Divorcio “por Guatemala”

“Me estoy divorciando del Presidente, pero me estoy casando con el pueblo” [1].

El Presidente de Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, y su esposa, Sandra Torres de Colom, anunciaron su divorcio de común acuerdo tras ocho años de matrimonio, y tres años en la presidencia. Hasta aquí, la noticia pertenecería al ámbito de la vida privada del mandatario. Sin embargo, la polémica que este divorcio ha generado en Guatemala toca las esferas de lo político, lo jurídico, lo electoral, e incluso – para algunos – lo moral.

Álvaro Colom es el primer presidente de la era democrática guatemalteca que no ganó en la capital, sino que recibió apoyo mayoritariamente de las comunidades rurales. En consecuencia, su gobierno ha prestado particular atención a los programas de asistencia social y combate a la pobreza en zonas marginadas. Al ser la cara de estos programas, Sandra Torres de Colom adquirió notoriedad y apoyo como figura pública de “acompañamiento y apoyo” en el Consejo de Cohesión Social, que controla programas con amplios presupuestos y considerable impacto electoral, como son el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas “Mi Familia Progresa”; el Programa de contribución de desarrollo nutricional a familias de hacinamientos pobres del área urbana “Bolsas Solidarias”; el Programa “Comedores Solidarios” para familias pobres del área urbana; la estrategia de microcréditos “Mi Comunidad Produce”, y otros de naturaleza similar.

Para atender su compromiso con “las miles de personas que solicitaron que participara como candidata a la presidencia de la República”, Sandra Torres anunció el 8 de marzo de 2011 su intención de lanzarse como candidata de la coalición de partidos que actualmente gobierna el país, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Gran Alianza Nacional (GANA).

La opción de divorcio elegida por la pareja presidencial ha sido debatida en Guatemala tanto en lo que se refiere al ámbito jurídico como a las implicaciones políticas de tal decisión.

1. OBSTÁCULOS JURÍDICOS

Al anunciar su candidatura siendo aún Primera Dama, Sandra Torres desató un debate acerca de los impedimentos legales que establece el artículo 186 de la Constitución guatemalteca, sobre las prohibiciones para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República. Este artículo, en su inciso c) determina que no podrán optar al cargo “Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia”[2]. El artículo 190 del Código Civil, sobre clases de parentesco, indica que: “Los cónyuges son parientes, pero no forman grado”[3]. Torres se respaldó en esta disposición legal para apoyar su derecho a elegir y ser electa, aún siendo esposa del Presidente. No obstante, como bien señala el abogado constitucionalista Gabriel Orellana, el artículo 186 constitucional “halla su razón de ser en el propósito de defender la alternabilidad, el sufragio efectivo, evitar la reelección y – en síntesis – impedir la formación de dictaduras dinásticas”[4] y el mantenimiento de una familia en el poder.

Para preservar la gobernabilidad de Guatemala -según palabras del Presidente Colom durante una reciente entrevista con Joaquín López Dóriga-, y facilitar la candidatura de Sandra Torres, los Colom se divorciaron el pasado 8 de abril, luego de superar los recursos legales que diversos actores, entre ellos universitarios y grupos de abogados, interpusieron ante la Corte Suprema[5]. Las reiteradas muestras de cariño y comentarios sobre su separación como un gran sacrificio personal y familiar han generado una ola de comentarios negativos y acusaciones de haber perpetrado un divorcio ficticio con el propósito de evadir el artículo 186, lo cual constituye fraude de ley[6]. En palabras de Sandra Torres, “nuestro amor con el presidente es más sólido que nunca, y jamás ha estado sujeto a ningún papel. Sin embargo, el amor a Guatemala y nuestro compromiso por los más necesitados lo es aún más”[7].

1. IMPLICACIONES POLÍTICAS

El divorcio presidencial y la candidatura de Sandra Torres han sido temas ampliamente discutidos por diversos sectores sociales en medios impresos, televisión, radio y redes sociales.

