El hostigamiento en redes combina cuentas anónimas, validación pública, plataformas y herramientas generativas que abaratan el ataque. Busca acallar, antes que convencer. Informáticos forenses, sociólogos, juristas y especialistas en derechos digitales analizan el ecosistema en el que se mueve el poder.
Por Jazmín Bazan (Argentina, 1990)
Una amenaza llega por privado, un usuario cambia de nombre y un posteo desaparece antes de guardarlo. Detrás de estas acciones asoma un patrón recurrente hecho de sincronización, repetición de consignas, cuentas que empujan el ataque, figuras públicas que lo amplifican y algoritmos que premian esa reacción.
Allí empieza el conflicto de reconstruir ese recorrido. Una secuencia de circulación en tiempo real suele quedar reducida a capturas sueltas, perfiles borrados o enlaces caídos. Esa fragmentación de la prueba resume buena parte del problema.
Durante la gestión de Javier Milei, el acoso sistemático se volvió especialmente visible. Es un mecanismo evidente en sus consecuencias, pero difícil de demostrar ante tribunales que avanzan a destiempo y corporaciones que blindan su información interna.
El caso argentino no aparece como una anomalía, sino como una versión visible de un patrón latinoamericano. Olga Lucía Camacho Gutiérrez, Public Policy Coordinator de Derechos Digitales, lo define como un problema “sistemático, generalizado y multiplataforma” que se propaga en el ámbito digital, pero también en espacios analógicos. La respuesta, advierte, no tiene la misma escala que el ataque, porque “se deja sola a la periodista para que sea ella con un asesor legal quien tenga que judicializar” ataques impulsados por actores con poder de amplificación.
Los juzgados locales tienen un alcance limitado frente a corporaciones de escala global. Las descalificaciones cruzan de X a Telegram o WhatsApp muchas veces sin dejar un rastro lineal, y con datos que suelen quedar fuera de la jurisdicción nacional.
Los embates digitales no empezaron con la llegada de La Libertad Avanza al Ejecutivo. “Algunos piensan que esta podredumbre arrancó ahora, pero viene de mucho antes”, advierte la periodista Julia Mengolini, quien el año pasado logró llevar un episodio de hostigamiento sistemático ante la justicia e incluso se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Su caso resulta paradigmático y refleja que ciertas prácticas que antes circulaban como repertorio de militancia digital o campaña electoral hoy aparecen más cerca del esquema comunicacional del Estado. Según la reconstrucción del Equipo de Investigación Política publicada por la Fundación Heinrich Böll, el 19 de junio de 2025, a las 15:37, una cuenta con identidad falsa (@oriafer23) publicó en X una insinuación incestuosa sobre la periodista y su hermano. El rumor se movió rápido entre cuentas libertarias. El retuit del abogado Sarubbi Benitez, conocido como @GordoLeyes, le dio formato de “carpetazo” y sumó unas 115.000 visualizaciones en menos de 48 horas. Esa misma tarde, Mengolini puso en privado su cuenta para frenar menciones y mensajes. La maniobra no la protegió: al cierre del día, @TTendenciaX, una cuenta verificada afín a la militancia libertaria con más de 47.000 seguidores, presentó ese cierre como una prueba del rumor y alcanzó 1,7 millones de visualizaciones y más de 24.000 likes en menos de 24 horas.
Cinco días después, la secuencia cambió de escala. El 24 de junio se viralizó un audio enviado a Nancy Pazos, en el que Mengolini se escuchaba conmocionada, junto con un fragmento de su programa en Futurock donde consultaba a un abogado. El presidente Javier Milei compartió publicaciones que la acusaban de “no bancarse el vuelto” y añadió: “DECIME QUE SOS PARTE DEL PERIODISMO BASURA SIN DECIRLO”. Según la misma reconstrucción, unas horas más tarde cuentas anónimas y de identidad falsa usaron una foto familiar de Instagram para generar con IA un video donde aparecía besándose con su hermano. Después llegó el ataque que más la perturbó, cuando una cuenta prometió enviar por privado un supuesto video íntimo. El 25 de junio circuló también una falsa carta documento que sugería que ella reconocía la autenticidad de ese material.
