Si algo caracterizó en sus inicios al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina, fue que los militares que tomaron el poder conformaban una nueva generación, diferente de la que había conducido el golpe de 1955 y de ciertos grupos de la derecha liberal tradicional, cuyos objetivos confluyeron con los de la nueva derecha liberal tecnocrática.

En su plan político, las Fuerzas Armadas buscaban limitar la personalización del poder y dividirlo con un 33,33% para cada una de las tres Fuerzas, para evitar las tensiones. Pero el plan contemplaba además un “cuarto hombre”: el presidente, que estuviera por sobre la Junta, pero que respondiera a ella. El primer presidente, sin embargo, es Jorge Rafael Videla, jefe del Ejército. La cuestión del “cuarto hombre” aparecía ya como término en los medios y algunos meses después del golpe, en septiembre. Las actas del gobierno muestran una discusión previa, donde se habla de “esquema de poder”. En las actas, la Armada y la Fuerza Aérea quieren terminar con la excepción de un Videla presidente pues esta excepción le permite al Ejército tener sujetos los cargos de presidente, los de los miembros de la Junta Militar y comandante del Ejército, en manos además de un general en actividad. La gran acumulación de poder que tenía Videla debía ser desarmada para permitir la definición del cuarto hombre.

Las Fuerzas Armadas veían que la crisis que atravesaba el país requería soluciones de modo drástico: había que refundar el país y retomar el camino de la Generación del Ochenta –la camada de líderes políticos liberales que convirtieron a la Argentina en un país moderno, muy influenciados por las ideas inglesas– en el funcionamiento político, social y económico. Para eso, había que reprimir a la insurgencia, a los actores políticos del campo popular y laboral, y a los cuadros intelectuales contrarios.

El secuestro y la desaparición forzada de personas se consolidaron entonces como las herramientas finales de la lucha contra la oposición política, con una red de 600 centros clandestinos de detención. Los cuerpos eran eliminados en el mar (con los estremecedores “vuelos de la muerte”), enterrados en tumbas colectivas o cremados. Sólo a veces eran entregados a los deudos, informando que habían caído en enfrentamientos contra la policía o las fuerzas militares. La apropiación ilegal de los bebés (luego del secuestro o el asesinato de sus padres) fue probada también por la Justicia, en los últimos años, como un plan sistemático orquestado desde la cúpula del gobierno de facto.

La represión clandestina fue avivada por la Doctrina de Seguridad Nacional: desde mediados de los años 50, Estados Unidos había comenzado a cambiar su concepción estratégica, de una concepción de guerra total y de defensa hemisférica a otra que privilegiaba la guerra limitada y el control del enemigo interno comunista en las regiones bajo su dominio. Estados Unidos elaboró así una doctrina militar basada en el supuesto desarrollo de una guerra mundial no convencional.

En la Argentina, la novedad llegó a la Escuela Superior de Guerra en 1958, gracias a la influencia de ciertos oficiales que habían realizado sus estudios en Francia y que habían aprendido sobre las técnicas contrarrevolucionarias aplicadas en la guerra de independencia de Argelia. La represión clandestina ofrecía la posibilidad de evitar o retardar las sanciones internacionales, disciplinar a la sociedad en su conjunto y dirimir conflictos internos a las propias Fuerzas Armadas.

El método clandestino fue elegido también porque ya casi no había jueces civiles que quisieran intervenir en causas relacionadas con terrorismo o subversión. Aunque los generales Juan Antonio Buasso y Rodolfo Clodomiro Mujica se ofrecieron a integrar un tribunal militar que juzgara a la guerrilla, Videla y la Junta Militar decidieron ocultar la información sobre los caídos para evitar que el enemigo tomara precauciones. Antes del golpe, los altos mandos habían discutido un asunto de relevancia: la forma de evitar que el gobierno militar recibiera el mismo trato que el que lideraba Augusto Pinochet en Chile, que sufría del repudio internacional por sus violaciones a los derechos humanos. En febrero y marzo de 1976, oficiales del Estado Mayor llegaron a la embajada chilena en Buenos Aires para pedir consejo al respecto.

Desde sus inicios, el gobierno militar se impuso dos objetivos: obtener el apoyo incondicional de la sociedad y conservar sellada la unidad institucional de las Fuerzas Armadas. Durante el Proceso, el fortalecimiento de la unidad interna de las Fuerzas Armadas fue una de las tareas más relevantes que debieron desempeñar los comandantes en jefe y miembros de la Junta Militar: el general Jorge Rafael Videla, del Ejército; el almirante Emilio Eduardo Massera, de la Armada; y el brigadiero Orlando Ramón Agosti, de la Fuerza Aérea.

Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti, Junta Militar argentina.

Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti, Junta Militar argentina.

Mientras tanto, los altos jefes del Ejército estaban ocupados en competir entre sí en la carrera represiva para dar cuenta de la eficiencia en la tarea, a lo largo del territorio del país: el general Carlos Guillermo Suárez Mason, comandante del I Cuerpo; el general Ramón Genaro Díaz Bessone, comandante del II Cuerpo; el general Luciano Benjamín Menéndez, comandante del III Cuerpo; el general Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares; y el general Osvaldo Azpitarte, comandante del V Cuerpo.

Entre junio y julio de 1976, varios atentados sirvieron de respuesta, por parte de la guerrilla, a esta política represiva. Entre estos, el más duro fue el de la bomba que explotó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, de la Policía Federal, que dejó 21 muertos y 63 heridos. El caso fue muy resonante: decenas de policías estaban comiendo, en el histórico edificio del Departamento Central de Policía, cuando tronó la explosión. El 7 de julio, Videla dijo, en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas: “La subversión sirve a una causa esclavista y a una concepción que aniquila los derechos humanos. Una concepción nihilista, sin Dios, sin libertad, sin dignidad humana y sin lealtad”. Pero, mientras tanto, en la voz de los militares retirados comenzaban a tomar cuerpo las viejas internas militares que durante los años 60 se habían expresado entre colorados y azules, los dos bandos –de conservadores y liberales– que se habían disputado el poder en las dictaduras anteriores.

Para que el recurso de la amenaza subversiva continuara legitimando al régimen aun cuando la victoria sobre la insurgencia fue un objetivo cumplido en pocos meses, éste necesitaba rendir cuentas ante la sociedad agotándolo. Si la lucha contra la subversión llegaba a su fin, había que buscar otro objetivo. Aquí comenzó a articularse una nueva estrategia, basada en aceptar la necesidad de superar un primer nivel de gobierno y pasar a una democracia representativa, republicana y federal. Por eso, en enero de 1977, el régimen dio a conocer las “Bases para la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso nacional”, un primer documento oficial donde se plantea la creación de un Movimiento de Opinión Nacional y donde se sostiene que el objetivo del Proceso es la instauración de una democracia. La legitimación basada en la lucha antisubversiva debía dar paso a la necesidad de encontrar criterios de orden político oficiales.

En una declaración al diario La Nación, el 8 de julio de 1977, Massera admitía que una vez agotados los factores que habían operado hasta el momento, las Fuerzas Armadas necesitaban revitalizar su legitimidad, canalizando la solidaridad de la ciudadanía en objetivos de futuro. Pero la sola mención del diálogo con los civiles y los partidos políticos irritaban los ánimos de algunos de los militares. 

Mientras la guerrilla era derrotada, aparecían en el seno del gobierno militar un nuevo conflicto: Ideario militar vs. Política económica. Los problemas entre Videla y Massera comenzaron temprano. Según un cable de la embajada de Estados Unidos, de julio de 1976, Videla tuvo que enviar a su ministro del Interior, el general Álvaro E. Harguindeguy, para liberar a un asesor que había sido detenido por la Marina. “Los motivos de Massera en todo esto no son claros”, decía el cable. “Algunos creen que él quiere ser presidente. La Embajada tiende a descartar esto, sin embargo, aunque suponemos que Massera es suficientemente inteligente como para saber que el Ejército muy improbablemente aceptaría a un marino como jefe de Estado”. Pero en otros cables, se daba cuenta de los contactos que Massera había tenido con líderes radicales, peronistas y sindicales, durante los cuales “se comportó como un hombre que trata de construir su propia base de poder (la idea, aparentemente, sería compensar su menor poder militar buscando apoyos dentro de los sectores civiles más significativos)”.

En esta guerra entre facciones, Martínez de Hoz se sabía como hombre de Videla. “Yo no tenía nada personal contra Massera y me parece que él tampoco tenía algo contra mí, individualmente”, le dijo al autor Carlos Manfroni, en 2010. “Ni siquiera creo que él estuviera en contra de mis ideas económicas, en la intimidad”.

