Por Victoria Mujica, desde Uruguay
En Uruguay viven 3 millones 400 mil personas. De ellas, al menos 15.8% tienen una discapacidad permanente, según el último censo de 2011.
Sin embargo, no se sabe exactamente cuántas de esas personas tienen trabajo. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay, 12,000 personas con discapacidad en edad de trabajar se encuentran buscando empleo. Estas cifras fueron confirmadas por Martín Nieves, responsable de la Comisión de Discapacidad de la central sindical uruguaya de trabajadores PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores), en entrevista con Distintas Latitudes.
Para Nieves, lo que más preocupa a su organización y otras instituciones vinculadas con la temática es la alta tasa de desempleo de esta población en Uruguay. Mientras que en las personas sin discapacidad el desempleo no llega al 10%, esta misma tasa asciende a 80% cuando se trata de personas con discapacidad.
Para intentar cambiar este panorama negativo, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales presentaron en 2014 al parlamento uruguayo la propuesta de ley de empleo privado para personas con discapacidad.
Ya antes, en 2010, Uruguay aprobó la Ley para la Protección Integral de Personas con Discapacidad que, entre otras cosas, prevé que 4% de las vacantes en las empresas públicas de Uruguay las ocupen personas con discapacidad. No es la única legislación así en América Latina. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela, cuentan también con cuotas de empleo público para personas con discapacidad, que van del 2% al 7% de la plantilla. Sin embargo, al menos en Uruguay, esto no se cumple a cabalidad. Según los últimos datos publicados por la Oficina Nacional de Servicio Civil, en 2015 la cuota se cumplió sólo en 0,33%.
Más derechos, menos caridad
“Creímos conveniente trabajar lo que tenía que ver con el ámbito privado”, explicó Nieves, en entrevista para Distintas Latitudes. Para eso, el primer paso fue estudiar leyes de cuotas para personas con discapacidad de distintos países de América Latina y de Europa, y hacer un análisis comparativo.
En la mayoría de estos países, la obligación de contratación se complementa con beneficios tributarios para las empresas que contratan personas con discapacidad o con mecanismos que permiten a los empleadores hacer una contribución financiera a un fondo especial, realizar donaciones a fundaciones o asociaciones que desarrollen acciones de inserción laboral o contratar a centros y talleres de empleo protegido en lugar de cumplir con la cuota. En algún caso, como ocurre en Ecuador, parte de la cuota puede ser cubierta por familiares u otras personas que tengan a su cargo a personas con discapacidad.
El proyecto ya recorrió su primer camino: el 18 de octubre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de Ley, que establece que las empresas privadas que tengan 25 o más trabajadores “deberán emplear a personas con discapacidad, en un porcentaje mínimo del 4% de la totalidad de sus trabajadores en todo nuevo ingreso que se genere a partir de la presente ley”. El texto aclara que las empresas que no cumplan con la cuota podrán ser sancionadas o multadas por no seguir la normatividad laboral.
El paso siguiente de la discusión se trasladará a la Cámara de Senadores, a partir del mes de abril.
Cambiar la cultura de trabajo
Según Martín Nieves, las empresas privadas no contratan trabajadores con discapacidad por varias razones.
“Lo primero tiene que ver con las reglas del mercado; la incapacidad comienza a considerarse como categoría en la medida que se considera a las personas incapaces de trabajar. Las empresas no toman trabajadores que consideran que no van a ser productivos”, explicó.
Pero agregó que hay estudios presentados por la OIT que demuestran lo contrario: adaptando las condiciones laborales para ese tipo de personas, los trabajadores pueden desempeñar sus tareas y ser igualmente productivos que sus pares sin discapacidad.
Por otro lado, Nieves afirmó que hay desconocimiento y falta de información con relación a las características de los trabajadores con discapacidad. Frente a ello “hay entes públicos y privados que están trabajando en ese aspecto, logrando una mayor concientización”, dijo.
Sin embargo, el factor principal que impide a las empresas contratar a personas con discapacidad, según Nieves, tiene que ver con la cultura del trabajo y la promoción del trabajo decente. “[Las personas con discapacidad] se terminan insertando en sectores informales y en Uruguay se pelea ampliamente para evitar estas situaciones de informalidad”, resumió.
La Comisión de Discapacidad del PIT-CNT ha llevado a cabo varias actividades de difusión de esta ley, entre las que se incluyen intervenciones culturales en ámbitos como el carnaval y el deporte uruguayos, campañas en redes sociales, y apoyo de reconocidas figuras del espectáculo local. El debate apenas inicia.
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