[Fotografía: Mauro Tomasini, Hospital Pereira Rossell, Montevideo, 2015]
El escenario es complejo. Pero las mujeres abortamos igual. Lo hemos hecho con yuyos, con sondas, con comadronas, con misoprostol. Solas o acompañadas. En hospitales y block quirúrgicos, en nuestras camas, en la letrina. Hemos enterrado. Hemos escondido. Hemos sido descubiertas. Hemos querido que se sepa.
En América Latina y el Caribe el aborto todavía no es un derecho, aunque lo ejercitemos en la práctica. Las legislaciones más “de avanzada” en la región suponen “períodos de reflexión” para que las mujeres revisen una decisión ya tomada, como es el caso de la ley uruguaya. Plazos, tribunales de inquisición, justificaciones, miedos, forman parte del camino por la que pasa una mujer que quiere interrumpir un embarazo que no desea llevar a término.
El aborto ilegal y clandestino constituye un problema sin resolver en gran parte de los países latinoamericanos. Está totalmente prohibido y penalizado en Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana. No se permite ni cuando corre riesgo la vida de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación. En el resto de los países, a pesar de que hay causales que lo habilitan, los servicios de salud no siempre están disponibles ni dispuestos a atender adecuadamente a las mujeres que lo requieren.
En varios países, el hecho de que una mujer solicite un aborto por haber quedado embarazada producto de una violación todavía genera acalorados debates y trancas médico-burocráticas. Alcanza con recordar lo que costó que la Cámara de Diputados chilena aprobara esta causal para despenalizar el aborto en caso de haber sido violada. El proyecto de ley se encuentra en trámite en la Comisión de Salud del Senado chileno. “Hemos observado en los legisladores una tendencia a problematizar las causales subordinando la decisión de la mujer exclusivamente al criterio biomédico”, señalan desde la agrupación feminista Miles.
En Perú, el causal violación sigue dando vueltas en el purgatorio jurídico, luego de que el 26 de mayo de 2015 la Comisión de Justicia y DDHH del Congreso archivara la Iniciativa Ciudadana para despenalizar el aborto en casos de violación sexual, o cuando el embarazo es producto de inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida, que había elevado el proyecto con el aval de 64.261 firmas.
Asimismo, el Estado peruano ha sido denunciado ante la CIDH por la negación de Anticoncepción de Emergencia a María, una joven de 19 años que fue víctima de violación por un grupo de hombres que la sometió a múltiples abusos sexuales en una zona rural de Huánuco. “La historia de María es la de miles de mujeres peruanas”, dicen desde Promsex, una de las organizaciones que (junto a Demus, Paz y Esperanza y el Centro de Derechos Reproductivos) acompañaron a la joven en la denuncia.
En 1998, El Salvador aprobó un nuevo Código Penal que incorporó al aborto como delito, con penas de dos a ocho años de prisión. Desde entonces, 150 mujeres -70% de las cuales tienen entre 18 y 25 años de edad- fueron procesadas. Actualmente, unas 25 están condenadas a penas que van de 30 a 40 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo, a pesar de haber sufrido desde emergencias obstétricas a abortos espontáneos o partos prematuros. La práctica descriminalizada de abortar un embarazo no deseado sigue siendo un horizonte demasiado lejano.
Mirian, Maritza, Marina, Salvadora, Ena, Carmen, Teodora, Guadalupe, Mariana, Mirna, Cinthia, Verónica, Alba, Johana, Evelyn, Teresa, María: las 17 mujeres presas por abortar, por quienes comenzó en 2009 la campaña Las 17, llevada adelante por la Colectiva Feminista y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, apoyada por Amnistía Internacional.
En 2009, Karina fue indultada por el delito de aborto. Desde Agrupación Ciudadana entendieron que si bien el argumento del indulto no es preciso, ya que no exculpa a la mujer, era un camino de lucha para que pudieran recuperar su libertad. Desde entonces diez mujeres han sido liberadas. Dos de ellas, Flor y Teresa, fueron declaradas inocentes. Se anularon ambas sentencias por falta de pruebas y errores judiciales, y salieron los días 11 y 20 de mayo de este año, respectivamente. Teresa llevaba cuatro años y medio presa por aborto espontáneo y tenía la mayor condena: 40 años de prisión.
Honduras es uno de los siete países del mundo donde el aborto está totalmente penalizado, en una clara violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El propio Relator Especial de las Naciones Unidas contra la Tortura ha declarado recientemente que la prohibición absoluta del aborto viola la Convención contra la Tortura. Somos Muchas lleva adelante la campaña para despenalizar el aborto por tres causales, en el marco de la reforma del Código Penal.
“Decidir sobre nuestros cuerpos es algo desafiante”
Eso le escuché decir a Cintia, una joven feminista paraguaya, que hablaba de la dificultad que supone en su comunidad indígena y campesina el hecho que una mujer decida qué método anticonceptivo usar, cuándo y con quién tener sexo, cuándo tener un hijo, cuántos hijos tener.
Abortar es desafiar el control y la reacción patriarcal que ejercen los poderes médicos, judicial, eclesiástico, legislativo y político. También el que ejercen nuestras familias y/o parejas. Nuestros entornos que estigmatizan a la mujer que quiere cortar, por esta vez, el mandato de ser mujer-incubadora. Mujer-madre. Mujer-ser-para-otros.
