerio de salud ven como reto principal mejorar la educación sexual y la oferta de anticonceptivos.

En Honduras hasta la píldora de emergencia está prohibida

El aborto está penalizado en todas sus formas en Honduras. Está tipificado como delito en el artículo 196 del Código Penal. En 2017 se discutió una reforma para despenalizarlo en tres causales: peligro para la mujer embarazada, malformaciones del feto y violencia sexual. Sin embargo, el Congreso Nacional la vetó en una sesión que duró poco más de una hora.

Sin importar las causas por las que se lleve a cabo el aborto, las penas van de los tres a los 10 años de prisión. En este contexto, las mujeres hondureñas recurren a métodos caseros para hacerlo, con todas las dificultades que esto implica. Además desde el año 2009, la venta de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) o del “día siguiente” está prohibida también por considerarse abortiva. Su comercialización se logra de forma clandestina con un costo de 200 lempiras (8.37 dólares).

Según datos de la Secretaría de Salud de Honduras, reportados por el medio Tiempo Digital, en Honduras se practican al año 3 mil 350 abortos inseguros.

En México sólo la capital tiene despenalizado el aborto voluntario

En México sólo en la Ciudad de México el aborto está despenalizado desde 2007 a petición de la mujer y hasta las 12 semanas de gestación, tanto en instituciones públicas como privadas. Pero en el resto del país (los 31 estados restantes) las causales que permiten esta práctica dependen del código penal de cada estado.

Veintinueve entidades estatales lo permiten en caso de violación, tres que lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer, catorce incluyen como causal las deformaciones fetales graves.

Pese a estas permisiones, el acceso de las mujeres mexicanas a abortos seguros en los estados se ve constantemente vulnerado por las autoridades sanitarias, principalmente, quienes se niegan a dar el servicio a pesar de las causales que lo permiten y recurren a abortos clandestinos. Por eso, varias mujeres viajan a la Ciudad de México a realizarse un aborto de forma segura.

En la Ciudad de México, el aborto en instituciones públicas es gratuito para las mujeres residentes; para las provenientes de los estados y extranjeras de acuerdo con un estudio socioeconómico se determina el costo. Según información sobre pacientes atendidos en servicios en la Ciudad de México de abril de 2007 al 6 de junio de 2018 se han realizado 196 mil 375 abortos legales.

En Costa Rica se permite el aborto terapéutico, pero no se practica

En Costa Rica el aborto está prohibido. Sin embargo, en el plano legal se establece la figura del “aborto impune”, más conocido como “aborto terapéutico” en caso de riesgo para la vida y salud de la mujer. Este se reconoce desde el Código Penal de 1918. Las penas por abortos de otro tipo para las mujeres van de algunos meses a un máximo de tres años, dependiendo del caso.

Además, el mismo Código Penal establece el “perdón judicial” para abortos causados para “salvar el honor propio” o en el caso de mujeres que se lo hayan causado por quedar embarazadas por violación. No obstante, el hecho de que se trate de un “perdón judicial” a un delito empuja estos abortos -y todos los terapeúticos- a la clandestinidad. La Asociación Demográfica Costarricense estimó en 2007 un total 27,000 abortos clandestinos al año en el país.

A pesar de que el Código Penal permite el aborto terapéutico, en la práctica pocas veces se realiza. Existe un protocolo en marcha para su aplicación como parte de la conciliación del Estado costarricense con Ana y Aurora, dos mujeres a las que se les negó el aborto terapéutico y que llevan un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el protocolo se ha atrasado por cálculos políticos en el gobierno.

El Salvador, donde hay mujeres presas por 50 años por abortos espontáneos

El Salvador es uno de los países latinoamericanos donde el aborto está totalmente prohibido, y donde existen severas penas para las mujeres de hasta 50 años. Los jueces inclusive pueden condenar por homicidio calificado a las mujeres que abortan. Esto llega al punto donde hay mujeres que han sufrido abortos espontáneos y rinden largas condenas en prisión, de acuerdo con Amnistía Internacional.

Según cifras del Ministerio de Salud salvadoreño, entre 2005 y 2008 se dieron 19,290 abortos inducidos en el país, desde luego clandestinos.

“Vemos que existe un cambio en el imaginario de la sociedad salvadoreña que nos da pie para presionar a la Asamblea Legislativa para que la ley cambie a favor de la vida y salud de la mujer. La última encuesta nos arroja que más del 50% está de acuerdo con que se permita el aborto para salvar la vida y salud de las mujeres”, dijo la activista Keyla Cáceres, de la organización Jóvenes Voceras y Voceros en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, a  Distintas Latitudes.

