Cuando la presión ciudadana cambió un gobierno en Guatemala

El 8 de mayo de 2015 la voz del pueblo de Guatemala tuvo eco.

Sí. Las multitudinarias protestas del 27 de abril, 1 y 2 de mayo, demostraron que la situación ya no era sostenible en el país centroamericano. Otto Pérez Molina, entonces presidente, anunció la renuncia de Roxana Baldetti, su compañera de gobierno, vicepresidenta de la República, implicada en una intrincada red de corrupción en las aduanas.

Ese 8 de mayo quedó demostrado que la presión popular podía tumbar a altos jerarcas de gobierno. Se volvió posible incluso remover a quien estaba más arriba.

Lo que inició como una auditoría interna a las aduanas y una denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2012, culminaría, tres años después, con la investigación que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) realizaría y que lograría conmocionar a toda América Latina. En abril de 2015, la Cicig, un organismo independiente y amparado por la ONU, dio a conocer una sofisticada red de contrabando aduanero llamada “La Línea”, que terminaría con la caída y encarcelamiento de Baldetti y de Pérez Molina.

“Para mí esto demuestra que hay un sistema de justicia capaz de hacer frente a los problemas de país, aunque al mismo tiempo muestra sus debilidades: un aparato penitenciario sin capacidad de resguardar a reos de alto impacto, y menos a los demás; un sistema político que sigue funcionando igual que antes, con negociaciones por debajo de la mesa, grupos con mucha influencia política buscando sus propios intereses”, dijo sobre el caso Ximena Villagrán, periodista de Soy502 a Distintas Latitudes.

Juristas, políticos y parte de la ciudadanía de ese país centroamericano coinciden en que la caída de Baldetti y Pérez Molina, marcan un antes y un después en la historia de Guatemala. Otros señalan que se trató de un golpe de Estado blando gestado desde Estados Unidos, que quiere recuperar su posición hegemónica en la región, ante la diplomacia y los negocios de China en Centroamérica.

Pero, ¿en qué consistió exactamente el caso conocido como “La Línea”?

La conexión coreana revela un fraude de enormes proporciones

La SAT había detectado que los agentes de aduanas dejaban pasar camiones con mercancía sin pagar impuestos, a cambio de un soborno, en un proceso denominado “fly”.

Las autoridades tributarias presentaron video y documentos que dieron pie a la apertura de un proceso judicial, en un caso que se denominó “Furgones”, y que llevó a la captura de 12 empleados de la SAT y personal de seguridad del puerto, por una defraudación estimada en 800 mil dólares estadounidenses.

Pero esa era solo la punta del iceberg. El caso “Furgones”, manejados por la Fiscalía de Delitos Económicos, logró intervenir el teléfono del empresario coreano Erick Miao Miao, quien hablaba en sus comunicaciones de un nuevo sistema de sobornos en las aduanas.

Desde ese momento, el caso fue tomado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a cargo de la Cicig, que aprovechó nuevas llamadas de Miao Miao para desenmarañar la estructura, que incluía al Superintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz.

“Furgones” dio origen a “La Línea”, que terminó con acusaciones a más de 50 personas, incluyendo a los mandos más altos del país: Pérez Molina y Baldetti, ambos del Partido Patriota de Guatemala (derecha).

En este juego de Soy502, se puede entender más sobre el funcionamiento de la red.

La presión popular obligó a las renuncias

En un principio, el acusado de ser líder de la banda era Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, y personaje vinculado con la empresa panameña Edengrove International.

En abril de 2015 se supo que la empresa de Monzón Rojas, Canchas Deportivas S.A., había recibido alrededor de 13 contratos con el gobierno por varios millones de quetzales. Él aseguro que desde que asumió su cargo en la administración pública ya no representaba a la compañía, la cual tenía contratos públicos desde 2007.

Monzón seguía siendo un “pez pequeño” y las protestas comenzaron a escalar. Era evidente que había una trama de corrupción mucho mayor. El 17 de abril de 2015, una escucha telefónica mostró que dos de los involucrados en la estructura se referían a una tercera persona como “el Presidente”, sin definir su identidad, y otros sobrenombres como “La Señora”, “La R”, y “La 2”.

Tras multitudinarias marchas solicitando la renuncia de Baldetti, la exvicepresidenta dejó su cargo el 8 de mayo de 2015. Un par de meses después, el 21 de agosto, la Cicig y el Ministerio Público, ofrecieron una conferencia de prensa en la que dictaron prisión para Baldetti y un antejuicio en contra del presidente Pérez Molina.

El 21 de setiembre de 2015 se dio a conocer que el Ministerio Público habría encontrado miles de documentos de Estuardo González, asesor económico y financiero de Baldetti, que revelaría no solo la red de defraudación de “La Línea”, sino también una estructura empresarial vinculada a la exvicepresidenta, con la que habrían movido millones de quetzales que se usaron en la compra de lujosos apartamentos y oficinas.

Después de esto, González se convirtió en colaborador de las autoridades contra Pérez Molina y Baldetti. Ante la presión ciudadana, y el peso de las pruebas, Otto Pérez Molina renunció a su cargo el 2 de setiembre de 2015.

