El 28 de septiembre de cada año se celebra el “Día por el Derecho al Aborto de las mujeres de América Latina y del Caribe”, cuyo lema central de la campaña consiste en “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir” [1]. Una fecha que desde 1990 se instituyó para concientizar sobre el hecho de que la penalización está condenando a las mujeres con menores recursos (económicos, educativos, institucionales) a poner en riesgos sus vidas por haber decidido interrumpir voluntariamente su embarazo.
La batalla por el derecho a decidir, señala Marta Lamas, ha sido uno de los ejes principales del feminismo latinoamericano. Batallas que han sido, y continúan siendo, obstaculizadas por la alianza del fundamentalismo eclesiástico con el conservadurismo de gobiernos supuestamente democráticos.[2] Ante estos impedimentos las intervenciones políticas –y teóricas- de los movimientos feministas han sido diversas y complejas. Una diversidad que ha respondido a las demandas especificas de cada contexto.
El tratamiento legislativo que se le ha dado al aborto varía enormemente de un país a otro. En América Latina existen cinco países en los cuales el aborto no es permitido en ninguna circunstancia: Chile, Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Por el contrario, en Puerto Rico, Cuba y Guyana el aborto es legal. En el caso del Perú, el código penal tipifica el aborto como un delito.
El código penal peruano de 1924 penalizó todas las figuras del aborto, con excepción del terapéutico (aquel que se realiza para salvar la vida de la mujer o evitarle un mal grave o permanente en su salud), pero si bien éste es reconocido su aplicación es restringida debido a que no existe una norma técnica que respalde la práctica por parte de profesionales de la salud. Lo que se demanda, hace ya varias décadas, es la pronta aprobación de un protocolo que posibilite el aborto terapéutico. El aborto realizado en casos de violación (siempre que el violador no sea el cónyuge) o inseminación artificial no consentida, así como el aborto eugenésico (aquel que se realiza en casos en que el feto presenta malformaciones físicas o psíquicas) constituyen figuras atenuadas. Sin embargo continúan siendo un delito, por lo que su práctica debe realizarse clandestinamente. En el año 2009 el Congreso aprobó, debido a la intensificación de las demandas, retomar la discusión en torno a la despenalización del aborto, algo que hasta el momento no ha sido llevado a cabo.
Por ello, el 28 de septiembre de 2011 diversas organizaciones y movimientos feministas realizaron un plantón frente al Congreso de la República para exigir que se reanude el debate en torno a la despenalización del aborto y con ello la adopción de medidas que permitan que las mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con total libertad y autonomía. Estas diferentes organizaciones demandaron también la adopción de una serie de medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres: impulsar la investigación y sanción de las esterilizaciones forzadas cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori, la reparación a las mujeres que fueron violentadas durante el conflicto armado interno que vivió el Perú en el periodo 1980-2000, promover políticas públicas para la erradicación de la explotación sexual y la trata de mujeres, impulsar la aprobación de la ley de crímenes de odio y la penalización de feminicidio, así como la difusión de una campaña contra toda forma de violencia hacia las mujeres adoptando medidas específicas en el caso de las mujeres afrodescendientes, indígenas, lesbianas y discapacitadas en quienes la opresión de género se vincula con otros tipos de discriminación.
La legalización del aborto ha sido una de las demandas planteadas por las feministas ya desde los años 70. Desde la primera manifestación pública en el Perú por la legalización del aborto, en marzo de 1979, se visibilizaron las tensiones y fracturas entre el movimiento feminista y los partidos políticos de izquierda. Al realizarse esta primera movilización, las mujeres fueron objeto de agresiones por parte de los militantes de izquierda[3], acusadas incluso por la mayoría de los hombres –y muchas mujeres- de retomar un feminismo occidental ajeno a la realidad latinoamericana. Una exclusión que generó distanciamientos, críticas y debates por parte de las mujeres en torno a dos temas principales: la lucha por la autonomía y la comprensión de sus propias dinámicas y reivindicaciones. Maruja Barrig afirma que este momento significó, sin embargo, el inicio de la construcción real del movimiento feminista en particular, y del movimiento de mujeres en general.[4].
