En el marco de los procesos electorales presidenciales que vivirá América Latina en 2018, Distintas Latitudes lanza el “Absurdómetro”, un ejercicio de análisis y valoración de las propuestas de las candidaturas en busca de aquellas que puedan ser consideradas absurdas, ya sea porque su elevado costo económico o su complejidad institucional las torna difíciles o irrealizables, o porque son peligrosas para los derechos humanos o implican costos sociales altos.

Este domingo 1 de abril, Costa Rica decidirá cuál será su próximo presidente. La elección se disputa entre dos candidatos de apellido Alvarado, ambos periodistas y cantantes, pero con visiones del mundo profundamente distintas.

El candidato del partido oficialista Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, asegura la eliminación de los combustibles fósiles será “la abolición del ejército” de la nueva generación costarricense, haciendo referencia al hito que tuvo ese país centroamericano en 1949.

Aquí pueden consultar la propuesta valorada del rival de Carlos Alvarado.

LA PROPUESTA

Para lograr este objetivo de forma gradual, con la finalidad de cambiar todos los vehículos del país por vehículos eléctricos hacia 2030, Carlos propone que en su gobierno se renueven todos los vehículos del Estado, cambiándolos por eléctricos.

Este plan se enmarca dentro del objetivo de que, hacia el final de un eventual gobierno suyo, el país tenga al menos 35 mil vehículos eléctricos en circulación en el sector público. Para poner la cifra en proporción, en 2015 en Costa Rica había 1 millón 346 mil 344 vehículos en circulación, y desde 2016 ingresan al país más vehículos al año que el número de personas que nacen anualmente.

La propuesta de Carlos está tanto en su plan de gobierno original, como en el “Acuerdo por un Gobierno Nacional” que firmó con el excandidato presidencial Rodolfo Piza, quien le dio su adhesión para la segunda ronda.

“Iniciar[emos] la transición hacia uso de vehículos eléctricos promoviendo una renovación de la flota vehicular del país con miras al año 2030. Iniciaremos este proceso con una renovación total de los vehículos del Estado para generar la escala que incentive el cambio”, se señala en el acuerdo.

COSTOS ECONÓMICOS

A pesar de que recientemente se aprobó una ley en Costa Rica que reduce los impuestos a los vehículos eléctricos, estos todavía son más caros que los vehículos convencionales.

Si supusiéramos que los 35 mil  vehículos tendrían un costo muy bajo de mercado de unos 35 mil dólares estadounidenses cada uno, el costo de implementar esta propuesta sería de aproximadamente 1225 millones de dólares.

Poniendo este número en contexto, el presupuesto nacional del gobierno de Costa Rica fue aprobado en aproximadamente 16 mil 315 millones de dólares, con lo cual la propuesta representaría el 7,5% del monto destinado a todo el presupuesto del gobierno. Esta cifra es similar a la que el gobierno le otorga anualmente a todas las universidades públicas para el mantenimiento de sus operaciones.

No obstante, teniendo en cuenta que al hablar de la flota vehicular del Estado, y no solo del gobierno central, no todos los fondos para llevarla a cabo saldrían de ese presupuesto.

Para el analista económico y columnista Juan Carlos Hidalgo, el costo económico de esta propuesta la convierte, en su opinión, en la más descabellada por parte del candidato oficialista, más aún teniendo en cuenta el grave déficit fiscal que afronta Costa Rica y el retorno de la propuesta, el cual considera bajo. Este es uno de los principales puntos que Hidalgo crítica en el acuerdo de gobierno nacional entre Carlos Alvarado y Rodolfo Piza.

“Pero así como en la parte fiscal el acuerdo tiene cosas positivas y otras ‘meh’, hay rubros que me preocuparon y hasta alarmaron”, dijo Hidalgo en un análisis publicado en sus redes sociales.

“Se establece la RENOVACIÓN TOTAL de la flota vehicular del Estado por vehículos eléctricos. ¿Cuánto costaría eso?, ¿Dónde queda la contención del gasto?”, agrega el analista.

Calificación: La propuesta representa muy elevados costos económicos.

COMPLEJIDAD INSTITUCIONAL

Una renovación total de la flota vehicular del Estado (no solo del gobierno) implica coordinar con una serie de instituciones de todo nivel, que además poseen distintos grados de autonomía.

El sector público incluye gobiernos locales, universidades estatales, instituciones autónomas, entre otras. Asimismo, la decisión requeriría de aprobación legislativa a la hora de aprobar los presupuestos. Esto sería muy engorroso, teniendo en cuenta la pequeña fracción legislativa oficialista con la cual contaría Carlos Alvarado de ser electo (solo 10 de 57 escaños) y la importancia que tendrá una política de contención de gasto, para poder impulsar los nuevos impuestos que son necesarios en medio de la crisis fiscal que vive el país.

Calificación: La propuesta representa una importante dificultad institucional.

PELIGROS SOCIALES

La propuesta no conlleva riesgos sociales importantes, más allá de los asociados a discutir una iniciativa que representa nuevos gastos en una situación de crisis fiscal en el país.

Calificación: La propuesta no representa riesgos sociales.

Calificación general de la propuesta: Utopía. La propuesta es positiva en el combate al cambio climático y congruente con la imagen de Costa Rica de “país verde”. No obstante, es poco factible debido al contexto económico y político del país actualmente.