En 2020, Argentina se convirtió en una referencia global para los feminismos cuando el Congreso legalizó la interrupción voluntaria del embarazo y el pañuelo verde cruzó fronteras. Los grupos opositores a las libertades reproductivas no detuvieron sus acciones. De la mano del avance de las derechas en la región, extendieron su influencia hacia hospitales, tribunales, redes sociales, fundaciones y espacios de poder.
Por Jazmín Bazán (Argentina, 1990)
Imágenes creadas con IA
Su foto circuló en redes sociales y chats. La llamaban “sicaria” y pedían datos sobre su paradero. La mujer señalada no era una prófuga, sino una tocoginecóloga del Hospital Materno Infantil de Salta que garantizaba interrupciones voluntarias y legales del embarazo. El mensaje no era solo para ella. Apuntaba también contra la red de profesionales y activistas que sostiene el aborto legal en toda esa provincia del noroeste de Argentina.
La médica llevó el ataque a la justicia por violencia de género mediática y simbólica. La denuncia apuntó al exdiputado salteño Andrés Suriani —del partido Salta Tiene Futuro, con paso previo por Ahora Patria, Propuesta Republicana (PRO) y Salta Somos Todos— y a un usuario de Facebook. Las organizaciones Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina (REDAAS), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y Amnistía Internacional acompañaron el caso y expresaron preocupación. Casi cinco años después de los primeros ataques, la causa está en la Corte Suprema y aún espera resolución.
Dentro del hospital, doctoras que hablaron bajo reserva conviven con una objeción de conciencia extendida: el rechazo formal de los médicos a realizar un aborto por motivos éticos o religiosos. Esta postura se extiende desde los directivos hasta la mayoría de sus colegas y también la comparten enfermeros, ecografistas y personal administrativo ajenos a la práctica. En estos últimos tres casos, la negativa contradice la Ley argentina 27.610, ya que esta solo contempla esa posibilidad para quienes intervienen de manera directa en el procedimiento.
Los residentes les cuentan a las médicas que en la carrera el aborto “ni se nombra”. Muchas pacientes llegan llorando o con culpa. En los pasillos abundan las imágenes religiosas y mensajes contra la interrupción voluntaria del embarazo. Y, en la puerta, suelen congregarse militantes con la misma consigna.
En los casos de segundo trimestre avanzado, según las mismas doctoras, las autoridades no permiten que se realice en el hospital la totalidad del procedimiento, ni ofrecen explicaciones formales: las pacientes son derivadas a la ciudad vecina de Güemes para la inyección intrauterina que detiene el latido cardíaco fetal —un procedimiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud a partir de las 20 semanas de gestación para garantizar estándares de seguridad y calidad— y luego regresan a internarse al Materno Infantil.
Antes, relatan las médicas, esta intervención se realizaba en un anexo cercano, deteriorado y sin condiciones adecuadas. Una de ellas resume que hacer esta parte del proceso fuera del hospital le daba un aire de “clandestinidad” a una práctica legal.
Salta es solo un ejemplo —que se repite con variaciones en muchas provincias y localidades del país— de cómo la pugna por garantizar los derechos reproductivos ya no ocurre solamente en el Congreso, sino cuando una paciente pide ayuda, en el hostigamiento a las médicas y los obstáculos en los centros de salud.
Después de la derrota
El 30 de diciembre de 2020, la marea verde (aquella movilización masiva de mujeres que luchó por al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina con el pañuelo verde como estandarte) convirtió décadas de militancia feminista en una conquista legislativa. Esa madrugada, tras jornadas enteras de movilización masiva que desbordó las calles de todo el país, el Senado de Argentina aprobó la Ley 27.610, una norma que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive e incorporó el aborto por causales dentro de un nuevo marco sanitario, administrativo y judicial.
Los efectos fueron notorios. De acuerdo con el informe El costo de la retirada: barreras, endeudamiento y desigualdad en el acceso al aborto en Argentina, publicado por Amnistía Internacional en mayo de este año, entre 2021 y octubre de 2023, 245 000 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público y las muertes maternas por aborto se redujeron a la mitad al comparar el trienio previo con el posterior a la ley.
