“Va a costar, mamá, hay que luchar mucho pero va a cambiar”. Ésa fue una de las últimas frases que Hugo Orlando Miedan le dijo a su madre, Elia Espen, antes de desaparecer el 18 de febrero de 1977. Esa tarde, una brigada irrumpió en su casa en el barrio de Flores en Buenos Aires, y secuestró a su hijo mayor, un chico de 27 años, estudiante de arquitectura, militante del PRT-ERP. Rompieron, golpearon, desordenaron y se fueron. A las hermanas de Hugo las manosearon. A Elia la atacaron brutalmente. Desde entonces no volvió a ver a su hijo y recuerda, con cariño, tristeza y esperanza de justicia, su enseñanza: hay que luchar, mamá.
Elia tomó la frase como sentencia. “Tenía razón -dice- hay que seguir luchar y nunca callarse”. Primero fue una denuncia en la comisaría, que nunca le tomaron, y después comenzó a juntarse con otras madres que formarían, al poco tiempo, las Madres de Plaza de Mayo.
Pero tuvo que esperar. El fin de la dictadura primero, el juicio a las juntas militares durante el retorno democrático, las leyes de obediencia debida y punto final del menemismo en la década del 90, la anulación de dichas leyes de impunidad a manos del kirchnerismo y la reanudación de los juicios contra delitos de lesa humanidad; y, finalmente, su turno. Hace unos días, a mediados de febrero de 2016, después de 39 años de la desaparición de Hugo y ya con 84 años, Elia declaró por primera vez en la causa Atlético Banco Olimpo. El nombre remite al centro de detención clandestino en el que había sido torturado su hijo. Después lo habrían arrojado al mar en uno de los vuelos de la muerte, según pudo reconstruir por testimonios de quienes compartieron detención con él. “Imaginate la desidia de todos los gobiernos que pasaron 39 años sin que nadie me tomara declaración”, dirá Elia con su calma característica, que no esconde la enjundia de una lucha que no ha cejado.
Elia Espen en 2014
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La memoria es como la arcilla, un material maleable y simple en principio, pero con el tiempo se endurece y queda fija. Una vez que eso ocurre, la única forma de modificarla es a martillazos: rompiéndolo todo y comenzando una nueva construcción. La construcción de la memoria sobre la última dictadura cívico-militar argentina es un trabajo que llevó mucho tiempo y disputas. En el momento de cumplirse el 40 aniversario del golpe de 1976, ha quedado descartada y en desuso la “teoría de los dos demonios”: una idea que, en los primeros años de democracia, buscó justificar e interpretar los crímenes y el terrorismo de Estado a partir de la noción de una guerra con dos bandos armados con iguales responsabilidades: el gobierno y los grupos subversivos o militantes.
La lucha de los organismos de DDHH logró cristalizar su propia visión en el Estado a través del kirchnerismo y obtuvo, pese a que muchos de ellos perdieron autonomía, un logro importante: que, en 12 años, se desdibujara y se dejara de lado -al menos oficialmente- la interpretación de los dos demonios y que se pusiera el énfasis en la responsabilidad estatal y de los grupos militares y paramilitares que cometieron todo tipo de abusos durante la dictadura. Pese a eso, con el cambio de gobierno y la llegada de Mauricio Macri al poder se abren interrogantes sobre la memoria de la dictadura, porque macrismo y kirchnerismo se han planteado -en su estrategia discursiva- como posturas antagónicas: construyen sus relatos desde la oposición mutua.
A poco de cumplir los primeros 100 días de gestión, el actual presidente decidió que la conmemoración de esta emblemática fecha se haría el 19 de marzo, con un pequeño acto, y que el 24 -día del aniversario- ‘dejará la calle para los organismos y sus manifestaciones’. La relativa indiferencia del macrismo ante la fecha contrasta, por un lado, con el fervor mostrado por el kirchnerismo – desde que, el 24 de marzo de 2004, Néstor Kirchner mandara descolgar los cuadros de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, presidentes durante la última dictadura-; y, por el otro, con una visita de peso: el mandatario de los EEUU, Barack Obama, llegará al país el día anterior al aniversario. Su visita es impugnada por amplios sectores de izquierda y DDHH por el apoyo activo de su país a la última dictadura cívico militar y, tras una breve polémica, se trasladará a Bariloche, en la Patagonia argentina, para evitar las protestas.
En medio de las críticas, Macri dejó entrever que le pedirá a Obama que abra los archivos clasificados del Departamento de Estado y la CIA sobre la Dictadura militar argentina. Parece una estrategia por arrebatarle la iniciativa al kirchnerismo, que también había reclamado la apertura de dichos documentos. Pero las apariencias son sólo eso: no hubo antes, ni hay ahora, intención alguna de abrir los archivos vernáculos de la Secretaría de Inteligencia De Estado -luego Secretaría de Inteligencia, y actual Agencia Federal de Inteligencia (los tres nombres que han ido mutando para nombrar a la cartera de espías y ‘sottogoberno’ argentina)- y de las Fuerzas Armadas, que podrían confirmar y diversificar la información sobre 30 mil desaparecidos, torturados, asesinados y despojados de historia.
