Hace poco más de un año, el gobernador puertorriqueño, Pedro Pierluisi, declaró un Estado de Emergencia por violencia de género en el país caribeño. Contrario a lo que muchos esperaban, desde entonces han ocurrido 58 feminicidios en la isla, cifras que siguen provocando indignación entre mujeres y grupos de la sociedad civil.
Por: Danelys Estévez & Viviana Tirado
La noche del pasado 27 de enero, la agente de la Policía puertorriqueña Brenda Pérez Bahamonde fue agredida a balazos por su expareja, también policía. A pesar de lograr huir de su victimario y buscar ayuda en el cuartel donde laboraba, Brenda se convirtió esa noche en la primera víctima de feminicidio íntimo de 2022 en Puerto Rico.
Su asesinato sucedió justo en la semana en que se cumplía un año desde que el gobernador Pedro Pierluisi declarara un Estado de Emergencia por violencia de género que todavía está lejos de solucionar el problema en el país.
Y es que, según el Observatorio de Equidad de Género, desde entonces han ocurrido 58 feminicidios en Puerto Rico, cifras alarmantes que siguen provocando indignación entre mujeres y demás grupos de la sociedad civil.
Para entender mejor el tema, hoy ponemos la lupa sobre lo que ha sido del Estado de Emergencia por violencia de género que recién cumplió un año de decretado en Puerto Rico.
¿Qué llevó a Puerto Rico a decretar un Estado de Emergencia por violencia de género?
Cansadas de la indiferencia estatal, cientos de feministas comenzaron a organizarse en 2018 para exigir un plan de acción contra la violencia de género en la isla.
Y es que en la última década ha habido un aumento drástico de la violencia machista en Puerto Rico.
Esta detonó fundamentalmente tras la devastación causada por el huracán María en 2017. Luego, la crisis económica y el confinamiento por la pandemia de covid-19 levantaron banderas rojas en activistas y estudiosas, quienes comenzaron a investigar y a llevar conteos independientes de querellas por violencia de género, desapariciones, feminicidios y transfeminicidios.
Gracias a ellas sabemos que solo en 2020 Puerto Rico registró 60 feminicidios y transfeminicidios en una población de poco más de 3 millones. En su momento más atroz, entre septiembre y octubre, hubo 17 asesinatos de mujeres. Sin embargo, el gobierno sólo reconoció ocho feminicidios durante ese año.
A partir de entonces, distintas manifestaciones, plantones y campamentos feministas comenzaron a sentirse en las calles y a centrar la discusión pública en la necesidad de implementar un plan de acción contra la violencia de género.
Fue ante toda esta presión que el 25 de enero de 2021 el gobernador Pedro Pierluisi declaró un Estado de Emergencia con diferentes estrategias para combatir la violencia machista dentro del país.
¿Cuáles fueron las principales medidas adoptadas como parte del Estado de Emergencia?
El estado de emergencia establece medidas para prevenir y erradicar conductas que promuevan la violencia de género, así como protocolos de protección para las sobrevivientes.
Por ejemplo: establece como prioridad la designación de fondos a programas de prevención, orientación y educación, incluyendo la implementación de un currículo con perspectiva de género en las escuelas.
Además, creó el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género, conocido como Comité PARE y conformado por agencias gubernamentales, personas del sector privado y organizaciones sin fines de lucro.
Los principales objetivos de este comité son la conformación de estadísticas confiables de feminicidios y casos de violencia de género, la creación de programas de educación con perspectiva de género, y el análisis de proyectos de ley que protejan a las víctimas y procuren rehabilitación para los victimarios.
Además, el Comité PARE tiene la responsabilidad de actualizar y agilizar los trámites de denuncia y protección para las sobrevivientes de violencia de género. Esto incluye la creación de una aplicación móvil para que personas en situación de peligro puedan solicitar ayuda a las autoridades sin el conocimiento del agresor.
Por último, el comité debía evaluar el protocolo del “Plan ALERTA ROSA”, una ley que se creó en 2019 para reportar las desapariciones de mujeres de 18 años o más, pero que no se activó hasta el 29 de abril de 2021 con el secuestro de Keishla Rodríguez Ortiz, finalmente asesinada por el boxeador profesional Félix Verdejo, quien ahora enfrenta cargos criminales en un tribunal federal.
¿Cómo fue recibido el Estado de Emergencia por la población puertorriqueña?
