Por Bun Alonso (México) y Diana Fuentes e Isaías Morales (Guatemala)
El 8 de marzo del 2017, Día Internacional de la Mujer, se originó la tragedia más inaudita y dramática de los últimos años en Guatemala. Ese día, 40 niñas perdieron la vida calcinadas en el hogar estatal “Virgen de la Asunción”, un hecho que apunta a ser investigado y procesado hasta las últimas consecuencias.
La tragedia que enluta al país centroamericano recuerda el fatídico 5 de junio de 2009 mexicano, cuando un incendio originado en una bodega de la Secretaría de Hacienda, aledaña a una guardería llamada ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, acabó con la vida de 49 niños y niñas menores de cinco años.
Ambos hechos tienen algo en común: tanto la casa hogar como la guardería eran espacios para menores cuyo resguardo corresponde a instituciones estatales. Cabe resaltar que las condiciones donde vivían los niños de la estancia infantil eran precarias por no contar con las medidas de seguridad y sanidad mínimas indispensables ante cualquier emergencia.
Ningún funcionario de alto nivel ha sido procesado en México
De acuerdo a la versión oficial, el incidente de la Guardería ABC ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas cuando los niños dormían la siesta y, en la bodega aledaña, se sobrecalentó un sistema de enfriamiento que resguardaba cinco toneladas de documentos, placas vehiculares y tres vehículos. El sobrecalentamiento fundió el aluminio del motor del sistema, lo que provocó que fragmentos en llamas cayeran sobre los archivos. El incendio se generalizó en la bodega y se propagó a la estancia infantil, en la que se encontraban 176 niños resguardados y aproximadamente 50 empleados. La falta de detectores de humo, extintores y salidas de emergencia adecuadas, así como la rapidez del incendio por los materiales inflamables con la que se construyó la bodega, provocaron los fallecimientos de los infantes, la mayoría por asfixia
En México, 29 personas han estado bajo proceso penal por sus responsabilidades en la tragedia. Hasta 2014, cinco personas habían pisado formalmente la cárcel pero luego fueron dejadas en libertad. Estas eran tres coordinadoras de zona de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la ex jefa del Departamento de Guarderías y el ex delegado de esa institución en Sonora. Todos funcionarios de medio nivel.
También se detuvo a los dueños y socios de la guardería —Antonio Salido Suárez, Alberto Escalante Hoffer, Francisco Urquides Serrano, Sandra Téllez Nieves y Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la entonces primera dama Margarita Zavala, actual aspirante a la presidencia en 2018. Dos meses después del incendio, un juez les dictó auto de formal prisión, sin embargo, pagaron fianzas para enfrentar sus procesos en libertad. Fueron absueltos en ese entonces. Algunos de ellos tenían, al mismo tiempo, cargos como funcionarios del gobierno estatal. Ninguno de los funcionarios de alto rango fue llevado ante la justicia.
Los padres de los pequeños fallecidos aún buscan que el gobernador del estado de Sonora de ese momento, Eduardo Bours, sea investigado y procesado, al igual que el entonces alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara. También señalaron como responsable a Juan Molinar Horcasitas, quien era director del IMSS, pero falleció en 2015.
Hogar Seguro: investigaciones y detenciones
Aunque existan más preguntas que respuestas, las investigaciones en Guatemala para esclarecer la tragedia avanzan a ritmo lento. El lunes 13 de marzo se capturaron a tres exfunconarios implicados por su presunta responsabilidad de lo sucedido en el “Hogar Seguro”. Se trata de Carlos Antonio Rodas Mejía, exsecretario de Bienestar Social de la Presidencia; Santos Torres, exdirector del “Hogar seguro” y Anahy Keller, exsubsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia, quien es cercana al presidente Jimmy Morales y a la primera dama, Patricia Marroquín.
Carlos Rodas y Anahy Keller son considerados exfuncionarios de alto nivel, pues trabajaron para una secretaría que depende directamente de la Presidencia de la República. Los detenidos son señalados por la Fiscalía de los presuntos delitos de homicidio culposo, maltrato a menores de edad e incumplimiento de deberes.
Las investigaciones permanecen bajo reserva mientras se analizan las pruebas recabadas en el lugar de la tragedia. Las Fiscalías de Femicidio y de Delitos Contra la Vida están a cargo de investigar el caso. Para ello cuentan con testimonios de sobrevivientes y más de 36 horas de grabación del lugar. No se descarta que el personal del hospital y otros testigos sean interrogados.
La Fiscalía General no ha considerado pedir apoyo del Buró Federal de Investigación (FBI), pero sí solicitó asesoría técnica de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), institución junto a la cual ha investigado decenas de estructuras criminales en los últimos años.
Los reportes periodísticos apuntan a una presunta negligencia de la Policía Nacional Civil, que depende del Ministerio de Gobernación. El titular de esta cartera, Francisco Rivas, indicó que realizará una investigación interna para determinar la responsabilidad que existió en el caso.
Dos investigaciones del portal Nómada y una del periódico Prensa Libre recaban testimonios de víctimas y un agente de la Policía. Estas versiones señalan que los policías habrían actuado con irresponsabilidad al dejar con llave y no rescatar a las menores el día del incendio.
Otro hecho que la Fiscalía verifica es si la diputada Sandra Patricia Sandoval, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, contaminó o no la escena del crimen, ya que horas después de la tragedia visitó el lugar de los hechos. Se busca determinar si ella alteró las pruebas recopiladas.
Esta misma parlamentaria pidió la renuncia al Procurador de Derechos Humanos, Jorge De León Duque, quien junto a un Juzgado de Niñez en 2016 denunciaron los abusos cometidos en el hogar y señalaron sobre el cierre temporal del lugar.
Por su lado, la Organización de Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su postura al respecto. El organismo dijo que había solicitado un informe sobre la situación del hogar al mandatario guatemalteco, Jimmy Morales, pero él no le ha respondido hasta fecha, según publicó el diario El País.
Ningún hecho o prueba contundente compromete directamente al Presidente, sin embargo, los diputados Leocadio Juracán y Sandra Morán, pertenecientes a la bancada Convergencia, denunciaron al jefe de Estado. Según ellos, Morales habría cometido los delitos de omisión de denuncias, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tortura y ejecución extrajudicial.
El presidente de Guatemala no puede ser investigado por gozar de inmunidad producto del cargo que ostenta. Si la Fiscalía determina que hay pruebas para incriminarlo, procedería a pedir ante la Corte Suprema de Justicia y al Congreso que el jefe de Estado sea desaforado. Solo así podría ser investigado.
Mientras se dilucidan responsabilidades, en distintos puntos dentro y fuera del país miles de personas se han manifestado para pedir justicia. Durante varios días los guatemaltecos se han vestido de negro y salido con pancartas para repudiar la tragedia. El “no fue un accidente, fue una ejecución”, se escucha más fuerte.
La mayor concentración se originó el pasado 11 de marzo. En la Plaza de la Constitución se reunieron alrededor de cinco mil personas, quienes reclamaron un pronto esclarecimiento del caso. Las redes sociales no paran de expresarse por el hecho. Mientras, los medios siguen revelando claves y más preguntas por el caso.
Hasta ahora el panorama es incierto, pero ya hay una investigación en marcha que logró las primeras capturas. Las respuestas que Guatemala y el mundo quieren oír pronto podrían llegar.
