El movimiento de la séptima papeleta en Colombia y una reflexión para #YoSoy132

Por Jordy Meléndez Yúdico (@jordy_my)

En algún momento tendremos que volver a hablar de la Constitución, si es que queremos seguir hablando de democracia. Diego Valadés

Pocos procesos electorales en el mundo han sido tan sangrientos y complejos como el que vivió Colombia a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, cuando cuatro de sus candidatos presidenciales fueron asesinados de manera artera.

En esos años, el país sudamericano era presa del caos institucional y víctima de un conflicto armado con múltiples variantes: guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo, que afectaban todos los niveles de la vida pública colombiana. El panorama era desolador y la confianza en las instituciones cada vez menor. En ese contexto, sin embargo, nació un movimiento estudiantil que revolucionó por completo la política colombiana.

En 1989, estudiantes de varias universidades (privadas primero, públicas después) comenzaron a articularse entre sí para elaborar una exigencia concreta: una nueva constitución. El movimiento pasó a llamarse “de la Séptima papeleta” porque invitaba a la ciudadanía a introducir un voto simbólico adicional en las elecciones legislativas y municipales de marzo de 1990, donde se elegían seis cargos públicos. Este voto, o séptima papeleta, pedía la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Durante los meses que duró el movimiento, los estudiantes supieron difundir su exigencia de manera clara y sencilla, lo que facilitó que sus ideas tuvieran repercusión en prácticamente todos los medios de comunicación. Adicionalmente, fueron capaces de movilizar a alumnos y profesores de todas las instituciones educativas y de todas las regiones del país para promover este séptimo voto en las mencionadas elecciones.

Poco antes de los comicios, la autoridad electoral anunció que estos votos no se contarían formalmente, pero fue tal la cantidad de ellos (más de dos millones) que la Corte Suprema de Justicia reconoció que el constituyente primario se había expresado de manera elocuente y directa y, por tanto, era legítimo organizar un plebiscito en toda forma sobre el tema. Éste se realizó el 27 de mayo, el mismo día de la elección presidencial en Colombia, y 89% de los electores votó a favor del llamado a una Asamblea Constituyente.

De esta forma, una votación simbólica inicial se transformó en un hito político e histórico que marcó la ruta hacia la Constitución de 1991, misma que apostó por la ciudadanización de la política, creó nuevos mecanismos para vigilar a los poderes públicos y devolvió la confianza de los colombianos en sus instituciones. Entre otras cosas, se abrió la puerta a las candidaturas independientes y personajes como Antanas Mockus, Enrique Peñalosa (Bogotá) y Sergio Fajardo (Medellín) no sólo llegaron al poder, sino que revolucionaron conceptos de cultura ciudadana, planificación y urbanismo en Colombia. Si bien persisten muchos problemas aún en el país sudamericano, el nuevo pacto social ha generado toda una nueva dinámica social y política cuyo saldo, así me parece, ha sido positivo.

Con este texto no pretendo equiparar la complejidad colombiana de los noventa con la situación actual en México, a pesar de que pudiéramos encontrar algunos paralelismos derivados de la violencia del narcotráfico, la podredumbre institucional y la desconfianza de la ciudadanía frente a sus instituciones. Sin embargo, más allá de cualquier intención comparativa, creo sí es posible arrojar algunas reflexiones sobre el tema, sobre todo a la vista del reciente llamado del colectivo estudiantil “Más de 131” (el grupo que inició el movimiento #YoSoy132) para discutir la posibilidad de una nueva constitución en México.

En primer lugar, lo obvio: sí es posible organizarse desde las universidades para crear un movimiento nacional representativo que atienda una exigencia concreta y se movilice cuando sea necesario. Recordemos que los estudiantes colombianos lo hicieron en pocos meses, en un mundo sin internet, smartphones ni redes sociales.

