Reportaje con la colaboración de: Florencia Pagola (Uruguay), Diego Pérez Damasco (Costa Rica), Florencia Luján (Argentina), Oriana Vielma (Venezuela), Lia Beltrán Valero (Colombia), Cintia Mamani (Bolivia), Angélica Medinilla (Guatemala), Jennifer Ávila (Honduras), Luis Barrientos (El Salvador)
América Latina es un continente tomado por la corrupción. Desde hace años, desde siempre. A raíz del escándalo de los políticos mexicanos Tomás Yarrington, Javier Duarte y Roberto Borge, que habían escapado de la justicia y fueron recientemente detenidos, Distintas Latitudes se propuso rastrear los casos más llamativos de políticos prófugos latinoamericanos. Casi ningún país se escapa. Todos han tenido y tienen políticos que han escapado de la justicia.
Políticos que huyen. Políticos que caen
Cinco años les llevó a las autoridades mexicanas dar con el ex gobernador del estado de Tamaulipas (1999-2005), Tomás Yarrington. Fue capturado en Italia, donde se encontraba prófugo de la justicia de su país y acusado por delincuencia organizada y lavado de dinero. La misma semana que detuvieron a Yarrington, la del 10 de abril de 2017, cayó detenido en Guatemala el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Luego de seis meses de estar prófugo y más de dos meses preso en el país centroamericano, a Duarte no le quedó más que aceptar la extradición, aunque no reconoció los cargos por los que se le acusa: vinculación con el lavado de dinero y la delincuencia organizada. En el caso de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, el 3 de junio las autoridades mexicanas emitieron la orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El 5 de junio dieron con su paradero en Panamá. Hace algunos años, en 2012, Duarte y Borge fueron presentados por el presidente Enrique Peña Nieto como la “renovación de su partido político”, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pero eso no es todo. Como si fueran fichas de dominó que caen una tras otra, el ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue detenido el 12 de junio en Miami. Tenía abiertas investigaciones por delitos contra la administración pública y espionaje político durante su gobierno. Se le acusa, entre otras cosas, de haber montado una red de escuchas para espiar a unos 150 oponentes políticos.
Martinelli abandonó Panamá un día después de que comenzaran las investigaciones en su contra y se instaló en Miami en enero de 2015. Nunca se presentó a las audiencias en las que se le requirió, e incluso paralizó con recursos los pedidos de extradición que hizo Panamá a Estados Unidos. Un juez federal de Estados Unidos le negó el beneficio de seguir su proceso de extradición con libertad bajo fianza.
Si hablamos de fugas y aprehensiones surreales no se puede dejar de mencionar el caso de Alberto Fujimori, quien renunció a la presidencia de Perú por fax cuando estaba de gira en Asia en 2000, y se refugió en Japón. Tras cinco años de asilo y varias órdenes de aprehensión por crímenes de lesa humanidad, en 2005 viajó a Chile y ahí fue capturado y posteriormente extraditado a Perú, donde cumple condena en una prisión especial.
En Bolivia el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada se fugó en el 2003 luego de ordenar represiones que dejaron cientos de heridos y decenas de muertos. Lleva 14 años fuera del país, siendo uno de los casos de políticos con más tiempo prófugo. En El Salvador el expresidente Mauricio Funes, procesado por enriquecimiento ilícito en su país, está en Nicaragua como asilado político.
Abdalá Bucaram, expresidente de Ecuador (1996-1997), se exilió en Panamá después de que fue depuesto por el congreso de su país por “incapacidad mental para gobernar”. Este expresidente fue enjuiciado por peculado (malversación de fondos) y por supuestamente haber girado millones de dólares a cuentas de agentes de seguridad del palacio de Gobierno en los últimos días de su presidencia. También fue imputado de otro caso de peculado por sobreprecio en la compra de útiles del fallido proyecto de la “Mochila Escolar”. Recientemente, el caso por malversación de fondos en su contra ya prescribió.
La eterna corrupción y lo que destapó Lava Jato
La operación Lava Jato, una investigación de corrupción liderada por la Policía Federal de Brasil, tiene bajo el ojo de la tormenta a más de un expresidente latinoamericano. En el 2016 comenzó a expandirse por el continente, cuando la constructora Odebrecht reconoció que pagó sobornos en los países que operaba. Se habla del “soborno más grande de la historia”.
