En los últimos años, México ha dejado de ser un país de tránsito para convertirse también en destino y refugio de miles de familias en movilidad, muchas con hijos en edad escolar. Esto ha colocado a cientos de niños y niñas en una situación de rezago educativo, sin claridad sobre cuándo o dónde podrán volver a estudiar.
Este reportaje se realizó con apoyo y asesoría de Data Talents, primer Laboratorio de Periodismo Basado en Datos para Jóvenes, una iniciativa conjunta entre Factual y SocialTIC que busca fortalecer las capacidades de jóvenes en México para contar historias que usen diversas bases de datos alrededor de temas de migración, cambio climático o género.
Texto: Diego Aguirre, Yoseline Delgadillo y Sara Ezzy*
En los registros escolares de Jalisco, Andrés y Natalia no existen. Los hermanos nacieron en Honduras y viven en un albergue en Guadalajara desde hace cinco meses. Ninguno ha retomado sus estudios desde su llegada a la ciudad. Como ellos, cientos de niños migrantes permanecen invisibles para el sistema educativo del estado, atrapados entre burocracia, prejuicios y vacíos legales.
En los últimos años, México ha dejado de ser un país de tránsito para convertirse también en destino y refugio de miles de familias en movilidad, muchas con hijos en edad escolar. Esto responde, en gran medida, a las políticas cada vez más restrictivas de Estados Unidos, como la eliminación de la aplicación Customs and Border Protection One (CBP One) en enero de 2025 o del programa “Quédate en México” (Migrant Protection Protocols, MPP), que obliga a solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras esperan respuesta.
Estas medidas no solo aumentaron el número de personas varadas en estados como Jalisco. También colocaron a cientos de niños y niñas en una situación de rezago educativo, sin claridad sobre cuándo o dónde podrán volver a estudiar.
El endurecimiento de estas políticas ha hecho que más familias permanezcan en México, lo que vuelve urgente garantizarles el acceso a la educación. Según un informe de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) —articulada por 23 albergues, casas para migrantes y organizaciones ubicadas en 13 estados del país—, en el primer semestre de 2024 se registraron más de 84 mil eventos —es decir, casos en los que niñas, niños o adolescentes migrantes han sido detectados en situación irregular, aunque una misma persona puede generar más de un evento— de niñas, niños y adolescentes (NNA) en situación migratoria irregular.
La mayoría tenía menos de 12 años y el 96% viajaba acompañado por su familia. El informe también advierte del aumento en otras rutas: en el Darién, Panamá, más de 113 mil menores cruzaron en 2023, y en los primeros meses de 2024 el número ya era 40% mayor.
Estas cifras muestran la magnitud de la migración infantil y refuerzan la urgencia de garantizar derechos básicos como la educación, clave para la integración. En este marco, historias como la de Andrés (12) y Natalia (10) —cuyos nombres reales han sido cambiados para resguardar su privacidad—, y las de otros menores entrevistados en esta investigación, recuerdan que detrás de cada número hay infancias que solo buscan continuar sus estudios.
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La familia llegó a México huyendo de una amenaza de muerte. En Honduras, Sandra (15), la hermana mayor de Andrés y Natalia, había sido víctima de violación. El agresor quedó impune y la madre de los menores decidió que la mejor opción para la seguridad de sus hijos era partir.
La historia de Andrés y Natalia no es aislada. Según el informe Migrar bajo asedio, de REDODEM, miles de familias se ven obligadas a salir de sus países por violencia generalizada, amenazas de grupos criminales y violencia de género. Para muchas, pedir refugio en México o Estados Unidos es el último recurso.
Los testimonios en albergues confirman la crudeza del camino: “Mi esposo fue amenazado, torturado y sentenciado a muerte por su trabajo como taxista en Honduras”, relató una madre migrante. Otra describió el paso por el Darién: “Es terrible. No nos pasó nada directamente, pero vimos robos, violaciones, de todo”.
En junio de 2024, la madre cruzó la frontera de Hidalgo con sus tres hijos y el bebé de Sandra, que nació en Tapachula, Chiapas. En este estado, permanecieron nueve meses a la espera de sus documentos.
