Skip to main content

La comunidad quilombola en Brasil logró una histórica conquista en la Suprema Corte para acceder a la vacunación contra la covid-19. Estos líderes, que también se convirtieron en “influencers” locales , cuentan con la mano a los vacunados y trabajan para para identificar a los rezagados en la inmunización.

Hace aproximadamente un año y un mes, el Tribunal Supremo de Brasil tomó una decisión histórica para garantizar la prioridad de la vacunación contra el COVID-19 para las comunidades quilombolas. Era la primera vez que este grupo recurría, sin intermediarios, al máximo tribunal brasileño para garantizar sus derechos. En ese momento, el agricultor Josenildo Carvalho, de 75 años, estaba seguro de algo: no se vacunaría en absoluto. El líder del quilombo Casinhas en Jeremoabo, en el interior de Bahía temía los efectos adversos de la inmunización en su cuerpo.

La noticia cogió por sorpresa a su hija Givanilda Carvalho, de 52 años, agente de salud comunitaria comprometida en convencer a los habitantes de la región para que se vacunen. También alertó a los líderes de otros quilombos cercanos. Sin el consentimiento de Josenildo sería difícil inmunizar a las 84 familias que viven en el territorio. Por ello, se llevó a cabo una labor de persuasión, con secuencias de conversaciones y visitas a la casa del agricultor. 

La decisión del Tribunal, basada en el ADPF 742, fue un paso para garantizar la inmunización de los quilombolas brasileños, comunidad descendiente de esclavos huidos que suelen vivir en zonas alejadas de los centros urbanos, con un alto grado de convivencia y a menudo sin acceso permanente a los servicios de salud. La victoria, sin embargo, fue sólo uno de los muchos retos a los que esta comunidad tradicional tuvo que enfrentarse en los 12 meses siguientes. Mientras que el 72% de la población general brasileña recibió al menos dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, entre los quilombolas el porcentaje es del 44.31%, según datos de la Secretaría Nacional de Políticas Públicas de Promoción de la Igualdad Racial (SNPIR). 

La vacunación en los quilombos se enfrenta a la desinformación, a la falta de oferta, al racismo, a la ausencia de campañas de comunicación específicas y a la falta de una política estructurada de seguimiento de los vacunados. Pero también ha creado una red de líderes implicados en la lucha por la vacunación, con datos catalogados a mano y alianzas diseñadas uno a uno. El compromiso de los líderes ha sido el pilar de varias estrategias para hacer crecer el porcentaje de vacunados.

Los líderes detrás del vacunómetro

El censo de 2020, aplazado hace dos años y aún no realizado, sería el primero del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en contar cuántos quilombolas hay en Brasil. Sin datos poblacionales, el Plan Nacional de Operacionalización de la Vacunación contra el COVID-19 no incluyó al grupo entre los primeros en ser vacunados, lo que también motivó la solicitud judicial. 

Después de la victoria, el ministro Edson Fachin preguntó si los vacunadores y las vacunas estaban llegando a los quilombos. Para encontrar la respuesta sería necesario llegar a por lo menos 3 mil 400 comunidades contabilizadas por la Fundación Palmares o incluso a 5 mil 700 localidades, según datos de la Coordinación Nacional de Articulación de Comunidades Negras Rurales Quilombolas (Conaq). Sólo había una manera: movilizar a los líderes. 

Entre marzo y junio de 2021, la Conaq se unió a las organizaciones Ecam y Terra de Direitos para estructurar una red capaz de recoger datos de los vacunados. El trabajo funcionaba en cadena. Cada estado, dependiendo de su tamaño, tenía de dos a cinco “influencers” locales. Estas personas se ponían en contacto con los líderes quilombolas de su región para saber cuántas personas habían sido vacunadas y su rango de edad. 

Fue un trabajo de hormigas, el “influencer” llamaba al liderazgo, que buscaba los datos con los agentes de salud, la secretaría de salud o directamente con los residentes. La recolección se hizo por teléfono o WhatsApp, pero en algunos lugares fue necesario ir al quilombo. Los datos fueron agregados en un formulario, que también buscaba identificar si la comunidad es reconocida y certificada por el Gobierno Federal, cuántas personas viven allí y, especialmente, qué violaciones de derechos se estaban produciendo en el acceso a la vacunación. 

Todo se enviaba a la Conaq, se añadía a una tabla, se analizaba y se presentaba en las reuniones con el Tribunal. Y era difundido a la sociedad en forma de “vacunómetro”. “Nuestro seguimiento no pretendía sustituir los datos del Sistema Único de Salud (SUS), porque nos faltaba personal para hacerlo, sino mostrar al ministro que algunas acciones no se estaban llevando a cabo”, explica Katia Penha, coordinadora nacional de la Conaq y de la red de encuestas sobre vacunas.

El primer “vacunómetro” salió en agosto de 2021. El segundo, publicado en septiembre, cartografió a 200 mil quilombolas en 266 municipios, incluido Jeremoabo, donde hay 22 comunidades, 11 de las cuales están reconocidas. Allí, a 1.600 kilómetros de Brasilia, donde se organizaban los datos, la presidenta de la Asociación de Quilombolas de Viração y Ciriquinha, Aparecida Santana, de 53 años, fue la encargada de conocer el estado de vacunación de los 776 residentes del pueblo. 