Y así el pasado 12 de julio el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2010) —quien era uno de los acusados de la operación Lava Jato; con cinco procesos derivados del caso por corrupción, lavado de activos y por recibir sobornos— fue condenado por el juez Sergio Moro a nueve años y medio de prisión por haber aceptado sobornos de 1.1 millones de dólares por parte de la constructora OAS.
Sin embargo, Lula Da Silva no ha sido arrestado porque el exmandatario tiene derecho a apelar al sentencia y no pisará la cárcel mientras dure este proceso. Pero si algo es histórico en este caso es que Da Silva será recordado por ser el primer expresidente de Brasil en ser condenado por corrupción.
En este caso de Lava Jato, en menor medida, también están acusados los ex presidentes brasileños José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992) y Fernando Henrique Cardozo (1995-2002).
Fuera de Brasil, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina (2007-2015), enfrenta 22 causas penales y si bien no tiene condenas, sí tiene sus bienes congelados y no puede salir del país sin una orden judicial. En Perú, el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) está prófugo de la justicia de su país, acusado por corrupción, por este caso. También están vinculados los expresidentes Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), junto con su esposa Nadine Heredia, por recibir sobornos de Odebrecht.
Precisamente, el 14 de julio, la pareja Humala fue sentenciada a 18 meses de prisión preventiva, acusados de lavado de activos con los fondos que recibieron del Partido Nacionalista en las campañas presidenciales del 2006 y 2011, justo en las que se postuló Ollanta. Y pasaron así su primera noche en las instalaciones del Poder Judicial.
De políticos prófugos, refugiados y extraditables
En este momento, Distintas Latitudes identificó al menos 13 casos de políticos latinoamericanos que siguen prófugos de la justicia en sus países. Resaltan los casos de 3 expresidentes, 6 ministros, así como asistentes de campañas, guardaespaldas y un expresidente del Congreso de su país. La mayoría sigue un patrón: eligen escaparse a Estados Unidos, donde son amparados por el gobierno y viven con lujos. Tampoco son suficientes los esfuerzos en sus países de origen para extraditarlos.
Ya sea que estén en Managua o en Miami, la mayoría de los políticos prófugos latinoamericanos se han salido con la suya, viviendo de manera lujosa y engañando a la gente y a la justicia de sus países. Aquí 13 historias que ningún latinoamericano debería desconocer.
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El rey del residencial más caro que usa de escondite
MAURICIO FUNES
(El Salvador)
El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes (2009-2014), está procesado por enriquecimiento ilícito en El Salvador. La Sala de Probidad de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña acusa a Funes de no haber podido justificar transacciones personales cifradas en más de 600 mil dólares durante su periodo de gobierno.
Dos semanas antes de su audiencia por esta causa, Funes huyó hacia Nicaragua, en donde solicitó asilo político. El gobierno nicaragüense se lo otorgó de forma expedita y esto impide que sea extraditado hacia El Salvador. Vale la pena mencionar que Mauricio Funes llegó a la presidencia de su país representando al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido de centro-izquierda que se opuso al régimen militar en El Salvador durante la guerra civil.
En Managua, vive custodiado y como rey en uno de los residenciales más caros de la ciudad. Acompañado de su esposa, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y sus tres hijos, pues el asilo también incluía a su familia directa.
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El ministro que se enriqueció con el ideal de la reelección
ENRIQUE FLORES LANZA
(Honduras)
Enrique Flores Lanza fue ministro de la presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009). Se le acusa por robo de 40 millones de lempiras (aproximadamente 1,7 millones de dólares) que eran para la realización de lo que se conoció en Honduras como “la Cuarta Urna”, una consulta popular mediante la cual se le iba a preguntar a la ciudadanía si estaban de acuerdo o no con la reelección presidencial.
Esta consulta fue finalmente declarada inconstitucional, y esta fue la supuesta motivación detrás del golpe de Estado que se le dio a Zelaya en 2009. Flores Lanza sigue prófugo de la justicia; al parecer estaría en Nicaragua.
