*Nota a ocho manos desde Bolivia, México, Costa Rica y Uruguay
En febrero iniciaron las protestas. Primero una vigilia, luego una huelga de hambre. Como no obtuvieron respuesta, algunos se crucificaron y se tiraron al piso, otros se colgaron de un puente. En abril marcharon desde distintos puntos a la capital del país y sufrieron las cargas de la policía. En mayo las protestas podrían radicalizarse. Se trata de las personas con discapacidad en Bolivia, que exigen un apoyo económico mensual de 500 bolivianos (72,34 USD), pues consideran que la cantidad que reciben por ley es insuficiente.
El Decreto Supremo 1948, promulgado en 2013, establece un apoyo económico anual de mil bolivianos (144.68 USD), es decir, 83 bolivianos al mes (12 USD) para las personas con discapacidad. Pero este apoyo, llamado Renta Solidaria, sólo beneficia a las personas con discapacidad grave y muy grave. Aquellas con discapacidad leve o moderada no reciben nada.
Desde que inició el conflicto, en febrero, las autoridades bolivianas han calificado de “inviable” e “insostenible” al aumento exigido por los manifestantes.
“La demanda del bono de 500 bolivianos mensuales es inviable, lo que no excluye trabajar en una política integral que beneficia al sector de las personas con discapacidad”, dijo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el pasado 26 de abril, según Eju Tv.
Pero los manifestantes dicen que ni siquiera los han recibido y exigen audiencia con Evo Morales. De acuerdo con Pablo Rivero, politólogo boliviano, “No hay una actitud de diálogo. El presidente Evo Morales recibe a muchos sectores, como cocaleros o empresarios privados varias veces al mes, pero se niega a recibir a este grupo. Posiblemente es un efecto del TIPNIS, allí recibió a los marchistas y perdió.”
Por otro lado, el pasado 28 de abril la policía reaccionó de manera violenta ante una manifestación de personas con discapacidad. Los manifestantes llegaron al centro de La Paz, y se encontraron con que los accesos a la Plaza Murillo, donde se ubican los poderes Ejecutivo, Legislativo y otras instituciones del Estado, fueron blindados con vallas de más de dos metros. Cuando los inconformes trataron de forzar las barrera para llegar frente al Palacio de Gobierno, la policía arrojó gas lacrimógeno, de acuerdo con el diario peruano El Comercio.
El gobierno negó el uso de gas lacrimógeno, y admitió la utilización de gas pimienta para contener a “agitadores con fierros en mano que arremetieron contra la policía”, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud.
“En todo caso fue una reacción nerviosa de la policía, en ocasiones poco preparada para lidiar con conflictos y con una memoria autoritaria que los lleva siempre a tomar excesos”, dice Rivero.
Entre tanto, el gobierno ha intentado dividir a los que protestan. La Presidencia de Bolivia anunció el viernes 29 de abril la firma de un acuerdo con la Confederación de Personas con Discapacidad, un grupo diferente al que se ha movilizado desde el mes de marzo y que incluye a las personas con discapacidad que trabajan en el gobierno. El acuerdo incluye entrega de viviendas y ampliación en la cobertura educativa de personas con discapacidad, pero no menciona el tema del bono de 500 bolívares.
Los manifestantes que siguen movilizados se refirieron a los discapacitados que se reunieron con el gobierno como “servidores públicos” que buscan “confundir a la población”, publicó el diario Opinión.
En diciembre de 2013 el Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad contaba 44 mil 862 personas, de las que 28 mil 560 (63.8%) corresponden a discapacidad grave y muy grave. Sin embargo, el número de personas con discapacidad podría ser mayor, pues el censo de 2012 arrojó un total de 388 mil 119 personas con algún tipo de discapacidad permanente, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
Este organismo dijo el 28 de marzo pasado en un comunicado que la Renta Solidaria es insuficiente, pues “no forma parte de políticas públicas integrales ni afecta las causas esenciales de su vulnerabilidad”. Agregó que “Las personas con discapacidad se encuentran entre las poblaciones con derechos más vulnerables, ya que son víctimas permanentes de altos niveles de discriminación, abandono y negación de oportunidades, lo que ocasiona que enfrenten altos niveles de pobreza y soporten barreras para el ejercicio de sus derechos”.
Las actuales protestan ocurren un par de meses después de la efervescencia política del referéndum por la reelección de Evo Morales, la cual perdió por un margen estrecho, y en uno de los momentos de menor popularidad y confianza en el gobierno boliviano.
