En Colombia, las Madres de Soacha luchan por conocer la verdad sobre lo ocurrido con sus hijos, algunos de los llamados “falsos positivos”: jóvenes humildes que, engañados con promesas de trabajo, abandonaron sus ciudades para ser asesinados por el ejército y presentados como guerrilleros muertos en combate. Jacqueline Castillo, hermana de uno de ellos, cuenta al respecto.
“¿Cómo va a aportar a la guerra?’, me dijo. Y yo le pregunté: ‘¿Cómo, mi general?’. Entonces, él me dice: ‘¿Cuántos muertos va a poner?’. Y yo le respondí: ‘¿Pero muertos de dónde?, yo no tengo ninguna funcionalidad operacional’. Entonces él, no sé si de forma jocosa pero sí directa, me dijo: ‘¿Y por qué no saca unos tipos allá de la morgue, los viste con uniforme y los reporta como resultados?”.
Coronel retirado Gabriel de Jesús Rincón,
condenado a 46 años de cárcel.
Testimonio publicado por el diario El Tiempo.
Hace poco más de dos años Jacqueline Castillo emprendió el último viaje que hizo su hermano Jaime antes de que fuera asesinado por el ejército colombiano. Junto con otras Madres de Soacha, fue, en 2018, desde este municipio colindante con el sur de Bogotá hasta Ocaña, en Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela. Se trataba de un viaje para conmemorar los diez años de la desaparición y muerte de 19 jóvenes humildes que salieron de Soacha engañados con falsas promesas de trabajo, que fueron asesinados por integrantes del ejército y presentados como guerrilleros de las FARC muertos en combate. Las Madres de Soacha, que conforman la organización MAFAPO (Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá), viajaron a Ocaña para andar –o desandar– los últimos pasos de sus hijos. Jacqueline lo hizo para despedir a su hermano.
Era la segunda vez que viajaba a Ocaña. La primera, en 2008, fue para identificar el cuerpo de su hermano muerto. Viajó de noche, le pareció un trayecto eterno. “Llegamos a Ocaña a las diez de la mañana. Es muy lejos y como yo viajé de noche no pude ver nada, tampoco pude dormir”. Este segundo viaje lo realizaron de día. Fue una suerte de suplicio, de tortura: otro castigo sumado a la pérdida del ser querido.
Son más de 630 kilómetros los que separan Soacha de Ocaña, alrededor de 13 horas de viaje por carretera, un largo recorrido que Jacqueline lloró. “Pudimos divisar todo el panorama y a mí me salían lágrimas y lágrimas viendo tanta maravilla en el camino, pero también sintiendo en ese momento cómo muchos de ellos, por no decir que todos, se fueron con todas esas ilusiones de conseguir el trabajo que les habían ofrecido (…). Iban directo a la muerte. A mí me torturó todo el camino eso, fue un viaje doloroso y yo no paraba de llorar”.
En 2008, durante el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), el país, horrorizado, comenzó a conocer la estrategia de terror empleada por integrantes del ejército para recibir prebendas dadas en días de vacaciones, ascensos y bonificaciones a cambio de “bajas en combate”, conocido como el escándalo de los “falsos positivos”. A la fecha se desconoce la magnitud de estos hechos. Si bien durante el gobierno de Uribe, y según los mismos datos que maneja la Fiscalía General de la Nación (FGN), de 2006 a 2008 se registran más de la mitad de los casos conocidos de “falsos positivos”, esta no fue una estrategia exclusiva de ese gobierno.
Sobre las cifras exactas de estas ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado tampoco hay un consenso. Según la FGN, y como se encuentra consignado en el informe que entregó esta entidad a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2018, entre 1988 y 2014 se presentaron 2.248 casos de ejecuciones extrajudiciales, con 3.876 víctimas. De acuerdo con los datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), entre 1984 y 2011 se registran 1.741 víctimas. Para organizaciones defensoras de derechos humanos las víctimas son más de 5 mil.
El 12 de julio de 2018, la JEP, creada por el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las FARC-EP para “administrar la justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado”, abrió el macrocaso 03: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Hasta el 18 de febrero de 2021, bajo este macrocaso, la JEP ha identificado 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008.