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El ex chavista protegido de la DEA
RAFAEL ISEA
(Venezuela)
Rafael Isea es un político y militar retirado, ex miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Fue ministro de Finanzas durante el Gobierno de Hugo Chávez, gobernador del estado de Aragua (centro-norte de Venezuela) de 2008 a 2012 y presidente del Banco del ALBA de mayo a julio de 2013.
Actualmente, es acusado e investigado por la Gobernación del estado de Aragua, el Consejo Legislativo del Estado Aragua y la Fiscalía General de Venezuela por la paralización de 5 obras y el desvío de 58 millones de dólares y de 9 millones de euros. En septiembre de 2013, fue señalado por sus enemigos, de haberse convertido en testigo protegido de la Administración para el Control de las Drogas (DEA) de Estados Unidos, por tener información que vincularía a altos funcionarios chavistas con el narcotráfico.
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Uno de los tantos enemigos de Nicolás Maduro
HEBERT GARCÍA PLAZA
(Venezuela)
El mayor general Hebert García Plaza es acusado por el Gobierno de Nicolás Maduro de financiar un supuesto golpe de Estado para derrocar al mandatario, a pesar de que en su momento fue cercano al expresidente Hugo Chávez. En 2010 fue viceministro de Servicios del Ministerio de Defensa.
El 1 de octubre de 2013, Maduro lo puso al frente del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía (Osdpe), para luchar contra la “guerra económica”. En junio de 2014, García Plaza fue designado Ministro de Alimentación, cargo del que se despidió apenas tres meses después.
En abril de 2015, se ordenó su aprehensión por corrupción en Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) — pues en 2013 se desempeñó en el Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo, y durante ese tiempo se hizo cargo de la presidencia de Bolipuertos; por su accionar en ese periodo es que se le busca—, además de la compra de tres ferrys y por eso la justicia venezolana le acusa de peculado doloso de 50 millones 188 mil 320 euros. No ha sido capturado.
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El guardaespaldas de Hugo Chávez que negoció con Estados Unidos
LEAMSY SALAZAR
(Venezuela)
Leamsy Salazar fue desde 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder, no solo guardaespaldas del entonces presidente, sino también su asistente personal. En 2002 se retiró, y volvió al servicio de Chávez desde 2006 hasta su muerte en el 2013. Posterior a esto, se fue a servir a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, hasta diciembre de 2014, cuando dejó Venezuela.
En 2014, Salazar solicitó permiso para casarse y marcharse de viaje de boda, y se ausentó del país. Salazar acusa a Diosdado Cabello de ser un capo del narcotráfico. Estuvo en un par de países antes de obtener el permiso de entrada a Estados Unidos, mediante la DEA. Después de permanecer varias semanas en Madrid, voló a Washington, acompañado por agentes de la División de Operaciones Especiales de la DEA, que fueron a recogerle en un avión especial. No existe una orden de captura en su contra ante la Interpol. El gobierno venezolano lo acusa de traición.
En Venezuela, la situación es un poco diferente y complicada. El gobierno asegura que hay políticos (antiguos miembros del chavismo, acusados de “traidores”) con procesos judiciales abiertos y sobre los que supuestamente pesa una alerta roja internacional, pero nada aparece en la página de la Interpol cuando se busca su nombre.
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El expresidente que no quiere regresar al Perú
ALEJANDRO TOLEDO
(PERÚ)
El expresidente peruano Alejandro Toledo fue acusado el pasado febrero por haber cobrado durante su gobierno (2001-2006) un soborno de 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.
El objetivo: favorecerle la licitación de la construcción de la Carretera Interoceánica del Sur que conecta Perú con Brasil. En ese momento, Toledo ya se encontraba fuera del país. Actualmente está en Estados Unidos, por lo que ambos países están trabajando en un tratado de extradición.
Por si fuera poco, la justicia peruana ya cuenta con un pedido de prisión preventiva a Toledo por el caso Odebrecht, y en semanas próximas lanzará un nuevo pedido de prisión preventiva (con miras a la extradición) para Toledo y su esposa, Eliane Karp, por el delito de lavado de activos a través de la firma offshore costarricense Ecoteva. Toledo niega todos los cargos en su contra.
