El sistema laboral es el mejor ejemplo de intersección entre el sistema político y el sistema económico. El tema de la producción y la ganancia resulta ser el ámbito del sistema económico, pero al tratarse de la distribución de las ganancias generadas por la producción, el tema compete al sistema político.
En general, el Estado capitalista se caracteriza por su objetivo de preservar la propiedad privada. Hablando específicamente de México, el Estado tiene una variable más: el corporativismo. El politólogo Philippe Schmitter define al corporativismo como “…el sistema de representación de intereses en el que las unidades constitutivas están organizadas en un número limitado de categorías singulares obligatorias, no competitivas, jerárquicamente ordenadas y funcionalmente estructuradas, reconocidas y autorizadas (si no creadas) por el Estado, y a las que se ha concedido un deliberado monopolio representativo dentro de sus respectivas categorías a cambio de observar ciertos controles sobre la selección de sus dirigentes y la articulación de sus demandas y apoyos”.
Por lo tanto, el Estado capitalista corporativo en México tiene como característica principal un férreo control del ámbito laboral. Por ejemplo, la Junta de Conciliación y Arbitraje es la única instancia que puede decidir en un conflicto obrero-patronal. A diferencia de otros países (como Estados Unidos o Reino Unido), en México el arbitraje gubernamental en estos conflictos es forzoso.
Para favorecer a las organizaciones sindicales controladas por el gobierno, se prevé la cláusula de exclusión, la cual impide al trabajador ser contratado si no está afiliado a determinado sindicato. El modelo de sindicalismo que mejor se adaptó al corporativismo durante gran parte del siglo XX fue el llamado “charrismo”, ya que controlaba a sus agremiados a partir de amenazas y apoyos de tipo clientelar, como despensas, viviendas e incluso actitudes negligentes ante malas prácticas del trabajador.
En la década de los 70 se dio un periodo de “insurgencia sindical”. Se caracterizó por el surgimiento de sindicatos independientes, así como el rompimiento de otros con las estructuras de “charrismo” al interior de sus organizaciones. En términos generales, los sindicatos pedían aumentos salariales de emergencia, el congelamiento de precios de productos de la canasta básica, la nacionalización de industrias, el mejoramiento de la seguridad social y mayor intervención del Estado en la economía.
El movimiento fue tan amplio, que incluso la central oficial (es decir, simpatizante del gobierno y miembro del partido oficial), la Confederación de Trabajadores de México, se unió a sus peticiones. Lo anterior demostró que, aún cuando los sindicatos “charros” formaban parte del esquema corporativo y dependían del gobierno, también tenían un gran poder de convocatoria y movilización, además de que podían lograr ciertas prestaciones para sus agremiados.
A principios de la década de los ochenta, el panorama comienza a cambiar a nivel mundial: el neoliberalismo ya es el sistema económico preponderante tras el derrumbe del Estado de bienestar, y con las políticas emprendidas por Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente. De esta manera, se inicia una nueva etapa del capitalismo, que en el sistema laboral tiene como objetivo desmantelar los beneficios que los trabajadores obtuvieron en décadas anteriores, al disminuir la influencia de e incluso desaparecer a los sindicatos.
A través de un discurso de modernización y eficiencia, aparece la flexibilización laboral, nueva tendencia que cambia el modelo de producción y se muestra incompatible con el sindicato. Bajo esta nueva lógica, los salarios no serían determinados por la negociación colectiva, sino por las fuerzas del mercado, en aras de maximizar la ganancia del capital.
En términos prácticos, las empresas llaman flexibilización laboral a prácticas como “la descentralización de la producción en las grandes fábricas, sustitución de determinadas áreas de empleo por servicios de subcontratación; diversificación de la producción; políticas de diferenciación salarial en función de las cualificaciones laborales y entre puestos de trabajo estratégicos y menos importantes; nuevas formas de gestión individualizada de la fuerza de trabajo y formas de contratación temporal del empleo.”