Cuando se puso en contacto con la agente de salud Givanilda, responsable por el quilombo Casinhas, se enteró de la resistencia de su padre, Josenildo, a recibir las vacunas. “Nosotros aquí en el quilombo ya estábamos tomando la segunda dosis y allí todavía no había empezado la primera. Dijo que no lo tomaría ni dejaría a los suyos que lo tomaran. Todos los días por la noche llamaba a su hija. Luego, tras muchas conversaciones, aceptó”, recuerda.

Para poder pasar los datos a la Conaq, Aparecida contó con el apoyo de la agente de salud comunitaria Antônia Nolasco, de 59 años. Se encargó de enumerar, con un bolígrafo en papel pautado, los nombres de los 461 residentes que podían recibir las dosis contra el COVID-19 y los separó por edad, según los grupos que figuran en el plan nacional. “Conseguí los datos de contacto de los líderes quilombolas y fui casa por casa, explicando lo de la vacuna. Escuché a la gente decir que su vacuna era Dios, que la vacuna era algo de la ‘bestia’”, dice Antônia.

La última edición del Vacunómetro Quilombola se publicó en diciembre y resume los problemas detectados. La negativa a vacunarse, como ocurrió en Jeremoabo, fue sólo una de ellas. Haciendo la encuesta ellos mismos, los quilombolas mostraron que en algunos municipios, incluso frente a las garantías legales, la vacunación no llegó al territorio. Como resultado, la gente tuvo que viajar a los centros urbanos, exponiéndose al COVID-19. Hubo casos en los que el municipio se negó a vacunar a personas que eran quilombolas, pero que no vivían en la comunidad. El mapeo permitió que el Tribunal revisara la decisión, excluyendo el criterio de vivir en el territorio como paso previo a la vacunación quilombola. 

Sin embargo, la identificación de estos puntos débiles en la política sanitaria contó con suerte. No todos los líderes contaron con el apoyo de la secretaría municipal de salud, como Aparecida en Bahía. Sérvulo Borges, organizador de quilombolas en Alcântara, en el estado de Maranhão, lleva la frustración de no haber conseguido nunca los datos de la secretaría local de salud, para pasarlos a la Conaq. 

Sabe que no hay falta de vacunas, ya que Alcântara fue la primera ciudad de Brasil en vacunar al 100% de la población con la primera dosis, pero no sabe exactamente cómo se distribuyen ellas por la comunidad quilombola. La ciudad cuenta con 214 comunidades quilombolas, que en conjunto representan el 70% de la población. Es la mayor en número de quilombolas en Brasil.  

“Hubo mucha resistencia. Tuve tres reuniones sólo con el jefe de sector [de  vacunación del ayuntamiento]. Pasé toda una mañana hablando de la importancia de esta encuesta para nosotros y, sin embargo, no pudieron hacerla”, lamenta. Según Sérvulo, la Secretaría de Salud de Alcântara no tiene datos detallados sobre cuántos han sido vacunados en cada comunidad quilombola, sólo una cifra cuantitativa general. La Secretaría de Salud del municipio no ha respondido hasta la publicación de este informe. “Tuvimos estas dificultades porque este país todavía nos ve como negros sin derechos”, concluyó Sérvulo.

Pasado y presente sin derechos

La preocupación de los quilombolas, que los llevó al Tribunal, provino de la invisibilización del impacto del COVID-19 en sus territorios, que proviene de otros vacíos. Las comunidades que existen hoy en día son los restos de los quilombos, espacios de convivencia y resistencia de los negros huidos de la esclavitud. Los quilombolas fueron reconocidos como sujetos de derechos por la Constitución brasileña de 1988, pero sólo en 2003 un decreto definió exactamente qué es esta población. 

Diecisiete años más tarde, cuando comenzó la pandemia, ni siquiera había forma de calcular si una persona es quilombola en los sistemas de notificación de COVID-19. Tampoco se sabía cuántos eran. En consecuencia, los datos sobre la transmisión de la enfermedad fueron subestimados. Por lo tanto, antes de crear los “vacunómetros”, ellos también hicieron, por su cuenta, la encuesta de casos y muertes por covid-19. A finales de febrero de 2022, había 301 muertes y 5,600 casos confirmados. El número puede ser mucho mayor, ya que sólo en noviembre de 2021 el Ministerio de Salud incluyó el campo “quilombola” en el formulario de notificación del sistema de registro oficial, e-SUS Notifica. 

En septiembre de 2020, basándose en datos informales, el miembro del Grupo Temático Racismo y Salud de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco) y profesor del programa de posgrado en Antropología de la Universidad Federal de Pará (UFPA), Hilton Silva, ya advertía: la probabilidad de que una persona quilombola muriera de covid-19 en Brasil era cuatro veces mayor que la de una persona de una comunidad blanca y urbana. 

