Cuando una empresa, intereses particulares e influencias políticas de personajes reconocidos tratan pisotear el verdadero interés público, la salud humana, la democracia, e incluso la autonomía y jurisprudencia de un país, se ha llegado a un punto en el cual reaccionar es imperativo. Más que un deber, se trata de un acto consciente de supervivencia, de amor propio. Hoy en Costa Rica afrontamos una de las situaciones más vergonzosas en los últimos 30 o 40 años referidas a la violación de un proceso legal en uno de nuestros tribunales. De igual manera afrontamos una de las mayores vergüenzas al no haber sepultado aún un proyecto de minería a cielo abierto saturado de irregularidades e inconsistencias como lo es el Proyecto Minero en Crucitas, promovido por la transnacional canadiense Infinito Gold.
Más de 17 años de lucha llevan agrupaciones como el Frente Regional de Oposición a la Minería a Cielo Abierto “Balbina Torres” enfrentándose a este nefasto proyecto. A esta resistencia se suman otros grupos de la sociedad civil: universidades -aportando argumentos técnicos, serios y confiables; jóvenes de secundaria, amas de casa, familias completas y muchos y muchas más quienes a través de un proceso de concientización real e información han sabido leer con claridad “las verdades a cielo abierto”.
El proyecto ha sido una burla para los y las activistas de Costa Rica desde que la empresa canadiense presentó un anteproyecto modificado sin estudio de impacto ambiental y que amenaza dos mantos acuíferos subterráneos -incluido uno que compartimos con el vecino país de Nicaragua y el río San Juan.
Sin embargo, en este texto profundizaré en la más reciente desfachatez de esta penitencia impuesta. El 11 de noviembre del 2011 salió a relucir en la prensa que el borrador de sentencia del controversial caso Crucitas había sido filtrado hacia una de las partes interesadas, precisamente la de la empresa en cuestión. La Sala I interpuso la denuncia correspondiente, el recién renunciante exvocero de Industrias Infinito, William Méndez, declaró acerca de esta filtración a los medios y el país completo se vuelve testigo de una situación que parece más un juego de mesa con trampa incluido, o al menos eso preferiríamos que fuera. Una empresa y autoridades que al parecer le son afines violentan los Tribunales costarricenses, es decir, amenazan la convivencia democrática y el sistema legal no solo en el área ambiental sino en todos los campos.
La empresa, en un intento desesperado por rescatar su situación evidenciada ante la mayoría de los y las costarricenses, intenta recusar a los Magistrados de la Sala I de un crimen que evidentemente ha sido cometido (la filtración), pero hay que tener cuidado al señalar por quién.
Llama la atención uno de los últimos acontecimientos del caso: resulta ser que en un conocido noticiario aparece un “comunicado” donde se quiere vincular al señor Álvaro Sagot -uno de los abogados de la parte demandante contra el Proyecto Minero Crucitas- quien ha venido entregando de manera voluntaria, sin reconocimiento económico alguno, su empeño y dedicación al caso, con la sucia maroma de la filtración del borrador de sentencia. Esta situación hace pensar en dos aspectos:
a. Quiénes se inventaron este rumor no tienen una idea de cómo las y los costarricenses pendientes de este proceso conocemos la intachable labor y moral del señor Álvaro Sagot.
b. La desesperación ante la posibilidad de perder este caso hace que estén disparando estrategias sin mucho contenido más allá que la intención de causar engaños y pretender desvirtuar a nuestros Tribunales, situación que debería indignarnos aún más.
Lo que es un hecho es que lo sentenciado por el Tribunal Contencioso Administrativo en el 2010 es lo que actualmente debería respetarse. Si bien es cierto que la empresa estaba en su derecho a la casación, cada día se vuelve más evidente lo deshonesto detrás del caso Crucitas. No es fortuita la aplicación de la campaña del miedo empleada por esta empresa, en donde diputados, abogados y un profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica de la más alta calidad, han sido demandados por sumas exorbitantes con la finalidad de callarlos. Lo que no han considerado los ejecutores de estas demandas es que las personas que han puesto su tiempo y trabajo en el caso Crucitas sin más interés que el amor a la verdad y a la vida, no son cobardes, mucho menos criminales y tienen el respaldo mayoritario de la población.
En concreto, la recomendación del Tribunal Contencioso Administrativo es clara: abrir una causa judicial a los funcionarios de la Dirección de Geología y Minas y la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) vinculados con la declaratoria de interés público de la mina Crucitas, así como al expresidente Óscar Arias Sánchez – sí, ese que alguna vez recibió un Nobel de la Paz- por esta misma declaratoria. En Costa Rica, la imagen de Óscar Arias vinculada al ambiente, muy lejana a cualquier signo de paz con la naturaleza, lo hace acreedor del reconocimiento popular como promotor de la “Guerra contra la Naturaleza”.
El Tribunal Contencioso Administrativo además, ordenó a la empresa Industrias Infinito el pago de una indemnización al país por los daños ambientales causados en la zona ¿Con qué autoridad moral viene la empresa a interponer demandas intimidatorias e infundadas a diferentes costarricenses quienes lo único que están haciendo es defender su patrimonio natural, las buenas relaciones con un vecino país (Nicaragua), el recurso hídrico, el marco legal que sostiene la identidad costarricense de país verde y en general el sistema democrático a través del respeto a sus Tribunales? No es exageración lo que dice uno de los compañeros abogados al decir: “Si ellos ganan, este país se acabó.”
Para no perder la imagen de lo risible de este caso, también llama la atención que la Procuraduría General de la República interpusiera un recurso apoyando a la empresa parte de la casación. ¿Qué hace la Procuraduría General de la República costarricense defendiendo a una empresa foránea y sus intereses económicos particulares por sobre los intereses de los y las costarricenses? No hay una lógica dentro de explicaciones éticas que pueda resolver esa incógnita.
La intromisión de influencias políticas y los intereses de la empresa dentro del orden jurisdiccional han llegado a un grado tal que se hace intolerable seguir permitiendo la permanencia de Industrias Infinito en nuestro país. La lucha en oposición al Proyecto Minero Crucitas, además de tener un carácter de defensa medioambiental, adopta también las condiciones para reflejar la más legítima defensa de la Institucionalidad costarricense en su totalidad. Este 22 de noviembre, los y las costarricenses marcharán durante la mañana hacia los Tribunales de Justicia, para acompañar a los abogados “por la vida”, a dejar las respuestas a casación y se esperaría que en la primera semana de diciembre se tenga una sentencia firme y definitiva.
Estamos ante dos escenarios: o se sostiene el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, o se sentirá en las calles la presencia del pueblo que desde años atrás viene diciendo: “Sí a la Vida, No a la Minería.” Cabe resaltar que muchos y muchas estamos dispuestos y dispuestas a mantenerse en las calles hasta que la corporación minera abandone el país.