El ataque no permaneció en X. Mengolini empezó a recibir amenazas sexuales y de muerte en Instagram, Telegram y correo electrónico. “Son diez años hostigamiento sin parar”, sintetiza la periodista.
Ante el tenor de los mensajes, decidió denunciar penalmente al Presidente y aceptar por un tiempo una custodia personal ordenada por un juez. Luego la dejó porque, según relata, vivir así –para ella y su familia– era “horrible”. El 30 de junio, se contabilizaban 93 publicaciones de Milei contra la periodista. Un día antes, en el medio de streaming Neura, el Presidente la había incluido entre sus “enemigos” y la había llamado “zurda de mierda”.
La comunicadora reivindica el “rol importantísimo de los medios autogestivos” para garantizar la pluralidad de voces.
Del margen al centro
No toda reacción masiva en redes es una operación, ya que una noticia puede activar en simultáneo a cientos de usuarios sin que medie planificación previa. Por eso, frente a ofensivas virtuales que rompen la dinámica de un intercambio común, el analista digital Diego Corbalán evita apoyarse en una sola señal. “No usamos un único indicador, sino una combinación de señales temporales, de red y de contenido”, explica.
En su trabajo cruza sincronización, repetición textual, estructura de interacción, antigüedad de las cuentas y el desbalance entre el contenido propio y el repique de publicaciones ajenas, variables que solo ayudan a identificar un patrón cuando confluyen.
El escenario cambia cuando cae la diversidad del registro y una periferia de cuentas replica consignas calcadas en ventanas temporales breves. Es allí donde el analista rastrea qué perfiles empujan primero, qué nodos ordenan la circulación y cómo se prepara el mensaje para dar el salto.
Ese tránsito de una narrativa marginal hacia la conversación masiva es el eje de estudio de Renée DiResta, investigadora del ecosistema de la información y profesora asociada de investigación en la Escuela de Políticas Públicas McCourt de la Universidad de Georgetown. “El proceso de amplificación mueve el contenido de una cuenta a otra y de una comunidad a otra”, precisa. Bajo esa lógica, un posteo nacido en el anonimato gana legitimidad y escala al cruzar de entorno cuando lo adopta una cuenta influyente o un actor político, puesto que el retuit valida y multiplica el impacto sin necesidad de generar un hecho nuevo.
Esa misma propagación descansa sobre una composición mixta que vuelve difusos los límites de la responsabilidad. Ariel Garbarz, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, profesor de Seguridad Activa de las Comunicaciones en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y perito informático, puntualiza que el análisis actual ya no puede limitarse a rastrear perfiles creados en serie.
“Lo más peligroso ya no es el bot obvio, sino la cuenta híbrida que parece humana, pero opera dentro de una estrategia coordinada”, sostiene. Esa mezcla de usuarios reales, falsos y operadores humanos dificulta la tarea de discriminar la indignación genuina de la operación diseñada y el oportunismo político.
La fábrica barata del daño
El problema ya no es solo que circule una pieza falsa, sino que pueda multiplicarse a bajo costo, mezclarse con reacciones reales y entrar en sistemas que premian la velocidad. Diego Fernández Slezak, doctor en Ciencias de la Computación, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), plantea que las redes ya no son espacios exclusivos para humanos. En ellas conviven programas, agentes y perfiles automatizados.
Este tipo de ataque no requiere engañar a toda la opinión pública ni sostenerse durante meses, ya que le basta con instalar una sospecha, saturar el debate durante horas o forzar una rectificación pública. “Hoy en día esa escala ya se fue de las manos”, subraya el científico, quien suma que no hace falta ser experto en machine learning, inteligencia artificial, matemática o programación para generar un acceso masivo de agentes interactuando en las redes sociales.
