Venezuela es un país que desde hace años se encuentra sumido en una crisis generalizada, a nivel político, económico y social. Dentro de ese contexto, ¿qué nivel de derechos han alcanzado las personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex) en ese país?

De acuerdo con la activista Quiteria Franco, coordinadora de la Red LGBTI de Venezuela, la realidad actual del país golpea también directamente a las personas LGBTI y sus derechos. Además de ello, Franco considera que actualmente en Venezuela existen riesgos y persecución para quienes son defensores de derechos humanos en general.

“Cualquier defensor de derechos humanos que ose decir algo en contra del gobierno, ir a un mecanismo internacional de defensa de derechos humanos, se expone a ser objeto de persecución por parte del gobierno”, dijo Franco a Distintas Latitudes.

Yo misma viví una en el año 2015, cuando estuvimos en una audiencia que solicitamos en la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para presentar el informe sobre los derechos de personas LGBTI. A nuestro regreso, varios de los que regresamos fuimos objeto de persecución en el aeropuerto, a mí me siguieron hasta mi casa”, agregó.

De acuerdo con la activista, hay amenazas, intimidación e inclusive criminalización de la defensa de los derechos humanos, por parte de figuras fuertes del gobierno, como Diosdado Cabello.

Entorno político

En Venezuela, la polarización y la división que existe en el conjunto de la sociedad también se ve reflejada en el movimiento LGBTI. De acuerdo con Quiteria Franco, no existe en el país un movimiento LGBTI ni fuerte, ni unido ni consolidado.

“Hay grupos afines al gobierno. En mi opinión, esos son grupos que no son activistas, yo los considero actores políticos partidistas. Ellos hacen vida dentro de los partidos políticos, y resaltan el aspecto de ser homosexuales. Y hay otro activismo, que son organizaciones desde hace muchísimo tiempo y que tienen trabajo demostrado”, dijo Franco.

“Esa división que existe en el país lamentablemente llegó a los grupos LGBTI, y eso se ve desde hace muchísimos años, 2004, 2006, cuando una cosa tan simbólica como la Marcha del Orgullo LGBTI se la adueñó un grupo afín al gobierno, porque son los que reciben el dinero para su organización”, agregó.

Según Franco, existen organizaciones que trabajan de manera muy puntual para ciertas actividades, como en el año 2013 cuando se presentó el proyecto de ley de matrimonio igualitario.

Por otra parte, de acuerdo con la activista las posiciones del gobierno son claramente homofóbicas. Por ejemplo, desde 2015 se denunció, en audiencia ante la CIDH, que el gobierno hace uso de la orientación sexual homosexual como un instrumento para ofender al contrincante político.

“Eso es un asunto que ha estado sucediendo desde el 2013 cuando asumió la presidencia Nicolás Maduro. Esa conducta de él, desde la presidencia, fue copiada por ministros, por alcaldes, gobernadores, desde las instituciones del Estado se ha adoptado una actitud de ofensa por orientación sexual real o percibida al contrincante político”, dijo Franco.

“Adicionalmente, existen los grupos religiosos, algunos obispos, que se dedican a seguir divulgando sus discursos de odio en contra de los derechos de las personas LGBTI. Cada vez que el tema sale a discusión o algún diputado lo menciona sale la respuesta de la Iglesia Católica y de los grupos evangélicos. También algunos grupos católicos se han unido con obispos para hacer una campaña, como está sucediendo en toda Latinoamérica, contra lo que ellos han decidido llamar la “ideología de género”, agregó.

Uniones

El tema del matrimonio igualitario en Venezuela podría remontarse a 1999, cuando se comenzó a discutir el cambio de Constitución. Las organizaciones que para ese entonces existían, hicieron una propuesta de que no se incluyera en el artículo correspondiente al matrimonio que este debía ser entre un hombre y una mujer.

“En la primera versión de esa Constitución estaba, así como nosotros lo sugerimos. Y uno de los diputados que estaba allí presente hizo la observación de que se debía hacer la mención de que el matrimonio fuese entre hombre y mujer, porque las tendencias mundiales ya daban para que ese artículo tal como estaba ahí permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y eso quedó así escrito”, dijo Franco.