Adicionalmente, se han realizado 220 versiones de miembros de la fuerza pública involucrados en estos crímenes, entre generales, soldados, oficiales y suboficiales. Las Madres de Soacha también entregaron un informe a la JEP y participaron, como víctimas, en una audiencia realizada en 2018. Los investigados por estos crímenes suman más de 10 mil.
Conversamos con Jacqueline Castillo, vocera y representante legal de MAFAPO, sobre la historia detrás de la desaparición y asesinato de su hermano, la lucha que estas mujeres han emprendido en búsqueda de la verdad, los procesos de dignificación de las memorias de estos jóvenes y la magnitud de estos graves crímenes cometidos por agentes del Estado.
–¿Cuál es la historia detrás de la desaparición de Jaime? ¿Cómo se dio cuenta de que Jaime hacía parte de los desaparecidos de Soacha?
–Mi hermano desapareció en Bogotá el 10 de agosto de 2008. En esos días en los que yo andaba en su búsqueda vi la noticia de lo que había sucedido con los jóvenes de Soacha, pero nunca imaginé que mi hermano fuera uno de ellos. Nosotros no somos de Soacha y, además, Jaime tenía 42 años y hasta ese momento los jóvenes desaparecidos tenían máximo 30 años. Durante esa búsqueda, que solo fue de dos meses, una investigadora del Cuerpo Técnico de Investigación (o CTI, que hace parte de la FGN) me sugirió que lo buscara entre unos cuerpos que habían encontrado en Ocaña, porque la fecha en la que Jaime desapareció coincidía con el escándalo que se había visto en Soacha. En mi afán por encontrar a mi hermano pedí que me dejaran ver el listado con los casos que habían encontrado en Ocaña. En ese listado se podía ver que todavía había 11 cadáveres que no habían sido identificados, pero a los 19 muchachos de Soacha ya los habían reclamado. Es decir, dentro de ese plan macabro había muchos más jóvenes. Los cuerpos encontrados tenían un número y una edad aproximada asignada, solo había un registro que coincidía con la edad de Jaime. Me mostraron las fotos del levantamiento del cadáver y sí, era él. Esta misma investigadora me preguntó si mi hermano pertenecía a la guerrilla, porque en el listado figuraba como guerrillero dado de baja en combate. Me asombró bastante eso. Esto no fue solo en Soacha, esto fue algo gravísimo.
–¿Qué pasó después de que lograra identificar en dónde se encontraba su hermano?
–Fui a la alcaldía de Bogotá. Allí me recibió Clara López Obregón, quien era la alcaldesa en ese momento. Cuando le conté la historia de la desaparición de Jaime, ella se sorprendió porque el caso de mi hermano rompía con el patrón de estas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La alcaldesa me prometió una ayuda con el traslado del cuerpo, me dijo que la alcaldía se iba a encargar de todo ese trámite y hasta el sol de hoy sigo esperando esa ayuda. Con mi familia, esperamos que nos confirmaran si las huellas dactiloscópicas eran las de Jaime. Esperamos siete días y ahí les dije a mis hermanos que me iba para Ocaña, que no aguantaba más incertidumbre. Vendí mis anillos y joyas y alcancé a reunir un millón de pesos (alrededor de 280 dólares) para pagar los peajes, la gasolina, la comida, y nos fuimos con mis hermanos. Cuando llegamos a la finca en donde estaba la fosa común con el cuerpo de Jaime solo pude entrar yo, porque fui quien puso la denuncia de su desaparición. Allá me llevé otra sorpresa, pues en las fotos que había visto solo estaba Jaime, pero en la fosa había otro cuerpo al lado. En ese momento no sabía quién era, pero le calculaba una edad de 25 años máximo. Tenía el pelo crespo y el rostro completamente destrozado.
–¿De regreso a Bogotá pudieron averiguar quién era ese joven?
–A mí se me quedó grabada la ropa que él tenía puesta, porque yo vi todas las fotos de cuerpo completo. Después que pasó el tiempo y que logramos darle a Jaime su sepultura, uno de mis hermanos se puso en la tarea de buscar quién era ese otro muchacho. Al año logramos encontrar a la familia y resultó ser Matías, el hijo de Soraya, una de las madres que hace parte de MAFAPO. Alguna vez yo vi a Matías vivo. Mi hermano frecuentaba mucho un semáforo cercano a un centro comercial, allí limpiaba los vidrios de los carros o a veces vendía dulces. Él era un hombre muy inestable; nosotros, sus hermanos, estábamos pendientes de él. Un día que pasé por el restaurante cercano en el que Jaime almorzaba, vi a Matías. Me pareció un muchacho muy simpático y joven, yo creo que apenas tenía 21 años.