La declaración del estado de emergencia fue bien recibida por sobrevivientes, familiares de víctimas, aliados y demás sectores sociales que luchan contra la violencia de género, por representar una mayor visibilidad para el tema y el reconocimiento institucional del crimen que se vive en la isla por razón de género.
Pero aunque pareciera ser una victoria de todo el país, la realidad es otra.
El partido conservador Proyecto Dignidad, por ejemplo, se opuso desde el principio al decreto del estado de emergencia. César Vázquez Muñiz, su fundador, dijo en aquel entonces que la medida “no protege otros sectores sociales igualmente en peligro”, además de que desconoció el aumento de la violencia contra la mujer.
Por otra parte, no son pocos los usuarios de redes sociales que critican la legitimidad de esta orden ejecutiva, pues creen que se trata de una cortina de humo del gobierno para desviar la atención de otros males que aquejan a la sociedad.
¿Cuánto han logrado avanzar las medidas en este año?
En cuanto a la implementación de las medidas, podemos hablar de algunas pequeñas victorias.
Ejemplos de ello son las orientaciones del Comité PARE y organizaciones feministas para que los funcionarios públicos manejen con mayor sensibilidad todo lo relativo a casos de violencia de género, así como la creación de una plataforma estadística para documentar este tipo de abusos de manera sistemática. y los acuerdos para reestructurar cómo se trabaja con casos de violencia machista en la Policía, las orientaciones y
La Policía, por su parte, ha empezado a revisar su metodología de trabajo frente a casos de violencia de género. Además, comenzó a categorizar los feminicidios en sus expedientes y creó un protocolo especial de investigaciones criminales para estos casos.
Y en agosto de 2021, el Comité PARE y varios grupos feministas lograron que el gobernador firmara una ley que define los feminicidios y transfeminicidios como delitos de asesinato en primer grado.
Todo esto se escucha bien, ¿no? Sin embargo, a un año del decreto todavía quedan cosas por concretar. De ahí que haya quienes cuestionan la lenta implementación de las medidas propuestas por el Estado de Emergencia, e incluso la dejadez del gobierno.
Este es el caso del currículo con perspectiva de género para las escuelas públicas. A pesar de que ya se encontraba listo, este ha sido aplazado en dos semestres escolares distintos por el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés.
En su más reciente controversia, Ramos Parés reveló que el módulo de enseñanza ya no tendría un enfoque en la perspectiva de género, sino en la equidad y el respeto entre seres humanos.
La decisión, rechazada por feministas y el propio Comité PARE, surgió luego de una reunión del funcionario con la senadora Joanne Rodríguez Veve, quien está afiliada al partido político conservador Proyecto Dignidad, el mismo que se opuso al Estado de Emergencia desde el inicio.
Por otra parte, se desconoce el estado de desarrollo de la aplicación móvil que debería ayudar a las víctimas a denunciar cualquier tipo de violencia de género en su contra.
¿Cómo se han comportado la violencia de género y los feminicidios este último año?
A pesar de ciertos avances logrados con el Estado de Emergencia, en 2021 se reportaron 52 feminicidios en Puerto Rico, una cifra ligeramente menor a la de 2020, cuando se registró un aumento súbito en el número de casos de violencia de género.
Este año ya se han registrado seis. Uno de los más recientes fue el de la estilista Erika Marie Neris Díaz, golpeada mortalmente en su casa el pasado 12 de febrero mientras atendía a una clienta. Como en tantos otros casos, el asesino es su expareja, contra quien Erika había radicado una orden de protección en el pasado.
Si bien las activistas reconocen los esfuerzos por erradicar la violencia machista, también advierten que el estado de emergencia no es la solución definitiva. Primero porque esta debe estar acompañada de una educación con perspectiva de género en la niñez y juventud, así como por una conciencia antipatriarcal en los adultos. Y segundo, porque la orden del Estado de Emergencia finaliza en junio de este año, dentro de unos pocos meses.
Ante este panorama, los cuestionamientos en torno al próximo plan de acción por parte del Estado continúan. Asimismo, la confianza en el cumplimiento de las promesas institucionales de trabajar contra la violencia de género pende de un hilo muy fino.
A pesar de esto, en Puerto Rico no dejamos de imaginar y construir en colectivo, de la mano de iniciativas que luchan por la justicia social, una vida en la que no tengamos que vivir sin una menos.
Diseño de portada: Rocío Rojas
