24 de marzo de 1976. El gobierno constitucional de la presidenta de Argentina, María Estela Martínez de Perón, es derrocado. Una junta militar, liderada por los comandantes de las tres fuerzas armadas del país, asume el poder e inicia un gobierno de facto que se autodenomina Proceso de Reorganización Nacional. “Reorganización” fue un eufemismo para llamar a la última dictadura militar del país suramericano, que quedó marcada por su accionar sangriento y represivo.
20 de setiembre de 1984. Tras más de siete años de dictadura, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) entrega a Raúl Alfonsín, primer presidente de la democracia, el informe Nunca más, que da cuenta de los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el Proceso. No obstante, al informe se le reclama una importante omisión: invisibilizar la violencia dirigida a las personas de la diversidad sexual.
“Hay distintas expresiones de la violencia en contra del colectivo LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersex). Primero, invisibilizándolo de los distintos registros y crónicas. El propio Nunca más no da cuenta del especial ensañamiento que había en relación a este colectivo, y después existe la acción represiva de la policía, que en democracia siguió ejerciendo una violencia enorme”, explica Esteban Paulón, vicepresidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans (FALGBT).
Se estima que entre 400 y 600 personas de la diversidad sexual fueron detenidas ilegítimamente, secuestradas, torturadas, desaparecidas o asesinadas durante la última dictadura, mientras sufrían un doble estigma: la violencia del Estado, y el rechazo por parte de los movimiento revolucionarios argentinos.
La dictadura argentina combatió todo tipo de conductas “subversivas e inmorales”
Persecución y ensañamiento
Diferentes activistas e investigadores disputan si durante la dictadura existió una campaña dirigida por el Estado para perseguir a la población LGBTI. En lo que sí están de acuerdo es que, si se conocía la orientación sexual de la persona, el tratamiento que se les daba en los sitios de reclusión era especialmente cruel.
Paulón considera que la dictadura no persiguió solamente a personas de distintas miradas ideológicas, sino también a quienes se apartaran de lo que se consideraba “socialmente aceptable”.
“El golpe cívico-militar no hubiese sido posible sin el apoyo y la promoción de muchos de los factores de poder en Argentina, entre ellos la jerarquía de la Iglesia Católica; en esa represión ilegal y terrorismo de Estado que implementó el gobierno militar, la persecución también se emprende contra distintos grupos sociales, que representaban conductas que se apartaban de la norma que se consideraba universal: la buena conducta, la familia, la heterosexualidad”, afirma el activista.
Desde esta perspectiva, la persecución no era muy diferente a la del resto de las poblaciones afectadas. El secuestro, la detención sin ningún tipo de motivo, la tortura, la desaparición, todo al margen de cualquier proceso legal. A partir de la detención de alguna persona se tomaban agendas de contactos, y se secuestraba o detenía ilegalmente a todas las personas ahí registradas, por si las dudas.
“La represión llegó muy fuerte a la comunidad trans, que como siempre es la que no tiene armario, y que su cuerpo es la primera línea de fuego. Sobre todo las mujeres travestis que ejercían el trabajo sexual en la calle. Se dan una serie de persecuciones, encarcelamientos, asesinatos, desapariciones. Esto provoca que muchas mujeres trans tuvieran que abandonar el país. Fueron a Europa, España e Italia sobre todo, movidas por la represión policial”, narra Paulón.
La saña era la característica principal. Había la sensación de que se hacía una doble limpia: se deshacían de elementos subversivos, pero a la vez eliminaban a personas que “no merecían la vida”, porque no estaban cumpliendo con su rol social, que era la heterosexualidad obligatoria y la reproducción.
De esta época, hasta hace poco quedaron resquicios de la represión. Hasta la entrada en vigencia de la Ley de identidad de género en Argentina (2012) el travestismo era penalizado como una contravención: era posible, para cualquier fuerza policial en todo el país, detener a alguien sólo por ser travesti.
La negación de la memoria
Gustavo Pecoraro, activista LGBT argentino y periodista que le ha dado especial atención a este tema, rebate parte de la perspectiva de Paulón. De acuerdo con él, existen pocas evidencias sobre la existencia de una campaña de persecución dirigida específicamente hacia la población LGTBI bajo la dictadura militar.
Sin embargo, considera como un hecho que la Conadep no dedicó recursos específicos para investigar cómo esta población se vio afectada durante el Proceso, ni sobre las particularidades del ensañamiento.
