La lucha en Chile por la despenalización del aborto no es de ahora, data desde 1989 cuando la dictadura de Augusto Pinochet prohibió el aborto con fines terapéuticos (que existía desde 1931). Recientemente, se le suma el proyecto de ley que envió la presidenta Michelle Bachelet al Parlamento para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales (si la vida de la mujer corre peligro, si existe inviabilidad fetal extrauterina o si el embarazo es producto de una violación). Luego de dos años y medio de discusión, y ser aprobado por el Congreso, el proyecto de ley llegó al Tribunal Constitucional (TC).

El sector de la derecha, entre ellos Chile Vamos (partido al que pertenece Sebastián Piñera, ex presidente y actual presidenciable para las próximas elecciones), presentó un recurso ante el TC contra el proyecto de ley por ser inconstitucional al no proteger la vida de quien está por nacer. Resulta que el 21 de agosto el TC falló a favor del proyecto de ley, pero si se quiere, fue un tanto ambiguo. Rechazó la impugnación de la derecha sobre las tres causales, pero permitió que todo el equipo médico involucrado pueda objetar conciencia (no solo los médicos), y lo extendió a las clínicas y los hospitales. En Chile, las instituciones de salud también podrán objetar conciencia. La ley fue promulgada por Bachelet el 14 de setiembre.

¿Qué consecuencias tiene el fallo del TC? ¿Cómo afectará el uso de la objeción de conciencia por parte de médicos y las instituciones sobre la decisión de abortar de las mujeres? Distintas Latitudes conversó con especialistas para responder estas preguntas.

Sin duda alguna, el proceso en el Parlamento para despenalizar el aborto en tres causales puso el tema en agenda. Generó un debate que estaba totalmente opacado. Además de que es un “precedente relevante para el futuro. La argumentación con la cual declara que las tres causales son constitucionales es muy potente en reconocer los derechos humanos de las mujeres y que éstos deben primar por sobre la protección del que está por nacer”, explicó Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile.

Así lo dijeron, la despenalización del aborto para las tres causales marca “un antes y un después en el país”. Pero si se evalúa cómo se desarrolló el debate, se reforzaron ciertos prejuicios sobre el aborto. Lo explicó la periodista feminista chilena María Jesús Ibáñez: “hay que mirar de manera crítica cómo se instaló la discusión. En este debate se criminalizó al resto de los abortos [el 97% de los abortos], por oposición, para mostrar por qué los abortos por las tres causales [el 3% de los abortos] sí son necesarios y se deben legislar”. O sea, se eligió criminalizar y estigmatizar a las miles de razones que pueda tener una mujer a la hora de realizarse un aborto, que no sean las tres causales referidas. Para ella, “la voluntad de la mujer sigue quedando bajo la tutela del médico o de la autoridad judicial”.

Otra de las complejidades que encuentran las feministas es la forma en que se implementará la legislación, ya que el foco está en facilitar el acceso. “Ahora el gobierno está trabajando en la elaboración de los reglamentos y normas técnicas para su implementación. Habrá una responsabilidad fundamental en el próximo gobierno de asegurar que los diferentes requisitos y barreras que la propia ley genera no se transformen en una dificultad para que muy pocas mujeres puedan realmente acceder a un aborto seguro” dijo Piquer. Más aún con el derecho de objetar conciencia del equipo médico e instituciones, que deberán derivar a las mujeres a dependencias no objetoras. Piquer agregó: “esto es especialmente importante en el caso de violación, en que existe un plazo de semanas para poder practicar un aborto de acuerdo a la ley, y una demora en la derivación podría significar el riesgo de que venza el plazo”.

Según declaraciones de Sebastián Piñera, en el caso de que saliera electo en las próximas elecciones presidenciales (a fin de año), la legislación tal cual se promulgó corre peligro. El ex presidente es uno de los favoritos entre los presidenciables, y recientemente declaró que va a “introducir cambios a la ley, hacer un esfuerzo muy grande para que el Estado y la sociedad civil, acompañe, apoye y ayude a todas las madres que están experimentando embarazos vulnerables, para lograr en la medida de lo posible que estos terminen dando una nueva vida”.

Para Ibáñez, a las feministas ahora les toca “estar encima exigiendo que se cumpla esta legislación como es debido. Que se cumpla la voluntad de las mujeres”. Pero además, el tema tiene numerosas aristas que quedan por atender, como la formación profesional de los especialistas. “Muchas de las mallas curriculares de los profesionales de la salud no consideran el aborto. Tenemos que exigir la formación profesional”, agregó. A lo que le sumó ir en contra de la condena social y a criminalización que existe en torno al aborto por parte de la sociedad.

¿Cómo abortan las mujeres en Chile?

Actualmente, el contexto de clandestinidad con el que abortan las mujeres en Chile las hace más vulnerables a malos tratos, a estafas cuando compran  Misoprostol, a ser denunciadas por médicos cuando llegan a los centros de salud por complicaciones durante el aborto. Se le suma el estigma, la criminalización y la culpa que se le carga a nivel social al hecho de abortar. Un contexto violento para aquellas mujeres que toman la decisión de interrumpir un embarazo. “Al estar en la clandestinidad, no se garantizan ni protegen derechos humanos de las mujeres como son la autonomía, la igualdad, la seguridad personal o la salud”, explicó Ibáñez.

Según Piquer, la forma en que se acceda a un aborto en Chile depende de los recursos económicos de las mujeres. Hay quienes acceden fácilmente a la compra de Misoprostol online, y otras se han practicado abortos en clínicas privadas (“quedan registradas como una operación ginecológica de otro tipo”, dijo). El mayor problema se presenta para las mujeres con menos recursos, “que corren más riesgos, recurriendo a maniobras abortivas más inseguras o intentando usar Misoprostol sin contar con la información necesaria para utilizarlo adecuadamente”, explicó Piquer.

Las tres causales que alcanza la nueva legislación en Chile solo abarcan un mínimo de casos (la versión más difundida es que abarca un 3% de los abortos, pero, según Miles Chile, son un 15%). El problema es que el aborto por fuera de las tres causales sigue siendo delito. “Desde la perspectiva de la criminalización, la información que tenemos es que de las mujeres criminalizadas por el delito de ‘aborto consentido’, probablemente ninguna está dentro de las tres causales”, agregó Piquer.