A ese despliegue barato se acopla la efectividad de la cantidad sobre la sofisticación. El especialista en informática forense Hany Farid añade que los engaños peligrosos no son únicamente los perfectos, debido a que las campañas actuales prefieren abrumar con falsificaciones de distinta calidad para imponer el cansancio por encima de la calidad visual.
En esa inercia también pesan las reglas de las plataformas. Filippo Menczer, profesor de Informática en la Universidad de Indiana y director del Observatorio de Redes Sociales, ubica el problema en el diseño de los sistemas de recomendación. “Los algoritmos de recomendación y ranking usan señales de interacción –vistas, likes, reposteos, respuestas– para decidir qué contenido priorizar”, con el objetivo de maximizar la participación y los ingresos publicitarios.
Por eso, indica, “pueden manipularse fácilmente” mediante cuentas y comportamientos inauténticos –la simulación de identidades a gran escala–. A la vez, las trabas corporativas impiden la auditoría externa. El caso testigo ocurrió cuando Twitter/X discontinuó el acceso gratuito a su API –la interfaz informática que permitía a los científicos descargar y analizar grandes volúmenes de datos públicos–. A ese cierre se suman las cuentas pagas y los programas de monetización, que pueden incentivar contenido manipulador.
El blindaje de los datos
Probar cómo circuló un agravio choca contra el hermetismo de las redes sociales. Sin acceso a los datos retenidos en los servidores corporativos, cualquier auditoría independiente se limita a rastrear capturas, registros horarios y reposteos que muchas veces se desvanecen.
Elena Musi, profesora en Comunicación y Medios Digitales en la Universidad de Liverpool, explica que la mutación de Twitter a X clausuró las condiciones para la labor científica y de peritaje. Tras el cierre del acceso gratuito a su interfaz de programación, la reconstrucción de los escraches quedó reducida al copiado parcial de datos o scraping. Esta traba forzó un desplazamiento hacia plataformas como Telegram, donde las conversaciones se mudan a canales cerrados y chats privados que dificultan el rastreo masivo.
Frente a esta opacidad, Musi introduce una advertencia contra el fetichismo técnico. “Al final del día, sigo pensando que la parte más importante pasa por las entrevistas”. Sin testimonios, las métricas no revelan si una periodista interrumpió sus publicaciones, adoptó un perfil bajo o comenzó a medir cada frase por miedo.
Una vocera de UNESCO, de la Sección de Libertad de Expresión y Seguridad de los Periodistas, puntualiza para este reportaje que “los sistemas algorítmicos no son neutrales”, sino “actores centrales” en la configuración de la esfera pública.
Cuando los motores de recomendación buscan maximizar la interacción, señala, pueden priorizar contenidos sensacionalistas, polarizantes o falsos por encima de información precisa. Por eso, la transparencia no puede limitarse a reglas generales. Debe incluir claridad sobre cómo se ordena, recomienda o reduce la visibilidad de un posteo, además de acceso a datos para investigaciones autónomas.
El embudo judicial
Frente al blindaje de las plataformas, la justicia penal suele operar con mayor eficacia ante hechos concretos que frente a campañas difusas. El sistema tradicional fue diseñado para procesar un delito individual, como una amenaza desde una cuenta identificable, un mensaje directo o una dirección IP específica. Otra tarea es reconstruir una agresión colectiva que amalgama perfiles falsos, usuarios influyentes y contenidos sintéticos.
La abogada Camila Palacín identificó un precedente útil en una causa de Ofelia Fernández. El expediente avanzó porque Twitter respondió a un exhorto enviado a Estados Unidos. “Gracias a eso tuvimos el rastro del IP de donde había salido el tuit”, cuenta.
No ocurrió lo mismo con el caso de Julia Mengolini. En este proceso, su equipo legal intentó documentar una operación amplia que incluía imágenes falsificadas mediante inteligencia artificial, despliegue de cuentas, trolls y replicación de contenidos desde el poder político.
