Hace años que la discusión en Uruguay toma de vez en cuando las portadas, la sociedad civil organizada sale a las calles reivindicando los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental, y las autoridades alargan una situación que no da para más. La vigente Ley de Asistencia al Psicópata data de 1936, una legislación que dista bastante del enfoque de derechos humanos.
Ahora, un nuevo proyecto de ley de salud mental puja en el Parlamento por salir (ya fue aprobado por el Senado en octubre de 2016), y la Comisión de Salud Pública de Diputados la aprobará el próximo 6 de junio tal como está. Una vez más la organizaciones sociales son las que pusieron el grito en el cielo, porque el proyecto aún estigmatiza y no contempla los tratados internacionales ratificados por Uruguay en materia de derechos humanos.
Son 54 las organizaciones (las más importantes: Asamblea Instituyente por la Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, Movimiento la Salud Para Todos y Radio Vilardevoz) que se oponen a este proyecto, conforman la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental, y participaron de las audiencias, discusión e intercambio para generar una nueva legislación. Así lo describen en un comunicado de prensa que firmaron el 7 de mayo: “Consideramos que en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y en el proyecto que cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores no fueron contemplados los aspectos fundamentales que hacen a la urgente necesidad de contar con un nuevo marco jurídico que signifique un verdadero cambio de paradigma en el modelo de atención centrado en los derechos humanos de las personas”.
Es más, denuncian que el proyecto de ley incumple con las Convenciones y Tratados de las que Uruguay es signatario, lo que también fue observado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Algunos de los puntos a tratar y modificar en el proyecto de ley, según plantean las 54 organizaciones en el comunicado de prensa, son: la denominación “Transtorno mental”, que estigmatiza a los usuarios y patologiza el sufrimiento psíquico; no incluye el abordaje interdisciplinario en los diferentes momentos del proceso de atención; no contiene la protección de garantías individuales en las internaciones involuntarias y en el pasaje de las internaciones voluntarias a involuntarias; no establece una fecha tope para el cierre de las Instituciones Asilares y Monovalentes en todo el territorio nacional; ni incluye la creación de un Órgano de Revisión y Supervisión independiente y autónomo que garantice la protección y el ejercicio de los Derechos Humanos.
Uno de los puntos más discutidos es el del cierre de las Instituciones Asilares y Monovalentes, como son las colonias de Asistencia Psiquiátrica Bernardo Etchepare (1912) y Santín Carlos Rossi (1936), y el Hospital Psiquiátrico Vilardebó (1880). Lugares donde se ha denunciado en más de una oportunidad que los usuarios viven en condiciones inhumanas y que la Organización Panamericana de la Salud pretende que estén cerrados en todo el continente para el 2020.
Las organizaciones sociales lo siguen viendo y denunciando; los usuarios padeciéndolo. Una legislación deficiente, que, en definitiva, afecta a una sociedad entera, en la que se prometió modificaciones, pero que no satisface a todas las partes.