La prohibición total del aborto no impide que las mujeres aborten. De hecho, un estudio reciente del Instituto Guttmacher junto a la Organización Mundial de la Salud prueba que los países cuyas leyes prohíben la interrupción del embarazo no han conseguido disminuir sus tasas de aborto. Nos seguimos muriendo por abortos clandestinos, inclusive en países como Uruguay, donde el aborto está legalizado hasta las 12 semanas (y hasta las 14 en casos de violación). ¿Por qué nos morimos? Por plazos impuestos por leyes.
¿Por qué? Porque al final las mujeres tenemos que seguir pidiendo permiso para interrumpir un embarazo que no deseamos. Y se sigue sin entender que a ese embarazo no lo queríamos, pero que quisimos (y tuvimos) uno antes, y quizá querremos y llevaremos a término el próximo.
No lo deseamos porque… fue producto de una violación, fue producto de que se rompió el condón y no funcionó la píldora del día después, porque me siguió viniendo la regla entonces no registré que podía estar embarazada, porque… porque sí. Porque no deseo traer a este mundo un hijo. Porque no tengo que andar justificando ante un tribunal de “profesionales de la salud” las decisiones que tomo sobre mi cuerpo.
El cuerpo feminizado expuesto ante todos. Dando razones de aquí para allá. Como este artículo.
Todos se sienten con derecho a tocar, a sobarme, a palpar, a introducir.
Y consignas como “Mi cuerpo es mío”, que parecen obviedades retóricas, no tienen más sustancia -por momentos- que la de una pancarta en desuso, un envase vacío despojado del apoyo real que recibimos las mujeres cuando decidimos abortar o decidimos acompañar a otra a abortar.
Porque nuestros cuerpos siguen siendo mercancía. Porque el mismo médico ginecólogo que objeta conciencia (presenta argumenta que no puede realizar abortos por razones filosóficas o religiosas) porque no quiere tocar un feto, es al mismo que le tengo que pagar mil dólares en su clínica privada de pleno centro de la ciudad.
Porque abortamos todas: ricas y pobres, pero las pobres pagan la condena social por todas. Son las que se desangran en los pasillos que huelen a azufre.
Aborteras
Pensar y visibilizar los sentidos políticos que tienen los usos de los cuerpos. Eso es parte de la práctica de acompañamiento feminista a las mujeres que abortan brindado por los 40 grupos y colectivas que conforman Socorristas en Red a lo largo y ancho de Argentina.
Además de las normativas vigentes que habilitan el aborto legal, seguro y gratuito (conocidas en su mayoría por los “tres causales”: violación, riesgo de salud y de vida para la mujer, y malformaciones fetales incompatibles con la vida fuera del útero), así como leyes de las que se esperan cambios (como en Chile y Honduras), es necesaria la despenalización social.
La filósofa Laura Klein sostiene que sólo despenalizar el aborto terapéutico “convierte el ‘no quiero’ [este embarazo] en el ‘no puedo’ [llevar el embarazo a término]”. “Creo que una cosa son las justificaciones legales para legalizar [el aborto] y otras son las conceptualizaciones, que son mucho más ricas, profundas, variadas”, dijo en diciembre de 2015, mientras comentaba su libro Entre el crimen y el derecho, el problema del aborto, en la primera plenaria Patagónica de Socorristas en Red.
Meses antes, durante su participación en TEDxPlazadelLector Klein expresaba con voz pausada ante el público: “Es una calamidad confiar en que el derecho puede resolver las tragedias de la vida. Y calamidad es suponer que no debe haber dolor y que, si lo hay, alguien es culpable. La experiencia del aborto nos dice que el cuerpo no cabe en el derecho y que el problema del aborto no se termina con su legalización”.
“En el debate del aborto, los dos términos más valiosos y más preciados de los Derechos Humanos, ‘vida’ y ‘libertad’, se enfrentan a muerte. (…) Las razones de los DDHH, como las razones de la ciencia, no nos ayudan a salir del círculo vicioso [en torno al debate sobre si el aborto es un homicidio, y si el embrión es o no ‘persona’] (…) quedando la mujer como si fuera un mero lugar donde el embrión estaría alojado. Pero si fuera sólo por las características del embrión, el descarte de un embrión de probeta debería ser considerado un aborto, y no lo es. No lo es ni en las legislaciones más represivas. Como en las legislaciones más represivas, nunca es considerado el aborto como un homicidio”, concluía.
Dahiana Belfiori, activista y escritora, autora de Código Rosa, enfatiza: “Hay que desdramatizar la experiencia del aborto”. Todas las entrevistadas para el libro, mujeres que habían sido acompañadas por integrantes de Socorristas en Red, decían: “Quiero que este testimonio les llegue y les sirva a otras mujeres”. Por eso, Belfiori remarca que la publicación “instala otras narrativas en torno al aborto y en torno a quiénes somos las mujeres que abortamos en Argentina”, en un intento de acercar lo que las socorristas “creemos y entendemos como derechos de las mujeres”.
Para la mayoría de las mujeres -cuyas historias se cuentan en Código Rosa– la experiencia del aborto no constituyó un drama o un antes y un después. Sí pudo haber sido una experiencia más o menos dificultosa, pero no algo que no se pueda sortear”.
Los escenarios son complejos. Las mujeres abortamos, pero no nos da igual. Queremos hacerlo sin dar explicaciones públicas, sin ser condenadas por eso, sin morirnos en el intento.