En el 2013 se entregó un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. Hubo un proceso a nivel nacional de recolección de firmas, donde participaron todas las organizaciones. Sin embargo, el proyecto no se discutió en el período parlamentario en el que debió haberse discutido, y ahora está “engavetado”.

Actualmente, no existe ningún tipo de protección legal o institucional para las parejas del mismo sexo.

Identidad de género

Con respecto al reconocimiento del derecho a la identidad de género, existe un vacío en la aplicación de la legislación vigente. El artículo 146 de la ley orgánica del Registro Civil establece el derecho al cambio de nombre, pero las autoridades que deben aplicarlo asegura que este es ambiguo.

“Si tú lees ese artículo tal cual está redactado, una persona trans debería poder cambiarse su nombre. Pero no se ha hecho, y han pasado 7 años desde que se modificó ese artículo, con la clara intención de que las personas trans pudieran cambiarse el nombre, y no ha habido ni una sola persona trans que lo haya logrado”, dijo Franco.

Tampoco existe un proyecto de ley de identidad de género. Hubo un proyecto de ley de igualdad y equidad de género que se presentó en el año 2009, y había un artículo de esa ley que contemplaba el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, contemplaba la posibilidad de que las personas trans se pudieran cambiar el nombre, y el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

“Todo eso en un mismo artículo, lo cual a mí me parecía una locura. Eso estaba en esa ley, y esa ley se aprobó en primera discusión, pero luego se frenó precisamente por ese artículo al que estoy haciendo referencia. Pero luego de eso no ha habido ninguna otra modificación ni propuesta de ley de identidad de género”, dijo la activista.

Antidiscriminación

Existen varias leyes que mencionan el derecho a la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Actualmente las organizaciones están exigiendo una ley contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el país.

Sin embargo, en general existe una gran diferencia entre lo que establece el marco legal y lo que realmente se aplica. Según Quiteria Franco, desde el punto de vista legal, de los instrumentos y las normativas, Venezuela sale muy bien posicionada.

El problema está en la operatividad de esos instrumentos. Porque si aquí tenemos la prohibición de discriminación, sobre todo en el aspecto laboral, cómo se explica que la Defensoría del Pueblo no tenga estadísticas de cuántas denuncias hay. En el Ministerio Público tampoco están los crímenes de odio, porque no están tipificados en la legislación”, dijo Franco.

“En el ámbito educativo también está el mandato de incoporar los elementos de género en la educación, y eso no hace. No está ni siquiera en los libros de primaria. Falta que se lleve a la práctica todo eso tan bonito que está en la legislación”, agregó.

Reformas urgentes

Teniendo en cuenta este panorama, ¿qué reformas harían falta para que en Perú mejoren las condiciones de vida para las personas LGBTI? Según Franco, la respuesta a esta pregunta es compleja, pues la situación actual en Venezuela es terrible de manera generalizada.

“Las organizaciones LGBTI se han venido a menos porque los activistas se han ido del país. Se han ido muchísimos, y no solo activistas sino también aliados que nosotros teníamos dentro de los medios”, dijo Franco.

“Ya la situación era crítica si no hay un reconocimiento de los derechos. Si las parejas del mismo sexo no se pueden casar, no pueden adoptar, tú te vas a los países vecinos donde sí lo puedes hacer. Si las personas trans no se pueden cambiar el nombre, no pueden tener empleo, no pueden estudiar, pues se van a los países vecinos donde sí pueden hacerlo. Pero si además tú eres sometido de manera diaria a la discriminación, pues te vas a otro país donde sea menos la discriminación. La situación original de discriminación hacia personas LGBTI se ha visto agravada por la situación del país”, agregó.

De acuerdo con la activista, hay dos aspecto centrales qué mejorar. Primero, reconocer los derechos LGBTI desde el punto de vista legal, y luego tiene que haber una mejoría en la situación económica, política y social del país.

“Yo dudo que eso vaya a suceder con este mismo gobierno. Es decir, para que la situación de las personas LGBTI mejore, tiene que pasar por un cambio de gobierno”, concluyó Franco.