El Salvador es un territorio de 21,000 km² disputado por dos pandillas criminales con origen en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Esta ha sido la historia, según los medios internacionales, que en resumidas cuentas intenta encontrar una respuesta válida ante el hecho que en los años que le siguieron a la firma de Los Acuerdos de Paz en 1992, hayan sido asesinadas en El Salvador más personas que durante el periodo de violencia política (1972-1992). Cuando se intentan buscar explicaciones ante la tasa de asesinatos que solo decreció tras los terremotos de 2001 y luego retomó su alza, las respuestas apuntan siempre a la violencia de posguerra, pero nunca se analiza el verdadero impacto que esto representa en los índices de violencia que actualmente se viven en el país.

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Cierto es que la sociedad salvadoreña estuvo siempre bajo constante represión. Cierto es también que el accionar criminal de los pandilleros criados en el extranjero encontró en nuestra cotidianeidad con las muertes barbáricas un macabro caldo de cultivo. También es cierto que ya a finales de la década de los ochentas, el medio millón de desplazados internos se convirtieron en los nuevos marginados del Área Metropolitana de San Salvador (en adelante AMSS), una conurbación conformada por catorce municipios en los que habitan más del 30%  de la población total de El Salvador. 2 millones 290 mil 790 habitantes en la tercera ciudad más peligrosa de Latinoamérica [[i]], de quienes el 24.2% fue víctima directa de algún delito –denunciado- entre febrero de 2009 y febrero de 2010 (incluyendo homicidios) [[ii]]. Ante el hacinamiento en las zonas urbanas, la violencia resultante y los índices que suben sin cesar, la respuesta sigue siendo la misma: reprimir. Esto sin prestar atención a quiénes se atribuye esta tarea.

Nuestra novel fuerza policial fue fundada hace dieciocho años. En sus inicios fue conformada en un 40% de excombatientes tanto de las fuerzas insurgentes como del ejército, a razón de 20% cada uno, y un 60% de nuevos efectivos estrictamente civiles. El personal efectivo que inicialmente le conformó fue previamente evaluado para el cargo -como petición de los negociadores de izquierda que tomaron parte en los Acuerdos de Paz – en respuesta a los conocidos abusos cometidos por las fuerzas coercitivas activas durante el periodo de violencia política. Tras la forzosa depuración, 21 mil miembros de las Fuerzas Armadas fueron dejados cesantes [[iii]], pero a través de los años estos lograron incorporarse a lo que a finales de la década de 2000-2010 sería, prácticamente, una nueva fuerza de control social: las agencias de seguridad privada.

Es virtualmente imposible caminar una cuadra en San Salvador sin verles y reconocerles inmediatamente: están de pie frente a los negocios o entrada de veredas residenciales, uniformados y cargando escopetas. Al menos en el AMSS, están en todas partes: acompañan a los vendedores ruteros, vigilan cada paso de los clientes de los supermercados, preguntan por qué se ha quedado uno parado en determinada esquina. La mirada es la de cualquier salvadoreño: pesada y llena de desconfianza. En su número actual, superan en efectivos a la Policía Nacional Civil: más de 23 mil miembros laboran para las más de 400 agencias de seguridad privada que actualmente operan en El Salvador [[iv]], mientras que la Policía Nacional Civil contaba, hasta diciembre de 2010, con 20 mil 605 efectivos [[v]]. Además de percibir la mitad del salario de un policía y trabajar turnos de doble duración, la vigilancia privada -contrario a la subjetiva sensibilización que sí reciben los efectivos policiales- no recibe entrenamiento alguno para manejar situaciones de peligro, ni es sujeto a evaluaciones psicológicas para comprobar su viabilidad para desempeñar el cargo. Prácticamente cualquier ciudadano mayor de dieciocho años puede presentarse a una de estas agencias privadas, llenar una solicitud y, al ser aceptado,  presentarse al Departamento de Registro de Armas para ser formalmente acreditado. Sin ningún tipo de control.

No existen estudios formales dedicados al inminente peligro que representa armar a cualquiera que esté dispuesto a trabajar en la seguridad privada, en parte por la dificultad a la hora de crear bibliografía en El Salvador, en parte por cierta tendencia a solo responder a lo inmediato. Si bien este es un ramo que como empresa se remite –formalmente- a principios de los noventas, no es sino hasta diciembre de 2000 que la Asamblea Legislativa decide redactar una ley para normar no los procesos de selección ni su labor, sino su conformación como empresa. La Ley de los servicios privados de seguridad es prácticamente desconocida y, a la sazón, irrelevante. No hay, en resumen, un marco legal que ampare, regule o proteja ante el accionar de un vigilante privado que actúa como tal. Esto no es pertinente cuando por cada comunidad se contrata una empresa para brindar seguridad, cuando el grueso de la población llega a tener en ellos un ápice de confianza más que en los efectivos policiales; más cuando son tan omnipresentes, tan necesarios, tan ineludibles.