–¿Cuál es la trayectoria de la asociación y quiénes la conforman actualmente?
–Después que hicimos todo el proceso de sepultar a Jaime y poner la denuncia, en noviembre de ese mismo año nos fuimos a buscar en la personería de Soacha a las madres. Hecho ese primer acercamiento, comenzamos a reunirnos en un espacio prestado y empezamos a conversar sobre cómo íbamos a dar esa lucha por la memoria de nuestros seres queridos y para que el país conociera esos hechos. Al inicio nos contactaron varios periodistas, también organizaciones sociales, incluso nos invitaron a eventos en donde se hablaba de la situación y ahí se empezaron a abrir puertas. Por mucho tiempo, visitamos colegios y universidades, para visibilizar lo que pasó. Se nos abrió un espacio en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en dónde se dio el origen del “costurero de la memoria”(1). En 2018 tuvimos legalizada la fundación.
–¿Cómo fue ese proceso de comenzar a elaborar y reelaborar las memorias en torno a estos hechos tan dolorosos?
Con el “costurero de la memoria” comenzamos a trabajar sobre telas y, en ese remendar y coser, íbamos contando nuestras historias. En mi caso particular, este ejercicio de memoria fue muy duro, yo sentía que en ese contar y remendar se abría una llaga. Era mortificante para mí, había momentos en que no podía continuar, y dejé de ir varias veces porque no sentía que en ese momento era un espacio que me estuviera sanando, por el contrario, me estaba mortificando. Luego de darme un tiempo regresé a ese espacio, sentía que me hacía falta. Entonces desde allí comenzamos a trabajar en las telas de la memoria.
–¿Qué implicó hacer parte del proyecto “Madres Terra”(2), del fotógrafo Carlos Saavedra?
–Yo no sabía cómo eran las fosas comunes hasta que fui a reconocer el cuerpo de mi hermano. Yo creía que en las fosas comunes, encima de cada cuerpo, había una lápida con un N.N., pero eso no es así. Cuando viajé a Ocaña y llegué a la finca en la que se encontraba Jaime, su cuerpo estaba en la mitad de una montaña, en un hueco gigante. Esa era la fosa común en la que había varios cadáveres. Ninguno estaba marcado, estaban apilados, unos encima de otros, y como ya los habían sacado varias veces tenían la piel muy maltratada. Fue muy duro ver eso, ver esos jóvenes ahí, como si fueran perros.
Cuando comenzamos ese proceso de fotografía con Carlos yo sentí eso, me transporté a ese espacio de la fosa común y cada palada de tierra me hacía sentir como si me estuvieran enterrando en vida, y recordé también la forma en que se quiso enterrar la verdad, la historia de nuestros seres queridos. La tierra pesa pero también es la que da vida. Yo salí de ahí, broté, reviví, renací y así retomé las energías para seguir esta lucha. Nuestro proceso de duelo ha sido diferente, ha tomado muchas formas y cada una lo ha vivido a su manera. El arte nos ha ayudado mucho. Nuestra recuperación emocional ha sido a través del arte, el arte ha ido limpiando nuestras heridas.
–¿Qué otros logros han tenido como asociación en estos años que llevan unidas?
–Yo pienso que el gran logro ha sido que, de alguna forma, hemos contribuido a que se destape todo el horror detrás de las ejecuciones extrajudiciales. En estos años que hemos estado luchando por nuestro derecho a la verdad muchas víctimas, que en su momento no denunciaron los hechos por temor, nos han contactado a través de nuestras redes sociales. Y esto prueba que esta estrategia macabra fue empleada en todo el país y no solo en Soacha. La importancia de haber creado este colectivo es que esta estrategia no quedó en el olvido. En estos años hemos tenido todo el acompañamiento por parte de los ciudadanos, pero por parte del Estado no hemos recibido ningún apoyo. Estamos convencidas de que eso se puede volver a repetir, por eso la importancia del trabajo pedagógico en colegios y universidades. Es importante visibilizar esto y no permitir que quede en el olvido.