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El represor boliviano que lleva vida de rico en Estados Unidos
GONZALO SÁNCHEZ
(BOLIVIA)
El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada dio la nota en Bolivia. En octubre de 2003 abandonó el país, luego de que las fuerzas armadas reprimieron movilizaciones sociales (en contra de la intención del gobierno de exportar gas boliviano a través de puertos chilenos hacia Estados Unidos) en la ciudad de El Alto. Así dio fin a su segundo mandato (2002-2003). El saldo de las represiones fue de 64 muertos y 228 heridos.
La justicia boliviana presentó en más de una oportunidad la extradición de Sánchez de Lozada, junto con la de Carlos Sáenz Berzaín (el entonces ministro de defensa con quien se fugó), pero aún no se ha concretado. Ambos siguen prófugos, y según una investigación del periódico estadounidense El Nuevo Herald, viven en el sur de California como millonarios, al igual que otros tantos sospechosos de corrupción latinoamericanos.
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El exgobernador chihuahuense que quiere preservar su honorabilidad
CÉSAR DUARTE
(México)
La escena pudo ser así: César Duarte, exgobernador del estado de Chihuahua, México (2010-2016), estaba frente al televisor de la sala de la lujosa mansión que se compró en Texas en los primeros 11 meses de su mandato. Miró la conferencia de prensa que su sucesor, Javier Corral, dio a los medios: confirmaba la orden de aprehensión en su contra por haber encabezado una red de enriquecimiento personal a costa del erario y advertía de la fuga de César Duarte a Estados Unidos. El exgobernador se ofendió por semejantes “insultos” y llamó a sus abogados para que interpongan una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra el mandatario Javier Corral por encabezar una “persecusión política en su contra”.
“Por utilizar el aparato gubernamental para perseguirlo políticamente y con ello afectar su honorabilidad, buen nombre y derecho a la privacidad”, pidió Duarte que asentaran los abogados en la queja. Después, regresó a sus actividades en su mansión valuada en medio millón de dólares, a disfrutar de su libertad, mientras que en la entidad que gobernó son cateadas tres de sus casas y la Interpol emite la ficha roja de búsqueda. Su sucesor, Corral, está trabajando para lograr la extradición. La Procuraduría General de República, a través de la la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), obtuvo y giró la orden de aprehensión. Y su partido, el PRI, busca expulsarlo.
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El guía espiritual de un candidato presidencial en Colombia
LUIS ALFONSO HOYOS
(Colombia)
Luis Alfonso Hoyos, ex asesor espiritual –sí, espiritual- de la campaña presidencial del colombiano Óscar Iván Zuluaga ─representando al Centro Democrático─ está procesado por el famoso “caso hacker”. Hoyos es acusado de “acceso abusivo a un sistema informático, uso de un software malicioso y violación de datos personales agravado, entre otros”.
El escándalo golpeó a la puerta de Hoyos luego de la difusión de un video, en vísperas de las elecciones de 2014, que expone su relación con un “hacker” que supuestamente fue contratado para recabar información confidencial de sus opositores políticos. De inmediato, el ex embajador de Colombia ante la OEA renunció a su cargo. Un año después, se supo que la justicia colombiana pensaba enjuciarlo por hasta seis delitos. Desde 2015 está prófugo de la justicia, aunque tiene una orden de captura.
