Colombia es un país complejo. No se pueden negar los avances en cuestión de seguridad, pero tampoco se pueden olvidar aquellos escándalos que dejarían pasmado a cualquiera (recordar el caso de los falsos positivos). Sería descarado no ver los avances institucionales de este país, pero siempre hay un temor latente de que la corrupción, el conservadurismo, los poderes económicos echen por tierra lo ganado… como en ocasiones ha sucedido.
Hoy, a mi parecer, Colombia muestra al mundo de manera clara cómo funciona su democracia y sus instituciones: con temores y destellos, con decisiones mezquinas y lances valientes.
Por un lado, la Corte Constitucional, máximo organo judicial de ese país, prefirió no pronunciarse sobre la constitucionalidad de los matrimonios “igualitarios” y mandó el tema al Legislativo, dando como plazo dos años para que los representantes populares tomen una posición al respecto. Dos años. El 29 de noviembre pasado, un grupo de abogados y activistas defensores de la causa gay promovieron una demanda que buscaba cambiar el concepto tradicional de matrimonio, el cual se encuentra definido desde 1887 en el artículo 113 del Código Civil y en la Constitución Nacional como “un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse”. El tema ganó rápidamente adeptos entre clases medias, intelectuales y algunos medios de comunicación que señalaban la necesidad de modificar la ley para garantizar el pleno reconocimiento a este tipo de uniones entre homosexuales. La Corte respondió como a veces suelen hacerlo las instituciones en Colombia: plagada de paradojas. Evitó pronunciarse diciendo que el cambio de leyes correspondía a los legisladores, sin embargo, les recordó que los homosexuales tienen derecho a conformar familia y exigió la elaboración de “régimen especial para uniones homosexuales”, no obstante, solicitó mantener inalterado el concepto de familia vigente en la Constitución. En concreto: los magistrados consideraron que no se puede discriminar a las parejas homosexuales, pero se negaron cambiar la definición de matrimonio que dice que es una “unión de un hombre y una mujer”. Si en dos años el Poder Legislativo no ha hecho los cambios legales, las parejas homosexuales podrán formalizar su unión ante un notario público o en una ceremonia civil. Pareciera que la Corte Constitucional cedió ante la presión de la iglesia católica y grupos de derecha que pedían que se rechazara por “notoriamente inconstitucional” esta demanda. Cual Poncio Pilatos, prefirió lavarse las manos, o en términos más coloquiales “mandar la bolita a otra parte”.
Será interesante, eso sí, ver cómo resuelve este tema el legislativo, toda vez que la coalición de partidos que respalda al presidente Juan Manuel Santos, la llamada “Unidad Nacional” es sumamente heterogénea: lo mismo están el Partido Conservador, totalmente opuesto a los matrimonios homosexuales, que el Partido Liberal, y otros que tenuemente han impulsado esta agenda. En fin. Los vientos de una nueva oleada progresista sobre este tema tendrán que esperar.
Pero hoy mismo también sucedió otro evento que sorprendió a los colombianos. La orden de encarcelamiento de Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura del anterior presidente, Álvaro Uribe, a quien se le imputan varios delitos graves de corrupción, prevaricación y desvió de recursos millonarios de un programa que terminó siendo un fracaso rotundo: Agro Ingreso Seguro (AIS).
La fiscal general, Viviane Morales, le imputó a Arias los delitos de celebración indebida de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros por la entrega irregular de multimillonarios subsidios del programa de AIS sin que estos cumplieran con las normas establecidas. Sin embargo, aquí una precisión: el encarcelamiento es una “medida provisional”, toda vez que el juicio en su contra todavía continúa. Orlando Fierro, Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, consideró que Arias podía obstaculizar el desarrollo de las investigaciones que se le siguen a él y a otros colaboradores y por ello se tomó esta medida.
Habrá que recordar que el pasado 19 de julio, Andrés Felipe Arias fue destituido e inhabilitado por un período de 16 años para ejercer cargos públicos por parte de la Procuraduría. Ya de entrada esta sentencia mostraba lo grave de los delitos imputados.
Llegado a este punto, debe destacarse la independencia judicial para tomar este tipo de medidas aún contra quien fue considerado por muchos como “el político favorito de Uribe”. Estas decisiones dan muestra de una creciente institucionalidad en el ámbito jurídico colombiano (quizá no deba dejar de mencionarse que el poder judicial se enfrentó constantemente con Uribe durante su último periodo de gobierno, más aún a raíz de la intentona del ex presidente por lograr una segunda reelección) que busca consolidar el Estado de Derecho en Colombia sin distingos.
Ahora bien, no faltan en Colombia los que ven en este hecho no sólo una medida judicial sino que le dan una lectura política, un ejemplo más del distanciamiento entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Algunos ya claman por una traición abierta y descarada del actual presidente contra su antecesor. Habrá que ver cómo termina esta historia en los próximos meses. Una duda, sin embargo, no deja de pasar por mi cabeza: ¿alguien sabe a cuántos funcionarios se les ha seguido algún juicio por el programa PROCAMPO en México? No, a ninguno.
(Andrés Felipe Arias y su esposa, en el momento de notificársele su encarcelamiento preventivo)
Excelente escrito, lo felicito. Ojalá los medios colombianos pudiesen expresar estas dos realidades con la simpleza, objetividad y sinceridad como lo hacen acá.