Allí, Natalia y Andrés recibieron clases de educación básica en una pequeña escuela apoyada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) —organismo del gobierno mexicano que brinda educación básica a comunidades con acceso limitado a escuelas. Andrés terminó el primer año de primaria, aunque presenta dificultades de aprendizaje y no sabe leer. Natalia concluyó cuarto de primaria. Ambos recibieron diplomas. Su madre confía en que, con más apoyo, sus hijos podrían avanzar en su desarrollo educativo.
Tras esos primeros meses en Chiapas, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) los trasladó a Guadalajara, adonde llegaron el 29 de abril de 2025.
Jalisco: destino y refugio
Jalisco se ha convertido en un punto clave para quienes migran: ciudad de tránsito, refugio y, para muchos, un lugar donde intentar empezar de nuevo. La realidad es compleja: alberga personas en tránsito, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, muchas de las cuales no cuentan con documentos y dependen de apoyos locales para sobrevivir y continuar con su vida.
En este contexto, la educación se vuelve un reto central. Las cifras de la Organización Internacional de Migrantes (OIM) muestran que el 54% de migrantes en el Área Metropolitana buscan llegar a Estados Unidos y el 46% quedarse en México. Entre 2022 y 2024, la oficina en Jalisco de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) registró más de 2.300 solicitudes de refugio, sin contabilizar reubicaciones no oficiales. Pero detrás de los números están los rostros de los niños y niñas que ven interrumpida su formación.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (DIF Jalisco), una institución clave de asistencia social y protección de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana en el estado, ha revelado cifras que demuestran un desafío crítico para el derecho a la educación de esta población.
A través de una solicitud directa de información, solicitamos al DIF Jalisco el número de menores de edad inscritos en escuelas públicas del Estado y en su respuesta reportó que entre enero de 2022 y abril de 2025 atendió a 659 niñas, niños y adolescentes migrantes, a los que se suman otros 49 atendidos por el Centro Asistencial de Medio Camino (CASMEC), una sub-entidad que inició operaciones en junio de 2024 con el objetivo de brindar protección y asistencia a infancias en movilidad.
Sin embargo, solo tres de todos esos niños están inscritos en una escuela pública. En sus casos, esto fue posible porque contaban con sus actas de nacimiento, el único documento de identificación solicitado por la institución educativa. La cifra refleja que la mayoría sigue fuera del aula aún estando bajo atención institucional.
Burocracia y vacíos legales
La ley mexicana reconoce que todas las niñas, niños y adolescentes en movilidad tienen derecho a estudiar. Tanto la normativa federal —como las leyes de Migración y de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político—, como la estatal —con la Ley de Protección y Atención de los Migrantes— establecen que ese acceso debe garantizarse sin distinciones ni discriminación.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la responsable de hacer cumplir estas normas, aunque su propia Dirección de Estadísticas admite que el formato 911 —cuestionario que deben llenar las escuelas de educación básica y media superior para reportar estadísticas oficiales— no contempla la categoría de “estudiantes migrantes”.
Según Pablo Christian Lugo, coordinador del Programa de Bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco (PROBEMJAL), programa que atiende a NNA migrantes, la única entidad que cuenta con un registro completo sobre la cantidad de personas en movilidad humana que ingresan al territorio nacional, incluyendo a menores de edad, es el Instituto Nacional de Migración (INM). No obstante, este trabaja de manera independiente y no comparte información con otras dependencias federales ni autoridades locales, lo que genera vacíos de datos.
En los hechos, Jalisco no cuenta con herramientas para identificarlos ni darles seguimiento, lo que deja a esta población fuera de los registros oficiales y, en consecuencia, de las políticas educativas.
En efecto: a través de una solicitud de información, la Dirección de Estadística y Sistema de Información de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) informó que no cuenta con datos sobre los alumnos en situación de movilidad humana en el estado. Los registros disponibles provienen de los formatos 911, los cuales únicamente solicitan el número de alumnos nacidos fuera de México, clasificados por lugar de nacimiento y género. El siguiente gráfico muestra la información correspondiente:
Alumnos extranjeros matriculados en escuelas públicas en el ciclo 24-25 en Jalisco. Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco.
