Los transgénicos son una amenaza para la soberanía alimentaria y la salud de los pueblos, así como para las variedades nativas que afectan, y el medio ambiente. Tal es el caso del maíz. Sus miles de variedades están en peligro a través de la modificación artificial de los genes de la planta, que podría expandirse a lo largo y ancho de México. Pero como no podía ser de otra manera, la República del maíz está haciendo valer su soberanía y riqueza en los tribunales.
-
Nombre: Demanda Colectiva Maíz
-
País: México
-
Twitter: @FSemillasdeVid1
-
Página en Facebook
-
Una frase: “Este es un pleito de todas las generaciones de mexicanos, las presentes y las futuras”
-
Se definen como: Colectivo de organizaciones y personas que demandan por el derecho a la biodiversidad del maíz nativo en México.
No suena nada saludable ni amigable que las tortillas que son el pan nuestro de cada día para los mexicanos sean de maíz transgénico. Por eso, 20 organizaciones y 53 personas firmaron la demanda colectiva de maíz y lograron lo inimaginable: que desde setiembre de 2013 las empresas biotecnológicas no planten maíz transgénico en México hasta que se resuelva el caso, dijo a Distintas Latitudes, René Sánchez Galindo, abogado litigante de la causa.
Los demandantes son científicos, ingenieros agrónomos, antropólogos, genetistas, campesinos, organizaciones defensoras de los derechos humanos y medioambientales, productores de maíz, apicultores, artistas, investigadores y cafetaleros. En fin, consumidores de maíz como cualquier mexicano.
Primero: reclaman por el derecho de la población a acceder a la biodiversidad del maíz nativo y sus parientes silvestres. La propagación de los cultivos transgénicos de maíz pondrían en peligro su máxima riqueza: cerca de 60 razas y miles de variedades de maíz nativo. Segundo: reclaman por el derecho a la salud. Según declaró la Organización Mundial de la Salud, el herbicida glifosato, el más usado y asociado directamente con los cultivos transgénicos, es posible cancerígeno. Lo que repercute directamente en los productores que lo aplican, el entorno de las plantaciones, y quienes lo consumen. Tercero: por el derecho de los pueblos indígenas y campesinos a decidir y ser consultados previo a la siembra de estos cultivos.
“Este es un pleito de todas las generaciones de mexicanos, las presentes y las futuras”, dijo en entrevista con Distintas Latitudes, Sánchez Galindo, uno de los tres abogados que trabaja de forma permanente para la demanda. La colectividad demandante es tan diversa (de todo el país) como el maíz por el que luchan.
Cada uno de los demandantes ya tenía experiencia en la defensa del maíz, como el caso de Sánchez Galindo que en el 2008 promovió una ley estatal en el pequeño estado de Tlaxcala que prohíbe la plantación de maíz transgénico. Pero fue en noviembre de 2012 que se formó la colectividad. Les llevó ocho meses delinear las estrategias legales, mediante muchas discusiones y análisis de prueba. Así decidieron ampararse en la reciente Ley de Acciones Colectivas.
Ya llevan ganada una medida cautelar en 17 tribunales, lo que prohíbe cualquier tipo de plantación de maíz transgénico hasta que se resuelva el caso. “Hubo 26 juicios de amparo (22 por parte de las empresas y cuatro por parte del gobierno) en contra de la medida cautelar, y el juicio aún no ha comenzado”, agregó Sánchez Galindo. Por el momento, han perdido 22 casos y cuatro están en curso.
Los demandados son todas las empresas que hayan sembrado o quieran sembrar maíz transgénico en el país. Es el caso de Monsanto, Syngenta, Dupont y Dow Agrosciences, pero también pueden estar incluidas Bayer y Basf, que por el momento sólo plantan algodón transgénico en México. Si bien hace 14 años que estas empresas plantan algodón (en México el 70% del algodón es transgénico), en el 2009 comenzaron con las plantaciones experimentales de maíz transgénico.
Para la Demanda Colectiva Maíz, los primeros ocho meses de trabajo fueron financiados totalmente por los firmantes. Pero luego de que se diversificó la demanda (tienen 105 impugnaciones presentadas por la contra parte), necesitaron más apoyo. A través de campañas de recaudación de fondos recibieron dinero de organizaciones internacionales de Estados Unidos, Canadá y Europa.
Según Sánchez Galindo, el trabajo en “el Poder Judicial no ha sido nada fácil”. El tiempo que te llevan los trámites y la burocracia de los tribunales han sido el mayor obstáculo para el colectivo, que tiene tres abogados “pendientes de todo” lo que pasa allí. Tanto en Brasil como en Argentina ya se han presentado demandas similares. La lucha contra los transgénicos nace desde el pueblo y las organizaciones latinoamericanas cansadas del atropello contra sus derechos.
[Agradecimiento a la periodista Eliana Gilet por facilitar el contacto de la fuente]
La próxima semana tendremos el proyecto Mi Escuela Saludable. ¿Quieres proponer algún movimiento, colectivo o proyecto a ser integrado en esta serie? Déjanos comentarios y lo miramos.
