Por Jordy A. Meléndez Yúdico
1. En muchos aspectos, ya sean políticos, económicos o sociales, México vive sumido en un punto muerto. Sin mayor crítica que algunas declaraciones intermitentes de políticos, académicos y ciudadanos comunes y corrientes, nos hemos ido acostumbrando a la inmovilidad. Que el Congreso de la Unión formule reformas y produzca leyes que no se cumplen no es motivo de alarma; que veamos que nuestra economía lleva casi diez años estancada no suscita más que un comentario superfluo, casi siempre en contra del gobierno y ya está; que el narcotráfico se haga más fuerte y sanguinario ya no causa conmoción; que los pobres sigan siendo pobres y los ricos cada vez más ricos se acepta casi como una situación endémica y normal.
Lamentablemente también nos hemos acostumbrado a vernos como entes incapaces de exigir cambios reales en nuestro sistema político, en la conducción de nuestra economía, en la procuración de justicia, en la seguridad pública, etcétera. ¿Qué puede hacer un simple ciudadano frente a la red de corrupción y complicidades que hay entre gobiernos, partidos, políticos y empresarios? Francamente no lo sé –y vaya que me voy hartando de esta incertidumbre–, pero lo que sí me queda claro es que el instrumento democrático por excelencia, el voto ciudadano, está en franca decadencia en nuestro país.
2. Vaya ironía. Después de un largo periodo de “transición democrática”, que supuestamente culminó con la elección del 2 de julio de 2000 cuando Vicente Fox, un candidato opositor, ganó la presidencia de la república después de 71 años en los que el Partido Revolucionario Institucional (y sus versiones anteriores) la había retenido a toda costa, la mayoría de las esperanzas que se gestaron en torno a la alternancia política se han venido abajo.
Los poderes fácticos son lo de hoy: las televisoras, con su influencia mediática y económica, pueden decidir elecciones; el poder político y de movilización de los sindicatos del Petróleo, la Electricidad y la Educación pueden impedir una reforma laboral moderna; la dominación autoritaria de ciertos gobernadores en sus feudos estatales evidencia la falta de democracia interna, por decir lo menos; el narcotráfico pelea al Estado el control de las calles, plazas, carreteras y aduanas de nuestro país; el chantaje legislativo puede someter al Ejecutivo; y el toma y daca entre poderes no ha producido leyes que realmente beneficien a la población.
Y a pesar de que el entramado legal que sustenta varios de estos despropósitos ha intentado modificarse una y otra vez, lo cierto es que pareciera que nos vamos alejando de la posibilidad de contar con medios de comunicación más honestos, sindicatos más dispuestos, un Estado más fuerte y respetuoso de los derechos humanos, una sana y constructiva división de poderes, una economía más competitiva, una sociedad menos desigual, un país más seguro, etcétera.
Son varias las reformas, leyes y decretos que se han publicado en los últimos años con la intención de salir de esta inercia (menciono al vuelo la Ley para la Reforma del Estado de 2007, la Reforma Fiscal del 2008, la Reforma Energética de 2008, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009) pero ninguna de éstas ha mostrado verdaderamente su eficacia, sino al contrario, han evidenciado la falta de visión a largo plazo de nuestros gobernantes, partidos y legisladores. Sin embargo, hubo una reforma que realmente produjo cierta esperanza cuando se planteó (y que despertó un interesante debate público entre todos los actores políticos), pero que igual terminó como una ley más: confusa, mediocre y sin beneficios palpables. Me refiero a la Reforma Electoral de 2007.
No hay que extenderse mucho: un sistema electoral que asegure una contienda equitativa, y que sea efectivo en su operación y funcionamiento, es fundamental para cualquier país que se precie de democrático. Por eso, además de otras consideraciones más puntuales, en 2007 todos los partidos políticos votaron a favor de una reforma electoral que supuestamente subsanaría los errores y omisiones de la pasada elección presidencial de 2006, que tantos dolores de cabeza trajo a políticos y ciudadanos por igual. La citada reforma contenía varias modificaciones a la ley electoral, pero me interesa centrarme en tres puntos principalmente: 1) La renovación del Consejo General del Instituto Federal Electoral; 2) La prohibición de las “Campañas Negativas” en contra de partidos y candidatos; 3) la nueva utilización de los tiempos del Estado por parte de los partidos políticos para anunciarse en radio y televisión.
La Reforma como venganza, ventaja y comodidad.
