El respeto a nuestros Derechos, será Justicia
Lema de la Policía Comunitaria
Distintas Latitudes este mes abrió el debate para reflexionar acerca de la justicia en la región latinoamericana partiendo de una pregunta inicial: ¿Por qué en nuestra región esperar justicia es semejante a esperar una utopía?
Podríamos empezar a hacer una lista interminable de las razones y argumentos para contestar esta pregunta; sin embargo, esta vez contestaremos que hay una pequeña esquinita de México, una de las más olvidadas y pobres, en donde esperar no sólo justicia sino también seguridad dejó hace mucho de ser utopía y se volvió una realidad.
Actualmente el territorio de la Montaña-Costa Chica de Guerrero es uno de los espacios más seguros del país y el único lugar de México en el que se ha logrado disminuir los índices de delincuencia hasta en 90[1] por ciento, beneficiando a más de cien mil habitantes de la región. No se necesitaron cantidades descomunales de recursos a costa del erario, ni confusos programas de seguridad que violentan los derechos humanos; se necesitó únicamente la voluntad y la decisión de los pueblos para dotarse de la seguridad que el Estado omitía y vulneraba, dando pie a la creación de uno de los ejemplos más importantes en nuestro país de autonomía indígena: la Policía Comunitaria.
Esta organización, que celebró en octubre pasado su XVI aniversario, surge en un contexto socio-económico en el que la marginación, la pobreza, la migración, el abandono estatal en materia de educación, salud y acceso a la justicia, así como los conflictos agrarios, la represión, la militarización y el asedio de la delincuencia organizada son experiencias cotidianas en la vida de los pueblos indígenas. La zona de influencia de la Policía Comunitaria se encuentra en las regiones de la Costa Chica y de la Montaña de Guerrero, y abarca municipios altamente marginados, como Cochoapa el Grande, considerado el municipio más pobre de México y de América Latina. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Cochoapa no supera los niveles de desarrollo humano correspondientes al África Subsahariana.[2]
Esta situación de extrema pobreza y abandono, que históricamente padece la región, no fue impedimento para que los pueblos Na savi, Me´phaa, Nahuas y mestizos de la Costa-Montaña, cansados de la ineficacia y corrupción de las instituciones, se organizaran para crear un sistema de seguridad y justicia conforme a las instituciones, valores y organización comunitaria, utilizando su derecho legítimo a la autodeterminación.
El punto de quiebre fue la despiadada ola de violencia, asaltos, violaciones, robo de ganados y asesinatos que se efectuaban casi a diario en los caminos, carreteras y comunidades de la región entre 1992 y 1995. Sumado a esta situación, la policía estatal discriminaba a los pueblos indígenas, era negligente, ineficaz, corrupta y tenía complicidad con los delincuentes, a quienes rápidamente dejaba en libertad.
Es por eso que en 1995 diversos pueblos indígenas y mestizos de la región, la Iglesia local de ala progresista y organizaciones sociales, autoridades indígenas tradicionales, profesores, entre otros, invocaron asambleas para discutir la deplorable situación. En la asamblea regional realizada en Santa Cruz del Rincón, se decidió crear en primera instancia a la Policía Comunitaria, que estaría integrada por voluntarios sin sueldo de las comunidades, con la tarea de vigilar, recorrer y resguardar los caminos y las fiestas tradicionales, detener a los delincuentes y ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes. Cada comunidad nombró su grupo de elementos, entre 8 y 12, quienes lograron, en un primer momento, que la delincuencia disminuyera de manera significativa aunque no fuese erradicada. Por el contrario, se hizo más evidente la ineficacia y la corrupción de las autoridades estatales, ya que cuando la Comunitaria atrapaba a los delincuentes y los entregaba al Ministerio Público, estos salían por la puerta trasera casi inmediatamente. Por ello, a través de otra Asamblea Regional convocada en 1998, los pueblos participantes decidieron crear su propia autoridad para la procuración e impartición de justicia: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que deliberaría a partir de los “usos y costumbres” de los pueblos indígenas.
A partir de este paso, la organización del sistema de justicia y seguridad adquiere nuevas dimensiones y una estructura más compleja. Sin embargo, de manera sencilla, podemos comprender la estructura de la organización en tres grandes partes:
Las Asambleas Regionales, que son el espacio por excelencia de organización e impartición de justicia. De su discusión emanan las normas a aplicar en la impartición de justicia o los procedimientos para la reeducación; además, los casos más difíciles son sometidos a las Asambleas y todo el pueblo determina las sanciones.
