La COP26 dejó muchas dudas y esperanzas no cumplidas. Uno de los temas que quedó en el tintero es el de la justicia climática. ¿Cómo se resarcen los crímenes ambientales? ¿Qué hacer para prevenir su repetición? ¿Cómo tejer estrategias colectivas a favor del medio ambiente? De esto y más habla esta última entrega de Julieta Bugacoff sobre la COP26.
El 13 de noviembre, Greta Thumberg escribió en su cuenta de Twitter: “Terminó la #COP26: Aquí hay un pequeño resumen: blah, blah, blah. El trabajo real continúa fuera de estos pasillos. Nunca nos daremos por vencidos, jamás.” Las palabras de la activista sueca constituyen una síntesis de la perspectiva de activistas ambientales, líderes territoriales y movimientos sociales ante el evento realizado en Glasgow. Ese mismo día, el presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el británico Alok Sharma, se disculpó entre lágrimas ante los delegados por el desenlace de la COP26.
En 2015, la firma del Acuerdo de París durante la COP21 dio cierta esperanza a los movimientos ambientales. En esa ocasión, 191 países acordaron hacer todo lo posible para limitar el calentamiento global a “muy por debajo” de los 2ºC. Sin embargo, la confianza por parte de los movimientos ambientalistas en la política internacional se diluyó con velocidad. Hasta el momento, no ha habido una reducción significativa en las emisiones de CO2, y en 2019 se situaron en un máximo histórico.
Según un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en abril, los niveles de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera alcanzaron un nuevo récord de 410,5 partes por millón. Las medidas conjuntas acordadas en París recién entraron en vigencia en enero de 2021, es decir, cinco años después de su aprobación.
La inconformidad ante el acuerdo final emitido por la COP26 no fue una sorpresa para nadie. Sobre este último punto, Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace Internacional, expresó: “El texto es manso, es débil y el objetivo de 1,5ºC apenas sigue vivo, pero se ha enviado una señal de que la era del carbón está terminando. Y eso es importante. Aunque el acuerdo reconoce la necesidad de reducir las emisiones en esta década, estos compromisos se posponen al año que viene”.
El Pacto Climático de Glasgow hace una mención explícita del rol de los combustibles fósiles en la crisis climática. En principio, parecía que las decisiones que se iban a tomar sobre las regulaciones del carbón iban a ser más tajantes. Sin embargo, la delegación proveniente de India se negó a dar su aprobación. Es importante mencionar que para que el pacto sea válido, es necesario que las 197 partes estén de acuerdo con el texto final. Finalmente, el país asiático dijo que daría su consentimiento si se realizaba una modificación: el carbón no debe ser eliminado, sino reducido de manera progresiva.
Además de criticar el Pacto Climático de Glasgow, Morgan habló sobre la importancia de los movimientos sociales: “La única razón por la que conseguimos lo que conseguimos es porque los jóvenes, los líderes indígenas, los activistas y los países en primera línea del clima forzaron concesiones que se dieron a regañadientes”
¿Y en América Latina?
El 10 de septiembre de este año, varios gobiernos de América Latina se reunieron de manera virtual con el objetivo de unificar posiciones en materia de política climática dos meses antes de la COP26. En el evento -convocado por Argentina- participaron representantes de Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá, Barbados, República Dominicana, Paraguay y Ecuador. Un hecho llamativo es que la mayoría de las intervenciones de los presidentes y ministros apuntaban a remarcar la necesidad de obtener financiamiento para reducir las emisiones de CO2.
Lamentablemente, este fue otro de los puntos que no se lograron en Glasgow. El acuerdo subraya la importancia de las pérdidas y los daños producto del cambio climático. Sin embargo, si bien afirma que debe existir un compromiso para brindar asistencia técnica a los países afectados, no establece un fondo específico. En cambio, pide que haya más diálogo. La principal consecuencia sería que un fondo real podría tardar varios años en llegar, y no resultaría útil ante una emergencia.
