Hace 35 años, El 24 de marzo de 1976, se llevaba a cabo con éxito uno de los golpes militares más sangrientos en la historia Argentina y latinoamericana. Las cifras más conservadoras e institucionales hablan de 10.000 desaparecidos, mientras que movimientos de víctimas como las Madres de la Plaza de Mayo hablan de 30.000. Recordar el grado de brutalidad, crueldad y sevicia con que actuaron las juntas militares hace estremecer a cualquiera, aún tres décadas después de acontecidos los hechos. Son bien conocidos los métodos de lucha de los ejecutores de la “limpieza ideológica”:“la picana”, “el submarino”,“el soplete”-que como denunciaba Rodolfo Walsh, constituían la actualización contemporánea de las técnicas de los inquisidores medievales: el potro, el torno y el despellejamiento en vida-.(1)
Los militares argentinos fueron pioneros -junto con sus pares chilenos-, en “la correcta” aplicación de un modelo que con particularidades nacionales, se propagó por América Latina: una combinación de anticomunismo, conservadurismo autoritario, oscurantismo católico, colonialismo interno y liberalismo económico periférico. Esta original mezcla generó prohibición de los partidos, intervención de los sindicatos, censura de la prensa, privatizaciones, completa libertad para la multinacionales y la articulación a nivel continental de las derechas. Se masificaron los secuestros, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los delitos sexuales y las desapariciones.
Éstas son sólo algunas de las lecciones que esos aventajados y precoces alumnos, aplicaron bajo la batuta del Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CIA, la ITT y el Departamento de Estado. Después de 7 años de oscuridad, en 1983, sectores de la sociedad argentina en los que brillaban movimientos sociales y personas de inclaudicable dignidad, lograron poner fin a tan amarga pesadilla. Llevaron al Estado a “transitar” hacia un modelo donde la desaparición, la tortura y el asesinato, no fueran la única respuesta del bloque en el poder hacia sus competidores, detractores, críticos y “sospechosos”.
En este proceso transicional -que aún no acaba- hay de manera incompleta, algo de “verdad” sobre el pasado. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) produjo el famoso informe “Nunca más”, que es hasta nuestros días, un texto de amplia recepción en Argentina y en el mundo. Abundan las películas, las obras literarias y académicas que tratan el tema de la dictadura militar desde la perspectiva de las víctimas. Parte de la consecución de la verdad, es la creciente conciencia de que el golpe orquestado por militares reaccionarios, se sostuvo porque fue acompañado por sectores de la sociedad que se hicieron los de la vista gorda ante la sistemática represión.
En cuanto a la “justicia” parece haber más escasez. De acuerdo con el abogado Rubén Arroyo -que participa desde 1984 en los intentos de judicialización de los represores-, 35 años después, Argentina “ha avanzado lentamente en el juicio y encarcelamiento de los responsables”.(2) Sin embargo, son notorios los avances en desmontar las garantías legales que impusieron gobiernos anteriores para blindar a los militares de posibles persecuciones judiciales, lo que ha permitido iniciar juicios. Hay otro tipo de justicia “comunitaria” bastante efectiva, que es el repudio social a los represores en la cotidianidad.
El mantenimiento de la búsqueda de la verdad y la justicia, permite que 35 años después, adultos que fueron niños robados y criados por los militares y sus cómplices, encuentren a sus familias biológicas.
La “reparación” no monetaria es bastante interesante. Museos como el de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada, antiguo centro clandestino de detención) y la gran cantidad de “lugares de memoria”, indican que de alguna u otra forma el recuerdo y la reivindicación de los desaparecidos, sigue siendo una de las discusiones centrales en la sociedad.
Las características de la sociedad argentina después del golpe, permiten pensar que el proceso social transicional ha logrado institucionalizar al menos por el momento, el “Nunca más”. No se podría decir lo mismo para el caso de Colombia. En este país suramericano fuertemente marcado por la violencia, la “original combinación” inaugurada por los militares chilenos y argentinos, sigue teniendo vigencia -aunque con sus propias particularidades-. El modelo político articula allí vía democracia electoral, el conservadurismo autoritario, el oscurantismo católico, el anticomunismo, el colonialismo interno y el liberalismo económico. Continúan las procesos privatizadores de lo que aún queda bajo la órbita estatal. Colombia es un de los países más peligrosos del mundo para ser sindicalista y militante de base de movimientos sociales de izquierda. Después de Sudán es el país del mundo con mayor número de desplazados internos. El actual gobierno quiere hacer de la minería el eje central del proceso de acumulación, lo que hace que las multinacionales operen con bastante libertad. Desde 1998, los gobiernos colombianos son los principales aliados de los Estados Unidos en la región y el epicentro de la confluencia de las derechas desde el Rio Bravo a la Patagonia.
El grado de descomposición, crueldad y sevicia de los estamentos castrenses en Colombia, los hermana con sus antecesores argentinos. Al igual que éstos, los policías, militares e infantes de marina del país andino, hacen de su deber constitucional una guerra contra civiles inermes, plagada de acciones fuera de la legalidad. La excepcionalidad es la regla, en una guerra sin límites morales, “más allá del bien y del mal”, como decía uno de los represores argentinos, citado por Walsh.
