Brasil. Historias de corrupciones y famas

El Antes. 2005.

Situémonos en junio de 2005, mes clave para la política brasileña: Roberto Jefferson, entonces presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB), aliado del gobierno federal que entonces ya encabezaba Lula da Silva con el apoyo mayoritario del Partido de los Trabajadores (PT), denunció un esquema de compra de votos de miembros del Congreso brasileño.

El esquema, llamado popularmente de Mensalão, involucró a ministros del gobierno, diputados, miembros del PT y empresarios ligados a contratos gubernamentales. La red de desvío de dinero público garantizaba que varios diputados votaran según la orientación establecida por el gobierno federal. Cuarenta nombres estaban involucrados en la denuncia.

Durante el proceso de dimes y diretes, acusaciones y defensas en el espacio mediático y las instancias políticas de Brasil, tanto los acusados como otros personajes dentro del partido declararon que el Presidente de la República (Lula) y la dirigencia nacional del PT desconocían cualquier esquema de pagos y prestaciones para comprar apoyo político entre los miembros del Poder Legislativo. Delúbio Soares, tesorero del PT y encargado de distribuir y gestionar las mensualidades a los diputados involucrados en el esquema de corrupción, llegó incluso a declarar, defendiéndose, que “si lo permitimos, la derecha va a querer hacer el impeachment del Presidente”.

El juicio empezó en agosto de 2012, en el Supremo Tribunal Federal (STF), siete años después de la denuncia inicial de Jefferson. Para ese entonces había 38 nombres en el juicio, pues uno de los acusados murió en 2010 y otro tuvo su proceso anulado. Veintisiete individuos recibieron condena por acusaciones que incluyeron corrupción activa, corrupción pasiva, lavado de dinero, malversación, evasión de divisas y formación de quadrilha (una de las tipificaciones de crimen organizado). José Dirceu, ministro de la Casa Civil (semejante al jefe de gabinete del Presidente de la República), Delúbio Soares, tesorero del PT, y José Genoino, presidente del PT, tuvieron sentencias privativas de la libertad, lo mismo que otros varios empresarios involucrados en la denuncia.

Gran parte de la opinión pública en Brasil calificó al Mensalão como el mayor juicio de corrupción en la historia del país. Hasta ahora. La Operación Lava Jato en Petrobras, la petrolera brasileña de participación estatal, ha tomado la estafeta.

El Ahora. 2016.

La estela del Mensalão movió mucho polvo y sacó a relucir varios escándalos de corrupción en las instituciones públicas. Había esquemas de pagos por doquier; sobornos, fraudes, compras sospechosas y esquemas clandestinos que compartían un elemento en común: la circulación de dinero hacia el gobierno y la estructura del PT.

La Operación Lava Jato, que significa literalmente “Lavado a chorro”, tiene su origen en una investigación que inició en 2009 y que tomó forma, realmente, hasta 2014. En sus inicios, parecía uno más de aquellos lúgubres descubrimientos que derivaron del escándalo del Mensalão. Se trataba de un esquema irregular de compra y venta de dólares que sumó millones de reales en Brasil y en el exterior.

Pero hace algunos años se reveló un vínculo sospechoso: las redes de transacciones ilegales de divisas llegaban a Petrobras, la gran empresa petrolera de participación estatal. Según las investigaciones del ministerio público, directores de Petrobras cobraban comisiones de empresas y proveedores para facilitar sus negocios con la estatal. Los contratos, a su vez, se sobrefacturaban para desviar dinero a los participantes del esquema, muchos de ellos miembros de partidos políticos, responsables de nombrar a los directores de Petrobras.

Del largo proceso de investigación, y de los tantos acusados y condenados por el caso, dos nombres sobresalen por su relevancia política. El primero, Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa Odebrecht, una de las mayores corporaciones del país, especializada en construcción, químicos, petroquímicos e ingeniería, con filiales en 27 países. El segundo, Luiz Inácio da Silva, el expresidente Lula, que el 4 de marzo fue sacado de su casa esposado, para testificar ante una comisaría de la ciudad de São Paulo. Marcelo Odebrecht fue sentenciado el 8 de marzo a 19 años y cuatro meses en prisión. Al momento en que escribo este texto, Lula sigue siendo objeto de investigación. Pero la escena que dio vuelta al mundo, la de Lula esposado, acusado de corrupción, camino a una comisaría de la policía, parecía el desenlace –temido por unos, esperado por otros– de la develación del escándalo original, el esquema del Mensalão.

Las investigaciones sugieren que el expresidente, mediante su fundación, el Instituto Lula, habría recibido 20.7 millones de reales (cerca de 5 millones de dólares) en donaciones provenientes de las constructoras indiciadas o condenadas por la Operación Lava Jato, además de pagos que suman diez millones de reales (unos 2.5 millones de dólares), pagados por las constructoras Odebrecht y OAS, por conferencias dictadas por Lula. La policía sospecha que las conferencias nunca se dieron y que esos pagos, en realidad, provienen del esquema de sobornos y comisiones establecido desde Petrobras. Se investiga también el uso de dos inmuebles lujosos, cuyos títulos de propiedad no le pertenecen a Lula, pero que el expresidente y su familia han usado desde hace algunos años. Los investigadores sugieren que el usufructo de esas propiedades forma parte de la trama corrupta de Petrobras.