Sin embargo, se enfrentaron a un problema. La inteligencia artificial no encuentra un lugar claro en el derecho penal. “No existe tal concepto en las leyes o en la codificación argentina”, dice Palacín. En la causa de Mengolini, relata, la justicia “ni siquiera investigó la parte de videos hechos con IA”.
El problema legal tampoco es exclusivo de Argentina. Agneris Sampieri, Analista de Políticas Públicas para Latinoamérica y Coordinadora Internacional de Libertad de Expresión en Access Now, menciona el caso de San Luis Potosí, en México, donde una “Ley de IA” derivó en acusaciones contra al menos 11 periodistas por presunto uso indebido de inteligencia artificial. Para Sampieri, ese caso muestra cómo una norma presentada para contener abusos tecnológicos “puede ser abusada como arma en contra de las voces críticas”. “La libertad de expresión y el acceso a la información nunca pueden ser moneda de cambio para el control”, advierte.
Los artículos más polémicos de esta norma, conocida como “Ley Serrano”, fueron finalmente derogados por el Congreso estatal el 30 de julio de 2026, después de meses de críticas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Agustina Del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), propone enfocar el análisis en el origen del mensaje. “La tecnología es un medio. En sistemas democráticos imperfectos, el uso de esas herramientas es lo que tenemos que mirar”, afirma.
La asimetría radica en la escala del emisor. “Una cosa es que lo difunda un usuario con mil seguidores y otra distinta es que lo replique un funcionario público con millones”. Cuando interviene una autoridad estatal, las obligaciones cambian.
No toda crítica constituye hostigamiento, pero los funcionarios tienen el deber de debida diligencia y la exigencia de no estigmatizar a los trabajadores de prensa. Allí opera una grieta central entre lo que una ofensiva produce en la vida pública y lo que un expediente acepta examinar.
La habilitación desde arriba
En redes, un funcionario puede multiplicar el alcance de una denigración que no originó, mediante un retuit, una cita, una ironía, un apodo o la mención de un blanco, acciones capaces de trasladar una conversación marginal hacia las grandes audiencias.
Sampieri sintetiza esa asimetría en una advertencia. Funcionarios, cuentas oficiales y actores políticos no son “ciudadanos de a pie”. Tienen más alcance y más responsabilidad. Cuando las campañas de descrédito parten de autoridades estatales, el efecto excede la disputa discursiva. Se habilita una “luz verde” para que esas voces sean atacadas socialmente.
En Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa documentó un vínculo similar entre palabra oficial y ataques en redes. Según la organización, los discursos estigmatizantes que generan mayores efectos son los “emitidos o replicados por personas que ocupan posiciones de poder”. Uno de los casos que cita ocurrió cuando el presidente Gustavo Petro llamó “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas. Después de esos dichos, periodistas de distintas regiones reportaron amenazas y mensajes misóginos en redes. La Corte Constitucional concluyó que esas expresiones vulneraron derechos fundamentales y le ordenó retractarse.
En Argentina, Amnistía Internacional describió un deterioro del clima público marcado por discursos tóxicos, vituperios personales y el uso sistemático de las redes desde las más altas esferas del Estado.
La organización consignó la utilización de perfiles estatales para desacreditar cronistas y una constante validación desde la cima del poder, cuando el presidente Javier Milei se apropió del acrónimo NOLSALP –“no odiamos lo suficiente a los periodistas”– como muletilla, a veces reconvertida con signos de pesos para aludir a supuestos pagos. También suele llamarlos “ensobrados” y usar apodos personales que reemplazan nombres propios por referencias a la pauta.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) llegó a una conclusión similar basada en evidencia estadística. En la investigación titulada El insulto como estrategia, el equipo de DJV Bootcamp auditó 113.649 publicaciones del mandatario en X entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025.