Para los movimientos en contra del aborto (autoproclamados “provida”) fue una derrota histórica. Pero perder en el Congreso no los sacó de escena, sino que los empujó a otros terrenos. Desde entonces, se desplazaron hacia campañas, expedientes, fundaciones, proyectos parlamentarios, cursos y discursos presidenciales.
Alexis Hernández, responsable de análisis para la incidencia de Ipas Latinoamérica y el Caribe, desaconseja mirar a estos grupos como “gente rara” o expresiones aisladas de fundamentalismo. Alude, en cambio, a un movimiento con “estrategia, organización, estructura y financiamiento”. Sitúa ese avance en una región atravesada por gobiernos de extrema derecha, regresión democrática y amenazas contra la justicia reproductiva.
María Eugenia Luarca, responsable de medios y comunicaciones de Oxfam en América Latina y el Caribe, observa que estos grupos no actúan como piezas sueltas, sino como un ecosistema que se mueve a la vez en el Estado, los partidos, las iglesias, la sociedad civil, los medios y las plataformas digitales.
Allí confluyen élites económicas, liderazgos religiosos y actores políticos, con agendas comunes contra la igualdad de género y capacidad para influir en políticas públicas y sentido común. Por eso, dice, no dependen solo de un gobierno: si pierden poder electoral, pueden replegarse hacia iglesias, medios, litigio u organizaciones civiles. “Más que desaparecer, tienden a reconfigurarse”, explica.
Tácticas: litigar, formar, presionar
En la provincia de Córdoba, la asociación civil Portal de Belén cuenta con un largo historial de bloqueos contra los abortos permitidos por ley. Durante años, un amparo presentado por esta organización —que defiende la “vida desde la concepción” desde 1991— logró frenar la Guía provincial de abortos no punibles, el protocolo que garantizaba el acceso al aborto en casos de violación o riesgo de salud. Esta garantía ya estaba reconocida en el Código Penal de la Nación desde 1921 y fue ratificada por la Corte Suprema en el histórico fallo F. A. L. de 2012, originado por el caso de una adolescente de 15 años que quedó embarazada tras los abusos de su padrastro.
En 2018, ese bloqueo tuvo una consecuencia concreta: una niña de once años de la ciudad Villa Dolores, embarazada tras una violación, debió ser trasladada doscientos kilómetros hasta Córdoba capital porque la práctica no podía resolverse en centros de salud locales.
Ese mismo año, según Amnistía Internacional Argentina, Portal de Belén abrió otro frente judicial: ya no contra la guía cordobesa, sino contra el Protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y contra la disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre la venta de misoprostol de 200 microgramos —uno de los fármacos utilizados para inducir la interrupción del embarazo— en farmacias bajo receta archivada.
La causa se acumuló con otra de la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (PRODECI), una organización católica de abogados dedicada a judicializar políticas de género y salud reproductiva. Tras la sanción de la Ley 27.610, Portal de Belén promovió además un amparo federal contra la norma. El efecto se repetía: obligar al Estado a defender lo que ya reconoció.
Hernández desarrolla que el riesgo no está solo en una derogación inmediata de la ley, sino que se acumule la capacidad política e institucional para sustituirla por otra o ir reduciendo su alcance mediante nuevas iniciativas legislativas. “El peligro está latente”, confirma.
La conexión argentina con los movimientos antiderechos internacionales aparece con claridad en el Congreso. Según Ipas, en abril de 2024, la Cámara de Diputados fue sede de un evento del Global Center for Human Rights (GCHR), una organización no gubernamental con sede en Washington que litiga contra el aborto. El encuentro fue coorganizado por Agustín Laje, un influyente politólogo y escritor ultraconservador, y Nicolás Mayoraz, diputado de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei.
Mayoraz había participado del lanzamiento público del GCHR en 2022, donde fue presentado como punto focal de la organización en Argentina. Al cierre de esa visita, integrantes del GCHR dijeron haber concluido una “gira de trabajo” por el país con reuniones con entidades gubernamentales.
En esa trama aparece también el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, una red evangélica relacionada con figuras políticas cristianas de Argentina. Su vínculo más directo con el Congreso de la Nación es la senadora oficialista Nadia Márquez, secretaria general de la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos (UIPC), una asociación de legisladores de América Latina y España fundada en 2019 y con nexos a esa plataforma regional.
