Entrevista con Adela Navarro, directora del Semanario “Zeta” de Tijuana

[Desde hace unas semanas, una de nuestras colaboradoras de Tijuana buscó una entrevista con Adela Navarro, directora de uno de los semanarios más críticos del narcotráfico y del gobierno por igual, con la intención de conocer su visión sobre el periodismo en México. Finalmente la obtuvo. He aquí la conversación.]

por Melina Amao Ceniceros

Con sede en la frontera norte (Tijuana, Baja California), el semanario Zeta es una publicación que se ha especializado en temas de corrupción y crimen organizado mediante investigaciones, pero esto le ha hecho blanco de agresiones que incluso han acabado con la vida de algunos de sus miembros.

La directora del semanario, Adela Navarro Bello, manifiesta con claridad su repudio hacia los crímenes (contra comunicadores y contra la sociedad en general) y subraya la ineficiencia de las autoridades para resolver los casos y brindar condiciones óptimas al periodismo en México. Zeta es de los pocos espacios que pese a los ataques no ha optado por la autocensura.

Así, Navarro explica a Distintas Latitudes cuál es la situación del periodismo de investigación en la frontera con Estados Unidos, destacando tres elementos que propician la vulnerabilidad de éste: crimen, corrupción e impunidad.

Distintas Latitudes: Desde su perspectiva ¿cuál es la situación (de riesgo o indefensión) de los periodistas y reporteros en México?

 

Adela Navarro: Mientras exista impunidad judicial en México para asesinos, narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores y otras ramas del crimen organizado, el riesgo para los periodistas así como para los mexicanos será alto. En condiciones de injusticia jurídica, cuando quienes atentan contra la sociedad no son castigados, vaya, ni siquiera aprehendidos, se vulnera la seguridad física de la sociedad. Los periodistas en México, relatores en muchos e importantes casos de la desastrosa realidad de criminalidad en el país, se convierten en este ambiente de inseguridad en un blanco fácil ante la falta de protección a la libertad de expresión por parte del Estado mexicano.

DL: ¿Considera que los ataques contra periodistas y reporteros se asocian a la cobertura de determinada información o podría verse como un peligro que corren indistintamente de los temas abordados?

AN: Definitivamente en México hay libertad de expresión, nosotros podemos investigar y publicar –como lo hacemos cada semana– sobre los diferentes fenómenos que aquejan a la sociedad en la cual nos desarrollamos; lo que no existe en nuestro país son condiciones de respeto, certeza jurídica y seguridad para ejercer esa libertad de expresión.

Periodistas que a lo largo de la frontera norte de México han desarrollado investigación en el tema del crimen organizado han sido asesinados, amedrentados, secuestrados y censurados, dentro de un ambiente político-judicial que beneficia al criminal por encima de la víctima. Reporteros de radio, televisión o periódicos han debido solicitar asilo en otros países o incluso, utilizando sus medios personales, emigrado allende las fronteras mexicanas, para salvaguardar su seguridad física y la de sus familias.

Otra alternativa en el mismo contexto (prensa de investigación amenazada, vulnerada), directivos de medios determinaron la no realización de periodismo de investigación en temas considerados riesgosos, como lo es el crimen organizado y el narcotráfico. La autocensura es el resultado de un gobierno incapaz de proveer seguridad a los gobernados.

DL: Algunos procuradores de derechos humanos argumentan que los ataques que sufren hoy los periodistas provienen del crimen organizado y no del Estado como en “otros tiempos”. ¿Coincide con esta conjetura?

AN: El crimen organizado no podría subsistir sin la ayuda del Estado. La permanencia e incluso el crecimiento de una organización criminal en México depende de su capacidad para corromper a la autoridad. Con ello no sólo obtiene el control de territorios a lo largo y ancho de la república: cuanto más se beneficia en la compra de corporaciones policíacas, procuradurías, juzgados, tribunales y administraciones públicas, para conservar su impunidad.

En estas condiciones, quizá –y sólo quizá– el Estado no sea el represor directo de periodistas y reporteros, pero sí es un elemento importante en la presión hacia quienes ejercen periodismo libre, independiente y de investigación, al proveer a los criminales el clima para hacerlo.

DL: Existe la impresión de que en el país los delitos contra periodistas no son resueltos, o en todo sucede muy poco (a pesar de haberse creado la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas).

¿Considera que hace falta voluntad de las instituciones procuradoras de justicia para verdaderamente resolver los casos?

AN: Sí; en la Procuraduría General de la República no tienen ni compromiso ni voluntad para solucionar los asesinatos o los atentados contra periodistas. Tiene mucho que ver con lo anterior: la impunidad que proveen a los criminales a partir de ser autoridades corruptas, o deficientes en su trabajo de investigación.

Cualquiera que sea la razón, corrupción o ineficacia, son escasos los asesinatos de periodistas que se han resuelto en el país. En Zeta existen tres investigaciones abiertas y un caso cerrado –pero no solucionado del todo– en 30 años de fundación. El asesino intelectual de Héctor Félix Miranda sigue libre, lo mismo aquellos quienes atentaron contra la vida de don Jesús Blancornelas y acabaron con la de Luis Valero. Tampoco se ha resuelto el crimen del licenciado Francisco Javier Ortiz Franco.

Los tres últimos casos permanecen en la impunidad total, mientras en el primero sólo los autores materiales fueron detenidos y sentenciados. A excepción de la investigación del asesinato de Félix, los otros tres expedientes fueron atraídos para su investigación por la Procuraduría General de la República, dos en 1998 y uno en 2004. Ninguno de los tres presenta ya no digamos detenidos, a pesar que en una corte internacional se ha señalado a narcotraficantes como los atacantes.

En relación a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, baste decir que es un ente creado al vapor, sin herramientas, sin personal, sin peritos ni investigadores y sin presupuesto para realizar de manera óptima su trabajo. En estas condiciones resulta inútil la labor de un fiscal que no puede investigar, pero que sí ha sido capaz de denostar a comunicadores a fuerza de asegurar, en el mayor de los casos que le ocupa, que los periodistas no fueron muertos en o por el cumplimiento de su oficio o profesión.

DL: ¿Cuál es su postura ante esta problemática? ¿Cuál sería el llamado que hace frente a estos crímenes?

AN: A través de las páginas de Zeta siempre hemos exigido la solución de esos y otros casos de atentados y asesinatos a periodistas; lo seguiremos haciendo, como también continuaremos realizando nuestro periodismo de investigación para exhibir a las autoridades corruptas en estos y otros casos que laceran a la sociedad…

Para más información sobre el tema, puede leer este reportaje de Melina Amao Ceniceros “El periodismo agredido de México (panorama de la situación actual)“, también en Distintas Latitudes.