Sobre el caso de Andrés Felipe Arias, lo veo como el “ejemplo” de mostrar que tiene el sistema judicial colombiano. Hace parte del grupo de funcionarios públicos que han caído bajo medida de aseguramiento, y que los medios felizmente exponen como “caso de éxito” en la batalla contra la corrupción; igual a lo ocurrido con los falsos positivos, la para-política o las “chuzadas” del DAS, éste es uno más del los que presuntamente ha abusado de su poder en la adjudicación para el uso (o abuso) de los recursos del estado. Este sujeto y su situación actual son de especial “sustancia” para los políticos, detractores y los medios de información, por lo que usted menciona: la cercanía con Uribe. Mi pregunta es: si este hombre no hubiese sido tan cercano a Uribe, ¿harían tanto “escándalo” sobre su captura? En cuanto a los medios la respuesta es clara: casi un año después de terminar su mandato, y Uribe todavía sigue “generando ventas”. Habría que ver en el plano político cuáles son las posiciones al respecto.
En cuanto a los cavernícolas legisladores, magistrados, miembros de la iglesia colombiana … ¿qué se puede decir? Eso, cavernícolas. Me entristece profundamente ver cómo, después de 201 años de ser una república independiente, algo que constituye los derechos básicos de los ciudadanos colombianos, se convierte en una discusión religiosa y política. Por algo nos llaman “el país del sagrado corazón (de Jesús)” donde los pensamientos arcaicos y retrógados de una institución como la iglesia católica, aún tienen influencia sobre decisiones de derechos ciudadanos.
Debo decir que como colombiana, me avergüenza muchísimo más el hecho de que lleven dos años discutiendo si la definición de matrimonio es “entre hombre y mujer” y no los hechos de corrupción que a diario se presentan. ¿Será que la corrupción hace parte de la identidad cultural colombiana y por eso tengo menos prejuicios en su contra? La verdad es que no. Creo que la corrupción es inherente a la política, bien sea en Colombia, México o Singapur. Aunque muchos prediquen otro ideal, en mi opinión … siempre que exista la política habrá corrupción. Y la política, desafortunadamente, es un mal necesario de esta república independiente y “democrática”. Lo que sí no cabe en mi entender es cómo hoy, tantos años después de habernos llamado “colombianos”, hay quienes aún no reconocen la igualdad entre ciudadanos.
Al pueblo colombiano se le olvidó quién es la fiscal. Al pueblo colombiano se le olvidó el proceso 8000. Al pueblo colombiano se le olvidó que la fiscal, protagonista de primera mano del proceso 8000 actuó con sevicia cumpliendo con los mandados de su amo político Ernesto Samper, el mandatario más corrupto que ha habido en Colombia, elegido gracias a aportes del narcotráfico a su campaña y ahora es quien cogobierna y tiene el poder a través de los ministros, corte suprema de justicia y fiscalía. Flaco favor le hace la politización a la justicia colombiana, comandada y enmarcada en desde los micrófonos de Caracol y las cámaras de Caracol TV. Colombia es un país mediático donde la gente, tristemente, es dominada por los medios porque le da pereza leer y recordar su historia más reciente y parece que eso es lo que trasciende fuera de su fronteras.
Sería bueno que el autor escudriñara más allá, sin un enfoque tan superficial y mediático, sobre los nexos de la fiscal con Ernesto Samper, Caracol Radio y, obviamente, el esposo Carlos Alonso Lucio, condenado en su momento por el proceso 8000 y proceso al cual ella le hace el quite tanto como al homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, causado por ese mismo nefasto momento de la historia de Colombia, así como muchos otros homicidios sin aclarar (la monita retrechera, como la llamaba Samper, por ejemplo)
No es sano que quien se precie de periodista, sea tan mediático y superficial
Nelson Jairo Velásquez S.
Venga, una cosita, ¿a usted se le olvidó que cuando Uribe era gobernador de Antioquia, el señor fue samperista y siempre defendió la inocencia del expresidente? Nada más eso.
Y mire le doy más santo y seña. Morales fue nombrada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Comisión de Notables para la reforma política de 2008, después del pacto de Ralito.
Y algo más: el año pasado se reunió con 86 representantes para explicarles que podían votar a favor del proyecto de reelección en conciliación, a pesar de que habían sido denunciados ante la Corte Suprema por votar el referendo en Cámara sin el certificado del Consejo Nacional Electoral. Y este grupo de abogados que asesoraba estaba organizado por el ministro Valencia Cossio.
No es sano, Nelson Jairo, que quien se precie de saber tanto, sea tan mediático y superficial.
Ah, y el 2006 no obtuvo curul como senadora por haber apoyado la reelección para ese periodo presidencial, ¿quiere algo más?
Excelente escrito, y un espejo de las actitudes de los gobernantes en prácticamente toda Latinoamérica. ¿los debates de los matrimonios se decidirá en 2 años? de veras que la Corte Constitucional de Colombia se toma su tiempecito en deliberar cosas que realmente pertenecen a siglos pasados. Como siempre la conveniencia política para mantener el poder será el motor natural de las cámaras legislativas, toda vez que se trate de un principio básico y medular como el de modernizar y actualizar el concepto de familia, que estamos de acuerdo, con verdadero compromiso se podría resolver en un mes, sin embargo si hay que encarcelar o denunciar a alguien, y si conviene al poder político, se hace de forma expedita ( o nunca ) de acuerdo a si esta acción beneficia a la preservación partidista… Como siempre he dicho, y recordando a Bertrand Russell, necesitamos una clase política con filósofos, que formen una coalición en cada rincón de América Latina.