“Había que vacunar a esta población de forma prioritaria porque ya se reconoce científicamente su falta de infraestructuras sanitarias, de acceso a los profesionales, a los medicamentos y a los tratamientos”, explica Hilton. A diferencia de los pueblos indígenas, que tienen su propia infraestructura y políticas de salud, los quilombolas no tienen su propia política de salud. Están incluidos en la Política Nacional de Salud Integral de las Poblaciones del Campo y la Selva (PNSIPCF) y en la Política Nacional de Salud Integral de la Población Negra (PNSIPN).

En un comunicado, el Ministerio de Salud dijo que hay 9521 equipos de salud familiar en 2403 municipios, donde se registran poblaciones quilombolas, pero no detalló cuántos operan específicamente en los territorios quilombolas. “La política dice que hay que garantizar una asistencia basada en la cultura de estos pueblos, pero en la práctica, esto depende del municipio. Algunos lo consiguen, otros no. Brasil es grande. A veces los equipos sanitarios van allí un día, atienden a la gente y se van. No crean relaciones afectivas”, explica Evelin Santos, presidenta de la Sociedad Brasileña de Inmunización de São Paulo (Sbim).

Como resultado, hay otras vulnerabilidades. “La población negra, en general, tiene los peores indicadores de mortalidad materna, mortalidad infantil, tasas de vacunación, acceso al saneamiento. Por no hablar de las tasas de hipertensión, diabetes y anemia de células falciformes”, describe Hilton. La ausencia de datos poblacionales ya comprometía, antes de la pandemia, la creación de políticas sanitarias eficaces para los quilombolas. “Nosotros, los negros, tenemos una debilidad en la salud. Nuestro pueblo estaba muriendo, no queremos perder nuestra biblioteca, nuestros ancianos. Contar los vacunados fue una resistencia, para mantener nuestra permanencia en este Brasil”, explica Katia.

Poner a los líderes afrodescendientes en el centro de las respuestas al COVID-19 es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque “la pandemia ha exacerbado las brechas de inequidad ya existentes y las experiencias de discriminación de los afrodescendientes”. En 2020, la Organización había identificado la ausencia de información estadística y de datos desagregados por identidad étnica y cultural como una de las principales dificultades a las que se enfrentan los gobiernos de toda América Latina a la hora de afrontar la enfermedad. Según la OMS, la corrección de los sistemas de datos oficiales permitiría “la planificación adecuada de estrategias y medidas concretas y diferenciadas de vigilancia, prevención y control de la pandemia en estas poblaciones”. Además, era necesario generar información sanitaria culturalmente adecuada a la cosmovisión y las prácticas de estas personas.

Sin embargo, los datos sobre los quilombolas en Brasil siguen siendo divergentes. Según el Plan de Operacionalización de la Vacunación, hay 1,1 millones de personas distribuidas en 1200 municipios. Los datos se basan en el censo del IBGE de 2010. En 2020, las encuestas preliminares recogidas desde 2016, para operativizar el censo que se realizaría, mostraron que hay comunidades en 1,6 mil ciudades. “Estoy segura de que todavía hay muchos quilombolas que no se han vacunado en Brasil”, lamenta Katia. 

Al ser interrogado, el Ministerio de Salud no dijo cómo monitoreará, en los próximos meses y años, el acceso a la vacunación de la población quilombola y si realizó alguna campaña de comunicación específica para orientarla.

Confianza en los líderes para combatir la desinformación

Katia Penha, responsable de la coordinación de los trabajos de recogida de datos del vacunómetro quilombola, no se equivoca. A pesar de la gran insistencia de los líderes de otros quilombos, en Jeremoabo, Bahía, el agricultor Josenildo Carvalho, de 75 años, les reveló durante la entrevista para este reportaje en enero de este año que todavía no había recibido la primera dosis. Al principio de la campaña, se dejó seducir por la desinformación. Hoy, se apoya en una cuestión burocrática.

Josenildo quiere vacunarse después de que se dictó un decreto en la ciudad que limita la circulación de personas no vacunadas. Lo necesita, incluso, para luchar por las políticas públicas. “No quería vacunarme, porque creo que no voy a coger la enfermedad. Pero entendí la importancia y fui por nuestros derechos. Llamé a la puerta de la secretaría para que trajeran las vacunas a nuestro territorio, porque querían que saliéramos de aquí para eso”, cuenta. 

En Jeremoabo, el trabajo pro-vacunas se basa en el esfuerzo individual. Hasta principios de febrero de 2022, ningún territorio quilombola había recibido las dosis de refuerzo. Ni siquiera los agentes sanitarios de la comunidad, que trabajan en los puestos donde se les atiende, habían sido vacunados. “Dicen que no tienen la vacuna”, justifica la dirigente Aparecida Santana. En su territorio, Viração y Ciriquinha, 29 personas se negaron a recibir las dosis anteriores. 

El ayuntamiento dice que, actualmente, se han ofrecido vacunas a las comunidades quilombolas atendidas por los puestos de salud de Baixa dos Quelés y Olho D’água. Pero hubo un pueblo que no fue atendido, porque el Ministerio de Salud no envió las dosis como estaba previsto. Para los que no se vacunaron, pero ahora quieren hacerlo, habrá un calendario de remanentes. 