Del 2008 al 2010 fueron judicializados por la misma Policía Nacional de Colombia, 258 integrantes de esta institución por sus vínculos con las llamadas Bandas Criminales o BACRIM(3), que son los herederos de las “desmovilizadas” Autodefensas Unidas de Colombia -paramilitares-, cuya entrega al gobierno de Uribe ha sido bastante cuestionada últimamente por la información contenida en algunos “wikileaks”.
Requeriría mucho espacio enumerar los hechos de represión generalizada en los últimos años. Bastan algunos ejemplos ilustrativos. A principios del 2010, fue encontrada en el departamento del Meta -oriente-, una fosa común con 2000 personas, donde el ejército depositaba cadáveres como NN -sin identificar-, desde el 2005. Parlamentarios ingleses que estuvieron en la zona corroboraron la existencia del macabro hallazgo, e indicaron que los vecinos afirmaban que los ahí enterrados no eran guerrilleros -como afirmaba el ejército- sino lideres comunitarios y campesinos “desaparecidos misteriosamente”.(4). De acuerdo con la Fiscalía general de la Nación -organismo oficial-, en el país habrían más de mil fosas comunes.
Muchos de los enterrados como NN podrían ser víctimas de los llamados “falsos positivos”, que de acuerdo con la ONU es “la práctica de presentar como muertos en combate personas que se encontraban a disposición del Ejército”, para poder cobrar recompensas.(5) En el informe de la Alta Comisionada sobre los DD. HH de Naciones Unidas publicado en el 2011, se mostraba que en Colombia las víctimas de esta práctica estatal son aproximadamente 3000, la mayoría ocurridos entre el 2004 y el 2008 mientras Álvaro Uribe era el primer mandatario y Juan Manuel Santos -actual presidente- era ministro de defensa. En un informe de Medicina Legal (2010), se señaló que entre 2007 y 2009 fueron reportados sólo a esa entidad oficial, 38.255 personas como desaparecidas. En el citado informe de la ONU se habla, para noviembre de 2010, de 51.310 desapariciones registradas “de las cuales 12.632 han sido consideradas presuntas desapariciones forzadas.”(6).
Las cifras oficiales de la desaparición forzada en Colombia para solo 3 años (2007-2009), superan el techo de las no oficiales, denunciadas para los 8 años de la ignominia militar en argentina. La comparación -que debe reconocer las diferencias históricas- no lleva a relativizar la crudeza de la tragedia vivida entre 1976 y 1983. Pretende más bien, evidenciar las dimensiones del drama que viven actualmente los más pobres de Colombia por obra de aquéllos que tienen el deber de protegerlos -sin ser los únicos victimarios-. Parafraseando a Walsh -cuando hablan de sus propios verdugos-, se puede decir que las fuerzas militares del país andino no son la “fiel de la balanza entre ‘violencias de distintos signos’”, sino una de las propias fuentes de la violencia.(7)
Si en Argentina 35 años después de culminados los hechos trágicos, no se ha podido conseguir completamente la verdad, la justicia y la reparación; qué esperar de un país donde no existe esa voluntad colectiva para transitar a un modelo social donde NUNCA MAS halla desaparecid*s, secuestrad*s, torturad*s, asesinad*s, desplazad*s y exiliad*s. Ojalá la persistencia de la violencia estatal en Colombia no sea porque se leen los informes “al revés”, como dice el maestro Molano: “La violación de los DD. HH. se hace pasar como control de los factores perturbadores del orden. O sea: de las condiciones de relativa estabilidad política que hacen posible las altas tasas de ganancia basadas en la explotación, la corrupción, el chantaje y los sobornos. Por esa razón aprecian los informes de la ONU y de muchas ONG, porque los leen al revés. Donde se dice violación, leen provecho y favorabilidad; donde dice represión, leen garantías inversionistas, cohesión social, orden institucional, seguridad democrática.”(8).
Notas.
1.Walsh, Rodolfo (1977). Carta abierta de un escritor a la Junta Militar , página 2.
2. Red Universitaria de Comunicación. Noticias del frente, “La justicia está llegando muy tarde”, 24/03/2011, <http://agencianoticiasdelfrente.blogspot.com/2011/03/la-justicia-esta-llegando-muy-tarde.html> [25 de marzo de 2011].
3. Elespectador.com, “285 policías han sido destituidos por vínculos con las bandas criminales”, 28 /02/2011, <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-253761-285-policias-han-sido-destituidos-vinculos-bandas-criminales> [29 febrero de 2011].
4. Publico.es. “Aparece en Colombia una fosa común con 2.000” cadáveres”, 26/01/2010 <http://www.publico.es/internacional/288773/aparece-en-colombia-una-fosa-comun-con-2-000-cadaveres> [23 de marzo de 2011].
5.- Molano, Alfredo (2011).“El Informe”, 27/02/11, <http://www.elespectador.com/impreso/columna-253419-el-informe>, [2 de marzo de 2011].
6. Ibid.
7. Walsh, op.cit; página 4.
8. Molano, op.cit.
Excelente artículo. Demuestra lo lejos que estamos de cerrar la brecha existente entre una maloliente y vetusta elite versus la Colombia rural que sostiene el país y que sufre por sus decisiones.
Un saludo.