Managua, Nicaragua. En medio de la condena regional a la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro en Venezuela, el gobierno de Daniel Ortega ha recrudecido su retórica antiimperialista, tensando por primera vez las relaciones entre Nicaragua y la administración de Donald Trump de forma tangible: hace un par de semanas Managua anunció la reapertura de un juicio para cobrar a Washington una indemnización de 17 mil millones de dólares, que data de la década de los ochenta.
Esa fue la respuesta que el gobierno sandinista dio a la aprobación de la llamada ley NicaAct por el comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La normativa contempla sanciones al gobierno de Ortega debido a su deriva autoritaria, el desmantelamiento de la institucionalidad, su corrupción, violación a los derechos humanos y el colapsado sistema electoral. La iniciativa fue promovida por la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y el demócrata Albio Sires, y se sitúa a un paso de su discusión y aprobación en el seno de la Cámara Baja.
“Hasta que el gobierno comience a implementar algunas reformas, no debería haber ninguna razón para que Estados Unidos apoye el régimen de Ortega recibiendo más dinero, mientras sigue violando los derechos humanos, ignorando el estado de derecho y perpetuando elecciones fraudulentas”, aseguró Ros-Lehtinen.
La NicaAct es temida por los daños económicos que podrían ocasionar a Nicaragua debido al fuerte lazo que une a ambas naciones: Estados Unidos es el principal socio comercial de este pequeño país centroamericano. 40% de las exportaciones provienen de Norteamérica, según el Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX).
Estados Unidos representa el principal flujo de Inversión Extranjera Directa en Nicaragua, lo que es bien valorado por el empresariado local: 55% de las remesas familiares —salvavidas indispensable para mantener a flote la economía nicaragüense, ya que aportan el 9.1% del Producto Interno Bruto— provienen de la diáspora nica en Estados Unidos. Y no solo eso. Con la crisis venezolana, la ayuda entre Managua y Caracas se ha desplomado. Estados Unidos se convirtió en el proveedor número uno de petróleo de Nicaragua (55%), desbancando a Venezuela, que en marzo entregó el equivalente de 43.9 millones dólares en ese rubro.
Sin embargo, el gobierno de Ortega ha intensificado su hostilidad hacia Estados Unidos. Al parecer su habitual e histórica retórica antiimperialista ha comenzado a materializarse. Los empresarios nicaragüenses han exhortado a Ortega rebajar el tono.
“Nuestra opinión es que con NicaAct o sin Nica Act, tenemos que seguir trabajando para atraer inversiones para lograr el crecimiento económico y la generación de empleos en el país”, declaró José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), el único actor que mantiene una relación estrecha y diálogo con Ortega en Nicaragua. “Debemos trabajar de la mano con Estados Unidos”, agregó.
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) —la segunda más importante tras el COSEP— pidió “evitar la confrontación entre países amigos y socios comerciales”.
Está previsto que la NicaAct sea aprobada después del receso legislativo en Estados Unidos, en septiembre próximo. Aguerri cree que las elecciones municipales previstas para noviembre influyan. Eso sí, precisó, dependerá del desarrollo de las pláticas entre el gobierno sandinista y la Organización de Estados Americanos (OEA). El canciller nicaragüense, Denis Moncada, reveló que una misión de observación electoral arribaría en agosto a Managua, pero fuentes del organismo revelaron que las conversaciones entre Ortega y Luis Almagro están “en un impasse”.
“Creo que, más importante que el cabildeo, es ver qué va a pasar en los próximos meses con el proceso electoral municipal que inicia en agosto”, instó Aguerri.
Pero lejos de externar un trato más conciliador, el gobierno de Ortega reaccionó invocando el cobro de una indemnización ordenada en 1986, por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, como “compensación por los daños fatales ocasionados al Pueblo y Gobierno de Nicaragua, por la intromisión destructiva e ilegal de esa Potencia en los Asuntos Nacionales” durante la guerra en esa década.
Juristas coincidieron en que es difícil que la demanda de Ortega retoñe. El gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-96) retiró el reclamo por la indemnización a través de una ley, lo que deja sin “asidero legal” la demanda.
“Nicaragua es un país soberano y puede hacer lo que quiera, pero desde nuestra perspectiva este caso terminó hace décadas en La Haya y estamos enfocados en el futuro”, dijo, por su parte, la embajadora de Estados Unidos en Managua, Laura Dogu.
En Nicaragua la mayoría de los ciudadanos no están de acuerdo con la aprobación de la NicaAct, o mejor conocida “ley anti Ortega”. La última encuesta de la firma M&R reveló que el 63% de los consultados temen a su aprobación. Sin embargo, unos pocos señalan la responsabilidad de Ortega.
“Rechazo con energía la aprobación del NicaAct y también rechazo la terquedad y sin razón de este gobierno por exponernos a todos los nicaragüenses a las consecuencias de sus decisiones impulsadas por la paranoia de perder el poder y por la desconfianza hacia ese pueblo que afirman los apoya mayoritariamente”, expresó la escritora Gioconda Belli. “¿Por qué temer la democracia electoral y las elecciones limpias si creen que es ‘tiempo de victorias’?”, añadió, en referencia a uno de los eslóganes oficiales del gobierno sandinista.
Por ahora la respuesta de Ortega es hostil hacia la errática presidencia de Donald Trump, que cada día más se distancia del Congreso estadounidense. El mandatario sandinista confronta al magnate inmobiliario en medio de la debacle venezolana, y sube la tensión entre dos enemigos ideológicos que han limado asperezas a través del intercambio comercial.
“Ortega necesita volver a la retórica de los años ochentas para consolidar una base que tiende a desmoralizarse, porque él sabe que ha abandonado los principios con los que el Frente Sandinista mantenía esa base”, analizó el exdiputado opositor Eliseo Núñez. “Sabe que la economía puede estar en riesgo, que vienen problemas económicos”, complementó, haciendo referencia a la caída de la cooperación venezolana, que pasó de una media de 500 millones de dólares anuales a 90 en 2016, de acuerdo al Banco Central de Nicaragua.