Los datos compartidos por la Secretaría de Educación Jalisco muestran que en el ciclo escolar 2024-2025 hay 12.960 alumnos extranjeros —con estatus migratorio desconocido— matriculados en escuelas públicas. De acuerdo con los datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, esto representaría el 0.77% del total de alumnos del estado.
“Esto es una brecha crítica porque no existen mecanismos que permitan identificar ni atender a niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana”, advierte Fernando Salas, investigador de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). “Durante más de una década, organizaciones civiles hemos exigido datos específicos sobre esta población, su permanencia en las escuelas o las condiciones en que estudian, sin tener éxito”.
A esto se suma que en la Secretaría de Educación de Jalisco no existe un área dedicada a la niñez migrante. Las pocas acciones implementadas se enfocan únicamente en programas de reinserción escolar para hijos de mexicanos retornados de Estados Unidos.
Al llegar a Guadalajara, Andrés y Natalia tocaron la puerta de la escuela pública más cercana. Aunque contaban con CURP (Clave Única de Registro de Población) y documentos básicos, la matrícula estaba cerrada y no existía ningún mecanismo especial para que niños recién llegados del extranjero pudieran integrarse fuera del calendario escolar regular, lo que se transformó en una barrera adicional para ellos.
“Aunque la ley es clara, en la práctica las escuelas suelen mostrar recelo si los niños llegan a mitad de ciclo, y los directivos no siempre gestionan un lugar en otro plantel, como deberían”, advierten Karina Arias, investigadora de El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; y Héctor Aguilar Farías, de FM4 Paso Libre, una organización civil que brinda asistencia humanitaria a personas en situación de movilidad.
“La única razón válida para negar la inscripción de un menor de edad migrante es la falta real de espacio; en esos casos, la directora o director tiene la obligación de buscar otras escuelas cercanas y gestionar su ingreso”, explican.
Pero este no es el único obstáculo que enfrenta la niñez migrante en Jalisco para tener acceso a la educación. A la falta de registros específicos, la inexistencia de políticas públicas adecuadas y la carencia de un sistema educativo diseñado para población en situación de movilidad, se suman la insuficiencia de mecanismos para acreditar estudios temporales y la falta de capacitación especializada a docentes.
Sin inscripción, Andrés y Natalia pasan sus días en el albergue de FM4 Paso Libre. Su madre está en una situación crítica para mejorar las condiciones de la familia. Como madre soltera, y ahora abuela, no cuenta con el apoyo de ningún otro adulto. Los menores no pueden quedarse solos en el albergue, lo que le impide salir a trabajar. La mejora de su situación depende principalmente de la ayuda que reciba de los organismos humanitarios.
Para quienes van al albergue, existe la posibilidad de integrarse a una plaza comunitaria del CONAFE, un programa educativo que les permite continuar sus estudios de nivel básico. Ahí, Andrés y Natalia han tenido clases diarias pensadas en despertar su interés por aprender a través de la imaginación y el juego, algo que muchos han perdido tras tiempo fuera del aula.
Según el Censo 2020 del INEGI, el 60.9% de las personas de 3 a 17 años que eran usuarias de un Albergue para migrantes en Jalisco asistían a la escuela. En FM4 Paso Libre, aproximadamente la mitad de los menores que estuvieron en el albergue no lograron reingresar al sistema escolar formal mientras permanecieron allí, por lo que dependen de las de las clases comunitarias para no quedar completamente fuera de la educación.
“El 50% de las infancias que llegan aquí tienen estudios truncos”, señaló Héctor Farías, coordinador educativo de FM4. “Nuestro objetivo es que al menos recuperen la curiosidad, porque después de tanto tiempo de incertidumbre muchos pierden las ganas de estudiar”.
