Las elecciones populares de jueces en Bolivia. Crisis procedimental y oportunidades ético-políticas

 “El juraméntico jamás cumplídico es el causántico del desconténtico. Ni los obréricos ni los paquíticos tienen la cúlpica señor fiscálico.”  

Violeta Parra, Mazúrquica Modérnica.

El horizonte boliviano, despejado y abierto, vive un ambiente de politización incesante en esta segunda década del siglo XXI[1].  La justicia, entendida como representación política del pueblo, es cuestionada por algunos movimientos sociales y comunitarios bolivianos que buscan el reconocimiento de las autonomías nacionales, basadas en el consenso y la construcción del equilibrio social. Las elecciones populares de jueces y la reestructuración del órgano judicial es un intento por descolonizar y socializar el Estado de derecho, por lo que sus avances exigen toda nuestra atención[2].

Los pueblos de América Latina, y en especial de Bolivia, comienzan a desprenderse de la pasividad política y a tomar las riendas de su buena voluntad (pese a que ésta pretende ser socavada por los procesos de intervención neoliberal y los abusos del poder estatal)[3]. Estos son los vientos que recorren los campos del nuevo Estado plurinacional. Sin embargo, las primeras elecciones populares de su órgano judicial, pese a su justificación democratizadora, representan para algunos la misma cuerda que enreda al caballo, es  decir, ese sistema europeísta que no permite sacudirse el yugo colonial que alimenta la distinción de clases sociales, reactiva la pobreza y la discriminación cultural.

Aún con ello, las elecciones populares de jueces son un evento sin precedentes, que sirve como luz para cuestionar y criticar los modelos judiciales que se ejercen en toda América Latina. Es por esto que se ha impulsado un  cerco mediático a nivel internacional, para provocar que muy poca gente pueda conocer de este suceso y con ello comience a cuestionar la abismal separación entre representantes y representados.

Para comprender mejor la relevancia de este proceso, se presentan aquí algunas reflexiones en torno al principio de la representación político-judicial y su relación con el movimiento social boliviano, que busca institucionalizar la justicia después de una histórica lucha en contra de la injusticia que no para.

La república, como la forma política que los europeos ilustrados del siglo XVIII preveían como la única garantía a la paz y la justicia, se manifestó en la práctica como  un sistema de división de poderes autoritario y excluyente. Y es que los resultados de una votación para elegir representantes no necesariamente expresan la voluntad de la mayoría, por lo que un sistema de representación política logra la justicia sólo en los procedimientos, de tal modo que la moral de los representantes y los representados queda en segundo plano. Así, sólo son sujetos de derecho aquellos que respetan esta estructura de representación como garantía de la justicia; los que no, simplemente son excluidos de todo derecho, generando así la legitimación de políticas de exclusión y represión política.

Según las estructuras políticas vigentes, los procedimientos mediante los que el Estado plurinacional de Bolivia ha logrado legitimidad son las elecciones presidenciales, la Asamblea Constituyente, procesos electorales del poder legislativo, reformas políticas conforme a la ley, leyes, reglamentos y su capacidad coercitiva de defenderlos, representación internacional, etc. La congruencia que se exige a un presidente que emerge de un proceso social indígena emancipador (como a cualquier juez, representante o funcionario público) de mantener la unidad política con otras fuerzas sociales, está separada, según esta visión eurocéntrica del republicanismo, de los procedimientos legales y acciones para realizar el derecho.

Los procedimientos siguen siendo el referente para evaluar la justicia democrática. Esto significa que si el gobierno ha fijado determinadas formas de participar y expresar la voz de las mayorías a través de sus instancias de representación, el gobierno que de ello emerja será la voluntad general y por lo tanto el poder soberano. Y si el gobierno actual convoca a “limpiar” el órgano judicial de la dependencia y corrupción del poder judicial, respecto al poder político y al económico, esto debe cumplirse.

La solución propuesta fueron las elecciones populares de jueces y los procedimientos legales fueron expresados desde la Asamblea Constituyente y en la serie de Reglamentos para la elección, dejando como principal encargado al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los estatutos para la elección tuvieron más o menos consenso hasta las acusaciones de intervención del presidente Evo y el partido del MAS; los procedimientos son cuestionados, pero no pueden anular la legitimidad de los mismos excepto si el propio TSE lo asume, al ser, según el principio republicano, la voz general del pueblo.

De acuerdo a los principios republicanos, si la eficiencia de los órganos vigilantes del proceso no ha sido el adecuado, la representación ejecutiva debe saber resolver en busca de lograr la democratización (pero la legitimidad la tiene de antemano por el hecho de tener el gobierno).

La llamada polarización política entre aquellas fuerzas que convocan a anular los votos ciudadanos como expresión de descontento es un acto de rebeldía cuyos efectos son ambiguos: si bien puede desestabilizar socialmente, también puede incentivar la politización de las audiencias, quienes optan entre la información y la apatía. En ciertas sociedades liberales como la europea, norteamericana, e incluso la mexicana, la balanza parece inclinarse por la apatía. Sin embargo, en el caso de Bolivia, su arraigo a ciertas nociones indo-kataristas, o ciertamente étnicas y geopolíticas, así como de otras comunidades políticas que han permitido la transformación estructural del órgano judicial, ha dado un fenómeno particular de politización para participar en sus acontecimientos públicos aún a pesar de la falta de difusión de los méritos y perfiles de los candidatos, y de otra información que el gobierno boliviano prometió hacer circular para ampliar los criterios de selección.

