El movimiento estudiantil chileno desde dentro: preguntas, respuestas y consideraciones

Ya se han cumplido cinco meses desde que comenzaron las movilizaciones de los estudiantes chilenos, tanto secundarios como universitarios. El movimiento ha conseguido movilizar a la población más allá del estudiantado y ha pasado de ser estudiantil a ser ciudadano, amenazando con democratizar importantes bastiones de la institucionalidad heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

Pero: ¿qué es lo que piden los estudiantes? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno?

• Reforma Constitucional y Democratización.

La Constitución chilena contempla que el Estado, en materia educativa, entregue educación y subvencione a particulares para que la entreguen. Existe también la libertad de enseñanza y ésta incluye el derecho, de cualquier particular, a abrir establecimientos educacionales. En el contexto de un país tan desigual como Chile, dichos preceptos constitucionales han vuelto prácticamente imposible que los niños más pobres y de la clase media logren movilidad social y se avance a una sociedad más desarrollada e igualitaria. El movimiento estudiantil pide que la Constitución consagre que la educación es responsabilidad del Estado, por lo cual debe ser gratuita, universal y de calidad en los niveles pre-escolar, básico, medio y superior. En el caso de la educación superior, el Estado debe garantizar un sistema sin fines de lucro, accesible, de calidad y con el financiamiento necesario para que todos los que deseen puedan alcanzar un título profesional.

Después de las movilizaciones, el gobierno se limitó a proponer la modificación de la Constitución de modo que el Estado se haga cargo de velar por la calidad de la educación, pero desligándose de su deber preferente de entregar educación, dejando este deber en manos privadas.

• Desmunicipalización de la educación escolar.

Como parte de la reforma educacional efectuada durante la dictadura, la administración y el financiamiento de los colegios públicos pasaron del Estado a los municipios. Al haber municipalidades con más recursos que otras, se reproducen las desigualdades sociales y la calidad educativa recibida por los alumnos de distintos municipios es muy diferente. Por lo anterior, la propuesta estudiantil es la creación de un Sistema Nacional de Educación Pública, el cual estaría a cargo del Ministerio de Educación y sería responsable de la administración y financiamiento de todos los establecimientos escolares.

El ejecutivo propone que la desmunicipalización se aplique sólo en los colegios que tengan malos resultados, los cuales pasarán a ser administrados por una nueva institucionalidad basada en organismos públicos.

• Fin al lucro en la educación

En el caso escolar, existen tres tipos de establecimientos: públicos, subvencionados y privados. El problema se da en los establecimientos subvencionados, donde, siendo el colegio administrado por un privado, el Estado entrega una subvención por estudiante. En estos establecimientos está permitido el lucro con dineros fiscales. En el nivel de educación superior, el lucro no está permitido. Sin embrago, las universidades privadas usan subterfugios legales para terminar enriqueciendo a sus dueños con dineros de origen estatal y con un sistema de créditos privados, a tasas usureras, que hipotecan la vida de las familias y la de sus alumnos por décadas. La petición es, en el caso escolar, poner fin al financiamiento compartido y al lucro en los establecimientos que reciban recursos públicos. En el caso universitario, la creación de una Superintendencia de Educación Superior que se encargue de fiscalizar que las universidades no lucren.

La respuesta del gobierno establece que debe haber un nuevo sistema para el uso de los recursos públicos en el sistema escolar, mientras que a nivel universitario se crearía una Superintendencia de Educación Superior que fiscalice a las universidades.

• Financiamiento, becas y créditos

En educación escolar, el financiamiento se da según la asistencia del alumno, así que lo que se pide es que exista un aporte basal según la matrícula de alumnos. En el caso universitario, se pide un aumento de la proporción del PIB destinada a la educación para incrementar el aporte basal a las universidades estatales, además de un aumento de becas y una cobertura total a 70% de los alumnos de menores ingresos.