Despertar el interés por las vacunas fue uno de los principales retos identificados en la vacunación quilombola. Para los antropólogos y epidemiólogos entrevistados para este reportaje, la desinformación es fuerte entre este público debido a la falta de campañas de comunicación con enfoque intercultural, la historia de falta de estructuración de los equipos de salud en los territorios quilombolas y también la falta de interés de algunos gobiernos locales en dialogar con los liderazgos.

Históricamente, la participación de los líderes tradicionales de la comunidad ha sido fundamental para el éxito de otras campañas de vacunación en Brasil, dice la ex coordinadora del Programa Nacional de Inmunización (PNI), la epidemióloga Carla Domingues. “Este ha sido siempre el punto fuerte del PNI, no sólo en Brasil, sino en toda América Latina. El poder público no tiene conocimiento de todo, y los líderes ayudan a identificar los grupos de riesgo y susceptibles”, dice.

Los líderes también son importantes porque son fuentes de confianza. “Pueden ser grandes aliados en la recogida de información, en el seguimiento de los contactos [infectados] y en el apoyo al personal sanitario, teniendo en cuenta las dificultades logísticas. También desempeñan un papel importante en la conexión con las autoridades”, describe Stacey Knobler, Vicepresidenta de Innovación Mundial de Vacunas e Inmunización de Sabin. 

Ser un puente con las autoridades fue la forma que encontró Marluce Coêlho, de la Federación de Organizaciones Quilombolas de Santarém, FOQS, para hacer llegar la vacuna a los habitantes de las 12 comunidades que representa. Justo al comienzo de la pandemia, pensando en la ayuda humanitaria para prevenir la inseguridad alimentaria, el grupo fundó el proyecto ‘Omulu – Tierra de quilombo: cuidando de las vidas ancestrales’. Tras la decisión del Tribunal Supremo, se puso en contacto con el departamento de salud municipal e inició una colaboración para cuantificar las personas que podían vacunarse.

Al mismo tiempo, empezaron a aparecer mentiras sobre la vacunación en los teléfonos móviles de la comunidad. La entidad se dirigió entonces a sus dirigentes. Convocó a los principales líderes, realizó una labor de concienciación y creó folletos informativos con su imagen. “Nuestros líderes se convirtieron en ‘influenciadores’ locales de la vacunación. Nos dimos cuenta de lo importante que es la comunicación. Antes de que llegaran las vacunas, llamamos a todos para hablar y explicarles el paso a paso de lo que iba a ocurrir”, explica Marluce. También se les orientó para que hicieran una búsqueda activa de posibles vacunadores. 

La organización está compuesta por cuatro personas y sabía que, sola, no podría absorber todo el trabajo de prevención. Además de buscar el apoyo de las autoridades públicas, recurrió a los investigadores y, junto con la Asociación Brasileña de Profesionales de la Epidemiología de Campo, ProEpi, formó a 10 jóvenes en comunicación de riesgos y compromiso con la comunidad. En las reuniones semanales, ellos llevan las dudas y quejas de la comunidad y construyen juntos materiales para informarles.

Josenildo Carvalho decidió tomar la primera dosis de la vacuna en febrero de este año, pero buscó inmunizadores para los demás residentes del Quilombo Casinhas, en Bahía, en 2021.

“Hablamos de cómo manejar la información de la mejor manera posible, respetando sus enseñanzas, su cultura. Y hemos conseguido el apoyo de la comunidad para la primera dosis y la segunda. Para ellos, se trataba de apoyar a la comunidad, de vacunarse para prevenir a su entorno”, detalla la coordinadora técnica de la sala de situación sanitaria de la Universidad de Brasilia, Marcela Lopes Santos.

Uno de los jóvenes formados fue Márcio Guimarães, de 24 años, residente en Quilombo de Bom Jardim, en Pará, que actualmente trabaja orientando a los padres para que vacunen a sus hijos. “He creado unos mensajes de texto, con nuestro idioma, que envío en grupos de WhatsApp, y también he buscado el apoyo de los dos agentes sanitarios que trabajan aquí. Me alegré mucho cuando vi que, en la primera dosis, casi el 95% de mi territorio había tomado la vacuna”, dice.

Para Marcela invertir en el poder de la comunidad es esencial para garantizar la vacunación, el control del COVID-19 y, en el futuro, de otras enfermedades en los territorios quilombolas. Carla Domingues señala, sin embargo, que es necesario que el Gobierno Federal invierta más en materiales de comunicación para apoyar el trabajo de los líderes, además del establecimiento de metas de cobertura de vacunación. “Cuando miramos atrás, vemos que Brasil es reconocido en el mundo por sus grandes campañas de vacunación. Ahora, el propio Ministerio de Salud dice que la vacuna no es obligatoria”. 

Los esfuerzos de los líderes quilombolas están llenando los vacíos dejados por el poder público en el acceso a su salud, sin embargo para las entidades quilombolas también hay una transferencia de responsabilidad. “Esta es otra faceta del racismo estructural. El gobierno no puede transferir sus obligaciones legales a la sociedad civil”, dice Hilton Silva. En el propio medidor de vacunas, la Conaq destacó como violación de derechos la “imposición por parte de los representantes públicos a los dirigentes quilombolas de presentar una lista nominal de personas que pueden ser vacunadas como condición para su aplicación”. 