En segundo lugar tenemos a la CRAC, que tiene como función impartir justicia, sancionar delitos mayores, como violación, homicidio y tráfico de drogas. Todos los miembros de la coordinadora son elegidos por la Asamblea y pueden ser revocados por ella misma. A su vez, las decisiones de la CRAC cuentan con el respaldo de la Asamblea y del consejo de ancianos, es decir las personas de más sabiduría y respeto de las comunidades. Los principios bajo los cuales se rige la justicia impartida por la CRAC son la búsqueda de conciliación, investigar antes que procesar, conciliar antes que dictar sentencia, reeducar antes que castigar, no hacer distinción de edad, sexo, color, religión y grupo social, e impartir una justicia pronta y expedita.
Además, en la práctica, la CRAC brinda una justicia gratuita y de carácter intercultural. Como podemos apreciar, este proceso de construcción de justicia y derecho propios es totalmente distinto al que el Estado impone a las comunidades indígenas; es un derecho nuevo y viejo a la vez, ya que retoma lo que los pueblos han hecho históricamente, pero ajustado a las condiciones actuales.
Por último, tenemos el aparato de seguridad, que articula a los policías comunitarios a través del Comité Ejecutivo, integrado por Comandantes Regionales, elegidos en asamblea cada tres años. Los policías comunitarios son electos por su comunidad para realizar estas tareas durante un año de manera gratuita. Es de destacarse que su labor es un honor y un compromiso como miembro de su comunidad, por lo que existe un gran espíritu de lucha y de respeto y servicio a sus comunidades por parte de los policías. Actualmente son casi 700 policías comunitarios armados con escopetas de bajo calibre registradas en el 48 Batallón de Infantería, decisión que fue tomada desde un inicio por la Asamblea.
Finalmente, el territorio de la Comunitaria se divide en tres micro-regiones, y en cada una hay una Casa de Justicia y Seguridad, ubicadas en las comunidades de Espino Blanco, Zitlaltepec y San Luís Acatlán, siendo esta última la sede histórica de la organización.
Como vemos, una de las características principales de la Policía Comunitaria es que desde un inicio se construyó a partir de discusiones colectivas en asambleas, demostrando la importancia del consenso y el espíritu comunitario. De igual, forma la justicia que imparte la CRAC busca ser una justicia pública, gratuita y colectiva, donde son varios los ojos que evalúan a quienes cometen errores. Además, a partir de 1998, se asienta una de las características más sobresalientes de la impartición de justicia indígena en la región: la reeducación a través del trabajo social, elaborado por los delincuentes capturados en función del grado de delito cometido, buscando en todo momento la reparación del daño y la reconstitución del tejido social.
Para la Policía Comunitaria, quien comete un delito no es un delincuente, sino alguien que cometió un error o falta, y por tanto es responsabilidad de toda la comunidad ayudarlo a recuperar su honra y su dignidad. Es un principio que da oportunidad de reparar los vínculos que rompieron quienes delinquieron y que no puede ser encontrado en el sistema penitenciario nacional.
El proceso de impartición de justicia es el siguiente: se investiga antes de decidir la culpabilidad del sujeto, se toman en cuenta las voces de los involucrados, de familiares, testigos y autoridades locales. Durante esta fase se privilegia la búsqueda de los acuerdos y la conciliación en los delitos menores. Posteriormente, una vez que las autoridades competentes han encontrado a los acusados culpables, la sanción contempla que éstos deban pagar sus “errores” mediante la realización de trabajo comunitario. Las sanciones se establecen en función de la falta cometida. A grandes rasgos, estas sanciones consisten en trabajar por 15 días en cada uno de los pueblos que son parte de la Comunitaria, hasta acabar con el tiempo a cumplir. Durante este tiempo, cada comunidad alimenta a los que han cometido faltas y ordena las tareas a realizar.
Este proceso de “reeducación” surge de una reflexión de los pueblos sobre sus procedimientos, métodos y prácticas para la resolución de conflictos, que desde antaño se practicaban en las comunidades. Contempla, además, consejos de los ancianos y pláticas para hacer reflexionar a los infractores sobre su conducta y para garantizar su plena reinserción a la comunidad. De acuerdo con su comportamiento, se les puede reducir o ampliar el tiempo establecido de sanción. En caso de reincidencia, se duplica el tiempo de la sentencia. Podemos considerar este proceso de reeducación como algo dialéctico, ya que, por un lado, los habitantes de las comunidades aprenden a aceptar a los que fallaron, y por otro, la presencia pública de los presos funciona como ejemplo ante los demás para no cometer los mismos errores.
