Entre las 5 hrs. del 21 de febrero y las 19 hrs. del 23 de febrero del corriente, dos accidentes de tránsito en El Salvador que dejaron como saldo diecinueve personas fallecidas y resultaron heridas ciento cincuenta[i]. Los protagonistas en ambos casos fueron cuatro unidades interdepartamentales de transporte colectivo, tres en el primer accidente y una en el último. Esto no resulta sorprendente si se toma en cuenta que en los 64 días que han transcurrido de este año, se han reportado 295 accidentes de tránsito; 183 de ellos protagonizados por autobuses y 112 por microbuses del sector transporte.[ii] Son números alarmantes, sin duda. La prensa salvadoreña, como ya es costumbre ante este tipo de catástrofes, se volcó al mismo tiempo sobre los hospitales que recibían a las víctimas y a los reportes policiales de los conductores implicados. Lo que encontraron fue espeluznante: conductores con licencia liviana, vencida o sin licencia alguna; alguno inclusive con más de treinta esquelas en su haber ¿Cómo es posible que sean ellos quienes conduzcan al 70% de la población salvadoreña a su destino a diario? Es más ¿Cómo es posible que alguien con un adeudo de $5,000 dólares en multas siga conduciendo sin temor a consecuencias? En El Salvador esto es posible, tolerado y considerado incluso normal, pero solamente por los empresarios del transporte colectivo.
El transporte colectivo en El Salvador es un servicio concesionado por medio de licitación pública[iii], pero esto es algo que la mayoría de la población desconoce. La verdad es que el gremio de transporte colectivo ha operado de manera casi anárquica desde los inicios de la década de 1990, a pesar de funcionar a base de un subsidio gubernamental al diésel desde 1974 y estar regido por un ente especial, la Dirección General de Transporte Terrestre (en adelante, DGTT) [iv]. La DGTT, encargada por ley de asignar rutas de viaje, establecer tarifas, velar por el estado de las unidades en servicioy vigilar la adecuada capacitación de los conductores de transporte colectivo tiene, de manera fáctica, poco o nada qué ver con ninguna de estas actividades. En 2001, se estimaba que la vida productiva de cada unidad de transporte colectivo rondaba los 20 años[v] y los datos no han sido actualizados desde entonces. Cada año desde hace más de una década, las dos gremiales de transportistas más fuertes, la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS, por sus siglas) y la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte (CASIT) realizan paros de labores al menos cada seis meses, demandando elevar en un 150% la actual tarifa del servicio -$0.20 centavos de dólar estadounidense en el sector urbano- o un aumento del 200% en el monto entregado a ellos mensualmente a manera de subsidio por parte del gobierno salvadoreño, el cual asciende a $500 dólares estadounidenses mensuales por cada unidad.
Este gremio que con tanta impunidad opera, con montos adeudados que se estiman en $7.1 millones de dólares a enero de 2011[vi], con dirigentes anacrónicos como Genaro Ramírez, de quien se rumora posee más de cuatrocientas unidades a su nombre (pero que rehúsa hablar al respecto, acusando “problemas de seguridad”) y envía a sus hijos a escuelas biculturales en las que la cuota mensual supera un salario mínimo. Dirigentes como Rodrigo Contreras Teos, quien se ha postulado a tres elecciones municipales por San Salvador consecutivas (2003, 2006 y 2009 como concejal, síndico y alcalde, perdiéndolas todas) pero que niega tener aspiraciones políticas. Un gremio cuya línea operativa, los conductores, son a menudo descubiertos manejando bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sicotrópicas. Un gremio que paraliza al país a su antojo es el que increpa, desafía y a menudo vence al gobierno en gestión, sin importar la persona o institución política que ostente el poder al momento. En gobierno de Francisco Flores (1999-2004), lograron un aumento de $0.03 centavos de dólar a la tarifa urbana. En gobierno de Antonio Saca (2004-2009) lograron que el subsidio recibido fuese una cantidad fija al mes y no un porcentaje, como se manejaba desde 1974. Y en 2010, después de la muerte de 19 personas y heridas en 150 más, después del clamor e indignación popular, lograron que el gobierno de Mauricio Funes incrementase en un monto aún no especificado el subsidio a recibir. Esto ante el escándalo y frustración de todos los que a diario deben abordar esos desvencijados vagones de muerte.
El transporte colectivo es una mafia históricamente acusada de lavado de dinero. Una mafia excluyente y asfixiante con sus propios miembros. Una mafia que quema las unidades del empresario que no se suma al paro convocado; una mafia en la que los peones, los conductores en asociación con las pandillas, son quienes extorsionan a sus propios jefes por miles de dólares. Una mafia en la que el consumo de drogas es tan del conocimiento público que ya en 1999 era tema de la que se convertiría en una de las canciones de culto del rock salvadoreño:
De la propia– “El busero vacilón”
¿Qué se hace para solventar esta situación? ¿Qué hacer como país si los empresarios son una amenaza, los conductores son una amenaza y las unidades de transporte son máquinas de muerte? Las propuestas son muchas: entre ellas, la más más apoyada por diversos estudios de ordenamiento y urbanismo, implican la supresión del subsido y eventual nacionalización del servicio. La opción siempre es declinada, argumentando que no existen las condiciones necesarias. Se decanta, entonces, por el trilladísimo recurso de la negociación (el cual en El Salvador es casi sinónimo de jugar estira y afloja hasta lograr un resultado que no haga brincar a la prensa). La administración Funes afirma haber llegado a acuerdos para mejorar el servicio, financiar la compra de nuevas unidades y crear escuelas de conductores. Todo con gran pompa y boato. Surge la duda ¿Qué diría el presidente Funes si le hacemos saber que todo lo que se afana de haber acordado fue ya escrito en el Reglamento General de Transporte Terrestre, redactado hace nueve años? Seguramente gastaría menos en publicidad. Y, a la mejor, dejaría de financiar asesinos.
[i] Información sin consolidar sobre el primer accidente tomada de: <http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5594880>. Información sobre el segundo accidente tomada de: <http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/174081-tres-fallecidos-y-54-heridos-en-accidente-bus.html>. Ambos sitios fueron consultados el 5 de marzo de 2011.
[ii] Datos proporcionados por la redacción de La Prensa Gráfica, mediante comunicación personal.
[iii] Gobierno de El Salvador y Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano.(2002), Reglamento General del Transporte Terrestre. San Salvador, El Salvador. Documento oficial.
[iv] Ibídem.
[v] Parte de presentación creada por la Red de Tranporte Ambientalmetne Sustentable para Latinoamérica y El Caribe en 2001. Documento en línea, disponible en <http://nestlac.org/Consulta/DiagnosticoSanSalvador.pdf> y consultado el 5 de marzo de 2011.
[vi] Aguirre, Liz (2011, 27 de enero) Conductores deben $7.1 Mill. en esquelas. La Prensa Gráfica. Obtenido el 5 de marzo de 2011. <http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/167463-conductores-deben-71-mill-en-esquelas.html>