Lo que ha sucedido después del 4 de marzo ha sido tema recurrente en los espacios mediáticos de todo el mundo: Lula está escandalizado por la irrupción de la policía en su casa y por la naturaleza de las acusaciones en su contra, la presidente Dilma y la cúpula del PT lo han defendido y han declarado a su favor, Dilma lo nombró ministro de Estado (jefe de gabinete que, en Brasil, tiene nivel de ministro) y se divulgaron llamadas telefónicas (intervenidas sin autorización judicial) entre Dilma y Lula sobre la toma de posesión de Lula. Además, se presentaron recursos judiciales para impedir el nombramiento de Lula y acusar a Dilma de obstruir la justicia; el vicepresidente Michel Temer y su partido, el PMDB, rompieron la alianza con el PT, abandonaron el gobierno y apoyaron el proceso de impeachment contra Rousseff (un proceso separado de la acusación de corrupción en contra de Lula y del esquema de Lavo Jato de la Petrobas, pero que toca fibras íntimas de las historias políticas que se han tejido alrededor de los éxitos y los fracasos del los gobiernos del PT). Al momento de escribir este artículo, Lula no ha tomado posesión como jefe de gabinete, pero espera hacerlo en los próximas días, si el Supremo Tribunal Federal lo aprueba. La presidente Rousseff todavía sobrevive al intenso fuego del proceso de destitución en su contra.

Desentramando las agendas

Alrededor de estos momentos hay, claramente, más que un procedimiento judicial y su conjunto de acusaciones y defensas. La candidatura de Lula para el siguiente periodo presidencial ha sido, desde la reelección de Dilma, una posibilidad latente en el escenario político brasileño. Todo seguidor atento a la vida pública del país sabe que la acusación de Lula, en este momento de debilidad del partido, con una fuerte polarización en torno a la figura de la presidente Rousseff y en año electoral (año de elecciones municipales), no es un asunto inocente. Neutralizar la candidatura de Lula y sellar, con ello, el destino del segundo mandato de Rousseff y la continuidad del PT en el gobierno federal, es uno de los efectos secundarios de esta vorágine de corrupción y juicios. No hace falta mucha malicia para saber que tras la justicia también se insinúa una agenda política.

No obstante, en la edición 2054 de la revista Proceso (con fecha de 13 marzo), la periodista Anne Vigna delineó los puntos de la agenda política sobre el Poder Judicial que corre dentro de él, en sus procesos, en su entramado legal, en la configuración de sus estrategias y la persecución de sus objetivos. La periodista hace el balance judicial de la Operación Lava Jato, que encabeza el juez de Curitiba, Sérgio Moro, y pone el dedo sobre una de las llagas del gran escándalo: el uso de la figura de la delación recompensada, una posibilidad en la legislación penal que permite reducir las penas a cambio de información nueva y verdadera sobre otros inculpados.

El juez Moro, cuenta Vigna, “ha impuesto largas condenas de prisión a los acusados que no acordaron con él una «delación recompensada» […]. Los imputados que hicieron acuerdos de delación recibieron sentencias que podrán ser cumplidas fuera de la cárcel. Los otros están en prisión”. La periodista cuenta 49 acusados que hicieron acuerdos de delación a cambio de cumplir sus sentencias fuera de la cárcel. Estos acuerdos han sido “el arma más efectiva usada por Moro para entender cómo funcionó el esquema de corrupción” y han sido también, según apunta Vigna, consecuencia del juicio del Mensalão, pues en ese juicio las condenas de los políticos fueron menores y menos duras que las de los empresarios. Por eso, delatar y dar información se ha convertido en una opción muy atractiva para los inculpados en el caso, y como la información debe ser nueva y verdadera para calificar como parte del acuerdo, es riesgoso esperar demasiado para tomar la decisión de hablar e incluir a otros posibles inculpados.

Esta sola posibilidad legal ha ensanchado, cada vez más, el tamaño del caso. Anne Vigna dice, incluso, que “[el juez] Moro actúa como si estuviera cerca de encontrar el eslabón que le falta para relacionar Odebrecht con la más reciente campaña electoral de la presidente Dilma Rousseff. Ya encarceló al publicista Joao Santana, el gurú de la publicidad electoral, como suelen llamarlo por haber asesorado, entre otros, a los presidentes Lula y Rousseff en Brasil, y Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela […]. Los procuradores del caso Lava Jato sospechan que Odebrecht pagó a Santana por los servicios que brindó en las campañas electorales petistas de 2008 a la fecha”.

El éxito de la estrategia de delatar ha alimentado las agendas políticas de partidos y figuras públicas, y ha avivado la polarización social en torno al gobierno federal, al impeachment de Rousseff y a las próximas elecciones nacionales. Hay quien espera que una delación logre vincular a la alta dirigencia del PT, ahora sí, como no lo logró el escándalo del Mensalão, y, con ello, sellar la destitución de la presidente Rousseff y dar por terminada la experiencia petista en el gobierno de la república brasileña.

El desenlace, no obstante, no sería inmediato: las irregularidades del proceso judicial son varias, con otro tanto de ambigüedades legales. Mientras eso se resuelve, las historias de corrupciones y famas seguirán corriendo en Brasil, y seguramente irán para largo.