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“¿Cuál es el problema? ¿Una más?”, dijo con indiferencia la fiscal Alicia Rosas Rubí, encargada de la investigación de delitos sexuales en la Ciudad de México, a Melissa Lailson, abogada de Martha, una joven víctima de violación que ha enfrentado un desgastante proceso de casi un año y medio en busca de justicia.

Luego de ser denunciado por violación en octubre de 2014, Víctor Hugo Flores Soto, estudiante de posgrado en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al igual que Martha, fue detenido el pasado viernes 18 de marzo y la noche del lunes 21 la juez Laura Martínez Aguirre le dictó auto de formal prisión, por lo que seguirá su proceso desde la cárcel. Horas antes integrantes del colectivo feminista Red No Están Solas se manifestaron frente al Reclusorio Oriente para exigir la sujeción a proceso del aprehendido.

Pero la detención de Víctor Hugo a manos de la Policía de Investigación, sólo fue posible después de que Martha y su abogada enfrentaran la indiferencia, la falta de sensibilización y los cuestionamientos de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales (FCIADS) de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

La primera persona que atendió a Martha en la agencia del Ministerio Público le dijo que recibirían su denuncia, pero no había mucho que hacer pues no había evidencia física. La violación ocurrió en una fiesta en mayo de 2014, mientras Martha estaba inconsciente debido a la ingesta de una bebida alcohólica que el propio agresor le ofreció. La denuncia fue presentada en octubre de ese año, en cuanto la joven se enteró de lo sucedido gracias a una testigo.

El primer peritaje psicológico que se le practicó a Martha lo realizó la propia fiscalía, y determinó que no había existido una agresión sexual, obstaculizando el proceso. Tres peritajes posteriores practicados por la UNAM, la asociación civil Casa Mandarina y el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de  Delitos Sexuales de la PGJDF desmintieron al primero.

El oficial secretario del Ministerio Público, Paulino Maya, envió la averiguación a reserva e incluso defendió al agresor, quien confesó los hechos en su declaración. “Como que estás apasionada con el asunto de Martha. Que ahí muera, pobre chavo, le vas a echar a perder la vida”, le dijo a la abogada Melissa Lailson, de acuerdo con el relato de la litigante a Distintas Latitudes.

Peor aún, quien debería estar más sensibilizada hacia el tema de las agresiones sexuales, la fiscal Alicia Rosas Rubí, tiene un total desinterés en procurar justicia -investigar- y se siente juez, a decir de Lailson.

“Pues ella se lo buscó”, opinó la fiscal sobre el caso de Martha refiriéndose al hecho de que estaba alcoholizada cuando fue violada. “La señora ni se acuerda, estaba borracha. ¿Sabe cuántes borrachas (atendemos)? Dos mil a la semana. ¿Cuál es el problema? ¿Una más?”, expresó.

Por otro lado, la fiscalía respondió a una solicitud de acceso a la información hecha por un particular, diciendo que entre 2012 y lo que va de 2016 sólo 514 casos de violación han sido consignados ante un juez. Si son ciertas las palabras de la fiscal Alicia Rosas sobre dos mil mujeres denunciantes de violación a la semana, el trabajo de la PGJDF se queda muy corto.

Pero “¿cuál es el problema? ¿una más?”.

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México, 1991. Periodista con particular interés en temas de derechos humanos y movimientos sociales. @a_ilizaliturri.