En el Estado de México el aborto es permitido bajo cuatro causales. Por eso, las mujeres mexiquenses que desean interrumpir sus embarazos tienen dos opciones: viajar a la Ciudad de México (entidad cercana) para un aborto legal, o hacerlo en la clandestinidad; situación que las coloca en escenarios de criminalización.


 

Texto: Perla Miranda y Astrid Rivera
Fotos: Perla Miranda

¿Por qué lo hiciste?
Porque yo lo decidí
Eso quiero construir en mí,
una respuesta que me dé la firmeza de decir
sí, yo aborté porque yo lo decidí
sin que se me quiebre la voz
construir mi respuesta
para mañana ayudar a otra.
Hoy elijo contarlo. Edith Galarza

En septiembre de 2020, Helena abortó en casa de una amiga. En medio de la pandemia le fue imposible trasladarse del Estado de México —entidad donde vive y donde está penalizada la interrupción del embarazo— a la Ciudad de México para someterse a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). El procedimiento con misoprostol resultó, pero una semana después tuvo fiebre.  Asustada acudió a un consultorio cerca de Izcalli, Ixtapaluca, pero en lugar de recibir ayuda, la doctora que la atendió la acusó de abortar y le pidió dinero a cambio de dejarla salir sin avisar a las autoridades.

Entre Helena y Erika su amiga juntaron 2 mil 300 pesos (alrededor de 117 USD) y ambas rogaron a la profesional de la salud que las dejara ir. “Pensé que sí me podía denunciar y sentí terror; el miedo de que mis papás supieran desapareció por uno peor, creer que puedes ir a la cárcel por una decisión sobre tu cuerpo es lo peor que te pueda pasar. Ahora sé que no podrían comprobar que induje mi aborto y que quizá no hubiera pisado una prisión, pero la persecución, el estigma y la extorsión que sufrí son otras maneras de criminalizar, de acusarnos”, relata.

Ubicado en el centro de la República Mexicana, el Estado de México rodea a la Ciudad de México capital del país y una de las dos entidades, además de Oaxaca e Hidalgo,  donde el aborto es legal, sin ninguna restricción, hasta las 12 semanas de gestación. La cercanía entre ambos Estados es sólo geográfica, pues el Edomex como también le llaman es la entidad, a nivel nacional, con más denuncias contra el aborto. 

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que de enero de 2015 al 31 de agosto de 2020 se abrieron 572 carpetas de investigación por esta causa. Las desigualdades entre las zonas rurales y urbanas que coexisten en esta demarcación limitan a sus habitantes para trasladarse a la Ciudad de México para acceder a un aborto seguro, por lo que las mujeres mexiquenses recurren a abortos clandestinos la mayoría de ellas en completa soledad y secresía—, con el miedo de ser descubiertas ante la posibilidad de ir a la cárcel.

El Código Penal del Estado de México establece que “al que provoque la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino se le impondrá de tres a ocho años de prisión y de 50 a 400 días multa, si se obra con el consentimiento de la mujer y de 3 a 9 años si se emplea violencia física o moral”, además “si lo hiciere para ocultar su deshonra, se impondrá de seis meses a dos años de prisión”.

En caso de que el aborto sea causado por un médico cirujano o partera, además de las sanciones correspondientes, éste no podrá ejercer su profesión en un periodo de entre 3 y 6 años; en caso de reincidir, la suspensión será de 20 años.

Sin embargo, el aborto es permitido en la entidad  bajo cuatro causales: cuando el embarazo sea resultado de un delito por violación, cuando la mujer cometa una acción culposa (imprudencial), cuando de no provocar el aborto, la mujer corra peligro de muerte y cuando a juicio de dos médicos exista prueba suficiente para diagnosticar que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas.

Al hablar sobre la criminalización del aborto en el Estado de México, Esperanza Arias Velázquez, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en esa entidad, afirma que hasta marzo de 2021, 121 mujeres mexiquenses enfrentaron procesos penales por aborto, pero solo en 31 ocasiones se procedió a un arresto; de esta cifra, 26 mujeres consiguieron un amparo y el resto pagó una multa o fue sentenciada a realizar un trabajo social.

“Cuando se les impone una multa, esta va de 3 mil a 4 mil pesos. Aunque se les otorga el ‘perdón’, lo que nosotras buscamos es que esto no ocurra porque no hay nada que perdonarles, pretendemos que se borren todos estos expedientes legales porque no cometieron ningún delito, si bien las mujeres no pisan la cárcel, las carpetas de investigación quedan ahí y ellas continúan siendo ‘investigadas’ por un delito grave”, explica.