Los dirigentes quilombolas esperan que, tras la experiencia de la unión a favor de la vacuna contra el covid-19, nada sea como antes. “Demostramos que podemos llegar y buscar nuestros derechos”, dice Sérvulo, de Maranhão. En Pará, Marluce Coêlho dice saber dónde está el secreto.

“Que la población en Brasil entienda que nosotros, los quilombolas, pensamos colectivamente, olvidando las diferencias sociales. El pensamiento colectivo marca la diferencia, y lo hemos visto muy bien en esta experiencia”. 

A comunidade quilombola no Brasil obteve uma vitória histórica no Supremo Tribunal para o acesso à vacinação contra a COVID-19. Estes líderes, que também se tornaram influenciadores locais, contam na mão os vacinados e trabalham para identificar aqueles que estão atrasados na imunização.

Há cerca de um ano e um mês, o Supremo Tribunal Federal brasileiro tomou uma decisão histórica ao garantir a vacinação prioritária contra a COVID-19 para as comunidades quilombolas. Era a primeira vez que esse grupo recorria, sem intermédio, à corte maior brasileira, para garantir seus direitos. Naquela época, o agricultor Josenildo Carvalho, de 75 anos, tinha uma certeza: não iria se vacinar de jeito nenhum. Liderança do quilombo Casinhas, em Jeremoabo, sertão da Bahia, estava com medo dos efeitos adversos da imunização no organismo.

A notícia pegou de surpresa a filha dele, Givanilda Carvalho, de 52 anos, agente comunitária de saúde empenhada em convencer os moradores da região a se vacinarem. Também alertou lideranças de outros quilombos próximos. Sem o consentimento de Josenildo, seria difícil imunizar as 84 famílias moradoras do território. Por isso, foi realizada uma força-tarefa de convencimento, com sequências de conversas e visitas a casa do agricultor. 

A decisão do STF, com base na ADPF 742, foi um passo na garantia da imunização dos quilombolas brasileiros, pessoas que costumam viver em zonas afastadas dos centros urbanos, em alto grau de convivência e, muitas vezes, sem acesso permanente a serviços de saúde. A vitória, porém, foi só um dos muitos desafios a serem enfrentados nos 12 meses seguintes. Enquanto 72% da população geral brasileira recebeu pelo menos duas doses da vacina contra a COVID-19, entre os quilombolas o percentual é de 44,31%, segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade racial (SNPIR). 

A campanha de imunização nos quilombos enfrenta desinformação, desabastecimento, racismo, ausência de campanhas de comunicação direcionadas e falta de uma política estruturada de monitoramento de vacinados. Por outro lado, gestou uma rede de lideranças implicadas em lutar pela vacinação, com dados catalogados à mão e alianças cavadas na raça. O engajamento dos líderes tem sido o pilar de várias estratégias para fazer o percentual de vacinados crescer.

As lideranças por trás do vacinômetro

O censo de 2020, adiado e ainda não realizado, seria o primeiro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a contar quantos quilombolas existem no Brasil. Sem dados populacionais, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 não inseriu o grupo entre os primeiros a serem vacinados, o que também motivou a requisição judicial. 

Após a vitória, o ministro Edson Fachin perguntou se os imunizantes estavam chegando aos quilombos. Para encontrar essa resposta, seria preciso chegar a pelo menos 3,4 mil comunidades contadas pela Fundação Palmares ou ainda a 5,7 mil localidades, segundo dados da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq). Só havia uma forma, mobilizando as lideranças. 

Entre março e junho do ano passado, a Conaq se uniu às organizações Ecam e Terra de Direitos para estruturar uma rede capaz de coletar os dados de vacinados. O trabalho funcionava em cadeia. Cada estado, a depender do tamanho, tinha de dois a cinco articuladores locais. Essas pessoas entravam em contato com líderes dos quilombos de sua região para saber quantas pessoas haviam sido vacinadas e a faixa etária delas. 

Foi um trabalho de formiguinha, o articulador ligava para a liderança, que buscava os dados com os agentes de saúde, a secretaria de saúde ou direito com os moradores. A coleta era feita por telefone ou Whatsapp, mas em alguns locais foi preciso ir até o quilombo. Os dados eram adicionados em um formulário, que também buscou identificar se a comunidade é reconhecida e certificada pelo Governo Federal, quantas pessoas vivem nela e, principalmente, quais as violações de direitos que estavam ocorrendo no acesso à vacinação. 

Tudo era enviado à Conaq, adicionado numa tabela, analisado e apresentado em reuniões ao STF. E divulgado à sociedade em formato de vacinômetro. “Nosso monitoramento não tinha o objetivo de substituir os dados do Sistema Único de Saúde (SUS), pois a gente não tinha nem perna para isso, mas mostrar ao ministro que algumas ações não estavam chegando”, explica a coordenadora nacional da Conaq e da rede de levantamento da vacina Kátia Penha.

O primeiro vacinômetro foi divulgado em agosto de 2021. O segundo, publicado em setembro, mapeou 200 mil quilombolas em 266 municípios, dentre eles Jeremoabo, onde estão 22 comunidades, das quais 11 reconhecidas. Lá, a 1,6 mil quilômetros de Brasília, para onde eram levados os dados, a presidente da Associação de Quilombolas da Viração e Ciriquinha, Aparecida Santana, de 53 anos, foi a responsável por saber a status vacinal dos 776 moradores. 