Colombia, el camino hacia una despenalización del aborto más amplia

Desde 2006 en Colombia el aborto es legal por tres causales: preservar la vida o la salud de la mujer; por malformación del feto que haga inviable su vida; en caso de violación o incesto. Esto fue a partir de la aprobación del Decreto Nº 144 de 13 de diciembre de 2006.

En Colombia, durante 2017, se realizaron 10,517 abortos legales, según datos de Profamilia, una organización privada sin ánimo de lucro.

El camino para despenalizar el aborto continúa, en 2016 se presentó el proyecto de Ley 209  que busca modificar el artículo 122 del Código Penal referente a la interrupción del embarazo.

Al respecto, y tras la aprobación del dictamen que despenaliza el aborto en Argentina, la abogada y promotora de los derechos de la mujer, Mónica Roa, dijo a El Espectador: “Lo que nos falta es dar el paso siguiente hacia una despenalización más amplia, que no sea porque hay circunstancias muy difíciles donde el aborto se debe permitir, sino porque entendemos que es fundamental reivindicar la libertad y la igualdad de las mujeres […] En ese sentido, las mujeres colombianas tenemos que contagiarnos de la fuerza y energía que irradia este movimiento global.”

Guatemala, las restricciones y las cifras poco claras en torno al aborto

En Guatemala sólo se permite el aborto para salvar la vida de la mujer. Bajo cualquier otra causal es ilegal y está penalizado según lo establece el Código Penal en los artículos 133-140.

Las penas por abortar van de uno a tres años de prisión. Si se causa un aborto “si obrare sin consentimiento de la mujer” la pena es de tres a seis años de prisión. Y si se practica un aborto a una mujer que no ha dado su consentimiento y ésta muere, las penas van de cuatro a 12 años de prisión para el responsable.

En este país centroamericano cada año se registran 65 mil abortos inducidos, en este mismo periodo de tiempo alrededor de 21 mil 600 mujeres son hospitalizadas y 660 mueren “por complicaciones de aborto inseguro”, de acuerdo a información publicada por la organización Women on Waves. Las cifras oficiales son poco claras al respecto, pues, por ejemplo, “El Ministerio de Salud tampoco registra con claridad las cifras de interrupciones de embarazo por motivos terapéuticos”, según documentó el medio digital Plaza Pública en 2016.

Uruguay y los efectos de la despenalización en la interrupción legal del embarazo

La interrupción legal del embarazo no está penalizada si 1) Se realiza durante las primeras 12 semanas de gestación; 2) Se cumple con un procedimiento para un consentimiento informado. Tampoco se penaliza el aborto si se debe a una violación; si hay malformaciones en el feto y cuando existe riesgo para la salud de la mujer, según consta en la Ley 18.987, aprobada en Uruguay en 2012.

En 2016, se actualizó el marco normativo para el aborto en el país. Estos cambios contemplan desde el trabajo de equipos multidisciplinarios para atender a las mujeres hasta la introducción de la “cláusula de conciencia parcial” para especialistas, según explica la ONG Mujer y Salud en Uruguay.

Tras la entrada en vigor de la ley que despenaliza el aborto, en el país se registraron en promedio 815 casos por mes,  indicó el ministro de salud, Jorge Basso, en febrero de este 2018.

¿Qué efectos ha tenido la ley de la IVE en el país? “Disminuyó mucho la mortalidad materna. También disminuyó la enfermedad materna grave, vinculada fundamentalmente a que ya no existen o son muy infrecuentes las infecciones y hemorragias provocadas por el aborto clandestino. En tercer lugar, se ha contribuido de manera muy importante con la disminución de la mortalidad infantil”, dijo al diario La Nación  Leonel Briozzo, médico ginecólogo que era subsecretario del Ministerio de Salud de Uruguay cuando se aprobó la despenalización del aborto.

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Laboratorio Distintas Latitudes es un ejercicio de investigación y experimentación periodística que realizan los reporteros y editores con temas diversos. El objetivo es aportar nuestra mirada ante la realidad, mientras aprendemos. En esta colaboración participaron: Jordy Meléndez Yúdico, Lizbeth Hernández, Ketzalli Rosas, Tania Chacón y Alma Ríos en México; Diego Pérez Damasco en Costa Rica y Florencia Luján en Argentina.

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