Al solicitar vía transparencia la cifra de cuántas mujeres en el Estado de México se encuentran en prisión o en un proceso penal por abortar o por homicidio agravado en relación de parentesco —forma en que se tipifica a la interrupción del embarazo— , instituciones como la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Secretariado Ejecutivo del Estado de México y la Secretaría de Salud del Estado de México respondieron que no cuentan con datos homologados ni actualizados, además de que se turnan unas a otras dicha solicitud de información.

“Nos cuesta trabajo llegar a las carpetas de investigación, a las que tenemos acceso es porque acompañamos en los procesos y también tenemos algunas alianzas, porque si uno se presenta en la Fiscalía y se pide un expediente de mujeres criminalizadas por la situación de aborto, no lo tienen, pero si pides el listado de carpetas de investigación puede que te lo den, pero en particular la forma en cómo dan la información es irrelevante porque cada institución tiene su número y no hay correspondencia de datos”, reitera Esperanza Arias.

De acuerdo con el documento “Aborto bajo la lupa. Transparencia y acceso a la información en materia de aborto en México”, editado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), es necesario recopilar información que permita realizar un seguimiento puntual de cuántas mujeres son investigadas, procesadas y sentenciadas por el delito de aborto y otros relacionados, como el homicidio en razón de parentesco o el infanticidio.

Karen Luna, coordinadora de investigación de GIRE, comenta que si bien aún falta investigar con más profundidad acerca de cuántas mujeres purgan condenas por delitos asociados al aborto, sí hay evidencia que sugiere que este tipo de ilícitos son usados como un castigo hacia las mujeres que eligen abortar, o incluso en quienes tienen abortos espontáneos.

“Falta investigar con mayor profundidad, pero lo documentado sugiere o nos hace entender que podría tratarse de buscar mecanismos sobre como castigar a las mujeres a toda costa, y que si el aborto no encuadra como delito, entonces tiene que ser en otro, las implicaciones son bastantes; por ejemplo, el infanticidio tiene una pena de tres a cinco años de cárcel, sí hay una implicación grande que tiene que ver con las penas a la que estaría sujeta la persona denunciada, pero, más allá de eso, tiene implicaciones no nada más de que se tipifique el infanticidio, sino en general el aborto”.

Subraya que aunque en la actualidad en el Edomex no hay mujeres recluidas por abortar, existen 21 sentencias condenatorias, es decir, mujeres mexiquenses que tuvieron que pasar por todo un proceso penal.

“Es cuando debemos entender que la criminalización no sólo es pisar una cárcel, sino todas las implicaciones alrededor del hecho, abortar también acarrea estigma hacia las mujeres que eligen sobre su cuerpo, en sus núcleos familiares y dentro de sus comunidades, les ocasiona enfrentar procesos penales que, a pesar de no estar formalmente en prisión, el solo hecho de culparlas, de señalarlas es la manera en que el Estado materializa el castigo”.

Al salir del consultorio en Izcalli, Ixtapaluca, Helena habló con sus papás y les contó que había abortado, por decisión familiar no se denunció a la profesional de la salud que la retuvo hasta que le dio más de 2 mil pesos y un abogado cercano les aseguró que en caso de que la doctora quisiera denunciarla por el delito de aborto era imposible comprobar que este había sido inducido.

“Al momento sentí culpa, me avergonzó que mis papás supieran que aborté, ahora lo he normalizado más y me he acercado a colectivas feministas que me han arropado, sé que hay mujeres que acompañan estos casos y que lo que hice no fue un delito, que no soy una asesina. Preferimos no denunciar y a lo mejor estuvo mal, pero yo no tenía pruebas de que la doctora me había pedido dinero a cambio de no decir que aborté, era su palabra contra la de Erika y la mía, el aborto esta muy estigmatizado, lamentablemente creo que vecinos, conocidos y hasta familia mía le hubieran dado la razón a ella”.

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Cuando Lizbeth decidió abortar con misoprostol se acompañó de una colectiva de Nezahualcóyotl, Estado de México. Lo que más recuerda son las palabras de una “compa”, que le explicó qué decir en caso de presentar una emergencia y tener que acudir a un hospital para solicitar atención.

¿Qué tenías que decir?

Que de la nada sangré, podía decir que sabía del embarazo o no, pero lo más importante era no decir que usé misoprostol. La “compa” me agarró los hombros y me dijo: Que no te intimiden. No hay manera de comprobar que lo usaste,  a menos que les digas. No pueden cuestionarte, sino atenderte. Aunque podía ir a un hospital y argumentar una violación, sé que eso no está bien, tampoco podía argumentar que mi vida estaba en riesgo si seguía el embarazo, por eso usé miso, me da rabia que tengamos que hacer esto a escondidas, desde ese momento somos criminalizadas.

Esperanza Arias, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en el Edomex enfatiza que acceder a un ILE bajo el argumento de un aborto imprudencial, por malformaciones genéticas o porque la vida de la mujer está en riesgo es por demás complicado.

