Texto: Tania Chacón

El Gran Canal Interoceánico que Nicaragua quiere construir en su territorio, como competencia del Canal de Panamá, comenzaría en su costa Pacífico, atravesaría un lago, y después de 278 kilómetros desembocaría en el mar Caribe. No sólo afectaría regiones enteras en su país, también pondría en peligro los ecosistemas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un departamento de Colombia formado por islas caribeñas. El Gran Canal Interoceánico tendría de todo: dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio, y hasta complejos turísticos.

Pero volvamos al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que está ubicado a unos 220 kilómetros de las costas de Nicaragua. El Archipiélago tiene arrecifes de coral, pastos marinos, manglares, más de 270 especies de peces, cuatro especies de tortugas marinas, más de 180 especies de aves migratorias y endémicas, playas de arenas blancas y playas coralinas. Además, es el hogar de los raizales, una comunidad étnica de raíces africanas, europeas y caribeñas. Este espacio natural se vería amenazado 

En marzo de 2016, como parte de una estrategia para defender su archipiélago, Colombia le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aclarara las obligaciones de los Estados en cuanto a la protección de derechos humanos por daños al medio ambiente marino en el Caribe. Como resultado, en noviembre de 2017, la Corte reconoció a través de una opinión consultiva el derecho a un medio ambiente sano como un derecho autónomo. Es decir, la contaminación, el cambio climático, el daño a ecosistemas y otras afectaciones ambientales impactan a las personas de tal manera que también ponen en peligro sus derechos humanos.

“El derecho al medio ambiente sano en el sistema Interamericano ya tenía el protocolo de San Salvador, pero estaba como en segundo plano. Lo que hizo esta Corte fue subirlo al mismo estatus de los demás derechos”, explicó a Distintas Latitudes Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA por sus siglas).

Puentes Riaño también describió las obligaciones de los Estados en relación con el medio ambiente que desarrolló la Corte Interamericana. Los 23 países que suscriben la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como Brasil, México, Perú, Colombia y Ecuador,  tendrán la responsabilidad de controlar, monitorear y reglamentar todas las actividades que puedan dañar el ambiente. Además, deberán responder si las actividades realizadas en su nación afectan los derechos humanos fuera de su territorio.

En 2010, en el Golfo de México, vecino del mar Caribe, una explosión en la plataforma Deepwater Horizon provocó un derrame petrolero. La mancha del hidrocarburo atravesó los hábitats de más de 8 mil especies; miles de aves, delfines y tortugas fueron hallados sin movimiento en las costas; camarones, cangrejos y peces sufrieron mutaciones; la mortalidad de delfines aumentó, y las personas cuyo sustento depende del ecosistema marino del Golfo sufrieron pérdidas económicas completas. Gracias a la decisión anunciada por la Corte el pasado 7 de febrero, cualquier persona o Estado afectado por un desastre que trascienda fronteras podrá demandar al país responsable.

Si una nación quiere hacer un proyecto que pueda afectar a otras naciones, el país interesado en desarrollarlo deberá hace un estudio de impacto ambiental, informar a todos los territorios afectados y tomar medidas para evitar los daños. En el caso del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, la concesión para la construcción del proyecto le fue otorgada a la empresa china HKND sin dar a conocer estudios de impacto ambiental. Si estas acciones se denunciaran ante la Corte Interamericana, Nicaragua tendría que rendir cuentas a nivel internacional por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En todas las actividades que puedan afectar el medio ambiente, las personas que puedan verse perjudicadas deberán ser consultadas, recibir información al respecto, y tener la posibilidad de acceder a la justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se había pronunciado al respecto con actividades dañinas para pueblos indígenas, pero con su reciente decisión, amplió estos derechos para toda la población del continente americano. Esto implica que no pueden ocurrir sucesos como el del Arco Minero de Venezuela, donde la extracción tiene impactos negativos en reservas ambientales y territorios indígenas protegidos por la ley. En 2016, el gobierno de Nicolás Maduro entregó concesiones mineras sin realizar estudios de impacto ambiental ni hacer una consulta previa a los pueblos indígenas, como manda su propia Constitución.

La Corte Interamericana también estableció que los Estados deben aplicar los principios de prevención y precaución. Estos se refieren a que cuando exista información científica sobre los riesgos de una actividad hacia el medio ambiente, como cuando no la haya, los países deben tomar medidas para evitar los daños. El gobierno de Brasil anunció recientemente el fin de su política de construcción de megarepresas en el Amazonas para respetar la opinión de la sociedad que se oponía a estos proyectos, y para no emprender acciones con fuertes consecuencias ambientales. Algunos expertos afirman que la cancelación en realidad se debe al clima político y la dura realidad económica brasileña.

La codirectora de AIDA también explicó que la decisión de la Corte se puede utilizar tanto en el sistema interamericano como a nivel interno en los países. “Esta decisión les va ayudar a los Estados a proteger ecosistemas compartidos. Cuando hablo de Estados, también hablo de autoridades nacionales y locales, quienes pueden usar esta decisión”. Por ejemplo, los habitantes del municipio de San José del Guaviare en Colombia podrían pedir ayuda a la Corte Interamericana, después de agotar todas las instancias locales y nacionales, para que sus autoridades frenen la tala indiscriminada de árboles que sufre su región.

AIDA participó en la audiencia donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió comentarios sobre la consulta que le hizo Colombia. “Nosotros y muchos otros hemos trabajado durante 20 años, más en forma 15 años, para que la Corte Interamericana haga este tipo de reconocimientos”. Sobre la importancia que tiene para América Latina este acontecimiento, Astrid Puentes Riaño es contundente: “Es la decisión más importante que la Corte ha tomado en relación con derechos humanos y ambiente en su historia”.

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