Diversos sectores opositores al aborto y el gobierno de Javier Milei obstaculizan el acceso a este derecho reconocido y protegido por la legislación argentina. Estas acciones retoman elementos de estrategias promovidas durante décadas por grupos estadounidenses.
Por Jazmín Bazán (Argentina, 1990)
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Antes de volverse consigna electoral, la sospecha contra el “género” se organizó también en pasillos diplomáticos. La activista e investigadora brasileña Sonia Corrêa lo reconstruyó desde una memoria directa. En 1995, durante las reuniones preparatorias de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, realizadas en Nueva York, sus colegas feministas le advirtieron que el término había quedado entre corchetes en los borradores de las Naciones Unidas.
No era una discusión técnica. Después de los avances logrados en materia de derechos reproductivos, sexualidad y familia, actores conservadores y religiosos buscaban volver sospechosa una palabra que permitía nombrar desigualdades, cuerpos y relaciones de poder.
En su ensayo “Las políticas del género”, Corrêa recuerda que, durante esos debates, organizaciones de la derecha católica estadounidense distribuían entre las delegaciones, especialmente las del Sur Global, materiales que caricaturizaban al feminismo y presentaban la categoría de género como una amenaza. Esa ofensiva, instalada hoy en redes y discursos oficiales contrarios a la educación sexual, formó parte de una disputa más amplia por controlar los sentidos de la autonomía, la familia y la salud.
En la Argentina, la Ley 27.610, que reguló el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, permanece como una de las conquistas más importantes del movimiento de mujeres y disidencias. Pero el clima político sufrió un vuelco drástico. Desde la asunción de Javier Milei como presidente del país, en 2023, el discurso oficialista volvió a presentar la práctica como un crimen, con obstáculos para su cumplimiento y amenazas de derogación.
Juan Marco Vaggione, sociólogo, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y experto en derechos sexuales, religión y política, analiza la avanzada oficial en dos tiempos. Durante el primer año, la gestión de Milei dio un peso programático central a la lucha contra la “ideología de género”. Esa consigna operó en decretos y resoluciones administrativas junto a argumentos de eficiencia fiscal para desfinanciar políticas de salud reproductiva. Luego, el eje discursivo viró hacia la “batalla cultural”, una categoría más amplia que aglutina adversarios diversos, desde “la izquierda, el progresismo y el wokismo” hasta “el feminismo y el ecologismo”.
El saber experto como trinchera
Esa maquinaria discursiva que hoy reordena la agenda, y que tiene raíces concretas en la historia argentina, se apoya además en una matriz ensayada durante décadas a escala global. El activismo antiaborto local asimiló prácticas, lenguajes y formas de organización del conservadurismo del Norte, en particular el estadounidense. Ese espejo ayuda a entender cómo opera ese entramado y a anticipar nuevas estrategias.
Para Ziad Munson, sociólogo de la Universidad de Lehigh (Pennsylvania), dedicado a estudiar la genealogía de esa militancia en su país, la primera gran disputa no fue partidaria ni religiosa, sino profesional. En el siglo XIX, la Asociación Médica Estadounidense impulsó una campaña que se oponía a las prácticas realizadas por fuera de su autoridad. “Este tema fue usado política y retóricamente para defender un enfoque corporativo”, explica Munson.
La disputa no giraba solo alrededor del aborto, sino de quién podía reclamar autoridad sobre el embarazo. Los médicos —casi en totalidad, varones— buscaron desplazar los saberes y la decisión de parteras, sanadores y las propias mujeres. Según Munson, de esta manera, las primeras leyes no clausuraban del todo la práctica: la permitían cuando un profesional de la salud la consideraba apropiada.
Hacia mediados del siglo XX, explica, la jerarquía católica asumió el control de la oposición coordinada. El académico aclara que la resistencia no provino de las bases de fieles, sino que “fue la institución de la Iglesia la que reaccionó”. Frente al escenario adverso que se gestaba en tribunales y legislaturas, los obispos entendieron que una campaña netamente eclesiástica fracasaría en una sociedad atravesada por corrientes anticatólicas.
La salida fue sacar la causa del perímetro clerical, creando organizaciones civiles, ampliando vocerías hacia actores de otras religiones y presentando la oposición al aborto como defensa de la vida, la ciencia y la niñez. “Tomaron la estructura dentro de la Iglesia que habían creado y la convirtieron en organizaciones seculares”, resume Munson, autor de Políticas del aborto (2018), un libro que narra la historia del debate sobre el aborto desde la época colonial hasta el presente. El dogma no desapareció. Aprendió a circular con otro vocabulario.
La Argentina conoció una versión propia de ese pasaje, aunque más tardíamente. Tradicionalmente, desde la incorporación al Código Penal del aborto por causales en 1921, la oposición local a los derechos reproductivos se apoyó en la jerarquía eclesiástica y en agrupaciones con esta impronta, como Portal de Belén.
Sin embargo, los debates legislativos de 2018 y 2020 expusieron la irrupción de las iglesias evangélicas en la arena pública. Entre sus voceros parlamentarios destacaron el pastor y bioeticista Gabriel Ballerini, el dirigente Rubén Proietti y la abogada Nadia Márquez, ahora diputada nacional.
