Honduras es un país en permanente crisis, con los índices de pobreza y desigualdad más altos de la región, el segundo país más violento del mundo, y el día a día de protestas contra el actual gobierno, ya parece parte de la vida normal del país. Sin embargo hay explosiones, puntos de crisis que se elevan cuando menos se espera. Pasó en 2009 con un golpe de Estado, pasó en marzo de 2016 con el asesinato de Berta Cáceres y pasó esta semana. Aquí las tres “explosiones” que están cimbrando a Honduras en estos momentos.
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Asesinan a otra defensora del medio ambiente, miembro de Copinh (organización que lideraba Berta Cáceres)
Lesbia Yaneth, en el marco de una protesta en Honduras
Lesbia Yaneth Urquía, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), madre de dos hijas y un hijo, fue asesinada a machetazos en el municipio de Marcala, La Paz. En este departamento existe una fuerte resistencia contra proyectos hidroeléctricos, especialmente tres represas que el esposo de la vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López, ha instalado sobre sus ríos. La Policía Nacional ha dicho que el primer móvil del asesinato es asalto, ya que la bicicleta en la que ella se transportaba fue robada.
En 2009, durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti se aprobaron 111 concesiones de ríos para represas hidroeléctricas. El gobierno actual pretende que 30% de la energía del país se produzca con base en combustibles fósiles y el 70% renovable. Sin embargo, se ha declarado incapaz de invertir para que la producción sea estatal y ha creado todo un marco jurídico para facilitar a empresarios nacionales y trasnacionales la generación de energía limpia.
Organizaciones como Copinh, que Berta Cáceres fundó y lideró hasta el día de su asesinato, sostienen que las comunidades, especialmente las indígenas y afrodescendientes, no han sido consultadas en ese proceso y se ha generado una conflictividad que ha llevado a cientos de asesinatos, convirtiendo a Honduras ya no solo en un país violento en general, sino en el país más violento para quienes defienden la naturaleza.
El asesinato de la Lesbia Yaneth Urquía se da en el marco de un proceso de consulta llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e Informada a la que tienen derecho las comunidades indígenas .
La vicepresidenta del Congreso, Gladys Aurora dijo en conferencia de prensa que procederá legalmente contra quienes la acusan por este asesinato y el conflicto en la zona.
El partido de izquierda en España, PODEMOS, expresó en un comunicado “condenamos el asesinato de Lesbia Yaneth y nuestra repulsa de este tipo de situaciones que, lamentablemente, se han repetido en Honduras en los últimos años y especialmente desde el Golpe de Estado del 2009″. Fuera de ello, la reacción de la prensa y la comunidad internacional ha sido más bien tibia.
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Crisis en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Protestas estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Ya han pasado 27 días desde que estudiantes de la UNAH se tomaron varios centros universitarios interrumpiendo el periodo académico en protesta por la falta de participación estudiantil en la reforma universitaria.
La crisis de la UNAH no es nueva, y también aquí aparece 2009 como punto de quiebre. En ese año durante el golpe de Estado fue la primera vez que la policía nacional y los militares violentaron la autonomía universitaria al entrar al campus y reprimir protestas estudiantiles de ese entonces. En este último mes, las autoridades universitarias han pedido a la policía nacional entrar al Alma Máter para hacer lo mismo y abrir un dialogo después de la represión.
Los estudiantes, unificados en el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), se oponen a la reforma universitaria, especialmente por la imposición de normas académicas entre las cuales está el aumento progresivo en cobro de matrículas y laboratorios. El Movimiento Estudiantil Universitario asegura que no hubo un proceso de participación que integrara todos los movimientos estudiantiles y asociaciones, que los centros regionales no cuentan con las mínimas condiciones pedagógicas y que esto es parte de un proceso que privatiza la educación superior, a la que solamente el 15% de la población en edad de estudio tiene acceso.
Y en este conflicto entre estudiantes y autoridades peligran dos cosas actualmente: 1. El puesto de rectoría por ahora ostentado por Julieta Castellanos, quien reformó la ley para poder reelegirse y actualmente lleva dos periodos en el cargo. 2. El segundo periodo académico en los centros de la UNAH en todo el país.
Pero quizá el peligro más grande en estos momentos es el futuro que tendrán 75 estudiantes a nivel nacional judicializados acusados de ocupar espacios públicos. Organizaciones de derechos humanos han llamado a esto una muestra cruel de criminalización de la protesta. Las autoridades universitarias, por un lado, dicen que es la única manera de poner orden y, por otro, se dicen dispuestas a participar en una Mesa Mediadora para resolver el conflicto. Mientras tanto las protestas masivas, cada vez más grandes, siguen ocupando las calles de Honduras.
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Queman casetas de peaje en repudio a privatización de carreteras
Sin duda, una de las protestas más perseverantes en los últimos meses es la de la ciudad de El Progreso, Yoro en contra del cobro de peajes en carreteras del corredor turístico en el norte del país. El actual gobierno, que comenzó su mandato en 2014, puso en marcha un plan para modernizar la infraestructura en carreteras y puentes a nivel nacional a costa de concesionar las vías públicas. Estas concesiones, realizadas a través de una alianza Público-Privada, trae consigo un cobro sustantivo en casetas de peaje. Hasta el momento el cobro más alto que se ha vivido en los últimos 30 años.
Esta semana, las protestas dejaron de ser pacíficas y se tornaron agresivas al ser quemadas 4 casetas del peaje con llantas y gasolina. La empresa no ha contabilizado las pérdidas y no hay detenidos por este hecho, sin embargo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han confirmado su compromiso por cuidar este bien privado por encima del rechazo popular.
La protesta no es sólo en contra de este peaje, sino en contra del modelo privatizador de los bienes públicos, ha insistido desde hace meses la Mesa de Indignación Ciudadana que es la organización que ha llevado a cabo protestas pacíficas durante los últimos meses. Las autoridades de infraestructura del gobierno aseguran que este proyecto no puede pararse ya que el Estado hizo el contrato y es la única manera de reparar obras de infraestructura que facilitarían el transporte en todo el país.
