En Costa Rica, como en muchos países de América Latina, los partidos evangélicos han venido tomando fuerza. Actualmente, la Asamblea Legislativa costarricense cuenta con 4 diputados cristianos y uno más que se suma ocasionalmente al bloque, lo cual crea una bancada de 5 diputados evangélicos, en un Congreso de apenas 57 diputaciones. Sin embargo, este 1 de mayo la situación dio un giro aún más dramático: un diputado evangélico fue elegido como presidente de la Asamblea Legislativa.
Se trata de Gonzalo Ramírez, un pastor del Partido Renovación Costarricense (PRC), y que además estuvo en prisión preventiva durante 2001, investigado por la supuesta falsificación de la firma de un juez.
El PRC es un partido que ha impulsado el fundamentalismo religioso dentro de la Asamblea Legislativa costarricense. El antecesor de Ramírez, Justo Orozco, fue conocido por sus comentarios homofóbicos y machistas, que motivaron multitudinarias marchas en San José, la capital del país. Los actuales diputados no son muy diferentes. Su agenda se centra en frenar derechos sexuales y reproductivos, así como avances en los derechos de la población LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex).
¿Cómo llegó ahí?
¿Cómo llegó un diputado de una minúscula fracción de dos curules a ocupar uno de los principales puestos políticos de Costa Rica?, ¿y cómo ha ganado tanto espacio el fundamentalismo religioso en el escenario político costarricense? La respuesta se relaciona a las estrategias políticas del Partido Liberación Nacional (PLN), el principal partido de Costa Rica, y que hoy se encuentra en la oposición.
Pese a su relativo bajo número de representantes en el Congreso, desde el gobierno anterior (Laura Chinchilla, 2010-2014) las bancadas evangélicas han pasado a tener un inusitado poder en las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea, situación que ha propiciado que los proyectos que buscan paralizar realmente no avancen.
El exdiputado Orozco fue una pieza clave en las negociaciones que realizó la expresidenta Laura Chinchilla (del PLN) con las diferentes bancadas afines a su gobierno para retomar el control del Directorio Legislativo, luego de que lo perdiera a manos de una alianza de la oposición. A cambio de su voto -solo uno entre 57- Justo Orozco ganó la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, donde se estudiaba el proyecto de ley de sociedades de convivencia entre personas del mismo sexo, el cual fue en ese momento dictaminado negativamente.
Ayer, en la tradicional elección del directorio legislativo, el peso de estos grupos minoritarios fue mayor aún. Y su recompensa, la presidencia legislativa. Detrás de estas maniobras políticas se encuentra Antonio Álvarez Desanti, actual candidato del PLN a la presidencia de la República para las elecciones de 2018, y expresidente del Congreso.
Álvarez Disanti ha construido una compleja red de alianzas con diversos actores políticos, que se ha traducido en relaciones por conveniencia entre el PLN y partidos evangélicos. También hay ex políticos del PLN que han visto en los pequeños partidos evangélicos una vía fácil para regresar a la política.
Reacción
La elección de Ramírez ha causado indignación en varios sectores de la población, especialmente activistas feministas y LGBTI.
“El concepto de democracia implica un respeto irrestricto a los derechos humanos. La democracia es una farsa si los agentes estatales perpetúan la violación de derechos humanos. Las acciones de la Alianza Conservadora, conformada mayoritariamente por Liberación Nacional, son un golpe a la aspiración de una democracia real y al estado de derecho costarricense”, dijo Larissa Arroyo Navarrete, abogada del Frente por los Derechos Igualitario (FDI), organización que aglutina movimientos LGBTI de Costa Rica.
En pleno año electoral, y con una virada mundial hacia la extrema derecha, los ánimos están exaltados en Costa Rica. Quienes defienden los derechos humanos están vigilantes y organizándose, ante las amenazas que este contexto plantea.