Hablando específicamente de México, se optó por cambiar el tipo de sindicalismo dominante. Debido a la influencia de la oligarquía política del Estado de México, se da paso al esquema del sindicato de protección patronal. Aunque también se encuentra dentro del esquema corporativo, este tipo de organización maneja un discurso de modernización, así como de alejamiento de la política. Se considera como un mero “gestor” entre la empresa y los empleados, y no ve al sindicato como un espacio político.
Lo que caracteriza a un sindicato de protección es que, como su nombre lo indica, su objetivo principal es defender los intereses de la empresa, no del trabajador. Contribuye a imponer unilateralmente los salarios, lo cual degrada la situación del empleo y hace imposible una competencia leal con los verdaderos contratos colectivos. A nivel económico, los trabajadores ven disminuidos tanto el salario como sus prestaciones, y a nivel político, se desvaloriza el papel del sindicato como espacio de discusión y negociación, evitando las asambleas o las manifestaciones de trabajadores.
Todo este cambio también fue posible gracias a un giro en la ideología de los trabajadores. Bajo la constante de la modernización, se ha desdeñado al sindicato y se ha desconocido y olvidado la lógica de la acción colectiva, cambiándola por una mentalidad individualista. El principal interés del trabajador es conservar su empleo (aún si éste es de mala calidad) quedando bien con el patrón, sin discutir o negociar sus condiciones de trabajo.
El partido político al que representen los gobiernos en turno no cambia su visión sobre el sistema laboral. Durante los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo (los tres pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, PRI), se dio el cambio en la política laboral hacia la flexibilización. El panorama no fue distinto en los gobiernos de la alternancia bajo el Partido Acción Nacional (PAN) con Vicente Fox y Felipe Calderón.
En México, según el XV informe de violaciones a los derechos humanos laborales 2011, elaborado por el Centro de Análisis y Reflexión Laboral (Cereal), el crecimiento de la economía durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón no fue el suficiente como para asegurar el acceso a oportunidades de empleo reales.
El mismo estudio revela que las condiciones económicas del país no se debieron solamente a la crisis proveniente del exterior, sino al manejo interno. Alega que, ante el poco dinamismo de la economía, los empleos creados no fueron productivos ni bien remunerados. En el sector formal solamente se formaron trabajos calificados como “indecentes”, ya que tanto en la remuneración como en las condiciones de salud y trabajo están a tal grado precarizadas que se pone en riesgo la vida de los trabajadores e incluso de sus familias.
En cuanto al tema sindical, durante estos dos sexenios el sindicato de protección ha sido clave. Se habla de que el 90 por ciento de los contratos registrados actualmente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje son contratos colectivos de protección patronal. El mismo porcentaje es para las juntas locales en las entidades federativas y abarcan el sector servicios, la industria farmacéutica y las empresas trasnacionales.
Sin duda, los sindicatos deben retomar su papel como negociadores de las demandas laborales, y para contribuir a mejorar su imagen en la sociedad, deben rendir cuentas a sus agremiados, así como democratizar sus procesos de elección y su vida interna. Para lograr mejores negociaciones, sería conveniente hacerlas por sector y no solamente a nivel empresa, ya que es una forma de romper con el corporativismo.
Para ello, es necesario que se elimine la cláusula de exclusión en los sindicatos, a fin de desaparecer elementos que impidan la creación de un sentido de identidad colectiva, es decir, sin importar a qué empresa pertenezca el trabajador. Por último, es necesario ver al conflicto como una oportunidad de cambio. La mentalidad imperante invita a la pasividad y la apatía, desdeñando el conflicto, sin ver la capacidad que tiene de transformar la estructura. Es a partir de la discusión y la negociación colectiva como se deben determinar las condiciones laborales.
Citas y Referencias:
Schmitter, Philippe. “¿Continúa el siglo del corporativismo?” en Neocorporativismo: más allá del Estado y el mercado. México, Alianza Editorial, 1974, p.93-94.
Chávez Ramírez, Irma Paulina. «Flexibilidad en el mercado laboral: orígenes y concepto.» Aportes: Revista de la Facultad de Economía BUAP, mayo- agosto 2001, p. 66.