Pero Massera, el hombre que más poder acumuló durante la dictadura y el que llevó adelante las acciones más duras, jamás fue presidente. Como Videla, siempre gobernaron los jefes del Ejército en los triunviratos que siguieron hasta 1983: Roberto Eduardo Viola, un hombre duro que no estuvo mucho tiempo; Leopoldo Fortunato Galtieri, que invadiendo las islas Malvinas y haciéndole la guerra a los ingleses intentó garantizar para su gobierno el apoyo de los argentinos con la creación de un enemigo externo –y perdió; y Reynaldo Bignone, que se dedicó a gestionar el fin de la dictadura, ya muy desgastada. De todos ellos, y de todos los demás militares con poder, el único que hacia 1982 soñaba con postularse a una elección democrática con su propia fuerza era Massera. El almirante no guardaba ideas republicanas, sino ambiciones argentinas: soñaba con ser un nuevo Perón que liderara un movimiento nutrido de sectores variados. Algunas acusaciones de homicidio lo dejaron fuera de carrera: incluso en tiempos de dictadura, no pudo evitar ser detenido.

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Massera era un oficial de clase media, nacido en Entre Ríos y educado en La Plata. Le decían “el Negro”. También, en clave, “Cero”. El propio Perón (que le decía “Masserita”) lo había nombrado jefe de la Armada en 1973, y según un obituario de The Economist publicado en 2010, si no hubiera seguido la carrera de marino le hubiera gustado ser filólogo: era un tipo fascinado con las palabras y el poder que emanaba de ellas. Su designación al frente de la Armada obligó al retiro de la mayor parte de los oficiales superiores, debido a su juventud y menor antigüedad en la fuerza. A lo largo de pocos años, Massera desbordó con un estilo mandatario personalista y populista. La fuente de su prestigio, al frente de la Armada, radicaba en el nivel de equipamiento de la Fuerza, con la compra de catorce unidades, entre fragatas y submarinos. Concretado el golpe, Massera tuvo bajo su jurisdicción a Isabel Perón.

En el esquema represivo, los marinos tenían a su cargo a los Montoneros. El conocido antiperonismo de la Armada (legitimado en el golpe de Estado de 1955) indicaba que la Marina sería menos permeable que el Ejército frente a la eventual influencia del discurso de los enemigos. Con ese ánimo, el grupo de tareas 3.3.2, con base en la ESMA, salió a cazar a los miembros de esa guerrilla. Pero esta relación se tornó ambigua y dejó una larga lista de rumores.

Según Richard Gillespie, autor de Soldados de Perón. Historia crítica sobre los Montoneros, la ESMA era “una especie de depósito de ideas de izquierda”: se refiere a la zona conocida como “la Pecera”, donde los secuestrados hacían trabajo obligado, de oficina e intelectual, para los marinos. Dicen que allí se realizó un plan de guerra para recuperar las Malvinas y otro para confrontar por el canal de Beagle. Miguel Bonasso reconoce en Recuerdo de la muerte que los Montoneros negociaron una tregua con la Marina a cambio de cargar al Ejército las culpas por las violaciones de los derechos humanos. Massera también tomó para sí –según se comenta– buena parte del dinero que los Montoneros habían obtenido a través de diferentes fuentes de financiamiento, incluidos los millonarios secuestros extorsivos, como el de los hermanos Born.

La economía era un obstáculo en la carrera política de Massera: si mejoraba, se fortalecía Videla. Pero si los salarios de los trabajadores continuaban deteriorándose, las relaciones de Massera con los gremios también se desgastarían. Según Carlos Manfroni –que en Montoneros: Soldados de Massera sostiene la tesis de que Massera utilizó a Montoneros como herramienta propia–, lo único que podía salvar al almirante era un sisma económico y político. Un colapso que hiciera perder el control político al Ejército y que liquidara de una vez al equipo económico. Según Cristina Zuker, en El tren de la victoria: Una saga familiar, Montoneros, a través de la contraofensiva de 1978, buscaba reposicionarse en la vanguardia de la lucha armada.

Massera Montoneros

El temor era desaparecer políticamente ante las masas y un golpe al equipo económico del gobierno (único objetivo de la contraofensiva, según el Boletín Interno Número 8; a lo que además el líder montonero Mario Firmenich agregaba: “El aniquilamiento militar del equipo económico sería la primera gran batalla de la contraofensiva, por ser el punto de articulación de las fuerzas de la dictadura”) podía depararle un nuevo éxito, sino militar al menos propagandístico. Los encuentros nunca del todo confirmados entre Massera y Montoneros se habrían dado en la isla Margarita, de Venezuela, en la primera mitad de 1977, donde el líder libio Muammar Khadafi hizo de garante; en la casa de Licio Gelli (de quien se sabrá más en el próximo párrafo), en la localidad italiana de Arezzo; y en el hotel Intercontinental de París, reunión que resultó filtrada y publicada en el diario Le Monde.