Por un lado, algunas personas reconocen en Sandra a la primera mujer con posibilidades reales de contender por la presidencia, y argumentan que la “sandrofobia” es producto del machismo estructural en Guatemala[8], y del temor que inspira en grupos empresariales y de derecha. Desde septiembre de 2009, la Embajada de Estados Unidos en ese país, en un cable diplomático para el Departamento de Estado difundido por Wikileaks, hacía notar que “Torres, quien está a la izquierda de su esposo… es una figura polémica. Ella es la gerente más capaz del gobierno, y también la más abrasiva… Es inteligente, trabajadora, y demanda resultados… Muchos votantes urbanos de clase media y alta tienden a ver a Torres como una populista radical. Su sexo y sus orígenes provincianos refuerzan su desconfianza en ella”[9]. Luego de anunciar su divorcio del Presidente, los partidos UNE y GANA emitieron un comunicado de prensa donde señalan que “se sienten orgullosos de tener como candidata a la Presidencia a una mujer trabajadora y con una indiscutible vocación de servicio y sensibilidad social. […] Como muestra de ese compromiso y del amor a Guatemala, y con el propósito de evitar más manipulaciones políticas de la oposición, que pretende desgastar a las instituciones del Estado, ejerció – en conjunto con el presidente Álvaro Colom – su derecho de divorciarse.”[10]

Por otro lado, algunos columnistas como Luis Enrique Pérez han llegado a pedir la destitución del Presidente Colom, por haber transgredido la Constitución al cometer fraude de ley[11]. Por su parte, Mario Antonio Sandoval, director del diario Prensa Libre, opina que el divorcio equivale a un golpe de estado: “no se trata de desplazar a la autoridad, sino de apoderarse de ésta por medio de la burla y descalificación de la ley de leyes del Estado, es decir de la Constitución”[12]. Finalmente, están los que señalan que el divorcio de Sandra Torres fue un suicidio político, en una sociedad conservadora y católica como la guatemalteca. El secretario general del Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala, calificó el divorcio de “acto reprobable desde la perspectiva ética y moral, sobre todo porque ponen en entredicho la importancia de la familia y de toda una cadena de valores, por alcanzar el poder”. Además, el pastor Marco Antonio Rodríguez, ex presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, consideró inconcebibles, inauditas e inmorales las intenciones de este divorcio; “se burlan del pueblo”, afirmó.[13]

La campaña por la presidencia de Guatemala comienza formalmente con la apertura de registro de candidatos el próximo 2 de mayo, y culmina con la elección del 11 de septiembre. La última encuesta de la consultora Borge y    Asociados, levantada pocos días después de que Torres anunciara su candidatura, colocaba al General en retiro Otto Pérez Molina del Partido Patriota en un claro primer lugar en intención de voto, con 47.2%, y a Sandra Torres Casanova en segundo lugar con 13.7%.[14] Esta muestra detallaba que Pérez Molina cuenta con bases de apoyo firmes en zonas rurales (47.3%)  y urbanas (47.2%), mientras que las preferencias por Torres son claramente rurales (20.3%, contra 9% en zonas urbanas).

El caso Colom parece inscribirse en un patrón recurrente en algunos países de América Latina, donde la política sigue siendo un asunto familiar. Hoy se ven casos como el de Keiko Fujimori en Perú, hija del exPresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 5 de junio; y la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien relevó a su esposo en diciembre de 2007. Sin salir de Guatemala, se mencionan como posibles contendientes por la presidencia a la diputada del Frente Republicano Guatemalteco, Zury Ríos, hija del General José Efraín Ríos Montt, sobre quien pesa el mismo artículo 186, que impide contender por la presidencia a los familiares de caudillos o jefes de un golpe de Estado; y al exPresidente Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), hoy alcalde de la ciudad de Guatemala.