El gobierno responde que aumentará el gasto en subvención escolar, incorporando que parte del financiamiento sea en base a la matrícula. En el caso de educación superior, se aumentará el aporte basal en base a metas nacionales y regionales. Además, asegurarán becas al 40% más vulnerable y con mérito académico, rebaja en el costo del Crédito con Aval del Estado (CAE) y reprogramación de morosos del Crédito Solidario.

A las anteriores peticiones se suman las siguientes:

• Un sistema de financiamiento propio para la Educación Técnico-Profesional, tanto para el nivel escolar como superior. Además, que se aseguren las  condiciones de estudio y práctica profesional.
• Una carrera docente que revalorice la actividad del Profesor mediante incentivos para estudiar Pedagogía y garantizar mejoras a los sueldos de los profesores.
• Un sistema nacional de transporte eficiente y suficiente, gratuito para los estudiantes durante todo el año y vigente en todo el país.
• Plan Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación de la infraestructura de los colegios afectados tanto por el terremoto como por la falta de recursos para infraestructura.
• Ingreso a la Universidad que disminuya la ponderación de las pruebas de selección y considere el rendimiento escolar de los postulantes.
• Acreditación de las universidades por parte de agencias públicas confiables.

A todas ellas el gobierno ha respondido con soluciones que mantienen el modelo neoliberal en la educación y favorecen el lucro de sectores empresariales a través de subvenciones estatales o del endeudamiento bancario de las familias de clase media.

¿Qué ha pasado con el movimiento?

Las diferentes organizaciones involucradas en el movimiento han llamado a múltiples paros nacionales y multitudinarias marchas que ya superan las 150 mil personas sólo en Santiago. Cabe destacar el paro nacional de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) el cual obligó al gobierno y al Presidente Piñera a reunirse con los representantes estudiantiles iniciado septiembre. Días después, el gobierno propuso un calendario de tres semanas con tres mesas de trabajo, la primera, dedicada a los temas de financiamiento, créditos y becas; la segunda, sobre el fortalecimiento de la educación pública, desmunicipalización y calidad; y la tercera, sobre los cambios profundos y estructurales del sistema, como los cambios constitucionales y la carrera docente. El Colegio de Profesores fue el primero en rechazar la mesa, ya que consideró que no se iba a poder negociar en igualdad de condiciones. Los universitarios mandaron una contrapropuesta, en la cual se exigen cuatro garantías para empezar la negociación:

1. Congelar los envíos y tramitaciones de los proyectos relacionados a la educación.
2. Transparencia en las negociaciones. Para esto, transmitir las negociaciones por televisión o twitcam.
3. Postergar el plazo para cerrar el primer semestre universitario, requisito fundamental para que sigan funcionando las becas.
4. Detener el envió de recursos estatales a las universidades que lucran.

El ministro Bulnes rechazó detener los proyectos enviados al Congreso, como también afirmó que no iba a postergar el fin del semestre (fijado para el 7 de octubre). Propuso transparencia a través de las actas de las reuniones y que el tema del lucro se solucionaba fiscalizando a través de la creación de la Superintendecia. Tales propuestas gubernamentales eran totalmente insuficientes con respecto a lo que se pedía. Además, proponer la creación de una Superintendecia no significa de ninguna manera acabar con el lucro. En medio de las propuestas y contrapropuestas se celebraron las Fiestas Patrias, la cuales no estuvieron exentas de protesta, como fue el cacerolazo en la Parada Militar.

Se llamó a un nuevo Paro Nacional. El termómetro social de las últimas semanas había estado bastante frío, así que los más críticos decían que el paro no iba a ser masivo, que el movimiento estaba desgastado, que si el movimiento no lograba sacar a las calles a una gran cantidad de personas, se acababa todo. El gobierno apostaba al fracaso del paro. Llegó el día y salieron a las calles, sólo en Santiago, alrededor de 180 mil personas. Esto demostró que el movimiento estaba fuerte, seguía convocando y tenía todo el poder para negociar.

