El fantasma de la paz ronda de nuevo

El gobierno colombiano ha firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP un acuerdo para iniciar una negociación con el objetivo de dar fin al conflicto armado.  El Ejército de Liberación Nacional—ELN, por su parte, ha mostrado voluntad en sentarse en la mesa, sin que se hayan filtrado más detalles de momento.

Este es el tercer proceso de negociación con grupos armados en que se embarca Colombia en los últimos 14 años, pero si fuéramos más atrás encontraríamos varios más. En 1998, el recién posesionado presidente Andrés Pastrana abrió su gobierno con una “negociación de paz”, y el presidente Álvaro Uribe negoció la desmovilización de varios grupos de paramilitares o autodefensas en 2003 y 2004.

En este nuevo proceso de paz existen similitudes y diferencias con las negociaciones anteriores, y, dado que el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que “no se van a repetir los errores del pasado”, es bueno mirar un poco hacia atrás, entenderlas y analizarlas:

 

Diferencias

Primero, los 5 puntos de partida alrededor de los cuales girará esta negociación.  1) Participación política de la oposición, 2) desarrollo rural, 3) revisión de la situación  de los presos de las FARC en las cárceles,  4) desmovilización y dejación de las armas, y 5) el narcotráfico y una “solución al problema de producción y comercialización de narcóticos”.  Éste, el del narco, quizá es el más emblemático.

Por ejemplo, tras desmovilizarse, los jefes paramilitares continuaron produciendo y enviando cocaína al exterior—siguieron   “traqueteando”, como decimos en Colombia—lo  que terminó en rápidos procesos de extradición a las cárceles de EEUU.  En su momento se decía que los paramilitares habían entregado la estructura armada pero no su estructura económica. Haber heredado las redes mafiosas, muchas veces de manera muy violenta, hizo que muchos mandos medios paramilitares pudieran hacerse nuevas armas y continuar siendo una amenaza no sólo para el Estado sino para la población civil.

Afrontar una discusión sobre el narco puede derivar en el fin de la fuente de financiación de las múltiples violencias asociadas a él, no sólo en Colombia sino en América Latina, y disminuiría los riesgos de que los excombatientes de las FARC regresen a delinquir en la búsqueda del lucro que produce ese negocio ilegal. La lucha contra el narcotráfico se libra en nuestros países, por lo que la discusión con estos grupos armados podría acompañarse de un estudio crítico, profundo y multilateral sobre el tema de las drogas.

Segundo, durante la negociación con los paramilitares nunca se planteó la discusión de los temas trascendentales del país y se consideró, a pesar de la desconfianza que siempre generó, una entrega de armas y un proceso de sometimiento a la justicia. Hoy, un tema de discusión son las garantías del ejercicio de la oposición política de los grupos que resulten de la negociación, pues se evita a toda costa repetir la experiencia de la Unión Patriótica, el partido político cercano a las FARC que fue exterminado a bala, luego de las infructuosas conversaciones de paz durante el Gobierno Betancur entre 1984 y 1988.

En su momento, el Gobierno de Uribe quiso darles participación electoral a los paramilitares, muchos de ellos amigos de políticos y congresistas, pero la Corte Suprema lo impidió.  Y dado ese antecedente, presumo que este tema va a ser muy duro de negociar y de mucha controversia: ¿los desmovilizados de las FARC sí podrán hacer política electoral?, ¿un preso de las FARC podrá ser candidato al terminar su condena?, más aún, ¿qué pasará si estas condenas son por crímenes contra la humanidad?

Tercero, el desarrollo rural, concepto que agrupa una diversidad temas pero que en síntesis significa: redistribución de la tierra, mejores condiciones de producción para los campesinos, protección de los derechos territoriales para afrocolombianos e indígenas y no participación de empresas o personas naturales extranjeras en la compra de tierras en Colombia.

Sobre este punto debe retomarse el modelo de la negociación paramilitar: No discutirlo. Al menos no con las FARC-EP, porque a pesar de que se nombren “ejército del pueblo”, no son sus representantes ni defensores.  Es una discusión que debe darse en el Congreso de la República, o eventualmente en una Asamblea Constituyente,  y ahí el Gobierno tiene un interesante proyecto de ley en cocción que debe estar por presentar al Legislativo, que será un complemento muy importante para la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Cuatro, en los dos procesos anteriores se inició la negociación con el cese al fuego bilateral, al menos en el papel, y mediante las llamadas “zonas de despeje”, porciones del territorio colombiano de las que se retiraban las fuerzas armadas y de policía y se suspendían temporalmente la órdenes de captura de la contraparte que pudiera haber.  Ahora, la fuerza pública no se va a retirar, las negociaciones se llevarán a cabo “bajo fuego”, y sólo se suspenderán las órdenes de captura del equipo negociador.

Similitudes

La primera similitud, no tanto con el proceso de con los “paras” como con el de las FARC-EP en 1998, es la celeridad con la que empieza a hablarse de paz: “regresa la paz”, “Colombia, listo para una negociación de paz”, y similares han sido frases de la prensa.   Se habla la hoja de ruta para la paz, el Gobierno nombra un Alto Comisionado para la Paz, se arma la comisión de Paz de la Cámara de Representantes, como si el fruto de una negociación con las FARC-EP fuera el fin total de la violencia armada en el país.

Lo cierto es que la dejación de las armas de las FARC es una condición para la paz pero no la única, pues existen actores asociados a la criminalidad organizada que siguen ejerciendo la violencia, que pueden incluso surgir luego de la eventual desmovilización de las FARC, como se demostró tras la desmovilización de los paramilitares. En Colombia solemos llamar a estos nuevos actores ‘bacrim’ “bandas criminales al servicio del narcotráfico, los ejércitos de los carteles mafiosos. Y éstos, amigos latinoamericanos, están más vivos y violentos que nunca.

Los procesos precedentes de negociación también se parecen al actual en que ofrecen incentivos a los grupos para que entreguen las armas y su tiempo en la cárcel sea reducido, lo cual fue especialmente cierto durante el proceso de negociación con los paramilitares. De la negociación con los paras se tramitó en el Congreso la Ley de Justicia y Paz, muy criticada, pero con un avance fundamental: la reivindicación de las víctimas de la violencia política en el país, lo que las ha convertido en un actor muy especial de la vida pública colombiana.

Hoy existe una reforma constitucional que se dio en llamar el Marco Constitucional para la Paz, que debe ser reglamentada mediante Ley estatutaria en el Congreso de la República, en el que se fijarán las penas alternativas de los ex miembros de las FARC, sus compromisos y temas como la participación política.

Para cerrar este texto, mi llamado como colombiano es rodear al equipo negociador del Gobierno nacional pero con ánimo crítico y optimismo moderado, porque el nombramiento ante los medios de comunicación de alias Simón Trinidad como miembro negociador de las FARC-EP parece una muy mala primera muestra de la táctica negociadora de las FARC, pues el ex guerrillero se encuentra preso en Estados Unidos purgando una condena de 60 años. Ojalá las FARC no vuelvan a pedir cosas que no dependen de la capacidad del Gobierno de Colombia y se concerte en lo posible.