Quando entrou em contato com a agente de saúde Givanilda, soube da resistência do pai dela em receber os imunizantes. “A gente aqui no quilombo já estava tomando a segunda dose e lá ainda não tinha começado a primeira. Ele disse que nem tomava nem deixava o povo tomar. Todo dia de noite, eu ligava para a filha dele. Aí, depois de muita conversa, ele aceitou”, lembra.

Para conseguir passar os dados à Conaq, Aparecida teve o apoio da agente comunitária de saúde Antônia Nolasco, de 59 anos. Ela foi a responsável por listar, de caneta, em um papel pautado, o nome dos 461 moradores aptos a receberem as doses contra a COVID-19 e separá-los por faixa etária, de acordo com os grupos listados no plano nacional. “Eu peguei o contato dos líderes dos quilombos e fui de casa em casa, explicando sobre a vacina. Ouvi gente dizendo que a vacina deles era Deus, que a vacina era coisa da ‘besta fera’”, afirma Antônia.

A última edição do vacinômetro quilombola foi publicada em dezembro e sintetizou os problemas identificados. A recusa a vacinar-se, como ocorreu em Jeremoabo, foi apenas um deles. Fazendo o levantamento por conta própria, os quilombolas mostraram que em alguns municípios, mesmo diante da garantia legal, a vacinação não chegou ao território. Com isso, as pessoas tiveram que se deslocar a centros urbanos, sendo expostas à COVID-19. Houve casos em que o município recusava a vacinação de quem era quilombola, mas não morava na comunidade. O mapeamento permitiu que o STF revisasse a decisão, excluindo o critério de vivência do território como passo para a vacinação quilombola. 

Identificar essas fragilidades da política de saúde, porém, contou com sorte. Nem todas as lideranças tiveram o apoio da secretaria de saúde municipal, como Aparecida teve na Bahia. Sérvulo Borges, articulador quilombola em Alcântara, no estado do Maranhão, carrega consigo a frustração de nunca ter conseguido os dados com a secretaria de saúde local, para passar à Conaq. 

Sabe que não faltou vacina, afinal Alcântara foi a primeira cidade do Brasil a vacinar 100% da população com a primeira dose, mas não sabe exatamente a distribuição delas por comunidade quilombola. A cidade tem 214 comunidades quilombolas, que juntas representam 70% da população. É a maior em quantidade de quilombolas do Brasil. 

“Teve muita resistência. Só de reunião com chefe de setor [de vacinação da prefeitura], eu fiz três. Passei uma manhã inteira falando sobre a importância desse levantamento para a gente, mesmo assim eles não conseguiram”, lamenta. De acordo com Sérvulo, a Secretaria de Saúde de Alcântara não tem dados detalhados sobre quantos vacinados em cada comunidade quilombola, apenas um quantitativo geral. A Secretaria de Saúde do município não respondeu até a publicação da reportagem. “Nós tivemos essas dificuldades porque esse país ainda nos vê como pretos sem direitos”, conclui Sérvulo.

Passado e presente sem direitos

A preocupação dos quilombolas, que os levou ao STF, veio da invisibilização do impacto da COVID-19 nos seus territórios, que decorre de outros vazios. As comunidades existentes hoje são remanescentes dos quilombos, espaços de convivência e resistência de negros fugidos da escravidão. Os quilombolas foram reconhecidos como sujeitos de direitos pela Constituição Brasileira de 1988, mas só em 2003 um decreto definiu o que é exatamente esta população. 

Dezessete anos depois, quando a pandemia começou, não havia sequer como computar se uma pessoa é quilombola nos sistemas de notificação para a COVID-19. Tampouco se sabia quantos eram. Em consequência disso, os dados da transmissão da doença eram subnotificados. Por isso, antes de criar os vacinômetros, eles também fizeram, por conta própria, o levantamento de casos e óbitos por covid-19. Até o fim de fevereiro, havia 301 mortes e 5,6 mil casos confirmados. O número pode ser bem maior, já que somente em novembro de 2021 o Ministério da Saúde incluiu o campo “quilombola” na ficha de notificação do sistema oficial de registro, o e-SUS Notifica. 

Em setembro de 2020, com base em dados informais, o membro do Grupo Temático Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e professor do programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará (UFPA) Hilton Silva, já alertava: a chance de uma pessoa quilombola morrer por covid-19 no Brasil era quatro vezes maior que a de uma pessoa de comunidade branca e urbana. 

“Essa população precisava ser vacinada como prioridade porque já se tem um reconhecimento científico de falta de infraestrutura sanitária, de acesso de profissionais, medicamentos e tratamento”, explica Hilton. Diferente dos povos indígenas, que contam com uma infraestrutura de saúde e política próprias, os quilombolas não têm uma política de saúde própria. Estão inseridos na Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF) e na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN)

Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que existem 9.521 equipes de saúde da família em 2.403 municípios onde constam cadastro de populações quilombolas, mas não detalhou quantas atuam, especificamente, em territórios quilombolas. “A política diz que é preciso garantir assistência a partir da cultura desses povos, mas na prática, isso fica por conta do município. Tem uns que conseguem, outros não. O Brasil é grande. Às vezes, as equipes de saúde vão um dia, atendem as pessoas e saem. Não criam relações de afeto”, explica a presidente da Sociedade Brasileira de Imunização (Sbim) da Regional São Paulo, Evelin Santos.

