- Juez ordena captura internacional y 18 meses de prisión preventiva por caso Odebrecht
Perú está a punto de ser el único país de América Latina en tener a dos ex presidentes en la cárcel. Hace unos días el gobierno peruano comenzó una temporada de caza contra Alejandro Celestino Toledo Manrique, presidente de Perú durante 2001-2006. Ofreció 100, 000 soles (30 mil dólares apróx) para quien entregara información de su paradero. De lograr su captura, Toledo acompañaría en prisión al ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000), preso por corrupción y crímenes de lesa humanidad.
¿Qué sucedió?
El jueves pasado el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó un año y medio de prisión preventiva y orden de captura internacional contra el expresidente Alejandro Toledo por tráfico de influencias y lavado de activos. La justicia peruana concluyó que existen altas probabilidades de que Toledo haya sostenido un trato ilícito durante su gobierno con el ex jefe de la empresa Odebrecht en el país, Jorge Barata, para que este ganara la licitación de la carretera Interoceánica Sur.
La Fiscalía de la Nación se conformó con la sentencia, mientras que Heriberto Benítez, uno de los abogados de Toledo, interpuso recurso de apelación. Y citó las reglas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que “primero se investiga y luego se detiene”.
Pero, ¿qué sucedió para que Alejandro Toledo, economista, líder de la histórica marcha de Los Cuatro Suyos, quien enfrentó el autoritarismo y la corrupción de Alberto Fujimori cayera en lo que juró combatir?
Según el juez que lleva el caso, Jorge Barata llegó a un acuerdo con Toledo en Río de Janeiro en noviembre del 2004, donde se estipuló que Odebrecht tendría que pagar US$35 millones en sobornos, de los cuales sólo se entregaron US$ 20 millones. Este monto llegó a empresas del peruano-israelí Josef Maiman, amigo de Toledo, quien estuvo presente en la reunión de Brasil y a quien la fiscalía considera testaferro por tener identificados unos US$9 millones pagados en sus cuentas de Inglaterra.
Un detalle importante es que el hombre fuerte de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, sostiene que Toledo lo invitó a su casa en Lima para forzar a terminar con los pagos. Hace una semana, la fiscalía allanó esa vivienda del expresidente.
Lo que dijo Toledo
El domingo 5 de febrero, el ex mandatario aceptó una entrevista vía Skype para el programa periodístico Cuarto Poder de América Televisión. Toledo estaba en Europa. Al preguntársele si recibió los 20 millones de dólares de Odebrecht, respondió: “Rotundamente no. Sin ambigüedades. (…) Y desafío al señor Barata y aquellos administradores de justicia que se adelantan emitir juicios. Mi respuesta es, absolutamente, no. (…) ¡Que diga Barata cómo, cuándo, dónde y en qué banco me ha dado 20 millones a mí! No le permito. No he recibido ni un centavo por la Interoceánica. (…) Estoy indignado por este linchamiento político”.
Y también afirmó que es “respetuoso de la justicia”, pero que se someterá solo a una “justicia justa”. Por esta declaración, la justicia peruana interpretó que la conducta de Alejandro Toledo “pone de manifiesto que no está dispuesto a sujetarse al debido proceso”. La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello aclaró que no existe persecución política alguna y recomendó que se someta a las instancias correspondientes del Estado para asumir las consecuencias de sus actos.
Ex presidente en fuga
Toledo tiene su residencia en Estados Unidos, aunque se le ha identificado en Europa. El actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, pidió a Donald Trump que deportara a Toledo a Perú si lo identificaban en su país. Hasta ahora, se desconoce su paradero.
Hace una semana, Paolo Aldea, parte del equipo de defensa legal de Toledo, declaró “[El expresidente] está en París” junto a su esposa, Eliane Karp. Y le recomendó que no regrese a territorio nacional porque debe esperar las conclusiones del recurso de apelación presentado con el fin de cancelar la orden de prisión preventiva. A su vez, Heriberto Benítez en declaraciones para La República detalló que le insistirá a no presentarse por no haber “garantías” en el proceso.
La Fiscalía de la Nación investiga los periodos gubernamentales de los años 2005 al 2014 que comprometen a Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016) gracias a un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este informe —sin nombres ni cifras — dio cuenta que la empresa Odebrecht pagó US$29 millones en esa década—y que 20 de esta cantidad se pagaron en coimas por un proyecto de infraestructura del 2005— a funcionarios estatales, para de esta forma ganar la licitación de obras públicas fácilmente.
Alejandro Celestino Toledo Manrique se ve embarrado por la catarata de los hechos. Ahora, él es un personaje que divide a la opinión pública peruana. Hay quienes lo observan con nostalgia, porque su presidencia logró el despunte económico de Perú, y otros que ruegan que la lucha contra la corrupción continúe caiga quien caiga en toda Latinoamérica.