La tensa relación con el Estado
A pesar de los éxitos en bajar los niveles de delincuencia y en la revolucionaria forma de justicia que impulsa la Comunitaria, no todo ha sido miel sobre hojuelas en este proceso. Probablemente el principal obstáculo de los Comunitarios ha sido su tensa relación con el Estado, que a lo largo de estos 16 años ha ostentado un doble discurso y oscilado desde el apoyo inicial y reconocimiento de facto a esta iniciativa, hasta una política represiva de descalificación, hostigamiento y criminalización al mismo tiempo que diversos actores estatales interactúan con la Policía comunitaria.
Si bien la Comunitaria resuelve al Estado una tarea central, la de la seguridad, sin que éste gaste recursos económicos ni humanos, el primer gran problema con el Estado es el del reconocimiento legal: a pesar de que el sustento jurídico de la Comunitaria se encuentra en el artículo 39 de la Constitución Nacional, y a nivel internacional en los Convenios 169 de la OIT y en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que reconocen las formas de justicia y derecho existentes de los pueblos indígenas, el Estado Mexicano considera la existencia de la Policía Comunitaria como ilegal.
Los Policías Comunitarios han decidido no subordinarse a la institución estatal, ni rechazarla o confrontarla, simplemente buscan nuevas formas de relación basadas en el respeto y la coordinación. En sus propias palabras “no queremos el reconocimiento sino el respeto”. En ese sentido, los comunitarios han logrado trascender los espacios legales y oponerse a la afrenta estatal gracias a su fuerza y a la legitimidad que reside en las bases comunitarias.
En un primer momento, las relaciones fueron de cooperación, y había un reconocimiento tácito hacia la Comunitaria. Municipios como el de San Luis Acatlán donaron un espacio a la organización, que serviría para edificar la Casa de Justicia, dos camionetas y un sistema de radiocomunicación para facilitar el trabajo de la Comunitaria. Las armas que utilizan los policías fueron registradas en 1996 en el 48 Batallón de Infantería, e incluso en un primer momento, participaron conjuntamente en el patrullaje de los caminos el ejército, los policías municipales y los estatales, quienes brindaron capacitación a la Comunitaria en diversos temas, como el manejo de armas, legislación y seguridad.
Sin embargo, a partir de la creación de la CRAC empezaron las políticas de hostigamiento del Estado, que emitió órdenes de aprehensión (alrededor de 30) contra miembros de la organización por “privación ilegal de la libertad” en el desarrollo de sus funciones. En 2002 se llegó al punto de tensión más alto, ya que se encarcelaron a los Coordinadores Regionales bajo la misma acusación. Al día siguiente del encarcelamiento, cerca de 3000 personas se manifestaron afuera del Ministerio Público, y los policías comunitarios acordonaron las instalaciones, demostrando el respaldo y la fuerza de las comunidades que forman parte de la CRAC, por lo que finalmente los Coordinadores fueron liberados.
Después de este punto, la relación se ha vuelto más tolerante, aunque el Estado ejerce diversas presiones, desde ultimatos, represión y hostigamiento selectivo hacia los dirigentes, incluso intentos de desmovilización de los comunitarios, hasta amenazas de desaparecer a la Comunitaria si no se incorpora al sistema oficial. Por su parte, la Policía Comunitaria ha sido bastante cuidadosa en su relación con el gobierno, se ha movilizado en defensa de sus procesos organizativos y ha planteado una y otra vez diversas alternativas de coordinación y espacios de diálogo y negociación con las autoridades, pero siempre conservando intacto el principio de que la decisión final la tomen las comunidades.
Frente a esta situación altamente contradictoria por parte del Estado, que mientras niega la existencia de la Comunitaria, se ve obligado a interactuar con ella y en la práctica termina reconociéndola, la Policía Comunitaria se ha planteado como estrategia generar relaciones hacia el exterior con distintas organizaciones y movimientos sociales nacionales e internacionales. Ejemplo de lo anterior ha sido su acercamiento a las problemáticas nacionales, su participación con una pequeña delegación en la marcha del 8 de mayo convocada por Javier Sicilia y su participación en la Caravana del Sur, así como su relación con la Otra Campaña.
Al interior de la organización hay también varios retos, entre los que destacan la participación de la mujer, la autosuficiencia económica, la problemática del narcotráfico –que a pesar de lograr detener su influencia, está presente en la región– y el intento de varias empresas nacionales y trasnacionales de operar sus minerías a cielo abierto (altamente contaminantes) en el territorio comunitario sin autorización de los pueblos.