Su padre, el pastor Hugo Márquez, figura como vicepresidente del Congreso Iberoamericano y ambos aparecen entre los integrantes argentinos de su comité ejecutivo. De este modo, las demandas en el Poder Legislativo se entrelazan con el activismo de las organizaciones conservadoras, el peso de las iglesias y la acción de los propios legisladores.
De los pañuelos celestes a los despachos
El informe Future-Proofing: The Professionalization of an Anti-Rights Youth Generation, publicado por Ipas en 2026, ahonda en la formación de la militancia juvenil antiderechos. El texto analiza cómo este activismo se modela en espacios internacionales, redes de influencers y programas de liderazgo: un entrenamiento que prepara cuadros para la política, los medios, la academia, los organismos no gubernamentales y el sector privado.
La asociación Frente Joven aparece como una de esas canteras. Ipas lo presenta como un caso de profesionalización juvenil con presencia en Argentina y Ecuador, nacido en 2010 durante las conversaciones públicas por la legalización del aborto.
Esta proyección internacional alcanzó un nuevo hito cuando la organización coordinó el Congreso de Jóvenes, un encuentro de formación y liderazgo para nuevas generaciones, junto con Alliance Defending Freedom, organización jurídica conservadora con sede en Estados Unidos que financia y lidera litigios internacionales contra el aborto y los derechos de las personas LGBTQ. El evento se realizó en México, en la antesala de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Esta agrupación combina entrenamiento de dirigentes con asistencia en barrios vulnerables, a través del programa Defensores de Mamás, orientado, según su propia descripción, a mujeres con embarazos en riesgo y a hijos “por nacer”.
Su proyección siempre ha sido saltar hacia el Estado. Es el caso de Santiago Santurio, integrante de Frente Joven y actual diputado nacional por La Libertad Avanza, quien asumió con la premisa explícita de legislar contra el aborto. De hecho, en marzo de 2026 firmó en la Cámara de Diputados un acta de compromiso para impulsar la derogación de la ley vigente.
La misma trayectoria tuvieron otros dos exmiembros del espacio que pasaron a ocupar altos cargos en la administración de Milei: Ana Belén Mármora, referente de la organización que ocupó la Subsecretaría de Políticas Familiares, y Agustín Caulo, quien asumió como secretario de Culto y Civilización de la Cancillería.
Ipas también destaca la influencia histórica del Opus Dei —una institución de la Iglesia católica caracterizada por su ala social y doctrinal conservadora—y reconstruye sus conexiones con una red de dirigentes clave del oficialismo. Entre ellos se encuentran el senador bonaerense Joaquín de la Torre; los diputados provinciales Agustín Romo y Nahuel Sotelo; y el diputado nacional Santiago Santurio.
Este último fue denunciado penalmente por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en su declaración jurada y negociaciones incompatibles. El despliegue de esta red va desde la gestión municipal y la militancia digital hasta las áreas de culto y las bancas legislativas.
Frente Joven no aparece como una rama orgánica de esta estructura. Está más ligado a otros espacios del catolicismo organizado, como la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA), una organización tradicionalista con fuerte base en la educación privada y la formación de cuadros de derecha.
Esa incidencia en el poder desborda al catolicismo organizado. El partido oficialista también incorporó legisladores evangélicos territoriales —como el diputado nacional por la provincia Tierra del Fuego Santiago Pauli— con discursos en contra del derecho al aborto. No forman una bancada religiosa orgánica, pero sí acercan liderazgos cristianos al Parlamento.
La presión digital también tuvo operador propio. La investigación De España al mundo, publicada en 2025 por L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, reconstruye el ingreso de la plataforma CitizenGO en Argentina hacia fines de 2013. Esta página web parecida en formato a Change.org —surgida de la organización española Hazte Oír— articuló campañas con grupos locales como Argentinos Alerta, cuyos mensajes empezaron a circular a través del sitio español como un mecanismo de activismo digital.
El sistema combinaba peticiones virtuales y recolección de firmas para presionar a las autoridades: primero contra materiales de Educación Sexual Integral (ESI); después contra protocolos de aborto no punible, una cátedra universitaria y decisiones judiciales.