“Según datos extraoficiales relatados por Carlos Jáuregui -máximo dirigente LGTBI que surge después de la dictadura militar, fundador y primer presidente en 1984 de la Comunidad Homosexual Argentina-, en un encuentro suyo con el Rabino Marshal Meyer -responsable del Movimiento Judío por los Derechos Humanos-, este último le dijo que ‘habría’ una cantidad aproximada de 400 personas LGTBI desaparecidas que figuraban en los archivos de la Conadep”, explicó Pecoraro.
“Personalmente creo -es una teoría por lo cual puede ser refutado con datos concretos- que las personas LGTBI activistas en partidos políticos y movimientos revolucionarios durante los setenta no eran mayoritariamente visibles. Su militancia estaba muy marcada por el patriarcado y por el surgimiento del ‘hombre nuevo’ que se pregonaba desde el estalinismo y Cuba”, agregó.
Para Pecoraro, la bisexualidad fue una excusa, en muchos casos, para que lesbianas y gais pudieran vivir más o menos libremente su sexualidad dentro de esos grupos de izquierda (Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP). Según narra, no estaba la discusión planteada y la homosexualidad (concepto que como paraguas abarcaba al resto de las identidades) era considerada un “producto burgués”, algo que “había que combatir”.
“En ese marco, no creo que la dictadura haya tenido un plan específico para secuestrar, asesinar o desaparecer a personas LGTBI, porque en general ‘no existían’ en los movimientos revolucionarios. Eso sí, como bien explica Jáuregui, si los militares descubrían la orientación sexual de estas personas, actuarían con más saña”, dijo este activista.
Sin embargo, para Paulón, el rechazo que vivieron las personas LGBTI en los movimiento revolucionarios y de izquierda armada, posteriormente se reiteró en el informe Nunca más con la invisibilidad.
Jáuregui, el escritor y activista pionero citado por Pecoraro, es una de las principales referencias en este tema. En una de sus publicaciones aseguró que, en su amplia mayoría, las 400 personas LGBTI de las que se tiene registro extraoficial no habían sido secuestrados a causa de su orientación sexual, pero…
“…el trato dispensado por sus ‘católicos’ carceleros había sido especialmente cruel y cruento, como en el caso de los desaparecidos judíos. Este dato no consta entre las estadísticas del Informe Nunca más. Jamás fue publicado […] Esto no se ha investigado a fondo y habría que exigir a la Conadep abra sus archivos y se conforme una comisión de diversidad, para investigar específicamente las desapariciones de las personas LGTBI”, concluye Pecoraro.
Lucha por la visibilidad
Esteban Paulón, vicepresidente de la FALGBT, mantiene que la lucha por la visibilidad está vigente. Asegura que cada 24 de marzo hay un esfuerzo enorme por parte de las organizaciones LGBTI por volver a colocar en la agenda que la dictadura tuvo una cara que se ensañó contra estos grupos.
“A nivel social se ha ido instalando la idea de que efectivamente la población de la diversidad sexual fue una de las principales víctimas de la represión ilegal. A nivel oficial hay un esfuerzo de parte de la Federación Argentina LGBT para generar un espacio de memoria”, explicó.
“Hay una iniciativa de las propias organizaciones trans que se llama ‘archivo de la memoria trans’. Con base en ese archivo estamos intentando llevar adelante un Museo de la Diversidad Sexual que funcione en el Espacio de la Memoria. La idea es visibilizar en ese espacio la historia del activismo, y lo que pasó a lo largo de la dictadura con nuestra población. Esa conversación está bastante adelantada, nosotros creemos que de instalarse ese espacio, podría constituirse en un reconocimiento a esta situación”, agregó.
Aunque para el actual gobierno de Mauricio Macri, la memoria no es un tema de prioridad, como lo fue para Cristina Fernández, Paulón indica que tampoco ha habido ninguna medida que eche para atrás algunos de los avances logrados.
“De hecho, las conversaciones por el museo las veníamos trabajando con el gobierno anterior y han seguido con éste, sin ningún tipo de alteración. También es cierto que el actual secretario de Derecho Humanos del gobierno, Claudio Avruj, es una persona que ha trabajado y trabaja muchísimo de la mano de las organizaciones de derechos humanos”, dijo sobre el contexto actual.
De momento, frente a las inconsistencias y la falta de investigación, la lucha por rescatar la memoria es parte importante de un movimiento LGBTI argentino, que no quiere quedarse dormido tras los importantes logros de la última década, que ponen sobre la mesa la necesidad de pasar del activismo por los derechos a la promoción de un cambio cultural.