De la intención de denunciar estas reuniones habría surgido el crimen de la diplomática Elena Holmberg y el de Marcelo Dupont, hermano de un amigo de Holmberg.

A la vez, Massera se apoyaba en Licio Gelli, un industrial textil que resultó en 1971 el misterioso jefe de la logia masona Propaganda Due (P2), de fervorosa raigambre anticomunista. Gelli había apoyado a Benito Mussolini y se había exiliado en la Argentina, donde en su primera presidencia, Juan D. Perón lo designó como asesor económico para los asuntos políticos con Italia. Gelli volvió a Italia, pero nunca abandonó su área de influencia en la Argentina, desde donde triangulaba operaciones financieras con destino a Europa del Este y Medio Oriente. Al tercer Perón, por su parte, le interesaba trazar alianza con la logia para independizarse de la economía primermundista. El viejo sueño de Perón era establecer un polo de desarrollo industrial-militar en Argentina y exportar hacia países relegados, como Libia. “Perón era masón: yo lo inicié en Madrid en 1973”, recordó Gelli ante Damián Nabot, para el diario Perfil, en 2008. Durante el Proceso, Gelli apoyó a Massera y poco después del golpe le entregó 100 mil dólares, según Claudio Uriarte en Almirante Cero, para equipar al Grupo de Tareas 3.3.2.

Licio Gelli rompió aguas en el seno del gobierno militar. Según los cables de la Embajada de Estados Unidos había una línea pro-estadounidense compuesta por Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy; y una línea más cara al mundo árabe y a los países no alineados, impulsada por Massera y Suárez Mason (otro suscripto a la P2). Massera no se privaba de decir que Martínez de Hoz desarrollaba una diplomacia paralela con Gran Bretaña, lo que era visto por él, probablemente, como una amenaza ante sus planes sobre las Islas Malvinas, que con la supuesta ayuda de los montoneros cautivos en la Pecera de la ESMA había trazado mucho antes de la guerra de 1982. A la vez, el interés geopolítico y económico de la P2 resultaba incompatible con la supervivencia del equipo económico de Martínez de Hoz, respaldado por Videla.

Massera estaba empecinado en ser el sucesor de Juan D. Perón. Y si no podía hacerlo por la fuerza de las armas, lo intentaría por la de los votos. Con esa idea concibió y dio a luz su Partido para la Democracia Social (PDS), vinculándose con líderes de la socialdemocracia europea y presentándose ante ellos, insólitamente, como el hombre de la Junta Militar más preocupado por los derechos humanos –para lo cual, según el autor Carlos Manfroni en Montoneros: Soldados de Massera, los Montoneros le prestaron ayuda–. Se asoció además con el peronismo “isabelino”, con algunos gremios justicialistas, con algunos montoneros presos y con algunos libres. Massera pasó a retiro el 15 de septiembre de 1978. Sin el uniforme, era libre para ponerse el traje de político. Montó las oficinas del PDS en un edificio del centro de Buenos Aires, donde también funcionaba la filial local del Banco Ambrosiano y también el cuartel general de la rama argentina de la P2. Un mes antes, apareció en la calle su propio diario, Convicción, dirigido por Hugo Ezequiel Lezama, muy dado a la crítica de las políticas económicas de Martínez de Hoz.

El 27 de septiembre de 1979, una bomba derrumbó la casa de Guillermo Walter Klein, en el barrio residencial de Olivos. La familia sobrevivió. Pero la política de Massera se dio de lleno contra la causa judicial por la muerte del empresario Fernando Branca, de la cual fue acusado Massera por el peronista ultraortodoxo Guillermo Patricio Kelly y el diplomático Gregorio Dupont, hermano del publicista Marcelo, asesinado luego del crimen de Elena Holmberg probablemente al ser confundido con Gregorio, amigo de Holmberg. Massera, que fue detenido en 1983 y quedó fuera de las elecciones, había perdido ya poder en el delicado equilibrio de la política militar. La dictadura estaba condenada a derrumbarse.

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Javier Sinay

Buenos Aires, 1980. Es periodista, autor de "Los crímenes de Moisés Ville". Ganador del premio Gabriel García Márquez de Periodismo en la categoría Texto en 2015.