En 2018, durante el debate parlamentario por la legalización, este espacio difundió campañas dirigidas a legisladores, convocó movilizaciones en más de diez provincias por el Día del Niño por Nacer (instituido en 1998 por el presidente Carlos Menem tras una promesa al papa Juan Pablo II para fijar una postura oficial de oposición al aborto) y colaboró con actores locales como la Conferencia Episcopal Argentina, la Diócesis de San Isidro, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), Unidad Provida, Marcha por la Vida Argentina y Frente Joven.
Estrategias de obstrucción en territorio
Esta arquitectura digital y parlamentaria se traduce en el territorio en estrategias directas de intervención. En la provincia de Santiago del Estero, Analía Santilli, psicóloga social e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, describe una ruta opaca de obstrucción del derecho: avisos que circulan con distintos números de contacto y la consigna “si estás embarazada podemos ayudarte”. Según su testimonio, detrás de esas líneas se toman datos, se muestran videos disuasivos y se prometen pañales, ropa o leche a mujeres que buscan abortar.
Esa metodología también tiene escala transnacional. Heartbeat International, una red antiaborto con sede en Estados Unidos, declara reunir más de 4 000 entidades afiliadas en el mundo y define su objetivo como hacer que el aborto sea “no deseado hoy e impensable para futuras generaciones”.
En América Latina, una de sus aliadas es la red Centros de Ayuda a la Mujer (CAM), que se promociona como acompañamiento para embarazos en crisis y manifiesta estar presente en veinte países. El lenguaje de estos centros puede confundir: toman palabras del activismo feminista y de los derechos sexuales como “opciones”, “derechos”, “red” y “acompañamiento”, pero las desplazan hacia la continuidad del embarazo. A través de esta apropiación discursiva, la consejería opera como un filtro para neutralizar el acceso al aborto legal.
Dentro de los afiliados de Heartbeat constan espacios argentinos como la asociación La Merced Vida, según figura en su sitio web. Por su parte, la red CAM afirma contar con 40 centros distribuidos en el país.
La maquinaria del sentido común
La trayectoria del politólogo Agustín Laje abre otro canal: el intelectual y mediático. En El libro negro de la nueva izquierda, que publicó en 2016 junto a Nicolás Márquez, biógrafo de Milei, el aborto aparece como “muerte del concebido”; la “ideología de género” como fachada de una revolución cultural “comunista”; y los derechos sexuales y reproductivos como una forma de encubrir el “filicidio”.
Hoy Laje dirige Fundación Faro, un think tank libertario que promueve liberalismo económico, valores conservadores, mensajes en contra del derecho al aborto, formación de liderazgos e intervención digital cercana al oficialismo. La entidad nació en 2024 sobre la estructura de Fundación Valorar, tras el reemplazo del consejo directivo y el cambio de nombre.
Según el medio de comunicación Chequeado, entre 2025 y 2026 la fundación gastó 1 079 millones de pesos argentinos (unos 821 mil dólares) en más de 15 mil posteos de Facebook e Instagram clasificados por Meta como publicidad política o electoral. Esta pauta publicitaria en redes fue administrada a través de Ratio, la agencia de marketing y comunicación digital elegida por la entidad.
Chequeado también accedió al balance presentado ante la Inspección General de Justicia: al 31 de diciembre de 2024, Faro declaró un patrimonio neto de 4 394 millones de pesos (356 veces más que el año anterior) e ingresos por 4 957 millones de pesos (unos 4.8 millones de dólares) bajo el rubro “Donaciones, cursos, talleres y prevención”, sin identificar a los aportantes.
Desde 2021, Laje diserta en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), uno de los principales foros de la derecha estadounidense. En abril de 2025, Faro coorganizó en Puerto Madero el encuentro internacional El Faro de Occidente junto al Centro de Derechos Fundamentales de Hungría, un think tank conservador con sede en Budapest.
Esta cumbre reunió a las terminales ideológicas de las derechas gobernantes globales, como la Fundación Disenso (del partido español Vox), Nación Futura (vinculada a la mandataria italiana Giorgia Meloni) y Heritage Foundation, un influyente y multimillonario laboratorio de ideas de Washington que delinea políticas públicas ligadas al conservadurismo radical en Estados Unidos.