“Macri basura, vos sos la dictadura”
Las zozobras respecto a la forma en que el macrismo llevará a cabo su política sobre Derechos Humanos vienen de larga data y alcanzaron su punto más alto durante los últimos meses de 2015, cuando tuvo lugar la campaña electoral en la que Macri venciera al candidato del anterior gobierno, Daniel Scioli. Durante la contienda, el kirchnerismo instaló con fuerza la noción de que Macri representaría un retroceso en materia de juicios contra crímenes de lesa humanidad, de derechos y garantías civiles, y un retorno de la “teoría de los dos demonios”. Algunos ejes tienen sustento empírico en los ocho años de Macri al frente del gobierno local en la Ciudad de Buenos Aires, donde las fuerzas represivas estatales y paraestatales han estado a la orden del día, y cuando en sus primeros 100 días de gobierno instauró el protocolo ‘antipiquetes’, que permite a las fuerzas policiales desalojar cualquier tipo de protestas.
Sin embargo, en lo que refiere estrictamente a la política oficial sobre la dictadura militar, los juicios y la memoria, las cosas no son tan claras. Por un lado, los grupos de defensa de militares y garantes de la “teoría de los dos demonios” apoyaron profusamente al macrismo. No obstante, son marginales y su cercanía parece responder más a la necesidad de una diferenciación con el kirchnerismo, que a propios atributos de Macri. Una especie de anticuerpos contra todo lo que el kirchnerismo profesara.
Aun así no están solos
En su informe anual 2015, el Centro de Estudios Legales y Sociales, uno de los principales organismos no gubernamentales de apoyo a los derechos humanos con 35 años de trayectoria, alertó sobre la insistencia de distintos sectores de derecha que, en su disputa histórica contra los juicios, hallaron en excusas relativas al debido proceso, el modo de instalar su demanda histórica para dibujar otra vez la teoría de los “dos demonios”. Desde el CELS llamaron a estar alerta ante ese intento de travestir los intereses particulares de sectores afines a los genocidas y hacerlas pasar como ideas liberales, y la facilidad con que se montan sobre discursos oficiales.
Aunque Macri jamás se ubicó en este sector en forma directa, las explicaciones de su partido, el PRO, generan cierta incertidumbre. Dicen que condenan la dictadura, pero se encargan de catalogar a la década del 70 como “de una violencia inusitada”, con una etiqueta generalista. Dicen “nunca más violencia institucional” –que está muy bien aunque no lo practiquen-, y le añaden, de inmediato, “ni ningún tipo de violencia” –que podría insinuar una paridad entre el Estado y las agrupaciones políticas o ciudadanos sueltos.
La enunciación pacifista por parte del garante del orden –burgués- y de quien ejerce el monopolio de la violencia –simbólica, física, total- parece más una ficción naif que una utopía deseada. Una sentencia sacada de un libro de autoayuda. Aun así, parece difícil hablar de una ruptura brusca. La arcilla colectiva se ha solidificado y en numerosos medios, la respuesta del actual gobierno ha sido la misma: “Los juicios contra delitos de lesa humanidad son política de Estado y van a continuar”.
Pero no sólo de amigos vive un presidente. Una de las máximas referentes en materia de DDHH, Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo y de vigoroso vínculo con el ex oficialismo, cuestionó la falta de recepción inicial del mandatario -que se negó a recibirla en enero-, pero consiguió una visita a fines de febrero. Tras el encuentro, aseguró: “Hemos charlado y conciliado. La sensación es que estamos en la casa de un Presidente constitucional y el respeto a la democracia por parte de los organismos de Derechos Humanos es clarísima. Queremos fortalecerla mediante el diálogo y la construcción”.
Estela Carlotto y Mauricio Macri
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Los juicios parecen seguir su rumbo, entonces, pero Elia también duda respecto del macrismo. Teme por lo que dicen pero también por lo que omiten: “Parecen callados y dejan de lado, pero tenemos que estar todos, la sociedad entera, alerta y luchar para que sigan adelante los juicios”. Elia se ha convertido en una figura emblemática porque sumó a su lucha de casi cuatro décadas por ver condenados a los asesinos de su hijo una militancia inquebrantable en defensa de los sectores vulnerables.
Aún durante los 12 años de gobiernos kirchneristas, cuando el discurso hegemónico unía la causa por los derechos humanos al kirchnerismo e innumerables organismos se alinearon con el oficialismo, Espen sostuvo su mirada crítica. Denunció -junto a sectores de izquierda- lo que consideraron “el uso de Néstor y Cristina Kirchner de los derechos humanos en beneficio propio”, sus antiguos negociados -cuando se hicieran de vastas propiedades en Santa Cruz a partir de remates judiciales amparados en una ley de la dictadura- y la persistencia de un aparato represivo que acabaría teniendo su punto más visible en el nombramiento de César Milani al frente del Ejército, en junio de 2013. Según la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI), el kirchnerismo dejó el poder con cerca de 3000 muertos por represión.
El pedido de Elia, a sus 84 años, es simple: memoria, verdad y justicia. Y, para eso, pide la apertura de los archivos de inteligencia de todos los organismos del Estado. Mientras habla se está casando una de sus nietas, y baja la voz para decir: “Por ellos es que hay que contar lo que pasó, que sepan, que aprendan, que continúen la lucha”.
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Al cierre de esta edición, la consejera para la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, anunció la apertura de nuevos archivos secretos sobre la colaboración de Estados Unidos durante la dictadura militar argentina. Pese a que los organismos de DDHH celebraron la iniciativa -que tenía unanimidad entre macristas, kirchneristas, izquierdistas y demás- cuestionaron duramente el término “guerra sucia” empleado por la funcionario de Estado norteamericana. “No fue una guerra, ni sucia ni limpia, fue terrorismo de Estado”, sentenció Estela de Carlotto, en busca de detener eventuales martillazos sobre la arcilla.