–¿Frente al tema de justicia, sienten ustedes que ha habido algún avance en los diferentes casos, teniendo en cuenta que estos pasaron de la justicia ordinaria a la JEP?
–Pienso que sí ha habido cosas importantes con la JEP, por ejemplo, hemos tenido espacios en donde hemos podido expresar nuestro sentimiento, nuestra rabia, nuestro dolor. En la justicia ordinaria no podíamos ni respirar, porque si algo llegábamos a decir en la audiencia nos sacaban de allí, no podíamos ni opinar ni preguntar. En el espacio de la JEP hemos podido controvertir las versiones que los implicados en las ejecuciones extrajudiciales han dado. Sí ha habido ganancias a través de esta justicia porque hay muchos culpables que sí han aportado verdad. Muchos de los bajos rangos han mencionado que sus superiores les exigían bajas en combate para sus ascensos. En el caso del coronel Jesús Amado Rincón Londoño, él mismo aceptó que pedía a sus subalternos “baños de sangre”. Otros, como el ex teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, no han reconocido nada y argumentan que todo sucedió a sus espaldas, a pesar de las diferentes versiones de soldados que estaban a su cargo y que concuerdan en que él mismo buscaba los recursos necesarios para pagar a los informantes y los pasajes de los jóvenes que iban a pasar como guerrilleros muertos en combates. Tamayo lo ha negado todo. Nosotras ya no esperamos que los responsables por estos crímenes sean condenados. Para nosotras es más importante conocer qué pasó, saber la verdad.
–¿Han tenido algún acercamiento con la Comisión de la Verdad(3)?
–Con la comisión no habido mucho espacio, tuvimos un par de reuniones pero no trascendió.
–¿Han recibido amenazas? ¿Ha habido algún tipo de persecución?
–Algunas madres tienen medidas de seguridad, tienen protección a través de la JEP. Por medio de las redes sociales recibimos constantemente mensajes amenazantes, el mismo Álvaro Uribe nos bloqueó. Estamos en alto riesgo porque finalmente nuestra lucha es en contra del Estado y el Estado tiene el poder y en cualquier momento nos puede callar. Mi hija menor tuvo que salir del país a raíz de unos seguimientos que le hicieron en el trayecto del colegio a la casa. He expuesto mi propia vida y la de mi familia.
–¿Qué mensaje quisiera enviarle al gobierno?
–El gran mensaje que quisiera enviarles es que digan la verdad. Nosotras queremos saber la verdad, queremos saber quién dio la orden de cometer estos crímenes. Más que una condena ejemplar queremos conocer la verdad.
–¿Para ustedes esa sería una reparación completa?
–Nosotras en algún momento esperamos que se haga un acto de perdón, esperamos que los responsables ofrezcan un perdón que les nazca del corazón.
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- El “costurero de la memoria”, creado en 2013, es “un espacio de encuentro, sanación y construcción colectiva en el que, desde el acto de coser y otros saberes [se] reconstruye la memoria histórica de las víctimas”. En sus inicios nace como un espacio de acompañamiento para las víctimas de la violencia política, en especial, las víctimas de falsos positivos, aunque con el tiempo se sumaron otros actores. Por medio de la confección y del bordado se trabaja en la reelaboración de memorias individuales y colectivas vinculadas al conflicto armado colombiano.
- Este proyecto fotográfico, ganador del “Everyday Heroine Award Grant”, que contó con la participación de las Madres de Soacha, busca visibilizar, concientizar y sensibilizar sobre los crímenes de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado y la dificultad para acceder a la verdad detrás de estos hechos. En la serie fotográfica, que nos muestra a las madres y hermanas de los “falsos positivos” de Soacha y Bogotá, vemos a estas mujeres enterradas, en diferentes posiciones, como una forma de representar el peso simbólico y la carga emocional que ha implicado un proceso de duelo por la pérdida de un familiar.
- La Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, o la Comisión de la Verdad, hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), junto con la JEP y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, creado a partir del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. En términos amplios, la Comisión “busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera”.
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Imagen de portada: Imagen creada a partir del mural “¿Quién dio la orden?”.
