Imagina que tu hermano, un amigo tuyo, tu hijo, alguien cercano, decide emigrar hacia Estados Unidos buscando mejores oportunidades lejos de la violencia, como es común en nuestros países de América Latina.
Poco antes de cruzar la frontera se comunica contigo, pero no vuelves a saber de él. Vienen horas, días de incertidumbre, hasta que te enteras que su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina. Pero no es el único. Su cuerpo fue hallado junto con decenas de cadáveres en San Fernando, un municipio del noreste mexicano ubicado a 400 kilómetros de Nuevo Laredo, Texas, puerta de entrada a una de las rutas del narcotráfico entre México y Estados Unidos.
San Fernando es uno de los municipios más grandes del estado de Tamaulipas: su superficie es cuatro veces mayor a la de la Ciudad de México y el 60.4% de sus 65,008 habitantes vive en pobreza. En sus abandonadas carreteras o desolados pueblos, el cártel de Sinaloa, el del Golfo y los Zetas disputan desde 2005 cruentas batallas que han dejado cientos de personas muertas o desaparecidas. Pero eso no es todo: bajo la árida superficie de San Fernando se encuentran algunos de los yacimientos más grandes del mundo del valioso hidrocarburo conocido como “gas shale”.
Pero volvamos al punto. Luego de enterarte del asesinato de tu ser querido las autoridades mexicanas insisten en cremar los restos para enviártelos, sin consultarte; te niegas y sólo después de un proceso judicial de tres años logras evitar la cremación y la repatriación del cuerpo.
¿Te considerarías una víctima?
Pues el gobierno mexicano diría que no lo eres, y así lo sostuvo hasta que el 2 de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció como víctimas a familiares de un grupo de migrantes asesinados, cuyos cuerpos fueron hallados dentro de fosas clandestinas en marzo de 2011.
La SCJN resolvió un amparo interpuesto por las salvadoreñas Bertila Parado y Alma Yesenia Realegeño, con ayuda de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, para ser reconocidas como víctimas y tener acceso al expediente del caso, entre otros derechos.
El proyecto aprobado por la Corte será revisado, pues todavía no reconoce a las víctimas como migrantes, lo que dificulta el acceso a la justicia desde sus países de origen, ni reconoce el caso como una violación grave a los derechos humanos.
La Red de Periodistas de a Pie ha realizado una extensa cobertura del tema, a través de En el camino. Migración más allá de las vías, un proyecto realizado con el apoyo de Open Society Foundations.
Eso pasa en México.