Los procedimientos pueden legitimar o deslegitimar una elección, así como volver a permitir que esta estructura se corrompa, aún a pesar de que lleguen nuevas personas al órgano de poder judicial. Es muy interesante encontrar en una zona del llamado Estado moderno la expresión de la justicia comunitaria indígena, exigiendo humanidad, coherencia, amor por la tierra, soberanía de las comunidades, comunalidad, saber para el bien común, identidad como dignidad, complementariedad más allá de la libertad, equilibrio y no sólo justicia, consenso más que democracia. Una preocupación por todos, previniendo la criminalidad con una forma de vida más armónica.

La relación entre procedimiento y virtud de los representantes es una distinción precaria cuando las formas de vida siguen sosteniendo la exclusión de una comunidad política, por etnia, clase, e incluso excluyendo a la naturaleza de nuestra propia concepción de vida.

Sin embargo, pensar que las elecciones de jueces estarían anuladas porque no estamos de acuerdo con el procedimiento para elegir, es correcto sólo si los representantes de los inconformes logran colocar su criterio en los órganos de decisión con métodos para mejorarlo. Pero si la deslegitimación proviene porque no se está de acuerdo con los candidatos o sobre quién debería ser elegido, esto no puede ser sino una rebelión que no se consideraría digna más allá de la coyuntura según el republicanismo.

Tomar en serio lo del consenso más allá de la democracia para limitar cualquier poder, implica el deseo general de transformar las instituciones de representación política. Fortalecer un órgano judicial para hacerlo incorruptible e independiente de cualquier poder constituido, implica condiciones donde la ley pueda juzgar de acuerdo a los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos civiles, políticos, sociales y culturales, sobre todo si el capitalismo sigue haciendo mella en los territorios de los pueblos de todo el mundo, y cuando los intereses individuales y corporativistas, alentados por el neoliberalismo, siguen haciéndole el juego a la dominación.

La mejor persona para el puesto, el mejor de los que están en campaña, el preferido por la mayoría de los ciudadanos, el preferido por la mayoría de los votantes registrados, el elegido por la mayoría de aquellos que votaron el día de la elección, ha sido la pantalla de otras inconsciencias sociales, como el hecho de que los órganos de representación terminan olvidando su carácter de servicio al pueblo. Ya nos enseñaron las comunidades zapatistas en México que la organización de una forma de vivir nueva implica mucho trabajo, perseverancia, honradez, decisión y cultura de vida política comunal, rotativa, consensual.

La representación política a nivel mundial, sigue planteando a los procedimientos electorales como la cúspide de la legitimidad, estando la virtud de los candidatos en relación con su personalidad, carisma, imagen, donde las ideologías del cuerpo, el racismo, etc., emergen para manipular a las audiencias, pero sigue siendo evidente que los representantes no son de extracción social, sino de clases políticas funcionando, fortalecidas mediáticamente. La democracia de las audiencias hoy en día está caracterizada por la falta de un trabajo efectivo para institucionalizar la justicia, frenando todo autogobierno popular, sin presentar a cambio formas de acercar para siempre a los representados con los representantes.

Esto sin embargo, está acotado por una condición particular en los líderes o dirigentes de un movimiento popular que logra el poder político, ya que éste conoce que para contrarrestar la hegemonía de la economía, la cultura y la política de los que antes dominaban, se requiere del propio proceso social que lo llevó al poder. El Estado Plurinacional de Bolivia requiere de representantes dispuestos a ser la voz de sus representados, y de jueces que juzguen más allá de los marcos de la jurisprudencia nacional si es necesaria la aplicación de las declaraciones internacionales de derechos humanos, sociales, políticos y culturales. Que juzguen a personas concretas y no según los patrones institucionalizados en el derecho que criminalizan la pobreza, la identidad, la raza, la sexualidad diferente, etc.

La Red Iberoamericana de Jueces[4] nos convocó a impulsar el Observatorio de las elecciones populares de jueces en Bolivia 2011 y estoy muy agradecida por esta experiencia, ya que su pretensión es colocar como punto de discusión su propio ejercicio judicial, comparando no sólo el procedimiento de transformación de un órgano judicial, siempre necesario, sino la fuerza de una sociedad que se piensa a sí misma y de acuerdo a las diversas realidades de los jueces provenientes de países como Chile, Argentina, Honduras, Brasil, El Salvador, España, entre otros. El trabajo consistió en diseñar una plataforma lo suficientemente sencilla y eficaz para todo el público boliviano que pudiera tener acceso a una computadora, donde se pudiesen leer las notas de prensa al día, artículos especializados de expertos, un conglomerado de la legislación boliviana, un instrumento de encuesta para los candidatos, último aspecto que se sustituyó por las encuestas que los propios medios bolivianos comenzaron a generar.

El respeto a la autonomía del pueblo boliviano exige que respetemos su derecho a decidir y la única forma de lograrlo es exigir que, pese al resultado que sea, se mantenga el ejercicio popular electoral de jueces. Lograr que la ley no se use en contra de su propia autonomía implica que el gobierno ejecutivo, al igual que todos sus representantes, afiancen tanto sus procedimientos electorales como los procesos de construcción de consensos, para demostrar al mundo que la representación política es vigente, sí y sólo sí, se fortalecen los principios de comunalidad política, que amplía incesantemente sus fronteras para eliminar la exclusión de la otredad, de lo nuevo, de lo diferente, de lo históricamente negado.

América Latina, México, Octubre 2011.