El ministro Bulnes, el día 24 de septiembre, mandó un mail a los dirigentes estudiantiles instándolos a empezar las mesas de diálogo. Bulnes expuso que las modificaciones o adiciones que se hicieran en las mesas de trabajo podrían ser agregadas a los proyectos de ley que se estarían tramitando en el Congreso. La transparencia de las mesas de trabajo se garantizaría a través de actas públicas, y por último, habría una reprogramación del calendario académico para los establecimientos tomados y se conversaría con el CRUCH (Consejo de Rectores de la Universidades chilenas) para tratar el cierre del primer semestre universitario.

La reunión de trabajo fue aceptada y comenzó el jueves 29 de septiembre, mismo día en que se efectuó un paro nacional. Durante el transcurso de la negociación, el ambiente estuvo tenso y el gobierno empezó a llamar a la desmovilización, a volver a clases y a seguir la mesa de trabajo. Durante la semana, el gobierno se declaró contrario a hacer que la educación fuera gratuita, de calidad y estatal para todos; sólo lo aseguraría para el 40% más pobre, lo que no implica cambio alguno, ya que la clase media seguiría endeudándose para estudiar. Esto hizo que los estudiantes secundarios rompieran la mesa de diálogo, apoyados después por los universitarios.

 

Represión al movimiento

El gobierno ha buscado distintas maneras de reprimir y desmovilizar. Entre ellas se encuentran dos marchas que no fueron autorizadas. Aún así, los manifestantes se reunieron e intentaron marchar, siendo brutalmente reprimidos y dispersados del lugar, quedando en evidencia el actuar desmedido de carabineros. El principal argumento del gobierno para impedir marchas o trasladarlas a lugares menos transitados, volviendo invisibles las manifestaciones, es que las marchas por la avenida principal de Santiago coartan el libre tránsito y el derecho a trabajar de las personas del sector.

Dentro del actuar desmedido de la policía se encuentra el asesinato de un adolescente de 14 años, Manuel Gutiérrez, quien, al salir a mirar una barricada junto a su hermano, recibe la bala de un carabinero.

A nivel secundario y universitario se han recibido varias amenazas para detener la movilización, como los desalojos de los establecimientos en toma, pérdida del año escolar y expulsiones. Destacan, entre otras:

• Plan “Salvemos el año escolar”, que busca generar miedo entre los padres ante la repitencia (cursar de nuevo las materias) de sus hijos e hijas. El proyecto ya ha sido calificado de antipedagógico, pues en la forma en que está planteado es más bien un castigo a los jóvenes paristas, pero además, ha resultado un fracaso, ya que más de 70 mil jóvenes que no se inscribieron y están dispuestos a rehacer el año.

• Desalojos de establecimientos secundarios y universitarios en toma, siendo ejemplares los liceos de la comuna de Providencia, donde el alcalde, Cristián Labbé, ex militar y colaborador del Régimen Militar chileno, puso carabineros dentro de los establecimientos. Ante la probabilidad de que los alumnos retomaran sus liceos, el alcalde cerró los colegios y declaró que cancelaría las matrículas de todos los estudiantes que no fueran de la comuna (85% de los alumnos).

El gobierno, como medida legal de amedrentamiento, mandó al Congreso el proyecto “Ley Antitomas”, el cual busca penalizar con años de cárcel a quienes tomen establecimientos públicos, privados y estatales, incluyendo los establecimientos educacionales.

No sabemos hasta cuando va a durar la movilización, o si el gobierno va a responder a nuestras demandas, pero el movimiento sigue hasta que se logre algún cambio sustancial en la institucionalidad y en la educación chilena.

* Colombina Vilches Parra tiene 17 años de edad. Vive en Santiago de Chile y es estudiante secundaria del Liceo público Nº 1 de Niñas Javiera Carrera, colegio que a la fecha lleva más de tres meses tomado por alumnas, que al igual que mucha gente en Chile, exige una educación gratuita, pública, de calidad, vinculante y democrática.