La historia reciente del feminismo contemporáneo muestra la reelaboración a la que han sido sometidos muchos de sus presupuestos epistemológicos y luchas políticas. El movimiento feminista ha mantenido así a lo largo de varias décadas una relación llena de conflictos no sólo con los movimientos o partidos políticos de izquierda, sino también con el movimiento TLGB[5] . Se ha planteado a partir de ello la necesidad de cuestionar el carácter prescriptivo de la diferencia sexual y promover de este modo la emergencia de nuevas identidades. Esto ha permitido a su vez comprender que los movimientos sociales deben empezar a articular sus demandas políticas, algo que Verónica Ferrari (la actual directora ejecutiva del Movimiento Homosexual de Lima) a partir de su artículo Las lesbianas y el aborto nos permite entender mejor cuando nos explica por qué a ella como lesbiana el tema del aborto no le es ajeno.
El aborto es sin duda un problema de salud pública, pero sobre todo es un asunto fundamental de derechos humanos y justicia social. La penalización del aborto no ha conseguido detener su práctica, ha conseguido más bien instalar diversas formas de discriminación, imposibilitando con ello el acceso igualitario a los servicios de aborto a cargo de la salud pública.
Las mujeres que se practican abortos clandestinos pertenecen a todos los sectores socioeconómicos, estas diferencias sin embargo son las que determinan el acceso a una interrupción del embarazo segura o insegura. Las mujeres más pobres son las más excluidas pues son ellas las que se encuentran en la imposibilidad de pagar un aborto que sea realizado por una persona con la preparación adecuada y en condiciones sanitarias seguras. Un estudio realizado por la antropóloga Delicia Ferrando (2006) encontró que en el Perú el riesgo de complicación por cada 100 mujeres que tienen un aborto inducido es de 44% en las mujeres pobres rurales, de 27% para las mujeres pobres urbanas, de 24% para las mujeres no pobres rurales y 5% para las mujeres no pobres urbanas. En el Perú se calculan alrededor de 350 mil abortos al año. El aborto clandestino, por lo tanto, representa un grave problema que se manifiesta en el hecho de que constituye una de las principales causas de muerte materna en el país y América Latina.
Una campaña que viene promoviendo el libre acceso a la información ha sido lanzada por la Línea Aborto: Información Segura desde abril del año 2010, cuyo objetivo es proveer información gratuita de acuerdo al protocolo de atención de la Organización Mundial de la Salud sobre el procedimiento de interrupción del embarazo con el uso del medicamento Misoprostol. Este proyecto, realizado también en otros países latinoamericanos como Chile, Argentina, Uruguay y Ecuador, constituye una iniciativa feminista potente en tanto es un canal de información que busca luchar contra los riesgos de la práctica clandestina del aborto y plantear la urgencia de hablar de este tema públicamente como un asunto que compete a la sociedad en su conjunto y no únicamente a las mujeres.
Es fundamental en los países latinoamericanos abrir espacios de discusión sobre la clandestinidad del aborto, así como generar redes de comunicación para colocar el tema en el debate público. El aborto como un asunto político debe ser pensado como una aspiración democrática, como el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propias vidas y cuerpos. Es urgente, por lo tanto, reformular la condena legal y moral que se impone a las mujeres que optan por el aborto como un derecho suyo a decidir libremente sobre su maternidad.
[1] La “Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del aborto en América Latina y el Caribe” ha sido impulsada por siete redes regionales y organizaciones de 21 países.
[2] Marta Lamas señala que el Vaticano y los Estados Unidos han hecho retroceder legislaciones de varios países en América Latina que desde el siglo XX habían legalizado el aborto terapéutico para salvar la vida de la madre como en casos de violación. Lamas da varios ejemplos bastante ilustrativos de cómo el poder que ejerce la Iglesia y la ideología católica en los distintos países de América Latina constituyen un serio obstáculo para la autonomía de las mujeres para decidir sobre su maternidad y su propio cuerpo. Véase: Lamas, Marta. “El aborto en la agenda del desarrollo en América Latina”. Perfiles Latinoamericanos, num. enero-junio, pp. 65-93.
[3] Vargas, Virginia. El movimiento feminista en el horizonte democrático peruano (décadas 1980-1990). Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 2006.
[4] Barrig, Maruja. Democracia emergente y movimiento de mujeres. En: Eduardo Ballón (ed.), Movimientos sociales y democracia: La fundación de un nuevo orden. Lima: Desco. pp.143-183.
[5] En 1984 surge el Grupo de Activistas Lesbianas Feministas (GALF) y el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), cuyas luchas en aquel entonces no fueron asumidas por los grupos de derechos humanos ni por los partidos políticos de izquierda. Las relaciones con las feministas heterosexuales fueron cercanas, sin dejar de existir por ello diferencias e incluso, en muchas casos, posturas irreconciliables entre ambas.