“Muchos niños llegan con rezagos educativos enormes, algunos incluso han olvidado cómo leer después de meses fuera de la escuela. Tuvimos un caso de un niño de 10 años que perdió el interés porque no pudo revalidar sus notas para entrar a secundaria”, explica Claudia Pineda, coordinadora de El Refugio Casa del Migrante.
En julio, este equipo llevó a cabo una recopilación de información a través de entrevistas a 13 niñas, niños y adolescentes migrantes en los albergues de FM4 Paso libre y El Refugio Casa del Migrante, así como en escuelas cercanas. Los menores señalaron que la movilidad constante y la falta de inscripción dificultan su acceso a la escuela formal, aunque valoran las clases comunitarias porque les permiten seguir aprendiendo y sentirse parte de un grupo.
El Estado mexicano asegura en su legislación que ningún niño debe quedar fuera de la escuela, sin embargo, en la práctica los menores migrantes siguen siendo tratados con excepciones. La ausencia de registros, de políticas claras y de voluntad institucional los deja en el limbo, mientras no se reconozca a estas infancias como sujetos de derechos y no como simples trámites, su exclusión continuará en Jalisco.
Carlos, Fabiola, Mia, Isa y Miguel quieren aprender, jugar y crecer como cualquier estudiante. La escuela debería ser el lugar donde toda infancia cabe, sin importar de donde venga. Mientras no haya una política real, los menores seguirán siendo vistos más como un trámite que como sujetos de derechos. Y en esa omisión, el Estado también se convierte en responsable de su rezago, porque mientras se presume que ningún niño queda fuera de la escuela, en la práctica, cientos de menores migrantes esperan todavía a que esa promesa deje de ser letra muerta.
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Los nombres de los protagonistas fueron cambiados para resguardar sus identidades por motivos de seguridad.
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La migración es un proceso que se cuenta desde el cambio y el camino recorrido por cada persona. Esta investigación solo fue posible gracias a las personas en movilidad que compartieron con nosotros fragmentos de su historia, y a quienes, desde su trabajo cotidiano, hacen frente al panorama migratorio, lleno de retos y pocas respuestas claras. Agradecemos profundamente a Héctor Aguilar Farías y Luis Enrique González-Araiza, de FM4 Paso Libre, por abrir puertas educativas y tender redes de apoyo para que las familias en tránsito encuentren un camino seguro; así como a Karina Arias Muñoz, Sandra Martínez y Claudia Pineda, desde El Refugio Casa del Migrante, por sostener con cuidado la vida diaria de quienes llegan a Guadalajara en busca de oportunidades. Gracias también a Humberto Hernández y Alma Leticia, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), por servir como apoyo y guía para visibilizar las deficiencias estructurales en Jalisco. Y desde las instituciones, a Fernando Salas (REDIM), Mago Gaeta (INM), Patricia Servín (Ayuntamiento de Zapopan y la ventanilla de atención de la OIM) y Alba Rosa Delgadillo, de la Información de Estadística y Sistemas de Información (IIEG). Su labor colectiva nos recuerda que la justicia se construye entre muchas manos y que ninguna historia se cuenta sola.
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Diego Aguirre Mora estudia el último semestre en la Licenciatura de Periodismo y Comunicación Pública en el ITESO. Está interesado en temas sociales, políticos y de urbanismo en México y el mundo. Le apasiona investigar y comunicar realidades que muchas veces permanecen invisibilizadas, con el compromiso de promover un cambio positivo y generar reflexión crítica en la sociedad.
Yoseline Delgadillo, estudiante del ITESO en Periodismo y Comunicación Pública en Guadalajara. Es curiosa y apasionada por el derecho, la justicia y los derechos humanos. Le interesa cómo los medios influyen en la sociedad y cómo el lenguaje moldea percepciones. Disfruta escribir con claridad y transformar lo aprendido en proyectos con impacto.
Sara Ezzy está en su último semestre de la carrera de Periodismo y Comunicación Pública en Guadalajara. Le interesa contar historias de migración, memoria y territorio a través de narrativas visuales. Busca crear proyectos que mezclan lo artesanal y lo personal para reflexionar sobre los cambios sociales y culturales de nuestro entorno.