Aquí es importante destacar que el empuje inicial del movimiento #YoSoy132 pareció perderse cuando su petición inicial, la democratización de los medios, cedió paso a todo tipo de propuestas: desde juicios políticos hasta la desaparición del modelo económico neoliberal y la vinculación con movimientos sociales. Por eso, al menos en términos de comunicación, me parece un acierto el llamado a una nueva constitución. Con ello, temas que parecen inconexos convergen de nuevo, en una sola exigencia más fácil de comunicar y que eleva el debate a nuevos niveles.

Segundo punto: casi siempre es más importante la organización, la sensibilización y el trabajo estratégico que la protesta masiva y callejera, por más impactante que ésta sea. Las marchas suelen afianzar convicciones, pero por sí solas difícilmente trascienden la coyuntura. En Colombia, las marchas y las concentraciones fueron pocas en comparación con la agitación que vimos en México, pero se movilizaron eficientemente cuando tuvieron que hacerlo: el día de la votación.

De igual forma, los estudiantes colombianos supieron buscar apoyos más allá de ese ente etéreo que es la opinión pública y construyeron puentes no sólo con sectores afines sino con actores políticos y sociales que podían jugar un papel clave. En este sentido, no debe olvidarse que en México existe un buen número de políticos e intelectuales que desde hace tiempo comparten la idea de una “Reforma del Estado”. Con diversos matices, Manlio Fabio Beltrones, Javier Corral, Marcelo Ebrard, entre muchos otros, han expresado la urgencia de actualizar o modificar tajantemente nuestro sistema político.

Del lado de la academia, Diego Valadés, uno de nuestros juristas más destacados, lleva años insistiendo en una idea muy sencilla: en 2017 nuestra actual constitución tendrá cien años y quizá va siendo tiempo de pensar en una nueva. Aquí parte de su razonamiento:

 Por mucho tiempo consideré que elaborar una nueva Constitución implicaría abrir a la deliberación temas que podían resultar divisivos, y que sería difícil construir un nuevo consenso en una sociedad fracturada y expuesta a los dictados de las poderosas hegemonías empresarial y financiera. Pero el argumento de que una nueva norma suprema implicaría riesgos de retroceso político y social está siendo controvertido por la realidad imperante. De seguir como vamos, los riesgos mayores consisten en no hacer nada. Si se retomara el ritmo de la gradualidad, ya resultaría insuficiente.

Dados los niveles de violencia, pobreza, empleo informal, concentración mediática, desprestigio de los partidos y demás instituciones, entre tantos otros problemas, no se antoja del todo descabellado el planteamiento de Valadés. Más aún cuando la vida pública mexicana responde a un nuevo pluralismo que no se articula con una constitución elaborada en 1917 que veía en el presidencialismo decimonónico la vía más adecuada para resolver los asuntos internos.

Finalmente, dos apuntes. Por un lado, si bien parte de la reforma política promovida por el presidente Calderón fue aprobada y se da entrada a las candidaturas independientes, a la consulta popular y a la iniciativa ciudadana, lo cierto es que sigue siendo una reforma muy limitada y la posibilidad de modificar otros rubros que requieren revisión a fondo (como el fiscal, laboral, educativo, agrario, de salud, de medios y de competitividad) seguirá en manos de las negociaciones entre partidos. Habrá que analizar con mucho detalle qué oportunidades y obstáculos ofrecerá la ley secundaria que deberá normar la consulta popular y la iniciativa ciudadana, que aún no se publica. Por otro, lo simbólico tiene efectividad cuando se conjuga con una coyuntura adecuada. 2015 se ve lejano pero, con paciencia y creatividad, puede convertirse en la oportunidad perfecta para transformar esas elecciones intermedias, donde participarán por primera vez candidatos independientes, en un referéndum nacional sobre el tipo de democracia que queremos ser en el siglo XXI. Sin miedos ni pusilanimidad, ¿por qué no asumir el riesgo?, ¿será que debemos esperar hasta llegar a una fractura social de mayores dimensiones? Sinceramente, espero que no.