La Policía Comunitaria reconoce el trato discriminatorio que sufren las mujeres en la región, por lo que se han creado espacios para su participación en las instancias de decisión y discusión. Además de la elaboración de diversos talleres de género, se creó en 2006 la Comisión de Participación de la Mujer, integrada por mujeres nombradas en la Asamblea Regional, con el fin de brindar particular atención a su defensa y derechos en el sistema de justicia. Sumado a esto, el año pasado se aprobó la Carta de los Derechos de las Mujeres en la Montaña de Guerrero.[3] Además, hay un proyecto de comunicación a través de radios comunitarias[4], que han generado campañas de concientización para fortalecer el papel de las mujeres y para alertar sobre los riesgos de la entrada de las empresas mineras al territorio comunitario.
“Sólo el Pueblo apoya y defiende al Pueblo”
Como comentamos al inicio de este texto, esperar justicia en la región de la Montaña y Costa Chica de Guerrero dejó de ser una utopía y se volvió una realidad gracias al trabajo constante de los pueblos que se han organizado en torno a la Policía Comunitaria. Los resultados de este esfuerzo colectivo están ahí, son palpables cuando uno camina por las veredas de la región sintiéndose plenamente seguro.
El proceso no ha sido fácil, siete policías comunitarios y comisarios han muerto en el desempeño de sus funciones, y los embates del Estado acompañado de los poderes fácticos permanecen en constante acecho a este proyecto.
Sin embargo, frente a un contexto nacional en el que la inseguridad, la violencia y la descomposición de los mecanismos de justicia son la regla, la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero es un referente de suma importancia, que ha logrado acercarse a la total eliminación de la violencia e inseguridad en su territorio y constituirse en una organización altamente legítima.
Lejos de pretender copiar la organización de la Comunitaria o intentar imponer este sistema en otros lugares del país, lo que representa la Policía Comunitaria es un ejemplo de lucha, que nos demuestra que con el esfuerzo decidido de los pueblos es posible organizarse de forma diferente y lograr llevar a la práctica alternativas que eliminen la inseguridad, que retomen las identidades de los pueblos y reconstruyan el tejido social, tan desquebrajado en el resto de nuestro herido país.
NOTAS:
Bibliografía e Información Complementaria
Giovana Gasparello, Jaime Quintana(coord.); Otras Geografías. Experiencias de autonomías indígenas en México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Itztapalapa México, 2009, 285pp.
Valentín Hernández Chapa; María Teresa Sierra; Propuestas y retos de la justicia comunitaria: la experiencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero, México. Ensayo a dos manos, Ponencia presentada en el V Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, en Oaxtepec, Morelos, México, del 16 al 20 de octubre del 2006.
María Teresa Sierra “La fuerza de la justicia indígena frente al Estado: La experiencia de la
policía comunitaria de Guerrero, México” NACLA, sept/oct 43, 2010, n.4,pp. 34-38.
María Teresa Sierra; “La experiencia de la policía comunitaria de Guerrero La Seguridad Pública en México: balance y perspectivas”, Seminario Experiencias de Seguridad y Derechos Humanos, CIESAS, 2009.
Página oficial de la Policía Comunitaria http://www.policiacomunitaria.org/
Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña http://www.tlachinollan.org/
Gran texto, revelador y lleno de información que pocas veces se encuentra en otro tipo de medios de comunicación. A mí me ha tocado acercarme a la CRAC y a la Policía Comunitaria de manera tímida y todavía incompleta.
Me tocó estar ahí el primer sábado de noviembre y asistir a una reunión de la Asamblea en Santa Cruz del Rincón, Malinaltepec, GRO. Hubo juicio y una prueba muy clara de cómo se imparte la justicia comunitaria. Cinco personas que habían traficado 600 kilos de mariguana algunas semanas antes, fueron “sentenciadas” a trabajo comunitario y reeducativo.
Y es posible apreciar, e incluso sentirse conmovido, cómo los pueblos organizan su justicia. Es un espacio que nos es tan ajeno y que a la vez queremos respirar como nuestro, porque nos inunda la cabeza de ideas de cómo podría funcionar en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Aún así, nuestras utopías a veces también se topan con pared:
-La CRAC tiene un problema de organización interna dede hace poco más de un año. Los coordinadores en turno han adoptado ciertas medidas que en ocasiones provocan algún descontento. El acercamiento con el gobierno del estado ha sido un poco más que cordial y respetuoso: ha sido evidente y un tanto convenenciero. A la asamblea en cuestión acudió el procurador general del estado (llegó en helicóptero) y regaló cuatrimotos y armas a la Policía. Después de asistir al juicio en contra de los cinco traficantes de droga, el procurador insistió en que se le “entregara a la justica del estado” a los “culpables y al producto -la mariguana-” para evitar que la CRAC quedase en “situación de riesgo” (esto último fue textual). Los coordinadores titubearon. Estuvieron a punto de decir que sí pero la Asamblea los frenó. Al final, nadie dio nada a la procuraduría de Guerrero, la droga fue quemada ahí mismo y los reeducandos fueron llevados a donde dormirían.