Esta vertiente adoptó una “laicización” del argumento antiaborto, incorporando a su repertorio las categorías de salud pública y derechos humanos como táctica retórica. Así, expandió su influencia a través de redes profesionales, fundaciones, equipos jurídicos, agrupaciones juveniles y alianzas internacionales.
De Roe a la erosión paciente
En 1973, a través del litigio judicial Roe contra Wade, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció que la Constitución protegía la decisión de interrumpir un embarazo. El famoso fallo no cayó sobre un desierto político: la segunda ola feminista —que también tuvo su expresión en Argentina— ya había convertido la autonomía corporal en una consigna central. Para entonces, varios estados habían reformado sus leyes. La decisión se inscribió en una década de avances globales. Francia aprobaría en 1975 la Ley Veil e Italia sancionaría en 1978 la Ley 194; ambas normas regularían la interrupción voluntaria del embarazo.
En el contexto estadounidense, la sentencia no despenalizó la práctica mediante una ley de alcance federal, sino que limitó la capacidad de las legislaturas estatales para prohibirla. Para el movimiento en contra del derecho al aborto de ese país, esa derrota judicial se transformó en una causa política de largo plazo.
El Partido Republicano tardó décadas en ser dominado por esta corriente, un giro que condensó la presidencia de Ronald Reagan. La derecha religiosa y el conservadurismo partidario encontraron en este debate un eje capaz de cohesionar tribunales, base electoral, financiamiento y cuadros judiciales. La discusión desbordó la clínica para transformarse en un “tótem tribal” —término acuñado por Munson—. Es decir, un símbolo identitario separado de los efectos concretos de las normas.
En 1992, el fallo Planned Parenthood contra Casey mantuvo el núcleo del Roe, pero abrió margen para regulaciones estatales mientras no impusieran una “carga indebida”, es decir, un obstáculo sustancial para acceder al derecho. Ese estándar habilitó períodos de espera, consentimientos informados, exigencias administrativas a clínicas, litigios sucesivos y restricciones presupuestarias. La prohibición total no era el único camino: también podía volverse más difícil, caro y lejano ejercer un derecho reconocido.
El sistema institucional estadounidense ofrecía así, tempranamente, múltiples “puntos de acceso” —en palabras de Munson— para la avanzada en contra del aborto: legislaturas, tribunales, condados y consultas populares.
“Si un movimiento pierde en un área, tiene todas las otras”, detalla el experto. Esa descentralización sostuvo el litigio durante medio siglo, acompañado por imágenes fetales y ecografías presentadas como pruebas éticas que aíslan al embrión y relegan el cuerpo de la mujer a un fondo invisible.
La revocación del Roe, a través del fallo Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, en 2022, fue el desenlace de esa acumulación jurídica, política y cultural. Antes que una novedad, coronó décadas de trabajo sobre partidos, cortes, estados, organizaciones, lenguajes e imágenes.
Las derechas argentinas tomaron lecciones de ese proceso de casi cincuenta años para adaptarlo de forma acelerada a su propio mapa institucional. Aquí, desde 2018, los movimientos identificados con el pañuelo celeste (como contracara del pañuelo verde de quienes luchaban por el aborto legal) expresaron una fuerte oposición a los derechos reproductivos.
Al mismo tiempo, construyeron una comunidad moral opuesta al feminismo, la diversidad sexual y la idea de un Estado garante de derechos. Con la llegada de Milei, esta identidad se convirtió en política de Estado a través de una retórica contra lo que llamaron “ideología de género”.
Bajo esta lógica, la victoria verde de 2020 funcionó para los sectores opuestos a la ley como una derrota organizadora, parecida al lugar que Roe ocupó en Estados Unidos. Al no contar con el diseño federal de Estados Unidos, los puntos de acceso fueron otros. Después del Congreso, la disputa se desplazó hacia proyectos de derogación, amparos en la justicia provincial, actos legislativos, cursos de formación, el despliegue de fundaciones y la propia administración pública. La ley cerró una votación parlamentaria, pero inauguró nuevas arenas para quienes la habían combatido.
Preservar los cuidados gratuitos
Más allá de las organizaciones y los tribunales, en la trinchera de esta disputa permanente se esconde el deseo de sostener la figura de la familia. Kristin Luker, socióloga y profesora emérita de la Universidad de California en Berkeley, investiga el trabajo invisible de cuidado. Su análisis demuestra que la militancia en contra del aborto busca preservar el modelo de familia tradicional —donde las mujeres se dedican exclusivamente a la crianza y el hogar— frente a una economía que precariza la vida y devalúa ese rol reproductivo.
Retomando la premisa de su clásico libro El aborto y las políticas de la maternidad (1984), la autora plantea que “en la teoría política, las mujeres pueden ser madres o pueden ser ciudadanas”. Por eso, observa, la decisión de interrumpir un embarazo altera la arquitectura de lo que se considera la feminidad clásica: desordena el destino asignado y reclama una autonomía que el conservadurismo percibe como una amenaza a su estabilidad.