Em consequência disso, vêm outras vulnerabilidades. “A população negra, em geral, tem os piores indicadores de mortalidade materna, infantil, de taxas de vacinação, de acesso a saneamento. Sem contar taxas de hipertensão, diabetes, anemia falciforme”, descreve Hilton. A ausência de dados populacionais já comprometia, antes da pandemia, a criação de políticas de saúde efetivas para os quilombolas. “Nós, negros, temos uma fragilidade em saúde. Nosso povo estava morrendo, a gente não quer perder a nossa biblioteca, nossos mais velhos. Contar os vacinados foi uma resistência, para manter a nossa permanência nesse Brasil”, explica Kátia.

Colocar lideranças afrodescendentes no centro das respostas à COVID-19 é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), pois “a pandemia exacerbou os fossos de iniquidade já existentes e as experiências de discriminação das pessoas afrodescendentes”. Em 2020, a Organização havia identificado a ausência de informações estatísticas e dados desagregados por identidade étnica e cultural como uma das principais dificuldades enfrentadas pelos governos de toda a América Latina, no enfrentamento à doença. 

Segundo a OMS, corrigir os sistemas de dados oficiais permitiria “o planejamento adequado de estratégias e medidas concretas e diferenciadas para vigilância, prevenção e controle da pandemia nessas populações”. Além disso, era preciso gerar informações de saúde culturalmente apropriadas à visão de mundo e práticas dessas pessoas.

No Brasil, porém, os dados sobre quilombolas no Brasil seguem divergentes. De acordo com o Plano de Operacionalização de Vacinação, são 1,1 milhão de pessoas distribuídas em 1,2 mil municípios. O dado está baseado no Censo do IBGE de 2010. Em 2020, levantamentos preliminares coletados desde 2016, para operacionalizar o censo que seria realizado, mostraram que há comunidades em 1,6 mil cidades. “Eu tenho certeza que há ainda muito quilombola que não recebeu vacina no Brasil”, lamenta Kátia. 

Quando questionado, o Ministério da Saúde não disse como fará o acompanhamento, nos próximos meses e anos, do acesso à vacinação da população quilombola e se realizou alguma campanha de comunicação específica para orientá-los.

Confiança nos líderes para combater desinformação

Kátia Penha, responsável por coordenar o trabalho de coleta de dados para o vacinômetro quilombola, não está equivocada. Mesmo diante de muita insistência de colegas líderes de outros quilombos em Jeremoabo, na Bahia, o agricultor Josenildo Carvalho, de 75 anos, revelou a eles durante a entrevista para esta reportagem – em janeiro deste ano – que ainda não havia recebido a primeira dose. No início da campanha, ele foi seduzido pela desinformação. Hoje, apoia-se numa questão burocrática.

Josenildo quer se vacinar depois que baixaram um decreto na cidade limitando a circulação de não imunizados. Precisa disso, inclusive, para brigar pelas políticas públicas. “Eu não queria me vacinar, pois acredito que não pego a doença. Mas entendi a importância e fui atrás dos nossos direitos. Bati na porta da secretaria, para que trouxessem as vacinas para o nosso território, pois estavam querendo que a gente saísse daqui pra isso”, conta. 

Em Jeremoabo, o trabalho pró-vacina é na base do esforço individual. Até o início de fevereiro, nenhum território quilombola havia recebido as doses de reforço. Sequer as agentes comunitárias de saúde que atuam nos postos onde eles são atendidos haviam se imunizado. “Eles dizem que não têm vacina”, justifica a líder Aparecida Santana. No território dela, o Viração e Ciriquinha, 29 pessoas se recusaram a receber as doses anteriores. 

A prefeitura da cidade diz que, atualmente, foram ofertadas vacinas para as comunidades quilombolas atendidas pelos postos de saúde da Baixa dos Quelés e Olho D’água. Mas houve povoado não atendido, pois o Ministério da Saúde não enviou as doses como havia planejado. Para quem não se vacinou, mas agora quer, haverá um calendário de remanescentes. 

Despertar o interesse nas vacinas foi um dos principais desafios identificados no vacinômetro quilombola. Para antropólogos e epidemiologistas entrevistados para esta reportagem, a desinformação ganha força neste público pela ausência de campanhas de comunicação com enfoque intercultural, pelo histórico de falta de estrutura de equipes de saúde nos territórios quilombolas e também pelo desinteresse de alguns governos locais em dialogar com as lideranças.

Historicamente, a participação dos líderes de comunidades tradicionais foi fundamental para o sucesso de outras campanhas de vacinação no Brasil, afirma a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a epidemiologista Carla Domingues. “Essa sempre foi a fortaleza do PNI, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Dificilmente, o poder público tem conhecimento de tudo, e as lideranças ajudam a identificar os grupos de risco e suscetíveis”, diz.

