Desde que el 16 de abril pasado la Presidenta Cristina Fernández utilizó la cadena nacional para anunciar que enviaría un proyecto de Ley para “expropiar” YPF, han surgido un sinfín de debates y disputas. Para comprender los ejes de la resolución y las reacciones, es necesario apuntar sobre un vértice central: la distancia entre los discursos y los actos de un anuncio que se presume como recuperador del petróleo nacional, pero que esconde una historia de vaciamiento y desfalco.
1) “En nombre de la soberanía nacional: expropiamos, estatizamos, nacionalizamos”.
El proyecto de ley lleva por nombre la mentada soberanía, sin embargo, desde los orígenes, hay que destacar que la recompra de YPF –y utilizo esta palabra puesto que el Estado pagará un “precio justo” por las acciones de Repsol sujetas a compra forzada- no consiste en una “expropiación” como tal. Una expropiación, como concepto de derecho público, debe debe ceñirse al interés nacional, de ahí su justificación. En determinados casos, como sucedió con Aerolíneas Argentinas o Repsol-YPF, estamos hablando de otra cosa. Incluso tras las rabietas y bravuconadas iniciales por parte de Repsol y España, siguieron palabras de conciliación y un mensaje claro: “Si pagan bien, no presentaremos quejas formales”.
Por otra parte, hay que hablar de una estatización a medias –y lo mismo cabe para el concepto de nacionalización-. El total de acciones que poseía Repsol ascendía a 57% del conjunto; el Estado Nacional tomará un 51% a distribuir: de ese 51, convertido en nuevo total, un 49% irá a las nueve provincias petroleras, unificadas en torno a la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) y el 51% siguiente permanecerá en manos del Estado Federal. Repsol queda así con 6%, un 17% continúa en manos de grupos norteamericanos y el resto en manos del Grupo Petersen –de la familia Eskenazi, ligadas al oficialismo, que ha entrado al negocio hace pocos años, sin experiencia, y con el beneficio de no pagar las acciones más que con utilidades futuras de YPF-. De la misma forma, Repsol cubrió las deudas de sus principales accionistas españoles que cayeron con la crisis inmobiliaria y bursátil española. Es decir, las utilidades futuras de YPF han sido usadas para cualquier cosa menos para la “reinversión”.
La nueva YPF “estatal” tendrá 49% capital privado (frente a 51% público –es decir, 49% en las provincias y 2% en el gobierno federal), además de seguir funcionando como Sociedad Anónima y cotizando en bolsa. Es cierto que el 2% en manos del gobierno federal representa la “acción de oro” (esto es, la facultad última de decidir –y por lo tanto de alcanzar la mitad más uno– recae en el gobierno nacional), pero lo fundamental es que YPF está abierta a inversión extranjera y, por si hiciera falta, las palabras de la Presidenta fueron: “No se trata de una estatización”.
Por último, el Estado “honrará” la deuda de Repsol, que se estima en unos 9 mil millones de dólares. De esta forma, no sólo no “expropia” ni “nacionaliza”, sino que consuma una estatización de deuda privada. Las fuentes de financiación serán variadas, pero los analistas presumen que saldrá el dinero del ANSES -la seguridad social de los jubilados-, como suele ocurrir con los pagos de deuda externa que viene consumando el Gobierno hasta aquí.
2) Control y acción estatal: antes no, ¿ahora sí?
La crisis energética nacional es de gran magnitud. El último año se importaron más de 10,000 millones de dólares en hidrocarburos. El nivel de producción ha descendido entre 2003 y 2011 en forma contundente y llamativa. La búsqueda también. Pero YPF no es la única: todas las empresas petroleras radicadas en el país han decrecido su producción. El control estatal ha sido, al menos, cómplice silencioso de dicho vaciamiento.
Los volúmenes de inversión cayeron al subsuelo, guiados por la premisa de una crisis internacional que hacía necesaria la remisión de utilidades a las matrices.
El Estado Nacional poseía incluso un representante en la Dirección de YPF que jamás denunció tal situación. YPF representa algo más del 30% de la producción nacional de petróleo. Más del 60% sigue en manos de otras multinacionales que, desde ahora y a partir de la nueva intervención, podrán ser socias de YPF y del Estado.
El interventor es Julio De Vido, Ministro de Planificación Nacional, denunciado por hechos de corrupción, por la alarmante situación energética –su cartera debió prever el problema de los hidrocarburos hace tiempo– y, últimamente, por los 51 muertos que produjo el desastre ferroviario –falta de inversión, negociados, subsidios oficiales– en la estación porteña de Once.
La premisa es “una gestión profesional”. Dicho formato reproduce los cánones utilizados por el neoliberalismo añejo para imponer las privatizaciones de todas las empresas públicas hace poco más de una década. Y, al menos hasta aquí, ninguno de los representantes estatales en YPF –de antes o de ahora– ha mostrado un conocimiento en la materia.
Además, es importante notar que no existe tal cosa en el ideario político del gobierno de Kirchner como un programa de estatizaciones y nacionalizaciones. El Gobierno suele activar en base a manotazos y decisiones de agenda, pero no tiene historial de expropiaciones ni mucho menos. Incluso se ha reunido con empresas privadas para pactar inversiones y demás participaciones directas de éstas, y se estima que 70% de la producción petrolera sigue en manos privadas (al respecto nada se menciona). Quizá, en un futuro cercano, no debamos descartar una expropiación en gas u otro rubro, pero parece certero que, salvo salvataje de deuda mediante –como en el caso de Repsol-YPF–, ninguna privada está en la mira. Se trata, como en Aerolíneas Argentinas, de mensajes, de elecciones simbólicas en empresas vaciadas y endeudadas insanamente y que tienen un altísimo valor emocional para los argentinos.
3) La reprivatización.
Pocas horas después del anuncio y de que se enarbolara una especie de gesta histórica, salieron a la luz diversas cuestiones. La Presidenta se reunió 48 horas antes con Barack Obama, gestor de los intereses norteamericanos en YPF y otras petroleras. Además, hubo un “desfile de inversores privados” en las carteras energéticas. De Vido se reunió con petroleras como Petrobras, Exxon, Total, Phillips Conoco y Chevron. El rol del Estado, al parecer, no es la inversión sino la firma de convenios.
De esta forma, la reprivatización de YPF responde a patrones similares a los utilizados en los años 90 de fines de siglo pasado, cuando el auge de las políticas neoliberales circundaban el mundo y la Argentina de Carlos Menem mal vendió la empresa a los usureros internacionales. Por entonces, la familia Kirchner apoyó la venta en pleno, firmando la cesión desde su rol de mandatarios de Santa Cruz, una de las provincias petroleras. Hoy firman una supuesta recuperación que, al menos en la simpleza de los hechos, no parece tal.
Estimados amigos de DL, ya a esta altura tengo 28 años y desisto de ser politólogo, deberíamos actualizar esa presentación. Saludos!
Hay un tema con las acciones que no está correcto y ya fue informado a los editores, sepan disculpar. Por otro lado, añado que la Ley que se aprobó en ningún apartado niega la posibilidad de ejercer una ampliación de capital a través de nuevas acciones. De esta forma, podría volver a dejar de existir el 51% nacional que se menciona.
Por último, ayer mismo De Vido afirmó ante el SEC de la Bolsa de Nueva York que se intentará honrar las medidas que dicha entidad pretende para que las acciones de YPF continúen cotizando allí. Que ahora mismo no se cumplen, pero que intentarán cumplirlo puesto que “el interés de YPF es seguir cotizando allí”.
Saludos,
Brian