Si anteriormente me referí a esta aparente cualidad de la sociedad salvadoreña es porque es debido a ella que he decidido hablar de este tema en particular y no de tantos otros que hoy por hoy son necesarios para desenredar la maraña que implica vivir en una sociedad tan fragmentada. El tema de la seguridad privada, del nulo control de su selección de personal y la no-regulación en la que operan, tardaron veinte años en llegar a la palestra pública. Dos homicidios cometidos en menos de un mes a manos de vigilantes privados en contra de ciudadanos que no delinquían han hecho que, por fin, los salvadoreños empiecen tímidamente a cuestionarse quién les regula. El primero, cometido en víspera de Año Nuevo, fue en contra de un joven que se negó a dejar su casco de motociclista desprotegido mientras recogía dos pavos, en un restaurante de comida típica ubicado en una zona acomodada de la capital. Recibió dos disparos. El segundo, cometido el 28 de enero a escasos treinta metros de una sede judicial, resultó con un taxista de 33 años que recibió tres disparos al tórax por negarse a cancelar un dólar por supuestamente haber hecho uso del parqueo de la gasolinera en la que pretendía comprar combustible [[vi]]. Si bien es decepcionante que haya pasado tanto tiempo para que este tema se convirtiera parte del debate nacional, espero no sea demasiado tarde para forzar una regulación de un segmento tan grande y tan cercano a los hogares salvadoreños, que ya deben sobrellevar el estigma de la violencia gratuita, la desinformación y la paranoia de la posguerra, las maras y la frágil economía doméstica y lo que menos necesita a estas alturas, es un peligro más del cual cuidarse. Que al menos estas  muertes innecesarias signifiquen la inminencia de la confrontación ciudadano- estatal con los males sociales que El Salvador viene evadiendo históricamente, para que sea este, finalmente, un país en el que se pueda vivir.


Referencias:

[i] Índice de peligrosidad según cálculos de la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz (datos a 2009)

< http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/data/pdf/biblio/001/035.pdf >. Obtenido el 2 de febrero de 2011.

[ii] Córdova Macías, Ricardo; Cruz, José Miguel y Selligson Ph.D, Mitchell A. (2010), La cultura política de la democracia en El Salvador, 2010;  San Salvador: FUNDAUNGO/USAID/IUDOP.

[iii] Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y Gobierno de El Salvador (1992), Acuerdo de Paz de El Salvador: Capítulo I- Fuerza Armada; Chapultepec, Ciudad de México. Documento oficial.

[iv] Castillo, Beatriz (2010, 17 de marzo). Regulación de empresas de seguridad privada, a discrecionalidad de los dueños. Diario CoLatino. Obtenido el 2 de febrero de 2011, de <http://www.diariocolatino.com/es/20100317/nacionales/77919/>

[v] Noticias institucionales de la Policía Nacional Civil. Obtenido el 2 de febrero de 2011, de <http://www.pnc.gob.sv/informacion/noticia_detalle.php?noticiasID=2165>

[vi] Salazar, Loyda (2010, 28 de enero). Vigilante asesina a taxista por negarse  a cancelar $1 de parqueo. La Prensa Gráfica. Obtenido el 2 de febrero de 2011, de < http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/167801-vigilante-asesina-a-taxista-por-negarse-a-cancelar-1-de-parqueo.html>

Virginia Lemus

Virginia Lemus

El Salvador, 1987. Estudiante de Derecho en la Universidad Centroamericana y Política Latinoamericana en FLACSO-El Salvador.

One Comment

  • Jair Trejo dice:

    Un caso que me llamó la atención hace algunos meses fue el de Karen Yamileth Cordero, una muchacha que murió en el súper mercado mientras estaba bajo custodia de los guardias del lugar por un presunto intento de robo hormiga. En particular, recuerdo que al dar la nota el conductor del noticiera mencionaba a «las autoridades del supermercado», casi como si el Super Selectos de Mejicanos fuera un territorio autónomo. Pensé que tal vez era un detalle sin importancia, pero ahora veo que esa privatización y esa fragmentación de la seguridad sí están sucediendo. Qué grave.

    Más información sobre el caso en El Faro, http://www.elfaro.net/es/201012/noticias/3113

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