Esa tensión histórica ilumina el plano argentino contemporáneo, donde la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo choca con las demandas de un modelo económico que requiere una base gratuita de tareas domésticas. “El neoliberalismo solo puede existir si hay toda una clase de personas en el fondo haciéndolo funcionar”, destaca Luker.
En un escenario donde la doble jornada laboral alimenta el desgaste psíquico de las mujeres, la idealización de la domesticidad funciona como un alivio utópico frente a la crisis. Lejos de ser una salida real, esa nostalgia opera como un reproche directo hacia la autonomía reproductiva.
Frente al escenario actual, Luker recalca que aislar el aborto como un reclamo exclusivo de mujeres fue una derrota intelectual: lo convirtió en un interés sectorial cuando, en realidad, expone una disputa más amplia sobre igualdad, ciudadanía y jerarquías. Para ella, esa discusión es “la punta de lanza de una cosmovisión autoritaria, antiigualitaria y contraria a la Ilustración”.
La pulseada de fondo no afecta solo a quienes pueden gestar, porque define quién cuenta como sujeto pleno de derechos. En su lectura, cuando las mujeres dejan de ser reducidas únicamente a la maternidad y aparecen en el espacio público con proyectos propios, el plan de restauración de las derechas pierde su suelo más firme, porque se desmantela su sistema de jerarquías.
La traducción libertaria y la familia pilar
La hipótesis de Luker esclarece el ensamblaje que el sociólogo Vaggione describe en Argentina, donde el Estado delega el cuidado de los ciudadanos a los hogares para reducir sus propios costos, una estrategia que requiere un núcleo doméstico capaz de absorber costos, imaginado bajo el orden de mujeres disponibles para cuidar. El país combina tradición católica, laicidad ambigua, expansión evangélica y feminismo de masas para este objetivo.
Aunque referentes como Jorge Scala —un abogado cordobés pionero en el litigio contra los derechos reproductivos— o Agustín Laje —un influyente politólogo y escritor ultraconservador— alcanzaron influencia regional, la consigna de la “ideología de género» no estructuró las discusiones nacionales con la fuerza que exhibió en el resto del continente. En las marchas de 2020 apareció de manera incipiente, pero, como apunta Vaggione, “la incorporación del concepto por parte de Milei potenció la llegada de esta idea mucho más allá de lo que hasta ese momento había circulado”.
El partido La Libertad Avanza, liderado por Milei, adaptó la matriz partidaria estadounidense, la reacción vaticana y el sarcasmo digital a su manual doctrinario. Las redes sociales digitales aceleran esa traducción a través de memes, imágenes de inteligencia artificial o burlas dirigidas a cuestiones de género que viajan entre cuentas oficialistas y derechas estadounidenses sin pasar por los viejos filtros partidarios. En ese ecosistema guiado por la enemistad rápida, la reducción del Estado se entrelaza con la defensa del hogar tradicional frente al feminismo, la diversidad y la educación sexual.
Ese giro resignificó la bandera de la libre elección. Mientras la marea verde había puesto el foco en la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo, la narrativa gubernamental desplazó el concepto hacia otros campos: la prerrogativa de los padres para objetar contenidos escolares, la facultad de las instituciones para no acompañar políticas de género o el derecho de las empresas a rechazar normas igualitarias. La decisión soberana sobre el propio proyecto de vida se vuelve sospechosa y la negativa a reconocer derechos se disfraza de emancipación amenazada.
Esta lógica une al conservadurismo moral con la ortodoxia de mercado. Ante el repliegue de los servicios de salud, asistencia social y educación, las responsabilidades de cuidado se trasladan al ámbito privado. “La familia necesita ser una familia pilar y sostiene aquello de lo que el Estado sistemáticamente se aleja más”, advierte Vaggione sobre una transferencia que impacta mayoritariamente sobre las mujeres.
La ofensiva presenta los derechos sexuales como intromisiones contra las facultades individuales, una matriz que el sociólogo denomina “libertad adversativa”, un marco que defiende incluso “el derecho a discriminar” mediante argumentos que rechazan el uso de fondos públicos para estas políticas o denuncian una distorsión del lenguaje que lesiona la autoridad parental.
La pelea después del Congreso
Aunque la organización institucional argentina tiene particularidades propias, la analogía estadounidense sirve para observar cómo se neutraliza una norma vigente. Vaggione acuña el término “infralegalismo autoritario” para describir este proceso. “A través de decretos y resoluciones administrativas se dejan sin financiamiento, o se interrumpen políticas públicas que están reconocidas por ley”, sintetiza.
La transposición de estas estrategias ayuda a entender cómo un conflicto médico, religioso y moral termina convertido en identidad política, litigio permanente y lenguaje de Estado. La votación parlamentaria de 2020 significó una victoria histórica para el movimiento de mujeres, pero para los sectores antiderechos abrió una nueva etapa que disputa la familia, el significado de libertad, la educación sexual y las partidas presupuestarias en el corazón de la batalla cultural.
Este reportaje fue apoyado por la iniciativa de Salud Reproductiva, Derechos y Justicia en las Américas de la International Women’s Media Foundation (IWMF).