En el caso de América Latina, concebir a la COP 26 como un mecanismo de justicia climática es cada vez más difícil. Por un lado, se esperaba que uno de los temas centrales en Glasgow fuese el futuro del Amazonas. En los últimos dos años, la selva más grande del mundo ocupó varias tapas de diarios producto de los incendios masivos y la deforestación. Sin embargo, las medidas tomadas en función de la protección del Amazonas -la cual ya fue arrasada en un 17% a causa de la explotación de hidrocarburos, la extracción de minerales y la deforestación- son escasas.
¿Y la justicia climática? Entre simulaciones y respuestas colectivas
En mayo, el Gobierno del Reino Unido, anfitrión del evento, anunció que la COP26 sería la más inclusiva de todas. Sin embargo, la realidad tuvo poco que ver con el discurso adoptado por el país europeo. Por un lado, la mayoría de los países periféricos fueron ubicados en la lista roja de países con mayor riesgo por Covid19, por lo que sus representantes tuvieron que hacer una cuarentena de 10 días.
Además, en esta ocasión, el Reino Unido limitó el número de observadores pertenecientes a la sociedad civil que podían estar presentes dentro de la sala de negociaciones. Como consecuencia, quedó vedado uno de los elementos fundamentales que permiten garantizar la transparencia en las instancias de debate.
Wilma Esquivel Pat pertenece a la comunidad maya masehual. Es feminista comunitaria, y forma parte de la Red Futuros Indígenas. Este año, acudió a la COP26 con el objetivo de denunciar la violencia sistemática que sufren los líderes territoriales en América Latina. Para ella, el principal problema del evento es que es una simulación: “Las grandes potencias no vienen a buscar soluciones, sino a negociar cómo se reparten el pastel.”
Con respecto a las decisiones que se tomaron este año, ella afirmó: “Las negociaciones nos dañan. Gran parte del resarcimiento económico se hace mediante la implementación de tecnologías verdes, las cuales terminan afectando de manera negativa a los bosques y las selvas.”. Además, agregó que las respuestas al problema no van a venir de los países que tienen el poder económico, sino de la colectividad.
En “Conflictos socioambientales en América Latina”, César Garavito y Carlos Baquero Díaz, explican que en las últimas dos décadas, las industrias extractivas y los derechos indígenas se globalizaron de manera simultánea. En consecuencia, los conflictos relacionados con la explotación de los territorios indígenas se volvieron un problema cada vez más frecuente.
A los 9 años, la panameña Sara Omi fue desalojada de su casa junto a su mamá y sus abuelos. Desde ese momento, está convencida de que las luchas por defensa de la tierra son el camino hacia la justicia climática. En una entrevista, la líder indígena embera explicó que los pueblos originarios son los responsables de cuidar el 80% de la biodiversidad mundial, por eso mismo, se encuentran en la primera línea de las afectaciones de cambio climático.
Para ella Sara Omi las comunidades indígenas se encuentran excluidas de los espacios de negociación: “Tenemos la misión de mantener viva la esencia de nuestras comunidades, pero para eso, debemos tomar parte de las decisiones que se toman sobre nuestros territorios”, explicó. En relación al vínculo entre la justicia climática y la COP26, Omi considera que el verdadero objetivo del evento es conocer la situación de otros líderes ambientales, y articular estrategias que permitan hacerle frente a las decisiones tomadas por los gobiernos, es allí donde reside la verdadera justicia climática.
Este año, la decepción producto de la COP26 fue doble. Por un lado, los gobiernos latinoamericanos no obtuvieron la financiación que esperaban. A la vez, activistas, líderes territoriales y pueblos originarios, continúan denunciando que las medidas tomadas no son suficientes. Ahora que el panorama es claro, desarrollar estrategias reales para hacerle frente a la crisis ambiental queda en manos de los movimientos sociales. En sus decisiones futuras reside la posibilidad de alcanzar una verdadera justicia climática.
*Esta historia fue producida con el soporte de Climate Tracker.
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Diseño de portada: Rocío Rojas