Según el informe de FOPEA, el relevamiento detectó descalificaciones en 16.806 posteos, el 15,2% del total, e identificó a la prensa como blanco central. El 70% de los tuits dirigidos al ámbito mediático contenía términos despectivos, en un registro que incluyó a 44 periodistas y líderes de opinión agredidos de forma directa y 97 cuentas anónimas que instalaban hashtags de descrédito.
Esa escala demuestra que el agravio oficial ofrece un léxico común para la hostilidad. Silvio Waisbord, profesor en la Universidad George Washington, argumenta que la palabra presidencial habilita un lenguaje que sitúa a los medios ante el dilema conocido de difundir los insultos oficiales por su indudable interés público o silenciarlos para no convertirse en vectores de su propagación.
Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET, analiza esta dinámica desde la construcción de la agenda pública. Las piezas creadas con herramientas generativas no operan de forma aislada, sino que condensan “en un formato breve, impactante y fácilmente compartible una interpretación del conflicto”. Cuando el punto de partida es una cuenta oficial, ese contenido “no aparece como una publicación más, sino como una señal de relevancia emitida desde una posición de poder”.
Su impacto prescinde de la persuasión masiva. “No siempre se impone qué pensar, pero sí sobre qué discutir”, destaca Aruguete. La publicación funciona como un disparador que activa cuentas afines, desata reacciones adversarias y arrastra la cobertura mediática hasta ordenar la conversación general. Desde el poder político, concluye, no solo se comunica un mensaje. También se administra la visibilidad.
La censura por desgaste
La eficacia de estas estrategias no radica necesariamente en modificar las convicciones del adversario, sino en provocar agotamiento. Una ofensiva puede fracasar como persuasión y aún así funcionar como castigo. Obliga a revisar capturas de pantalla, consultar asesoría legal, medir cada publicación y solicitar asistencia técnica. En ese punto, el repliegue opera como un cálculo de supervivencia material que afecta directamente la forma de trabajar de los periodistas.
Este acoso virtual se cruza con la precarización del oficio. Richard Stupart, investigador en periodismo, conflicto y seguridad de periodistas en la Universidad de Liverpool, remarca que las plataformas se vuelven espacios violentos cuando sus incentivos facilitan el daño contra otros. En el campo de la comunicación, el deterioro trasciende lo laboral. “No solo socavan tu autoridad. También te dañan, literalmente, como ser humano”. Esa inercia modifica las rutinas, impone la vigilancia constante y condiciona la capacidad real de seguir ejerciendo.
El volumen de las vejaciones opera como un factor disciplinante. Las analistas Emily Harmer y Rosalynd Southern plantean que una avalancha comunicacional no requiere estar integrada por amenazas explícitas de violencia física para adquirir un carácter punitivo.
A esa saturación cuantitativa se suma el doxing, una filtración maliciosa de datos personales que rompe la frontera entre la hostilidad virtual y la seguridad cotidiana. La exposición pública de una dirección, un número telefónico o los horarios de un lugar de trabajo transforma de inmediato el insulto digital en una herramienta de presión física tangible.
El impacto final del asedio digital no suele ser el silencio absoluto, sino la autocensura cotidiana, con frases borradas e investigaciones postergadas por prudencia. En este esquema, la autoría del linchamiento se dispersa, pero el daño se concentra. Sampieri advierte que el fenómeno “no debe entenderse únicamente como una afectación al derecho individual de las voces que son silenciadas”. También pierde la sociedad cuando se hostiga o amedrenta a periodistas, activistas y personas defensoras.
Desde Derechos Digitales, Camacho Gutiérrez plantea la escala de la respuesta. “La respuesta no puede ser individualizada, tiene que ser sistemática, regional y debe tener el mismo impacto y visibilidad que tienen las amenazas”. El enjambre hostil de las redes no necesita ganar una discusión. Le basta con volver demasiado caro sostenerla.
Esta investigación fue realizada con el apoyo del Tarbell Center for AI Journalism.