Os dirigentes são importantes, inclusive, porque são fontes de confiança. “Eles podem ser grandes aliados na coleta de informações, no rastreamento de contatos [infectados] e no apoio aos trabalhadores de saúde, considerando as dificuldades logísticas. Desempenham ainda um papel importante na conexão com as autoridades”, descreve Stacey Knobler, vice-presidente de Inovação em Vacinas e Imunização Global do Sabin. 

Ser uma ponte com as autoridades foi a forma encontrada por Marluce Coêlho, da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOQS, para fazer chegar a vacina e despertar o interesse dos moradores das 12 comunidades que representa. Logo no início da pandemia, pensando na ajuda humanitária para evitar a insegurança alimentar, o grupo fundou o projeto Omulu – Terra de Quilombo: Cuidando de Vidas Ancestrais. Depois da decisão do STF, foi procurado pela secretaria municipal de saúde e iniciou uma parceria para quantificar as pessoas aptas a se vacinarem.

No mesmo momento, começaram as mentiras sobre a vacinação nos celulares da comunidade. A entidade, então, recorreu às lideranças. Convocou os principais líderes, fez um trabalho de conscientização e criou panfletos informativos com a imagem deles. “Nossas lideranças viraram ‘influencers’ locais para a vacinação. A gente percebeu como a comunicação é importante. Antes da chegada das vacinas, chamamos todos para conversar e explicar o passo a passo do que aconteceria”, explica Marluce. Eles também foram orientados a fazer uma busca ativa de potenciais vacináveis. 

Josenildo Carvalho decidió tomar la primera dosis de la vacuna en febrero de este año, pero buscó inmunizadores para los demás residentes del Quilombo Casinhas, en Bahía, en 2021.

A organização é composta por quatro pessoas e sabia que, sozinha, não conseguiria absorver todo o trabalho de prevenção. Além de buscar apoio do poder público, recorreu a pesquisadores e junto com a Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, a ProEpi, treinou 10 jovens em comunicação de risco e engajamento comunitário. Em reuniões semanais, eles trazem as dúvidas e queixas da comunidade e constroem juntos materiais para informá-los.

“A gente discute como tratar a informação da melhor forma possível, respeitando os ensinamentos deles, a cultura que têm. E conseguimos a adesão da comunidade para a primeira dose e a segunda. Para eles, era uma questão do apoio à comunidade, de se vacinar para prevenir o entorno”, detalha a coordenadora técnica da sala de situação em saúde da Universidade de Brasília, Marcela Lopes Santos.

Um dos jovens treinados foi Márcio Guimarães, de 24 anos, morador do Quilombo de Bom Jardim, no Pará, que atualmente trabalha orientando os pais a vacinarem as crianças. “Criei umas mensagens de texto, com a nossa linguagem, que mando nos grupos de Whatsapp, e também busquei apoio das duas agentes de saúde que trabalham aqui. Fiquei muito feliz quando vi que, na primeira dose, quase 95% do meu território havia tomado a vacina”, conta.

 Para Marcela, investir no poder comunitário é essencial para garantir a vacinação, o controle da COVID-19 e, no futuro, de outras doenças em territórios quilombolas. Carla Domingues ressalta, porém, que é preciso mais investimento do Governo Federal em materiais de comunicação para apoiar o trabalho das lideranças, além do estabelecimento de metas de cobertura vacinal. “Quando a gente olha para trás, vê que o Brasil é reconhecido no mundo pelas grandes campanhas de vacinação. Agora, o próprio Ministério da Saúde diz que a vacina não é obrigatória.” 

Os esforços das lideranças quilombolas estão preenchendo os vazios deixados pelo poder público no acesso à saúde deles, porém para as entidades quilombolas há também uma transferência de responsabilidade.Essa é mais uma faceta do racismo estrutural. O governo não pode repassar à sociedade civil suas obrigações legais”, diz Hilton Silva. No próprio vacinômetro, a Conaq fez questão de ressaltar como uma violação de direitos a “imposição por representantes públicos às lideranças quilombolas para que apresentem lista nominal de pessoas vacináveis como condição para a sua realização”. 

Juntas, as lideranças quilombolas esperançam que, depois da experiência da união em prol da vacina contra a covid-19, nada seja como antes. “Mostramos que podemos chegar lá e buscar nossos direitos”, diz Sérvulo, do Maranhão. No Pará, Marluce Coêlho diz saber onde está o segredo.Que a população no Brasil entenda que a gente, quilombola, pensa coletivamente, esquecendo as diferenças sociais. O pensar coletivo faz diferença, e a gente viu isso muito bem nessa experiência.” 

Este informe se ha realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF), en el marco de su Iniciativa de Información Sanitaria Mundial: Vacunas e Inmunización en la inmunización en América Latina y el Caribe.

Alice de Souza

Brasil (1991). Graduada en periodismo por la Universidad Católica de Pernambuco, donde hizo posgrado en derechos humanos y hace una maestría en Industrias Creativas. Es reportera del Diario de Pernambuco desde hace ocho años y ex-becaria de Cosecha Roja. Ha ganado 17 premios de periodismo. Es integrante de la Tercera Generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes.

Deja un comentario