El 19 de marzo de 2010 Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo salían del Tecnológico de Monterrey, universidad privada del norte de México, cuando fueron acribillados por soldados.
Jorge estudiaba la maestría y Javier el doctorado, ambos en Ciencias. Habían estudiado hasta tarde y regresaban a sus casas, cuando se desató un enfrentamiento entre criminales y soldados a las afueras de la escuela. Pero no murieron en el fuego cruzado. Cayeron al suelo con los primeros disparos y fueron golpeados en el rostro a culatazos por los militares, quienes los remataron con el “tiro de gracia”. El cuerpo de Javier presentaba siete heridas de bala y el de Jorge, seis, dos de ellas realizadas a corta distancia, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los soldados encontraron sus credenciales escolares y se las quitaron para encubrir su error, se llevaron la mochila de uno de ellos y destruyeron la cámara de seguridad de la universidad, que había grabado los hechos. Movieron los cuerpos y les colocaron armas de los criminales con quienes se habían enfrentado. Convirtieron a Jorge y a Javier en sicarios.
Seis años después la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha ofrecido una disculpa a las familias; en agosto de 2010 la dependencia aceptó la recomendación que hizo la CNDH sobre el caso, pero afirmó que los estudiantes perdieron la vida “a causa de las acciones violentas de un grupo de la delincuencia organizada carente de escrúpulos”. Sobre sus soldados, ni una palabra.
En el sexto aniversario de la ejecución de los jóvenes ninguna persona ha sido consignada ante un juez. Seis años no es un plazo razonable para llevar a cabo una investigación, coincidieron el jueves 17 Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, y exalumnos del Tecnológico de Monterrey, durante un acto de protesta frente a la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México.
“Aquí hay claramente una muestra de la impunidad que impera en nuestro país (…) en los casos en donde miembros de las fuerzas armadas se ven involucrados, la justicia que se imparte es una justicia muy lenta”, opinó Quiroz.
La PGR incumplió uno de sus acuerdos con los padres de Jorge y Javier, pues les prometió que la averiguación sería llevada ante un juez antes de que se cumplieran seis años del asesinato de sus hijos. La procuraduría ya había dado a las familias fecha y hora para la presentación del caso ante un juez, pero canceló, añadió Merle, exalumna del Tec de Monterrey e integrante del colectivo Todos Somos Jorge y Javier. Existen evidencias, la investigación tiene 16 tomos, pero falta voluntad política, apuntó.
A pesar del Tec
“Todo lo que hemos logrado, podemos decir que ha sido a pesar del Tec”, dijo Adriana, también exalumna, al referirse a la poca disposición de las autoridades universitarias para mantener el caso en la agenda.
Tampoco ha sido fácil que las nuevas generaciones insistan en la exigencia de justicia: “los alumnos que están ahorita no saben ni qué pasó, o si se acuerdan están confundidos. Hay unos que saben que mataron a unos sicarios en la esquina del Tec”, explicó.
Aunque ha habido avances, matizó Merle, pues en el marco del sexto aniversario de la tragedia se realizaron actividades en el campus, como una reflexión interuniversitaria y la proyección del documental “Identidad incautada”, realizado por estudiantes.
Pero la actitud del Tecnológico de Monterrey ha sido cuidadosa con respecto a la Sedena. En una nota publicada el 19 de marzo de 2014, la universidad asentó que Jorge y Javier murieron por “un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y delincuentes”.
El 13 de agosto de 2010, un día después de que la CNDH emitiera su recomendación en la que concluyó que la escena del crimen fue alterada y al menos uno de los muchachos recibió disparos a corta distancia, el Tecnológico de Monterrey otorgó el “Reconocimiento Ad Honorem” al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, “en mérito a sus importantes y trascendentes servicios prestados a México”, de acuerdo con un boletín del ejército.
No se aprendió la lección
El general Cuauhtémoc Antúnez Pérez fue comandante de la Séptima Zona Militar, que abarca a la ciudad de Monterrey, de 2008 a 2013, y luego del asesinato de Jorge y Javier redactó un parte en el que mencionó que los jóvenes viajaban en una camioneta desde la que soldados fueron agredidos, bajaron del vehículo, trataron de huir y fueron abatidos.
Hoy Antúnez Pérez es secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, primer candidato en competir sin partido y ganar una gubernatura en México. El viernes 19 de enero el presidente Enrique Peña Nieto inauguró en esa entidad el cuartel de la Policía Militar, que apoyará en tareas de seguridad pero carece de fundamento legal, de acuerdo con Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C.
“Yo creo que no se aprendió la lección de que la violencia no se combate con más violencia, no se combate con mano dura”, afirmó Perseo Quiroz al respecto.
Documental “Identidad incautada” (Youtube/Nueva Prensa).
