Las historias de Aline y Berenice narran cómo fueron criminalizadas por personal de la salud por haber interrumpido su embarazo a través de un aborto seguro en casa. Sus testimonios dan cuenta de los prejuicios y lo que hace falta para que las mexiquenses accedan al aborto legal y seguro.
Texto: Perla Miranda y Astrid Rivera
Foto: Christine Sandu on Unsplash
Por qué me decís si quiero escuchar los latidos
si acabo de decirte que no quiero tenerlo.
¿Quién te enseñó a ser tan cruel?
Se cae tu opinión por tu chaqueta
chorreando prejuicios y buscando cambiarme.
Hoy elijo contarlo. Mary Coller
Desde el baño de un laboratorio clínico en Chalco, Estado de México —donde semanas atrás le confirmaron que estaba embarazada—, Aline le escribió a Laura, su acompañante durante un proceso de aborto con misoprostol, le pidió ayuda porque el técnico que la atendió la acusó de haber abortado y amenazó con entregarla a las autoridades.
Las palabras: “Tú abortaste, ¿verdad?”, retumbaron en la cabeza de la mexiquense. Con miedo de que el profesional de la salud la entregara con la policía y la acusara por el delito de aborto, se encerró en el baño de la instalación médica.
“La cuestionó mucho, la trató muy mal, ella no sabía que hacer, estaba aterrada de que el técnico le hablara a la policía, la palabra ‘ayúdame’ se repetía una y otra vez en su mensaje, me dijo que no sabía qué hacer, que sentía que en verdad la entregarían a la policía”, cuenta Laura Noriega, integrante de la colectiva Marías Acompañantes, Aborto Seguro Estado de México.
Para la acompañante, leer la angustia de la joven, que vivió un proceso muy tranquilo en su aborto seguro, la llenó de frustración. La distancia entre Toluca y el municipio de Chalco le impidió que estuviera a lado de Aline con prontitud y también le enojó.
“Da mucho coraje, porque ella estuvo muy bien en su proceso, a todas les recomendamos que unos días después de usar misoprostol se hagan un ultrasonido, así nos aseguramos de que todo salió bien, me llené de rabia cuando leí sus mensajes, saber que estaba hasta Chalco, no poder encarar a ese tipo que no tenía derecho de criminalizar a Aline”, insiste.
A la distancia, Laura trató de tranquilizarla y le explicó que el técnico del ultrasonido no tenía por qué cuestionarla en nada, por mucho que él hubiese hecho el ultrasonido previo, le recordó que no había manera de comprobar que había usado misoprostol y que no estaba sola.
“Sentí impotencia, pero no dejé que el enojo me ganara, me tranquilicé para poder transmitirle lo mismo, le insistí en que no debía permitir que la trataran así, que él se extralimitó en sus funciones y que ella estaba pagando por un servicio, finalmente todo salió bien, pero esos tragos amargos son bien difíciles de pasar”, reconoce.
Fernanda Días de León Ballesteros, gerente del Programa de incidencia y acceso comunitario en IPAS, reitera que el desconocimiento de la normativa y de la legalidad de la interrupción del embarazo orilla a los médicos a denunciar a todas las mujeres que llegan con un aborto en evolución o con sospecha de aborto.
“A veces es el miedo a meterse en problemas legales por lo que optan por denunciar, por poner en conocimiento a la autoridad judicial sin tener conocimiento, es un claro ejemplo de que la desinformación es muy peligrosa, porque algunos médicos creen que todo aborto es un delito, aunque también hay que resaltar que en muchos casos se alinean los prejuicios, estigmas y las valoraciones personales de los profesionales de la salud y como resultado tenemos la criminalización hacia las mujeres”.
A sus 26 años, Berenice decidió abortar con misoprostol, días después tuvo dolores abdominales fuertes y un poco de fiebre, pidió una ambulancia para que la trasladaran a una unidad médica, pero la respuesta de la mujer paramédico la dejó helada: “Te hiciste un aborto y no te puedo atender”.
Además de la negativa para recibir un servicio médico, la mexiquense fue acusada y amenazada con ser denunciada. Aunque ésta no prosperó, Bere no concibe el terror de visualizarse en una prisión por elegir no ser madre.
“Como profesional de la salud es una aberración no estar a favor, todas las asociaciones de salud internacionales, todas las de ginecología y obstetricia están a favor del aborto legal, no hay ningún motivo por el cual deba estar penalizado. Como profesionales de la salud nos debería importar mucho que fuera legal y no criminalizar a las mujeres, porque es un procedimiento médico, nos debería parecer absurdo que esté prohibido y es verdaderamente triste que los profesionales de la salud no tomen una postura más firme al respecto”, enfatiza María Aïssata Si González, médica cirujana y fundadora de Medprochoice, Medicina por el Derecho a Elegir.
En diciembre de 2020 la colectiva Marías Acompañantes, Aborto Seguro Estado de México recibió uno de sus casos más complicados; una joven del municipio de Ixtlahuaca leyó en internet el protocolo para abortar con misoprostol, con menos de cuatro semanas de embarazo lo realizó, sangró un poco, pero no expulsó el producto.
A la semana nueve se dio cuenta de que continuaba embarazada, acudió con un médico que también ofrece sus servicios en Ixtlahuaca y este le dijo que podía interrumpir el embarazo con unas inyecciones y pastillas.
“Nunca nos dejó claro cuál fue el método, solo que le introdujo las pastillas vía vaginal, pero también le puso suero, sin embargo, no sangró, aún así fue dada de alta y a las dos semanas sintió mareos, ascos, se hizo otra prueba y resultó positiva”, narra Patricia Matus, fundadora de Marías Acompañantes, Aborto Seguro Estado de México.
La mujer regresó con el médico y este le dijo que tenía que practicarle un legrado que le costaría 15 mil pesos, en ese punto fue cuando ella decidió buscar apoyo por otro lado, pero no fue tan sencillo, puesto que el doctor amenazó con divulgar que había abortado, lo que la orilló a dejar el municipio mexiquense.
“Ella no podía pagar 15 mil pesos, nos buscó y lo que pudimos hacer fue canalizarla con Marie Stopes, pero a partir de eso tuvo que mudarse porque el médico la conocía, la amenazó y ella vivía con miedo de que él le dijera a alguien que había abortado, quería dinero para guardar silencio, la acosó en varias ocasiones, por fortuna accedió a un aborto legal y a atención psicológica, pero ese tipo de situaciones no deben ocurrir más, mucho menos venir de personal que en teoría debería cuidarnos”.
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Esta investigación fue apoyada por la iniciativa Reproductive Health, Rights, and Justice in the Americas, de la International Women’s Media Foundation’s.