¿Y ahora?

Lamentablemente, el movimiento popular que aceleró la caída de las dos principales figuras políticas de Guatemala perdió su impulso.

“Era de esperarse. [La gente] quería ver resultados rápidos, y los tuvo al inicio, vio a sus gobernantes presos. Pero esa misma gente no vio los problemas estructurales del país y cuando llega a los casos judiciales que pueden tardar años pierde la paciencia o el interés en los procesos”, dijo la periodista Ximena Villagrán.

Daniel Villatoro, periodista de Plaza Pública, señala que, como todo movimiento, este tuvo sus altos y bajos, y ahora se encuentra en un proceso de maduración.

“Ahora, los movimientos sociales que se reconocieron durante esas protestas han ido madurando y continuando su acción en las políticas públicas y reformas del sistema de justicia. Sin embargo, estas cuestiones no son tan atractivas para una población mayoritaria como lo era quejarse del presidente y la corrupción en el sistema”, dijo Villatoro a Distintas Latitudes.

El proceso judicial también pasó por un período de poco movimiento, pero el pasado 20 abril de este año (2016), el caso volvió a reactivarse. Baldetti y Pérez Molina se exponen a penas de entre 32 y 72 años de cárcel, por corrupción y lavado de dinero, en un juicio que todavía se mantiene en curso. Pérez Molina mantiene su inocencia.

En estos momentos, la preocupación radica en que la reestructuración de la SAT no sea lo suficientemente rápida como para evitar que una situación similar suceda nuevamente, así como en la posibilidad de que la caída de las dos máximas figuras políticas del país haya llevado a una “catarsis colectiva” que haga olvidar la necesidad de mantener viva la lucha contra corrupción.

Después del gobierno de transición de Alejandro Maldonado, con la llegada de Jimmy Morales a la presidencia de Guatemala, se han buscado cambios en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). No obstante, en las últimas semanas agentes aduaneros y pilotos provocaron varios bloqueos en diferentes puntos del país solicitando que se aceleren las gestiones aduanales.

“Los bloqueos vienen por el malestar entre los agentes y gestores de aduanas y porque los técnicos de aduana tienen más cuidado en algunas revisiones”, dijo a Soy502 Enrique Godoy, comisionado de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica.

Los nuevos cargos que se han nombrado en la SAT, como el superintendente Juan Francisco Solórzano, tienen antecedentes profesionales como fiscales de investigación criminal de este tipo de casos y eso, según Godoy, facilita la labor de encontrar nuevas anomalías.

Otro de los pendientes, a un año de esta histórica investigación, es encontrar a figuras importantes de “La Línea” que se fugaron, como Luis Mendizábal, propietario de la Boutique Emilio, ubicada en la zona 10, lugar utilizado por los integrantes de la red como centro de operaciones y reuniones, y donde se concentró la repartición del dinero cobrado como sobornos en las aduanas del país.

Del militar retirado al comediante

La victoria electoral de Jimmy Morales, comediante de profesión, se vendió como la victoria de un “outsider” en un país cansado de sus figuras tradicionales.

Sin embargo, la lectura que hacen Villagrán y Villatoro es que la presidencia del comediante no está haciendo los cambios que el país necesita, tras la caída del general retirado, Otto Pérez Molina.

“Ambos comparten la influencia militar solo que en grados diferentes. Otto Pérez Molina era un militar retirado, muy activo en el conflicto armado interno y eso se evidenció en la militarización que Guatemala sufrió en los últimos años. Jimmy Morales, aunque no era militar, viene de un partido de militares retirados y lo asesoran círculos de derecha militar en varios aspectos. Aunque eso es difícil de probar de manera tajante, lo que sí está demostrado (con documentos oficiales sobre los financistas de su campaña) es que tenía una base de apoyo militar significativa”, dijo Villatoro.

Morales no ha impulsado los cambios estructurales que necesitaba Guatemala, y así lo reconocen ambos periodistas.

“En el caso de Pérez Molina al menos se notaba el liderazgo,  positivo o negativo, que tenía, es por eso que estaba involucrado en los casos de corrupción. En el caso de Jimmy Morales es simplemente un títere al que están usando como edecán para saludar, dar regalos y sonreír pero no tienen ningún control sobre su gobierno”, opina Villagrán.

“En lo práctico, Morales se ha mostrado incapaz, poco preparado ya que no conoce sobre la gestión pública. El país está al colapso debido a que no realizó una propuesta de presupuesto real y con criterios técnicos”, agrega Villatoro.

El caso “La Línea”, y en particular las investigaciones y los poderes especiales otorgados a la Cicig, marcan un antes y un después en Guatemala, y abrieron la puerta a profundos cambios en la administración de la justicia y la lucha contra la corrupción.

A pesar de ello, es difícil no notar la mano de Estados Unidos, con el protagonismo del embajador Todd Robinson en el proceso, y preguntarse si se logrará un cambio en un país y una región que históricamente solo ha sido intervenida por la potencia del Norte a favor de sus propios intereses.