3. Hay que decir las cosas como son: la Reforma Electoral de 2007 nació con un claro ánimo de venganza por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra el IFE y su consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, pues eran acusados de haber convalidado la elección de 2006, cuyo resultado no les favoreció, y que supuestamente debió de haber sido anulada por presuntas inconsistencias (que nunca fueron probadas plenamente). Después de varios meses de una tensión política casi inmanejable (marchas, plantones, bloqueos, etcétera), el gobierno federal y el oficialista Partido Acción Nacional (PAN) aceptaron negociar la salida de los consejeros del IFE, petición inamovible del PRD, con tal de mantener a este partido en las demás negociaciones legislativas. Sólo así comenzó a entretejerse la Reforma Electoral. El PAN, partido que meses atrás se había cansado de repetir que era necesario “fortalecer las instituciones de nuestro país”, cedió a la presión política y permitió que de manera legaloide se removiera a seis consejeros electorales antes de tiempo (pasando incluso por encima del texto constitucional que preveía que los consejeros debían durar 7 años en sus cargos, o sea hasta 2010), y que sus puestos fueran ocupados por personajes más o menos identificados con los tres grandes partidos políticos.
El chantaje había resultado: en aras de mantener la gobernabilidad, la autonomía del IFE había sido violada y su consejero presidente había sido humillado y expulsado. Esta situación, en vez de devolverle al IFE la credibilidad que había ido perdiendo desde 2003, la pulverizó aún más. En 2003, cuando se formó el Consejo General del IFE encabezado por Luis Carlos Ugalde, se rumoraba que los consejeros habían sido escogidos por afinidades partidistas y no por méritos académicos o políticos, pero al menos se siguió un procedimiento claro y que se cumplió al pie de la letra. En 2007 ya no fue rumor, se hizo evidente que los tres principales partidos políticos establecieron cuotas para la repartición de los consejeros electorales, con los agravantes de que el proceso de selección fue mal diseñado y que se infringieron los tiempos que el mismo Congreso se había autoimpuesto.
A mi parecer, después de estas modificaciones hechas más por venganza que por un ánimo genuino de mejorar al IFE, éste se ha alejado del ideal ciudadano que lo caracterizó varios años y, en vez de fortalecerse, se debilitó enormemente. Los actuales consejeros electorales están pagando las consecuencias de estas medidas: su credibilidad está por los suelos y no atinan a poner el orden necesario para llevar a buen puerto la próxima elección federal, castigan a partidos que luego son absueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, imponen multas a las televisoras que luego quedan sin efecto, hacen llamamientos a los partidos que no son escuchados, etcétera.[2] Por esto y más, me atrevo a predecir que la elección del 5 de julio será un gran fracaso para el IFE, en tanto que la participación ciudadana no rebasará el 50%, además de que habrá un porcentaje elevado de votos nulos. Pero veamos ahora las otras dos modificaciones que pretendían abrir paso a contiendas más leales y equitativas, pero resultaron ser inoperantes.
Prohibir lo inevitable.
4. La idea que estaba detrás de la prohibición de las “Campañas Negativas” era evitar a toda costa que los partidos y candidatos pudieran ser objeto de críticas infundadas, ataques furibundos, calumnias arteras, difamaciones obscenas, etcétera. Para ello también se denegó la posibilidad de que particulares pudieran contratar tiempos en radio y televisión para apoyar o criticar a partido o candidato alguno, con lo que se puso a discusión si tal modificación atentaba contra la libertad de expresión. Si bien es cierto que una contienda electoral debe privilegiar el debate de ideas, propuestas y planes de gobierno, casi todos los países democráticos (pienso en los europeos y americanos, principalmente) aceptan las “Campañas Negativas” como una forma de mostrar los puntos débiles del adversario. Y se tiene por algo normal que sindicatos, empresas u organizaciones apoyen o critiquen abiertamente a los partidos que quieran, incluso con inserciones pagadas en los medios de comunicación masiva.
Sin meterme a discutir más sobre la bondad o estupidez de la prohibición, simplemente apunto que ésta no ha sido respetada… ni lo será. Para no ir muy lejos, hace unas semanas el PAN desplegó una agresiva campaña en contra del PRI donde lo identificaba con sustantivos como “narcotráfico”, “crisis”, “corrupción”, etcétera, hasta que sucedió lo obvio: el IFE amonestó tímidamente al PAN por utilizar “propaganda denigrante”, y los ataques coléricos de este último se volvieron contra la autoridad electoral aduciendo que lo estaban “censurando”.[3] Sin embargo, el problema amenaza con salirse de control gracias al Internet y a la telefonía celular. Me explico: una nueva ola de ataques entre partidos y políticos ha comenzado a desplegarse por medio de youtube. En un arranque de ingenuidad el IFE solicitó al sitio web que dejara de transmitir un video que critica a un gobernador priísta y al final tuvo que aceptar sus limitaciones.[4] El video, obviamente, se sigue transmitiendo.[5] Las mismas restricciones tendrá el IFE para impedir que los partidos y candidatos manden o promuevan el intercambio de mensajes “denigrantes” contra sus adversarios. Ya se verá.