De hecho, Faro cuenta con un consejo internacional de referentes de derechas. Y adopta un discurso —sintetizado en su Carta Magna— que abandona el sesgo puramente religioso para hablar en nombre de la niñez, la biología, la ciudadanía y la eficiencia de la gestión pública, contra la supuesta amenaza de la izquierda.
Cuando el repertorio entra al Estado
El presidente de Argentina Javier Milei le dio altavoz a los movimientos antiderechos. En 2024 definió el aborto como “un asesinato agravado por el vínculo” y llamó “asesinos de los pañuelos verdes” a quienes defendieron la ley. En foros internacionales y entrevistas, el mandatario enmarca al aborto dentro de su batalla “antiwoke”, asociándolo con el crimen y la caída de natalidad.
La vicepresidenta Victoria Villarruel —referente del ala católica conservadora del Gobierno y cercana a sectores castrenses— se inscribe en otra gramática: vida desde la concepción, familia, patria, espiritualidad. El 25 de marzo, Día del Niño por Nacer, es una fecha central en su agenda. En noviembre de 2023, durante una entrevista televisiva en el canal Todo Noticias, incluso llegó a plantear que la Ley 27.610 debía volver a discutirse y que había mujeres “abortando chicos a término”.
Esa retórica no queda encerrada en discursos oficiales. También baja al hospital como sospecha, culpa, presión religiosa o temor a la criminalización. En la provincia de Catamarca, Vicky Llarens, de Socorristas en Red, recuerda una vigilia religiosa con rezos por “los niños no nacidos”.
En la provincia de Tucumán, Soledad Deza, abogada de Belén e integrante de Fundación Mujeres x Mujeres, advierte sobre el secreto profesional vulnerado —el deber médico de confidencialidad que se quiebra cuando el personal de salud denuncia a su propia paciente— y el regreso de las emergencias obstétricas tratadas como sospecha de aborto. “La criminalización lamentablemente ha vuelto”, subraya.
El 5 de febrero de 2024, diputadas y diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para derogar la ley votada en 2020. Este pretendía modificar el Código Penal: endurecía penas, castigaba a la mujer que abortara y a profesionales de la salud y restringía la no punibilidad al peligro inminente para la vida.
El Poder Ejecutivo no respaldó este proyecto ni envió uno propio. Pero las consignas entraron al Congreso y mantuvieron abierto el horizonte de retroceso.
Robustecer el derecho vigente
El Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y de la organización internacional Ibis Reproductive Health creada para monitorear la implementación de las políticas públicas de acceso al aborto legal, llamó a este escenario “la política de la zozobra”: no hubo derogación, sino desarticulación concreta de las condiciones que permiten acceder al derecho.
El sociólogo Juan Marco Vaggione propone una categoría para leer ese desplazamiento: “infralegalismo” autoritario. No se modifica la ley, pero se le quita eficacia mediante decretos, resoluciones administrativas, recortes, falta de personal o interrupción de políticas públicas. El derecho puede seguir escrito y perder fuerza cotidiana.
El costo de la retirada: barreras, endeudamiento y desigualdad en el acceso al aborto en Argentina, documento publicado por Amnistía Internacional el 28 de mayo de 2026, le pone cifras a esa retracción. En 2025, la organización registró un aumento superior al 300 % en consultas y denuncias por obstáculos al aborto respecto del año anterior. La línea 0800 de salud sexual de Nación registró 191 casos por falta de medicación, con Salta concentrando el 46.1%. Y el Estado nacional formalizó que no avanzaría con una compra iniciada en 2023 de 499 200 comprimidos de misoprostol y 96 000 de mifepristona —otro de los medicamentos contemplados por el Protocolo Nacional para la interrupción de embarazos—.
Entre la norma y el derecho efectivo se abre una brecha peligrosa. La organización ELA la atribuye a los insumos que no llegan, la falta de información pública, las barreras administrativas, el desfinanciamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia y al debilitamiento de la educación sexual integral.
En ese espacio, las redes opositoras al aborto disputan su interpretación, financiamiento y aplicación. Por eso, hacer cumplir la ley depende de quienes resisten en el territorio: profesionales de la salud, activistas feministas, organizaciones y una ciudadanía decidida a defender lo conquistado.
Este reportaje fue apoyado por la iniciativa de Salud Reproductiva, Derechos y Justicia en las Américas de la International Women’s Media Foundation (IWMF).