Y uno se pregunta, ¿por qué habrían de invitar a un alto funcionario del estado cuyo discurso era previsible? ¿Por qué dar discursos que aplauden tanto al nuevo gobierno de Ángel Aguirre cuando el anterior, Torreblanca, que también vestía sus colores, fue un irreverente represor de la CRAC? Una respuesta tentativa: la violencia sufrida. Tres días antes de la Asamblea, el padre Mario de Malinaltepec, muy cercano a la CRAC, fue víctima de un intento de asesinato. Definitivamente no hay paz entre la CRAC y sus enemigos (el estado, los paras, los narcos…).
-Guerrero es quizá el mayor estado productor de droga en México. La zona montaña-costa chica está llena de plantíos de amapola y mariguana. Muchos campesinos miembros de la CRAC la cultivan, pero la CRAC ha prohibido comerciarla. ¿Cómo resolver esas aparentes contradicciones?
-Y hay también asuntos culturales que a veces nos escapan. Algunos días antes de la Asamblea, policías comunitarios regañaron a una pareja de amantes que se besaba en público. A él lo llevaron a pasar la noche recluído.
Y pese a todo, como tú dices, la CRAC-PC es, sin duda, un ejemplo de lo más importante de cómo los pueblos tradicionalmente marginados de México pueden organizar, según sus propias convicciones y necesidades, la manera en que se impartirá la justicia, rechazando así imposiciones del exterior. Eso es lo más valioso de todo.
Hola Diego!
Gracias por tus
comentarios y la oportunidad de entablar un diálogo sobre la situación actual, especialmente tras los
acontecimientos de finales de octubre y las presiones y hostigamiento que ha sufrido la poli en los
últimos días, como la detención de Agustín Barrera Cosme y las incursiones
militares en territorio comunitario, definitivamente se deberán replantear
muchas situaciones y acciones, fundamentalmente con respecto al Estado, como
acertadamente mencionas (sobre todo ante la violencia sufrida), aunque hay que
resaltar que frente a la posibilidad de ceder por parte de los coordinadores,
fue la comunidad-en Asamblea-, quién en última instancia decide y en la que
reside el poder o contrapoder de la poli.
Me parece también que el problema
del narcotráfico es uno de los más complejos, no sólo por la cuestión de la
producción y la distribución/comercialización por parte de los campesinos, sino
especialmente por el obstáculo a la
organización que representa las relaciones de poder de los grupos de
narcotraficantes y sus formas de operación, la para nada aparente contradicción
no se puede entender la presencia del narcotráfico en la región sin la pobreza
extrema y el vacio estatal históricamente imperantes.
Por último, no es que yo crea o
simpatice totalmente con las posiciones del relativismo cultural, pero también
hay que entender y tratar de respetar las disposiciones normativas que estos
pueblos decidieron aplicar es decir no es lo mismo que en el seno de la Asamblea decidan que se
penalizará a “los que se besen en público” desde abajo; a que algunos individuos con
cierta moral cercanos al poder prohíban los besos en Guanajuato, es decir desde
arriba. Como sea, más allá de nuestras perspectivas subjetivas o morales al respecto,
lo importante es respetar las decisiones que emanan de los pueblos.
En fin, hay muchos temas que comentar y
profundizar… saludos Diego
Hola Sara!
Déjame felicitarte. Qué buen texto. Gracias por compartirlo.
En realidad no tenía idea sobre la existencia de la Poli Comunitaria y es que, en la mayoría de los medios, casi todo lo que tiene que ver con nuestro México profundo se manipula o termina por omitirse. Por otra parte, qué buena onda se me hace el que estas personas a las que siempre discriminamos o tachamos de dejados y conformistas hagan algo real por su seguridad y nos demuestren que, en cierta forma o en muchas, estamos equivocados. Todos tenemos lo necesario para cambiar la situación que cada vez está más crítica.En verdad su esfuerzo merece gran reconocimiento.
En cuanto a la redacción, tienes un muy buen estilo. Muy natural. La expresión de tus ideas y la hilación de éstas me parecieron geniales. No está de más decir que cuando necesites ayuda en este aspecto, cuentas conmigo vale. Soy muy buena. Buenísima. 😀
Saludos.
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