“La mayoría llega con la causal de aborto imprudencial, ahora muchos médicos la usan porque no se quieren meter en cuestiones legales, pero claro que existen los que sí acusan y criminalizan. Cuando una mujer pretende interrumpir el embarazo porque el producto tiene malformaciones cuesta mucho trabajo comprobar que sea verdad, y cuando la mujer está en riesgo en la mayoría de las veces los médicos alientan a que continúen el embarazo”.

Fernanda Díaz de León Ballesteros, gerente del Programa de incidencia y acceso comunitario en IPAS México, coincide y reitera que aunque el marco legal en el Estado de México permite el aborto bajo cuatro causales, el desconocimiento entre el personal de salud, el miedo de convertirse en cómplices de un delito evita que las mujeres accedan a un servicio de salud que el Estado está obligado a brindar.

“El desconocimiento es muy grande por parte del personal de salud acerca de la norma 046 que dice que el aborto es legal si el embarazo es producto de una violación y que basta la palabra de la mujer para tener acceso a este servicio sanitario, si a esto sumamos que no hay protocolos de atención para las otras causales, entonces, se tiene en el código penal como causas legítimas de interrupción del embarazo, pero no hay una claridad para los trabajadores de la salud y esta falta de información se convierte en una barrera más que las mujeres tienen que enfrentar al momento de solicitar una ILE”, expresa.

Dicho panorama advierte la especialista limita el acceso al derecho a decidir porque al ser un sistema de causales la mujer debe cumplir ciertos requisitos que además pueden variar de un hospital a otro, lo que es violatorio de los derechos de las mujeres.

“El Estado de México es un foco rojo porque no en toda la entidad se goza de los mismos derechos, es desigual el acceso a servicios de aquellas mujeres que viven en la periferia de la Ciudad de México, que de las que viven en zonas más alejadas que suelen ser las más pobres o marginadas. El Edomex es foco rojo en muchos sentidos, no solo para el aborto, sino también en tema de violencia contra mujeres, somos el estado donde más feminicidios hay, en el que menos resoluciones de casos hay, me parece que hacen falta políticas públicas y voluntad política de garantizar estos derechos”.

Tan solo en enero de 2021 la entidad registró el mayor número de feminicidios a nivel nacional con 12 víctimas, cifra que continuó creciendo hasta llegar en abril a 48, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

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Hasta la madrugada del 6 de junio de 2021, la escultura de Miguel Hidalgo y Costilla ubicada en la Plaza de los Mártires, en el centro de Toluca, Estado de México, se distinguía porque del personaje histórico colgaba una bandera verde, blanca y morada con la que se exigía la despenalización del aborto en la entidad mexiquense.

Quien caminaba por la plaza principal de la capital del Estado de México podía observar el plantón con el que el grupo denominado “Resistencia radical EdoMex”, se atrincheró por tres meses frente al Congreso Local para exigir que el aborto sea legal por cualquier motivo y no solo bajo las cuatro causales establecidas en el Código Penal estatal.

Desde 2018, el Congreso del Estado de México ha acumulado cinco iniciativas relacionadas con la legalización o despenalización del aborto; tres de ellas, promovidas por las fracciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Morena están a favor de que el una mujer decida sobre su cuerpo antes de que cumpla tres meses de embarazo, pero también existen dos iniciativas, una presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) y otra por una ciudadana, en las que se plantea la prohibición del aborto a menos que éste sea justificado, a la fecha no se ha calendarizado el análisis de ninguna, ni se han iniciado los trabajos en comisiones a fin de pasar a una votación que modifique el marco legal actual.

“Si bien ha habido iniciativas en el Estado de México para despenalizar el aborto, estas se han tomado como banderas políticas en determinados momentos, algunos diputados toman esta bandera pero sin un compromiso real o sin un conocimiento de la argumentación sólida que se requiere para defender una iniciativa de este tipo y lo que buscan es tener reflectores durante cierto tiempo y finalmente decir: no pasó. Me parece que hace falta un compromiso ético de los legisladores por garantizar los derechos de las mujeres”, señala Fernanda Díaz de León Ballesteros.

La representante de IPAS considera que la legalización del aborto en México ha avanzado a un paso extremadamente lento y lo más preocupante es que aún se criminalice a las mujeres por ejercer su sexualidad y por decidir sobre su cuerpo.

“Sin duda todo ha ido mucho más lento de lo que nosotras hubiéramos esperado, somos testigos con tristeza de que el estigma sigue rodeando al tema de la sexualidad, no solo del aborto, sino también de la sexualidad de las mujeres y cómo se ejercen o no los derechos sexuales de las mujeres es un reto y si a ello agregas que hay grupos anti derechos que se oponen y se organizan para obstaculizar el avance en el respeto a los derechos, es peor mucho peor”.