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El ministro que espera se defina su destino, disfrutando de la Florida
ANDRÉS FELIPE ARIAS
(Colombia)
Andres Felipe Arias era el ministro consentido del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), a tal grado que éste llegó a mencionar que Arias era como su doble, pero mejorado. La gente lo conocía como “Uribito”. Las pretensiones presidenciales de Arias se vinieron abajo por el escándalo de corrupción de “Agro Ingreso Seguro”, desvíos millonarios del ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que en vez de ir a los pequeños campesinos fueron a parar a manos de grandes terratenientes. En 2009, Arias fue destituido e inhabilitado para ocupar cargos públicos por 16 años. En 2011 fue imputado, detenido y recluido en la Escuela de Caballería de Bogotá. En 2013 recobró la libertad, aunque los procesos penales siguieron su curso. Apenas salió de reclusión, comenzó a planear su huida de Colombia. Pidió una visa a Estados Unidos y mintió a la pregunta de control del formulario ¿Usted alguna vez ha sido arrestado o condenado por alguna ofensa o crimen, sin importar que haya sido perdonado, amnistiado? Dijo que no. Que nunca había sido arrestado. Increíblemente, le dieron la visa. A inicios de 2014, Arias se reunió con Drew Blakeney, un oficial de la Embajada de Estados Unidos que fue responsable de mantener relaciones con los miembros del Gobierno de Colombia, para preguntarle sobre el proceso para solicitar asilo en los Estados Unidos. Y en julio de 2014, días antes de que la Corte Suprema emitiera sentencia definitiva, ante los ojos de todos, tomó un avión y se fugó a Estados Unidos.
Durante dos años estuvo prófugo. Actualmente, Arias se encuentra detenido en la Florida, Estados Unidos, donde plantea diversas estrategias para frenar el proceso de extradición. Su regreso a Colombia está cada vez más cerca; ya en marzo pasado el fiscal Wilfredo Ferrer solicitó a través de un documento una definición urgente del caso.
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El argentino vinculado con la venta de drogas
JOSÉ AMAYA
(Argentina)
José Amaya, asesor del concejal kirchnerista Raúl Cardinali se encuentra prófugo desde diciembre de 2016, luego de ser sorprendido en un operativo antidrogas. Amaya ocupó anteriormente el cargo de secretario de Turismo y Deporte en la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba, situada en la región centro de Argentina.
Las investigaciones sobre Amaya se han manejado con un gran secretismo. Sin embargo, el operativo en el cual se allanó su casa (entre otros sitios) y tras el cual el político se dio a la fuga, resultó en la detención de tres personas involucradas y el decomiso de 2 kilogramos de cocaína, 15 kilogramos de marihuana y 150 mil pesos argentinos en efectivo (unos US$9.380), 19 celulares, además de 7 vehículos varios de alta gama.
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Los ministros “regalones” de Guatemala
ERICK ARCHILA DEHESA Y ALEJANDRO SINIBALDI
(Guatemala)
Ex Ministro de Energía y Minas en Guatemala, durante el período 2012 -2015, Erick Archila Dehesa afrontaba una orden de captura internacional por ser partícipe de La Coperacha: diversos funcionarios robaron cifras millonarias al Estado para hacer regalos ostentosos a sus jefes, como al expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti; además de ser acusado de asociación ilícita y lavado de activos.
Archila Dehesa fue capturado el 13 de diciembre de 2016 en Miami, Florida, Estados Unidos, por carecer de la documentación vigente para permanecer en ese país. Sin embargo, diez días después fue liberado luego de pagar una caución económica de 25 mil dólares.
Otro de los funcionarios públicos que participó de La Coperacha, se encuentra prófugo y con orden de captura internacional desde junio de 2016. El ex Ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, acusado por asociación ilícita y lavado de activos, dio que hablar en enero pasado cuando denunció a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala por “violar su derecho a presunción de inocencia”.
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El diputado pirata
LUIS RABBÉ
(Guatemala)
Luis Rabbé, ex presidente del Congreso de la República de Guatemala permanece prófugo de la justicia desde mediados de 2016, luego de que el magistrado se viera involucrado en el caso Plazas Fantasmas: abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado (malversación de fondos) por sustracción, al haber autorizado nombramientos de personal que no cumplían con los perfiles de los puestos, y a eso se le suma su fuga, por lo que se oficializó su orden de captura internacional.
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Cada caso perfilado da cuenta de la desfachatez que maneja gran parte del sistema político latinoamericano. Muchos de los prófugos mencionados se encuentran en Estados Unidos, y según medios de comunicación que los han investigado, como El Nuevo Herald, viven como multimillonarios.
Mientras el gobierno estadounidense ampara e impide la extradición de muchos de los casos citados, diversos gobiernos dentro del continente investigan y trabajan para recuperar a sus prófugos y encarcelarlos, pero de momento estos se salen con las suyas, y como lo hizo el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, se ríen en la cara de los ciudadanos.