La República del Spot.
5. Sin embargo, de todas las modificaciones la que más interés público causó (y que provocó aplausos genuinos en su momento) fue la prohibición para que los partidos y candidatos siguieran contratando publicidad en las empresas de radio y televisión, y que en cambio utilizaran exclusivamente los tiempos gratuitos a los que el Estado tiene derecho.[6] La intención detrás de esta modificación era que los partidos se “independizaran del yugo de las televisoras” y pudieran mostrarse ante los ciudadanos como interesados por “abaratar las campañas políticas”.
A decir verdad, con esta reforma los partidos –por medio de los legisladores– se otorgaron un copioso regalo económico, pero no redujeron el costo de las campañas y tampoco obtuvieron la tan ansiada “liberación” de los medios de comunicación masiva. Antes de la reforma, casi 70% del financiamiento de los partidos iba a parar en manos de los medios electrónicos de comunicación por la compra de miles de spots publicitarios. Ahora, los partidos se auto-asignaron la difusión de casi 23 millones de spots (de 20 segundos de duración cada uno) por los que no tendrán que pagar ni un solo peso. Además de la sobresaturación de micro spots que ya hemos comenzado a padecer los mexicanos, esta situación contrasta con algo que es práctica común en Estados Unidos: que los candidatos presidenciales paguen “infomerciales” para explicar más detalladamente sus propuestas e ideas. Tan solo en la pasada elección presidencial, Barack Obama contrató varias veces espacios con las principales televisoras para transmitir sus mensajes y discursos.[7]
Como sea, no estoy del todo en contra de la idea que está detrás de este cambio, al contrario, me parece adecuado que se aprovechen los tiempos del Estado, pero sí creo que la modificación debió ir aparejada de un reajuste en los presupuestos multimillonarios que tienen los partidos cada año electoral. Sin la necesidad de gastar enormes sumas en radio y televisión, ahora los partidos se limitan a llenar de basura plástica las calles de nuestro país, o a regalar playeras,[8] o simplemente a subirse el sueldo. Otra consecuencia no pensada de esta modificación es que los noticieros de radio y televisión se han vuelto los nuevos objetivos de los partidos políticos. “Pagar por ser noticia”, parece ser la consigna de varios políticos, por lo que las televisoras conservan su increíble poder de presión y discrecionalidad.
La Reforma Electoral de 2007 todavía no pasa su primera prueba y ya se habla de que es necesario cambiarla y reformularla. A pesar de que salió aprobada por todos los partidos políticos, ahora nadie la defiende, y por el contrario, logró unir en su contra a entes tan disímbolos como el Consejo Coordinador Empresarial y Andrés Manuel López Obrador, ex-candidato del partido de izquierda en México. Parafraseando a Neruda, la reflexión que queda es triste pero cierta, por ser tan cierta es triste: a pesar de los intentos pareciera que no logramos salir del punto muerto. Las cosas cambian pero siguen igual.
[2] El mismo IFE reconoce que su credibilidad no es la misma que antes de 2006. http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/056675/reconoce-ife-hemos-perdido-credibilidad [3] http://www.el-universal.com.mx/nacion/166862.html [4] http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/05/17/ife-reconoce-limites-ante-youtube [5] http://www.youtube.com/watch?v=dfiPzbyNhhs [6] Esto porque antes de la reforma las televisoras y radiodifusoras establecían a discreción las tarifas que cobrarían a los partidos para anunciarse. En 2006 se criticó que Televisa favoreció con tarifas preferenciales al PRI y al PAN, lo que resultaba inequitativo para los demás partidos. [7] El 30 de octubre de 2008 el candidato demócrata gastó cerca de 5 millones de dólares por un “infomercial” de media hora justo antes de la Serie Mundial de Béisbol. El anuncio fue divulgado en tres de las cuatro cadenas de televisión, CBS, NBC y Fox, así como en el canal de noticias MSNBC, además de la cadena de habla hispana Univisión, donde se subtituló todo el mensaje en español. [8] El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destinó 13% de las prerrogativas que el IFE le asignó en 2007 (30 millones de pesos) para comprar 2 millones de camisetas a una empresa fantasma. http://www.el-universal.com.mx/notas/574632.html