En 2007, Leticia Bonifaz redactó el proyecto de ley que permitió la despenalización del aborto en el entonces Distrito Federal.  A más de 10 años de aquel 24 de abril histórico, la especialista en género y en derechos humanos admite que para avanzar en la materia se requiere voluntad política.

“Esa voluntad existió en la Ciudad de México hace 14 años, había un jefe de gobierno convencido de que había que dar el paso y una Asamblea Legislativa que la aprobó, es muy lamentable que estos derechos de las mujeres estén supeditados a decisiones políticas dependiendo del cálculo que haga cada gobernador, es decir, de preguntarse qué tanto beneficio le traerá a su carrera personal, lo más grave es que los políticos se lavan las manos mientras la estigmatización en las mujeres que abortan continúa”.

Desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México en 2007, hasta marzo de 2021 se han practicado 234 mil 513 interrupciones legales del embarazo en la capital del país, de acuerdo con las bases de datos del gobierno de Claudia Sheinbaum 162 mil 189 mujeres que habitan la CDMX han interrumpido un embarazo.

El segundo puesto es para mujeres que viven en el Estado de México, en los últimos 14 años un total de 63 mil 086 mexiquenses se han trasladado a la Ciudad de México para practicarse una ILE, le siguen Puebla con mil 470, Hidalgo con mil 297 y Morelos con 911.

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En abril de 2017, justo una década después de que el aborto se despenalizó en la Ciudad de México, Claudia interrumpió un embarazo de siete semanas. En ese entonces  vivía en casa de sus suegros, en un municipio al oriente del Estado de México; su esposo sabía del aborto y estuvo de acuerdo con ello. Pero en un arranque de enojo contó sobre éste a sus familiares y  la ahora ex suegra de Claudia, la denunció, por lo que el Ministerio Público local abrió una investigación en contra de la joven.

Dos años más tarde, Claudia tuvo oportunidad de subir de puesto en la empresa textil en la que laboraba, pero como requisito debía presentar una carta de antecedentes no penales, al acudir por el documento le indicaron que era perseguida por el delito de aborto, esto no solo provocó que declinara la oferta laboral, sino que renunció a su empleo.

“Es una injusticia que a las mujeres se les cierren las puertas por algo que no cometieron, a las personas, en su mayoría a los profesionales de la salud, se les hace fácil hacer este tipo de denuncias que no son viables, pero que sí significan la apertura de un expediente que puede quedar ahí durante años, la mujer no pisa la cárcel, pero se sabe que ha sido investigada porque cometió un delito, por eso debemos luchar porque estos expedientes desaparezcan, porque no cometieron delito alguno y punto”, reclama Esperanza Arias.

Para Vanessa Jiménez Rubalcava, integrante de la Red Necesito Abortar, es claro que en el Estado de México existen dos tipos de criminalización; la primera tiene que ver con lo jurídico, con denunciar a una mujer por el delito de aborto y que se abra una carpeta de investigación en su contra a fin de que la castiguen; por otro lado,  destaca la criminalización social, en la que si una mujer expresa que desea abortar recibe agresiones, insultos y es juzgada por sus ideas.

“Desde el momento en el que una mujer es criticada, juzgada, aislada por el simple hecho de estar a favor del aborto hablamos de una criminalización que se invisibiliza y que por mucho tiempo ha hecho creer que la criminalización es puramente jurídica, no es así, y si queremos que el aborto se despenalice debemos sacarlo del clóset y hablar abiertamente de él, además de luchar cada día para que ninguna mujer aborte en la clandestinidad y con miedo de ir a prisión por elegir no ser madre”.

Leticia Bonifaz está convencida de que una mujer que decidió abortar lo hará sin importar nada, sin pensar en lo que diga el Estado, la iglesia, su familia o seres queridos, por ello es importante orientar a las mujeres para que cursen una interrupción segura.

“Cuando Andrés Manuel López Obrador (presidente de México) dijo que sometería el tema a consulta popular quedé en shock, porque estoy convencida de que los derechos no se consultan, no se pregunta si una persona tiene derechos o no, los derechos se otorgan y para lograrlo debemos desmitificar, luchar porque existan condiciones dignas para que una mujer que decide interrumpir su embarazo lo haga en libertad y con el respaldo de los servicios de salud. México es un estado laico, hay un espacio muy claro entre lo que es delito y lo que es pecado, en consecuencia el Estado debe asumir los compromisos internacionales, afrontar el tema del aborto y quitar todos los prejuicios que lo envuelven”, finaliza.

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Esta investigación fue apoyada por la iniciativa Reproductive Health, Rights, and Justice in the Americas, de la International Women’s Media Foundation’s. 

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